La reciente Asamblea del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), realizada en Asunción, volvió a repetir una escena conocida: discursos sobre crecimiento, inversión y sostenibilidad, mientras en paralelo las comunidades afectadas por esos mismos proyectos denuncian exclusión, impactos ambientales y falta de participación real. No es una contradicción menor. Es el corazón del problema. Porque mientras los organismos multilaterales hablan de desarrollo, en los territorios se vive otra cosa: decisiones tomadas sin la gente, proyectos que avanzan pese a la oposición local y costos ambientales que rara vez pagan quienes los aprueban.
En Chile, esto tiene nombre y apellido: Proyecto Alto Maipo. El símbolo de un modelo agotado.
El proyecto en el Cajón del Maipo fue presentado como una obra estratégica para el país. Pero terminó evidenciando algo mucho más incómodo: cómo se impone un modelo de desarrollo incluso cuando pierde legitimidad social.
Aquí no estamos frente a un conflicto aislado. Estamos frente a un patrón: comunidades que llegan tarde a decisiones ya tomadas; evaluaciones ambientales que no logran generar confianza; autoridades que priorizan la inversión por sobre el territorio. Y lo más grave: cuando surgen las críticas, se responde con tecnicismos, no con diálogo real.
La “transición verde” también puede ser injusta.
En la Asamblea del BID se habló de transición energética, de inversión sostenible, de futuro. Pero hay una pregunta que incomoda y que muchos prefieren evitar: ¿transición para quién y a costa de qué territorios?
Porque si la transición energética se construye repitiendo las mismas lógicas —imposición, extractivismo, exclusión— entonces no es una solución.
Es el mismo problema con otro discurso.
Alto Maipo es exactamente eso: un proyecto “necesario” que terminó profundizando la desconfianza.
Sin comunidad, no hay desarrollo.
Lo que las organizaciones dijeron en Asunción no es radical. Es básico: participación desde el inicio, transparencia real, respeto por los territorios.
Lo radical, en realidad, es seguir haciendo lo mismo esperando resultados distintos.
Porque los conflictos no son el problema. Son la consecuencia.
Chile todavía tiene la oportunidad de aprender de casos como Alto Maipo. Pero para eso necesita reconocer algo incómodo: el problema no es la oposición de las comunidades; el problema es un modelo que las considera un obstáculo.
Mientras esa lógica no cambie, seguirán apareciendo nuevos “Alto Maipo”, con distintos nombres, pero el mismo fondo.
En la Asamblea del BID no se discutió solo sobre financiamiento. Se discutió sobre poder: quién decide, cómo se decide y quién asume los costos. Y Alto Maipo deja una lección difícil de ignorar: cuando el desarrollo se impone, el conflicto no es una falla del sistema. Es su resultado natural.
*Marcela Mella Ortiz, mamá de Flo e Isi, es co-directora de la Red de Comunidades Afectadas por las Instituciones Financieras Internacionales (IFIs) e Integra el Colectivo Mujeres en Resistencia Chile.
