La izquierda vive un periodo histórico muy difícil
Los contenidos ideológicos y la práctica política de la izquierda, bajo el nombre de socialdemocracia, progresismo o socialismo, se han transformado en algo incierto, sin ideas, con escasos vínculos con el mundo popular y alejado de la realidad.
Las propuestas y el accionar gubernamental de la socialdemocracia en Europa y en algunos países de América Latina bajo la denominación de “progresismo”, se confunden hoy con el neoliberalismo; y, en otros casos, en algunos países de nuestra región, el denominado socialismo del siglo XXI se asocia hoy día a dictaduras, corrupción, deterioro económico-social e incluso desastres humanitarios.
Hay que recordar que la izquierda nació como una concepción política inspirada en los anhelos de transformación de la Revolución Francesa, y fundada en los principios de igualdad, libertad y solidaridad. A partir de ese momento, la izquierda, en sus diferentes versiones, y por distintos caminos, se propuso construir una sociedad más justa, a diferencia de la derecha, cuyo prepósito ha sido conservar el orden establecido, mantener jerarquías y diferencias sociales.
En momentos de cambios profundos que vive el mundo (sobre todo tecnológicos y geopolíticos), la izquierda se encuentra en crisis, huérfana de nuevas ideas y propuestas. Por tanto, sin renunciar a los principios fundantes que le dieron origen, está obligada a redefinir su postura ideológica y a ofrecer nuevos caminos de acción política.
Esta vez no se trata de renovarse, sino de reinventarse. La nueva realidad histórica lo exige.
La Unión Soviética, que pretendía instalar un orden político de emancipación humana, terminó en un régimen que canceló las libertades y la participación ciudadana en los asuntos públicos y tampoco fue capaz de construir un orden de mejoramiento económico para su pueblo. Además, la imposición política y militar sobre sus satélites en Europa del este no la diferenció del comportamiento imperial estadounidense ni de las potencias colonialistas de Europa central.
Con la debacle de la URSS y la caída del Muro de Berlín, el “socialismo real” dejó de ser un referente para una izquierda transformadora y democrática.
Pero esa derrota del comunismo soviético no significó el triunfo definitivo de la democracia occidental, como el escritor Fukuyama lo anunciara, luego de la caída del muro de Berlín.
En efecto, el proyecto socialdemócrata del Estado de bienestar, que después de la 2ª guerra logró mejorar sustancialmente el nivel de vida de las clases trabajadoras en Europa, hoy no es lo mismo que ayer. La socialdemocracia europea ha sido capturada por el neoliberalismo. Sus políticas recientes han debilitado el Estado de bienestar, perdiendo el apoyo de los sectores populares, los que ahora buscan respuesta a sus demandas en la extrema derecha. Algo similar sucede con el progresismo, de inspiración socialdemócrata, en América Latina
Por su parte, en Estados Unidos, el “New Deal”, instalado por el presidente Franklin D. Roosevelt, para enfrentar la crisis económica de los años treinta, adoptó, a partir de esos años, rasgos parecidos a la socialdemocracia europea. Este régimen caracterizó al país hasta la imposición del neoliberalismo con el gobierno de Ronald Reagan y las sucesivas administraciones demócratas y republicanas.
En las últimas décadas, en medio de una crisis fiscal sin precedentes, los gobiernos de Europa y EE. UU., subordinados a la oligarquía tecnológica-financiera, no se han atrevido a capturar parte de la inmensa riqueza acumulada por el 1% más rico. En esas condiciones, ha sido imposible atender las demandas económicas y sociales de las mayorías, enfrentar la destrucción de empleos, el deterioro de los servicios públicos y la alarmante inseguridad en muchas ciudades. Sin recomposición del Estado de bienestar se han ampliado las desigualdades.
La socialdemocracia europea ha intentado recuperar adeptos electorales situando su discurso en el centro político, con gestos a la derecha liberal y a sus políticas. El ejemplo más representativo, y con pretensiones de reformulación ideológica, ha sido el laborismo británico de Blair, con su controvertida “tercera vía”. Ello no ha dado resultados.
La ciudadanía europea se acerca, entonces, a la extrema derecha, la que ha emergido con fuerza en Austria, Bulgaria, Francia, Holanda, Hungría, Italia, Rumania y en el Reino Unido, donde, por primera vez, un partido ultra—El BNP- obtiene representación parlamentaria en la Unión Europea.
Por su parte, el agotamiento del neoliberalismo en EE. UU. favoreció el triunfo de Donald Trump con políticas que cuestionan la globalización y la desindustrialización del país, junto al rechazo a la presencia de inmigrantes. Ese discurso recibió el apoyo de los trabajadores que habían perdido sus puestos de trabajo o que vieron disminuidos sus ingresos con la exportación de industrias a China.
El nuevo presidente de EE. UU., aunque rico y famoso, y con una notable demagogia, es percibido por sus votantes como un hombre fuera de la élite tradicional estadounidense, lo que ha sido determinante para su instalación en el poder. Y, más allá de lo económico, su discurso y políticas sociales y culturales agreden las libertades de inmigrantes, feministas, diversidades sexuales, personas de color y universidades, y, lamentablemente, han encontrado eco hasta ahora en amplios sectores de la sociedad norteamericana.
Para mayor dificultad, el multilateralismo, que caracterizó al mundo desde fines de la segunda guerra, ha sido abandonado por Trump, promoviendo un capitalismo sin reglas, frente a lo cual existe perplejidad o complacencia.
Así las cosas, la socialdemocracia en Europa y los demócratas en EE. UU. tampoco son referentes para una izquierda trasformadora y democrática.
Progresistas y Socialistas del siglo XXI
Los gobiernos progresistas y los denominados Socialistas del siglo XXI se extendieron por toda Sudamérica en la década del 2000. Su triunfo fue consecuencia del desastre provocado por las políticas neoliberales, promovidas por el Consenso de Washington.
Así, se vivieron en la región privatizaciones indiscriminadas, pequeños empresarios quebrados por una apertura económica radical al mundo, una clase obrera disminuida y desorganizada con el retroceso sufrido por la desindustrialización. Esa política acentuó las desigualdades y aumentó la pobreza.
El progresismo y el socialismo del siglo XXI conquistaron varios gobiernos sudamericanos en esos años. Néstor Kirchner y su esposa Cristina Fernández en Argentina, Lula da Silva en Brasil y su sucesora Dilma Rousseff, Tabaré Vázquez y luego José Mujica en Uruguay, Ricardo Lagos y Michele Bachelet de Chile, Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador, Hugo Chávez y Maduro en Venezuela., a los que se agregó Fernando Lugo en Paraguay, destituido en un controvertido juicio político.
Estas dos variantes políticas alimentaron esperanzas de una mejor vida para los pueblos de la región. Sin embargo, las políticas adoptadas por sus gobernantes, más allá de diferencias nacionales, no lograron responder a las demandas de la ciudadanía. No fueron capaces de romper con el neoliberalismo e incluso algunos gobiernos siguieron el camino del autoritarismo.
Es bueno recordar que en los años setenta y ochenta, el discurso de la izquierda cuestionaba los estilos de desarrollo convencionales. Se criticaba la dependencia, las economías de enclave, el enorme poder de las empresas extranjeras, la mínima presencia estatal y la débil tributación. Sin embargo, los progresismos y socialismos del siglo XXI adoptaron otro camino al desarrollo.
Ambos proyectos políticos mantuvieron el modelo de crecimiento fundado en la explotación de recursos naturales que es precisamente el fundamento material del neoliberalismo.
Obnubilados en esos años por los altos precios de los recursos naturales en el mercado mundial, sus gobiernos persistieron en ser proveedores de materias primas y alimentos para China y los países del norte desarrollado. La vieja división internacional del trabajo, criticada en el pasado por la Cepal y la Teoría de la Dependencia, ahora se imponía en la cátedra y en la política.
Tanto los gobiernos progresistas como los socialistas del siglo XXI mantuvieron intocado el modelo productivo, cerrando puertas a la diversificación económica. Y, al mismo tiempo, los esfuerzos sociales se limitaron a reducir la pobreza, por la vía de la focalización, utilizando las holguras fiscales alcanzadas gracias a los ingresos provenientes de los buenos precios de las exportaciones.
Ese modelo productivo es el que generó una particular alianza entre esos gobiernos y las corporaciones transnacionales dedicadas a los agronegocios y al extractivismo.
No hubo cuestionamiento ni a la globalización radical ni a la presencia de las corporaciones extranjeras en los enclaves exportadores.
Los nuevos políticos de la región mantuvieron e incluso profundizaron los sectores extractivistas como pilares del modelo económico.
En efecto, desde la Venezuela de Hugo Chávez y Evo Morales en Bolivia al moderado Lula da Silva en su primer gobierno en Brasil, se persistió en la prioridad de la minería y el petróleo. El extractivismo se reforzó incluso con extensas plantaciones de soya para su exportación a China, en Argentina, Uruguay, Paraguay y en el mismo Brasil.
Los estudios de la época hablaban de un preocupante repliegue industrial y de la reprimarización de nuestras economías.
Chile no fue la excepción ya que, desde inicio de los años noventa, a la salida de la dictadura militar, los sucesivos gobiernos de la Concertación mantuvieron la arquitectura básica del sector minero, alentando su ampliación, a partir de emprendimientos privados, sin propuesta alguna (excepto retórica) de diversificación productiva.
Por cierto, el extractivismo impulsado por estos nuevos gobiernos en la región ha tenido características algo distintas a los previos gobiernos conservadores, promovidos por el Consenso de Washington. Hubo cambios en tributación, royalties e incluso, parcialmente, en la estructura de la propiedad de algunos complejos productivos, lo que aseguró una mayor captación de recursos para las arcas fiscales.
Pero nada de eso modificó la esencia del régimen productivo, vale decir, una economía centrada en los enclaves exportadores y sin políticas complementarias que apuntaran a su modificación en favor de la industrialización.,
Lo social estaba presente, pero solo entendido como disminución de la pobreza. El progresismo especialmente, pero también el socialismo siglo XXI, otorgaron prioridad al combate contra la pobreza, aunque se olvidaron de las desigualdades. Se asumía que, con los mayores ingresos del crecimiento exportador, se cumpliría el propósito de reducir la pobreza.
El planteamiento en lo social era una suerte de redistribución parcial, pero no centrada en la actividad productiva y en el empleo, sino en el asistencialismo social. Se aceptó entonces la focalización neoliberal para atacar la pobreza, eludiendo políticas públicas de carácter universalista.
De esta manera, se mantuvo la fragilidad de los sistemas públicos de salud y no hubo mayores avances para una educación pública de calidad en favor de las mayorías, lo que golpeaba seriamente no solo los sectores más desposeídos sino también a las clases medias. Esta política estuvo presente tanto en los gobiernos progresistas y socialistas del siglo XXI, con la excepción de Ecuador durante la presidencia de Rafael Correa, cuyas iniciativas sociales tuvieron cierto carácter universalista, en salud, educación y previsión.
La política social asistencialista en favor de los sectores de más escasos recursos materiales, pero alejada de la actividad productiva, del empleo y de los territorios, entró en crisis con la caída de los precios de las exportaciones y la consecuente disminución de los ingresos fiscales.
Esto fue evidente en Venezuela y en Bolivia, países afectados con la caída de los precios de las exportaciones que, además, se vieron profundamente afectados por un desastroso manejo macroeconómico, lo que también sufrió Argentina. Ello generó crisis fiscal y agudos procesos inflacionarios. La pobreza retornó a niveles insoportables en el caso venezolano, lo que condujo a un proceso migratorio incontenible.
Una actividad productiva que renuncia a la industria y se concentra en enclaves exportadores tiene serios impactos territoriales.
Por una parte, el Estado no logra asegurar una presencia homogénea en todo el territorio nacional, lo que limita la cobertura de los derechos ciudadanos y servicios públicos. Y, al mismo tiempo, los enclaves productivos generan diversas tensiones territoriales, sociales y ambientales.
La profundización del extractivismo ha ampliado el rentismo, promoviendo prácticas personalistas, clientelares y, en varios casos, corruptas. Autoridades de alto nivel han caído en la corrupción o han sido tolerantes con ella, asunto que sorprende a una izquierda histórica intransigente con todo acto corrupto.
En este contexto, los gobiernos progresistas y socialistas del siglo XXI se han alejado de la ciudadanía. Los primeros, sin contacto con las organizaciones de la sociedad civil han priorizado su participación en los parlamentos o en los medios de comunicación tradicionales y redes sociales. Los segundos, optaron por el autoritarismo y la represión a toda crítica o movilización antigubernamental y terminaron desmantelando progresivamente la institucionalidad democrática. Ello ha sido evidente en Venezuela y parcialmente en Bolivia.
Finalmente, la corrupción ha sido un rasgo dominante de estos gobiernos en los últimos años. En Brasil, Argentina y Chile se ha instalado una alianza espuria entre empresarios corruptores y políticos corruptos, con un poder judicial complaciente. Dineros para comprar legisladores y aprobar leyes en los parlamentos, y financiamiento para campañas electorales. En Venezuela y Bolivia se ha formado una nueva elite político empresarial en torno a las rentas de los recursos naturales, con manifiesto comportamiento corrupto.
A final de cuentas, ni el progresismo ni el socialismo del siglo XXI tocaron los intereses de los más poderosos, las desigualdades persistieron, la concentración económica se mantuvo, las grandes corporaciones siguieron participando en la explotación extractiva, y los conflictos sociales y medioambientales se acentuaron, ante los cuales se actuó con represión o indiferencia.
El ciclo del progresismo y del socialismo del siglo XXI está terminado. Sin iniciativas de transformación productiva ni políticas sociales y territoriales universales, esos gobiernos han puesto en evidencia que no cuentan con un proyecto propio. Más grave aún, ambos proyectos han operado políticamente en las cúpulas, distanciándose de los sindicatos, movimientos sociales y territoriales.
Esto es lo que explica, en gran medida, que la extrema derecha en Europa, Estados Unidos y en nuestra región esté asumiendo el control de los gobiernos mediante el sufragio.
En Europa, en EE. UU y también en América Latina, la ciudadanía se pregunta: ¿para qué votar por la mala copia de la derecha si tenemos la esperanza de que la auténtica quizás pueda funcionar mejor a la hora de desarrollar sus políticas, las que ejecuta sin máscara ni mala conciencia?
Es inocultable entonces que ante esos fracasos ni el progresismo ni el socialismo siglo XXI en nuestra región pueden ser referentes de una izquierda cuestionadora del capitalismo neoliberal, transformadora y democrática.
Sin embargo, no todo parece perdido en la región.
Por cierto, es preocupante que Milei en Argentina, Kast en Chile y Paz en Bolivia impongan sus políticas de extrema derecha y de subordinación al accionar imperial de Trump en América Latina.
Sin embargo, Lula en Brasil, Petro en Colombia y Claudia Sheinbaum en México resisten y no solo ante las fuerzas reaccionarias internas sino también frente a las sucesivas agresiones políticas y comerciales de Donald Trump e incluso ante sus amenazas militares.
Además, esos tres gobiernos se defienden, con dignidad, de las agresiones políticas y comerciales de Trump y hacen esfuerzos por terminar con al neoliberalismo
El presidente Petro se ha comprometido a terminar con el extractivismo petrolero y diversificar la economía. Ha impulsado, además, reformas estructurales en salud, pensiones, trabajo y agricultura. Sin embargo, sus avances han sido limitados por un bloqueo brutal en un Congreso, dominado por las maquinarias de los partidos tradicionales. Algo similar a lo que le sucedió al presidente Boric en Chile.
Por su parte, el presidente Lula, en su actual presidencia, a diferencia de sus gobiernos anteriores, ha propuesto una nueva política industrial con metas y acciones para el desarrollo hasta el 2033. Intenta con ello, mejorar el empleo, estimular el desarrollo productivo y tecnológico y ampliar la competitividad de la industria brasileña. Consciente de las limitaciones de sus anteriores gobiernos se ha propuesto revertir la desindustrialización.
Finalmente, la presidenta Sheinbaum, desde el inicio de su gobierno dejó claro que México transita hacia un nuevo modelo económico, opuesto al neoliberal. Su proyecto apunta en lo social al fortalecimiento de los derechos constitucionales en educación, salud y vivienda, junto a programas de atención masiva a los sectores más vulnerables. En el ámbito productivo, el país no es básicamente exportador de recursos naturales, ya que produce partes y algunos bienes manufacturados para la economía estadounidense, con lazos de dependencia muy profundos con su vecino del norte.
La desintegración regional
Así como el liderazgo progresista y el socialismo siglo XXI perdieron la oportunidad de impulsar un proyecto económico alternativo al neoliberalismo tampoco se interesaron en convertir la integración regional en un componente sustantivo de un nuevo modelo de desarrollo, para acumular fuerza negociadora frente a otros poderes mundiales.
En efecto, Lula en su primer gobierno lideró con éxito el rechazo al ALCA, que tanto interesaba a los EE. UU. Pero, Brasil no quiso ejercer su liderazgo para avanzar en la integración regional. Nestor Kirchner, por su parte, concentró todos sus esfuerzos en resolver los problemas internos heredados del periodo Menem, y se embarcó en un proyecto económico, de corte estrictamente nacionalista, dejando de lado la política regional; más aún, dedicó buena parte de su política exterior a una beligerante disputa con Uruguay, a propósito de una planta de celulosa, instalada cerca de su frontera.
Por su parte, Correa, en Ecuador, y Evo Morales, en Bolivia, priorizaron la reformulación de sus sistemas políticos internos, con la instalación de nuevas constituciones, lo que comprometió fuertemente sus agendas.
Chávez y después Maduro desplegaron un vigoroso activismo en acumular fuerza interna, pero con un rotundo fracaso en el ámbito de construcción económica. Por otra parte, sus intentos de afirmar posiciones de liderazgo en Sudamérica, con la instalación del ALBA y el UNASUR, generaron sucesivos conflictos con varios gobiernos de la región.
Chile, por su parte, se olvidó por completo de la región (excepto en los casos de sus controversias territoriales con Perú y Bolivia) y optó por privilegiar sus lazos económicos y diplomáticos con los países desarrollados y el mundo asiático.
Las disputas comerciales de los gobiernos progresistas de Brasil y Argentina, y el conflicto entre Argentina y Uruguay, colocaron al Mercosur en situación difícil. Luego, con Bolsonaro en el gobierno de Brasil y Fernández en Argentina, las diferencias ideológicas exacerbaron la crisis de ese proyecto de integración subregional. Finalmente, con el retorno de Lula a Brasil y la presidencia de Milei en Argentina se profundizaron las diferencias entre ambos países, con impacto en los asuntos de la subregión.
Por otra parte, el retiro de Venezuela de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), en 2006, consecuencia de disputas políticas del presidente Chávez con los presidentes de Colombia y Perú, debilitó seriamente a este bloque subregional. Paralelamente, Venezuela se embarcó con el ALBA en una nueva iniciativa de integración, con escaso éxito.
En este contexto, mientras las exportaciones de los países de la región al mundo crecieron vigorosamente, al calor de la demanda de minerales, combustibles y alimentos provenientes de China y la India, el comercio intrarregional se ha visto reducido.
Al mismo tiempo, la institucionalidad para avanzar en la integración económica regional se muestra débil y dispersa. De la Comunidad Sudamericana de Naciones se pasó al Unasur, proyecto con escaso dinamismo. El ALBA ha perdido terreno con los años y cambios de gobierno. La ALADI, exitosa en el pasado, ha perdido todo su vigor. A final de cuentas, han predominado las disputas nacionalistas e ideológicas entre nuestros gobiernos antes que una decidida voluntad integracionista.
Hay que agregar el hecho de que, a partir de los años noventa, los países de la región se sumaron con fuerza a la globalización, privilegiando los tratados de libre comercio con los países desarrollados y luego con el mundo asiático.
Sin embargo, todo ha cambiado con la emergencia de Donald Trump en la presidencia de EE. UU. Su rechazo a la globalización, la imposición arbitraria de aranceles al comercio y su interés declarado en los recursos naturales, e incluso el secuestro del presidente Maduro en Venezuela, tienen a los países de la región en completa incertidumbre y muy divididos.
En suma, nuestros países en vez de construir una fuerza regional propia en lo comercial, empresarial, educacional y tecnológico han competido entre ellos, no se han integrado y perdieron una gran oportunidad de acumular fuerzas, sobre todo en la década del 2000, cuando predominaban los gobiernos progresistas y el socialismo del siglo XXI.
Un nuevo camino para la izquierda chilena
Chile ha sido el paradigma del neoliberalismo, dónde la ciudadanía no ha encontrado sustantivas diferencias entre los gobiernos de derecha y de la Concertación/Nueva Mayoría.
La Concertación/Nueva Mayoría puso de manifiesto su progresismo en derechos humanos, libertades para las mujeres, divorcio, aborto, acuerdo de vida en pareja para personas del mismo sexo. Pero, en cuanto al régimen productivo, y la política económica y social, así como en sus compromisos con los grandes empresarios ha habido coincidencias ineludibles con la derecha.
La explosión social del 18 octubre del 2019 fue una evidente declaración del profundo descontento ciudadano contra el modelo económico-social y su clase política. Dio origen al gobierno de Gabriel Boric y promovió la propuesta de una nueva Constitución que intentaba terminar con la instalada por la dictadura de Pinochet en 1980.
Sin embargo, el presidente Boric, en representación de una nueva generación que ansiaba cambiar el país, no pudo cumplir con la promesa de terminar con el neoliberalismo que había ofrecido en su programa de gobierno.
En efecto, su reforma previsional no pudo eliminar el régimen de las AFP, aunque logró aumentar los beneficios jubilatorios a los pensionados. No hubo reforma de la salud y las Isapres permanecen intocadas. Impulsó una interesante propuesta de ley para terminar con el CAE universitario y reemplazarlo con un financiamiento basal para la educación superior (el FES), pero esta aún no ha sido aprobada por el Parlamento. Y, quizás, lo más preocupante ha sido el rechazo en el Parlamento de la reforma impositiva.
Por otra parte, el régimen productivo extractivista permanece sin iniciativas sustantivas de industrialización, aunque en el plano social, el gobierno de Boric logró impulsar políticas universales que han desafiado la focalización neoliberal.
En efecto, las iniciativas en universalidad social están presentes con el sistema nacional de cuidados y el Copago Cero en salud, así como el proyecto FES que, aunque no se encuentra aprobado, otorga un financiamiento prácticamente universal a los estudiantes, lo que además fortalece el sistema público de educación superior
Por otra parte, hay un desafío a la subsidiaridad del Estado, en el caso de la Estrategia Nacional del Litio, en la que se repone el rol estratégico del Estado.
La realidad es que el gobierno de Boric tuvo serias limitaciones en su accionar. Encontró una oposición implacable en el Parlamento y de los medios de comunicación; pero, también, hubo responsabilidades propias. La principal, el haber esperado confiadamente un resultado positivo de la nueva Constitución, la que, sin embargo, fue rechazada en septiembre de 2022, obteniendo la aprobación de apenas el 38% de los electores. El inmovilismo de marzo a esa fecha pasó la factura.
Ese resultado y la condición de minoría del Frente Amplio en el Congreso obligó a Boric a pactar con un renuente Socialismo Democrático que, disciplinado por el neoliberalismo, no era entusiasta de las transformaciones estructurales propuestas en el programa de Biric.
Al mismo tiempo, es preciso señalar que ya se habían instalado con fuerza en el país nuevos y graves problemas que desplazaban a segundo plano las prioridades transformadoras del programa del Frente Amplio: la crisis migratoria, una criminalidad inédita y una creciente inflación, consecuencia de las medidas fiscales del gobierno Piñera para enfrentar la pandemia.
Hay que agregar que tanto el gobierno de Boric como el Frente Amplio operaron en las cúpulas. Se olvidaron de la exitosa experiencia movilizadora de las protestas estudiantiles de la enseñanza media del 2006 y de las universitarias del 2011, las que sentaron bases para el 18-0 y luego su triunfo electoral.
Consecuentemente, cometieron el error de no apelar al apoyo y movilización de la ciudadanía, en favor de las reformas estructurales del gobierno. Sindicatos, estudiantes, territorios, ambientalistas, mujeres, críticos de las AFP y de las ISAPRES podrían haber acumulado fuerzas en apoyo de las propuestas gubernamentales frente a la resistencia en el Parlamento, los gremios empresariales y los medios tradicionales de comunicación. No hubo una política en esa dirección.
De esta manera, con una derecha y medios de comunicación altisonantes en amplificar la delincuencia y la migración, el triunfo de la derecha estaba anunciado. Nada pudieron las medidas en favor de los trabajadores, como el alza del salario mínimo y la reducción a 40 horas laborables; el mejoramiento de las pensiones, aún con la permanencia de las AFP; el cero copago en salud; el pago de la deuda histórica para los profesores; la sala cuna para las mujeres; y el sistema de cuidados para las personas mayores.
En suma, el gobierno materializó avances sociales importantes, pero su propósito de terminar con el neoliberalismo no culminó con éxito, como anunciaba su programa transformador.
En consecuencia, la izquierda tiene aún pendiente la difícil tarea de erradicar el sistema de desigualdades e injusticias y, al mismo tiempo, cumplir este propósito en una democracia que no solo respete la representación indirecta de los ciudadanos, de acuerdo con las elecciones, sino también que incorpore formas directas de participación, mediante referendos y plebiscitos, en los casos que sea necesario.
La izquierda necesita construir un proyecto propio, alternativo al neoliberalismo, con propuestas de transformación productiva, políticas sociales universales y una democracia que haga efectiva la participación ciudadana en las decisiones del país. Ello exige un liderazgo y una orgánica política que deje de lado las cúpulas, se interne en los territorios, los sindicatos y los movimientos sociales y sea parte de sus discusiones.
El Frente Amplio, conformado por una nueva generación de jóvenes políticos, acompañada por antiguos cuadros decepcionados del Partido Socialista y de los gobiernos de la Concertación/NM, está llamado a reinventar una nueva izquierda transformadora y democrática, para derrotar al capitalismo neoliberal.
11 ejes ideológicos para perseverar en la lucha contra el neoliberalismo
En medio de la nueva y peligrosa geopolítica mundial, con una América Latina desintegrada y en un Chile en el que predominan profundas desigualdades e injusticias, es preciso reinventar a la izquierda.
Para ello será necesario construir un proyecto político transformador que dispute y recupere la hegemonía en la sociedad chilena, se convierta en gobierno y termine con el capitalismo neoliberal.
Para ese reinvento los referentes políticos internacionales no son muy útiles. Sin embargo, tenemos en nuestro país ineludibles aportes ideológicos y políticos del socialismo de Luis Emilio Recabarren, Eugenio González y Salvador Allende.
Recabarren nos entrega luces como gran organizador de los trabajadores, promotor de la prensa obrera, de la educación popular y la organización sindical. Su ejemplo es ineludible para una organización política que intenta representar los intereses del mundo social.
González en su Fundamentación Teórica del Programa del Partido Socialista del año 1947 es un adelantado a su época. Rechaza, con lucidez, el curso político seguido por la URSS que, bajo el control de una burocracia dictatorial, invalidó los objetivos libertarios y humanitarios de la revolución rusa. Reivindica, en cambio, el socialismo revolucionario, como proyecto que aspira a la efectiva liberación económica y política de los trabajadores de Chile y el mundo entero.
Allende, por su parte, como revolucionario y antiimperialista, no retrocedió en impulsar trasformaciones radicales, que desafiaron al capital nacional e internacional, para construir igualdad y justicia social en nuestro país; pero, al mismo tiempo, fue un firme defensor de las libertades públicas. Durante sus tres años de gobierno, que terminaron trágicamente, Allende fue un perseverante defensor de la democracia, pero en ningún momento renunció a las transformaciones que necesitaba el país.
Luis Emilio Recabarren, Eugenio González y Salvador Allende deben ser las principales fuentes de inspiración ideológicas y políticas para el Frente Amplio, como izquierda chilena, transformadora y democrática.
A continuación, sugerimos 11 ejes ideológicos para que el Frente Amplio recupere fuerza en el país, instale su hegemonía cultural, conquiste el gobierno y pueda terminar con el capitalismo neoliberal.
- El cuestionamiento del capitalismo neoliberal comienza en la base material de la sociedad
En lo productivo, es preciso sostener que el eje de la actividad económica debe trasladarse desde la explotación de recursos naturales a una industrialización moderna. Es la única forma de desarrollar empleos de calidad, mejores salarios y terminar con la informalidad.
Al mismo tiempo, las actividades industriales y algunos otros sectores agregadores de valor deben desplegarse a lo largo de todos los territorios del país. Ese despliegue debe ir acompañado de una efectiva descentralización política, que les permita a los territorios ejercer autónomamente sus competencias, administrar recursos y participar de las rentas e ingresos recaudados por el Gobierno Nacional.
Finalmente, habrá que ser insistente en ampliar sustantivamente la inversión estatal y privada en ciencia, tecnología e innovación, fundamento de los procesos productivos modernos. Es lo que han hecho para su desarrollo países como Corea del Sur y Finlandia, entre otros.
- Transformación del Estado subsidiario en un Estado regulador y planificador
Habrá que convencer a la opinión pública y políticos del país que el desarrollo requiere contar con un Estado planificador, que entregue orientaciones a los agentes productivos, para cumplir con los objetivos del desarrollo económico-social, junto a una sana macroeconomía. Ello es garantía para alcanzar equilibrios territoriales, medioambientales y sociales.
En el mundo actual, la izquierda reconoce el aporte de la empresa privada en el desarrollo, pero es necesario regular este aporte en favor del interés nacional para evitar prácticas monopólicas, acuerdos de precios entre empresas y acciones corruptoras sobre políticos e instituciones del Estado.
Finalmente, hay que reivindicar también la presencia de empresas públicas en sectores estratégicos, en la prestación de servicios públicos esenciales y en algunas actividades poco rentables en las que el sector privado no está interesado, pero que el Estado y la sociedad estiman necesarias.
- Protección del medio ambiente y defensa de los ecosistemas
La izquierda tiene que ser firme en la preservación y protección del medioambiente y de los ecosistemas. Es responsabilidad humanitaria mitigar el cambio climático, preservar la biodiversidad y garantizar un planeta saludable para las generaciones presentes y venideras.
La demanda de nuestra sociedad en la protección medioambiental y los compromisos internacionales en esta materia se encuentran cuestionados en años recientes por la extrema derecha y, en cambio, se pretende dar prioridad a las exigencias de los inversionistas, independientemente de la naturaleza de sus proyectos. Se ha impuesto la tesis que el crecimiento es lo único importante y que lo demás es música, como dijo el presidente Lagos. Incluso se ha calificado la lucha en defensa del medioambiente como una iniciativa woke.
- La salud, educación, previsión, vivienda y los cuidados de los desvalidos son derechos sociales y no negocios mercantiles
Es preciso cuestionar las políticas sociales focalizadas y, en cambio, defender y promover las políticas universales, las que construyen igualdad de derechos para todos los ciudadanos. Se favorece con ellas a los sectores de escasos recursos materiales y clases medias, y se promueve cohesión y solidaridad de toda la ciudadanía.
Ello obliga entonces a recuperar y perseverar en la lucha por el término de las AFP y las Isapres, asegurar una educación gratuita y de calidad en todos los niveles, junto con avanzar en instrumentos financieros originales que faciliten el acceso a la vivienda para todas las familias chilenas.
- La democracia representativa junto a mecanismos de democracia directa
La democracia tradicional, representativa, es ineludible, pero debe ser complementada con mecanismos de democracia directa, como referendos y plebiscitos. Así se logrará asegurar una participación más plena de la ciudadanía en sus propios asuntos, lo que ayuda además a la descentralización del poder a lo largo de todos los territorios del país.
Acompañando a la democracia, deben estar presentes la libertad y la igualdad, como principios fundamentales de la convivencia social. Sin ellas el edificio comunitario no se sostiene.
- La paridad y equidad de género.
La igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres es fundamental y debe estar presente en todos los ámbitos de la sociedad. Esa igualdad ha avanzado en el país, aunque en medio de una fuerte oposición de los sectores conservadores; y también estigmatizada por sectores conservadores y de la izquierda como agenda woke.
La izquierda debe asegurar la permanencia de este principio de la igualdad y perseverar en la denuncia y eliminación de toda forma de discriminación basada en el género. Es razón de justicia y además porque la mayor presencia de las mujeres en la vida económica y política amplía talentos e inteligencia indispensables para el desarrollo de nuestro país
- Respeto a las diversidades sexuales y a las disidencias de género
También ha sido larga y difícil la lucha de las organizaciones LGBTIG+ por conquistar sus libertades y derechos, los que finalmente han sido consagrados en diversas leyes en nuestro país, siempre con la oposición de los sectores conservadores.
La defensa de esos derechos es primordial en momentos en que la ofensiva antiwoke ha ganado espacio cultural en el mundo y está creciendo en Chile. No hay que dudar respecto a que la diversidad sexual y la disidencia de género debe ser respetada, como lo señala la Declaración Universal de Derechos Humanos. Todas las personas, independiente de su orientación sexual o identidad de género, deben tener protección de sus derechos y la garantía de que estos se respetarán sin discriminación alguna.
- Respeto a los pueblos originarios
Las comunidades originarias son portadoras de una cultura ancestral única y valiosa que merece un profundo respeto. Debemos saber honrar y preservar la cultura de estas comunidades porque el reconocimiento de sus derechos enriquece nuestra sociedad y la comprensión del mundo. Además, al respetar y valorar las culturas originarias estamos asegurando que este patrimonio no se pierda con el tiempo y continúe siendo trasmitido a las generaciones venideras.
En nuestro país se ha desconocido el Convenio 169 de la OIT sobre los pueblos indígenas y, en cambio, la discriminación, el racismo y la criminalización han estado muy presentes en la relación del Estado con los pueblos originarios, en particular con el pueblo mapuche.
La izquierda debe recuperar especialmente su relación con el pueblo mapuche y, mediante el diálogo y una mayor comprensión, encontrar caminos para resolver sus demandas de reconocimiento constitucional, autonomía política y restitución de tierras.
- Ataque a la corrupción
La lucha contra la corrupción debe estar muy presente como eje ideológico de la izquierda, porque es un tema de la mayor preocupación en la hora actual, que desprestigia la política y al empresariado, corroe las instituciones públicas y afecta el desarrollo.
Han sido evidentes y graves los actos de corrupción de grandes empresarios y políticos, bajo formas diversas.
Comenzó con la puerta giratoria de ministros y superintendentes de entidades reguladoras, que asumieron cargos en directorios de bancos, grandes empresas, medios de comunicación y universidades, todos de propiedad de los hombres más ricos de Chile. Otros sirvieron al mundo empresarial como lobistas. Así, la política y los negocios establecieron vínculos estrechos que posteriormente se extendieron al financiamiento ilegal de la política, con los destacados casos Penta, SQM y las Pesqueras de las siete familias.
Luego se conoció la corruptela en los altos mandos de la Policía Civil, y las Fuerzas Armadas y Carabineros; y, más recientemente, de las ONG, entre las cuales lamentablemente aparecieron involucrados militantes del Frente Amplio.
Finalmente, la corrupción ha alcanzado el Poder Judicial, con el bullado caso Hermosilla, lo que ha convertido a la corrupción en un fenómeno instalado en las principales instituciones del país.
Esto compromete gravemente la gobernabilidad, la democracia y el desarrollo de nuestro país, lo que exige a la izquierda ser implacable en la condena y exigencia de las más duras sanciones contra el flagelo de la corrupción.
- Delincuencia y temor ciudadano
La delincuencia, el narcotráfico y la violencia han aumentado en el país y para la izquierda debe ser un asunto de principal interés porque está en el centro de las preocupaciones de la ciudadanía, exacerbada además por los medios de comunicación.
El tema exige adecuadas políticas de inteligencia y represión como respuesta inmediata al crimen organizado y al narcotráfico. Pero ello no basta. Se precisa una estrategia integral del Estado como respuesta a mediano y largo plazo.
Junto a los contingentes policiales en las poblaciones marginales le corresponde al Estado multiplicar los programas públicos de inversión en salud, educación, cultura y deportes, y en apoyo a las organizaciones ciudadanas. Además, para construir seguridad y frenar la delincuencia se requiere de la participación de toda la sociedad y no solo del gobierno central. Es necesario que participen los gobiernos regionales, municipios, organizaciones comunitarias de base, ONG, iglesias y centros educacionales.
Una presencia integral y generosa del Estado en las poblaciones vulnerables, junto a las organizaciones ciudadanas, es lo que puede contrarrestar la rabia, el resentimiento y la soledad de los excluidos, que son los factores generadores de la delincuencia y también los que favorecen el reclutamiento de niños y jóvenes por las mafias del narcotráfico.
- Repensar la política internacional
Hoy vivimos un momento de inflexión en el mundo, una nueva geopolítica y la globalización en retirada, lo que exige esfuerzos renovados para replantear nuestra política internacional.
Donald Trump ha retomado el proteccionismo y eleva aranceles contra todo el mundo, por razones económicas y políticas. Es así como comienza a invertirse el orden mundial, abierto y liberal, que había caracterizado al mundo en las últimas décadas.
El nuevo proteccionismo y el repliegue de la globalización plantean nuevos desafíos al país que obligan a redefinir las relaciones con Estados Unidos, China y Europa sobre la base del pragmatismo, la diversificación y teniendo muy en cuenta el objetivo industrial y tecnológico, antes que la exportación de recursos naturales. Al mismo tiempo, la amenaza de Estados Unidos sobre nuestros recursos naturales, contenida en su Plan de Seguridad Nacional 2025 es preocupante y habrá que estar atento a la defensa del litio, el cobre y otros minerales críticos de interés estadounidense.
Finalmente, en medio de serios conflictos en la región, habrá que esforzarse en iniciativas específicas de integración bilateral y, si es posible, multilateral, independientemente de diferencias ideológicas. Pero, el realismo político indica que la izquierda deberá priorizar sus relaciones con los partidos y gobiernos que oponen resistencia al neoliberalismo y defienden su autonomía frente a EE. UU. Destacan en la región México, Colombia, Brasil y Uruguay; pero, también habrá que construir vínculos con fuerzas de izquierda en América Latina, Europa, Canadá, España, EE. UU. y en otros continentes.
* Roberto Pizarro H. es economista y exdecano de la Facultad de Economía Política de la Universidad de Chile
* Luis Herrera es chileno-finlandés, economista, exdiplomático finlandés, actual miembro de la Dirección Regional del Territorio Internacional del Frente Amplio.
