Han pasado cuatro semanas desde que asumió el gobierno y la estrategia ha sido evidente: inundar la agenda, flood the zone, instalar conflictos simultáneos, polémicas diarias, discusiones morales, peleas culturales, anuncios, retrocesos y provocaciones. A eso se suma el alza del costo de la vida, decisiones económicas que han empujado un clima de incertidumbre y una sensación de crisis permanente donde todo parece urgente y nada alcanza a discutirse en profundidad.
Pero hay decisiones que se toman igual, aunque la agenda esté llena de ruido. Y una de esas decisiones tiene que ver con los derechos humanos. Porque lo que estamos viendo no son solo revisiones técnicas, ajustes administrativos o cambios de equipos. Es un intento por cambiar el lugar que ocupan los derechos humanos en la política chilena. Pasar de entenderlos como una obligación permanente del Estado a tratarlos como una política ideológica de los gobiernos anteriores: de política de Estado a política de gobierno, de consenso democrático básico a trinchera política.
No es casual que mientras se instala la discusión sobre seguridad, migración, orden público o crisis económica, las políticas de memoria, verdad y búsqueda empiecen a debilitarse, a relativizarse o a considerarse prescindibles. La crisis económica, el alza del costo de la vida y el clima de incertidumbre social no pueden transformarse en una cortina que nos impida ver lo que está pasando en el plano institucional y democrático.
Cuando un Estado comete crímenes masivos contra su propia población, no solo viola derechos humanos: rompe el pacto básico que lo legitima. Por eso el derecho internacional no le ofrece alternativas, le impone obligaciones permanentes: buscar a las víctimas, esclarecer la verdad y garantizar la no repetición. No es una política pública más, no es un programa de gobierno, es una obligación estructural del Estado que no prescribe, no depende de quién gobierne y no puede suspenderse porque cambió la mayoría política.
Sin embargo, Chile lleva más de cincuenta años administrando esa deuda con lentitud, miedo y cálculo político. Durante décadas, el Estado no buscó a los detenidos desaparecidos: los buscaron sus familias. Fueron las madres, las organizaciones de derechos humanos y los propios familiares quienes hicieron el trabajo que el Estado no quiso hacer: construyeron archivos, empujaron causas judiciales, sostuvieron la memoria cuando gran parte del sistema político prefería hablar de estabilidad, transición y crecimiento económico.
En ese marco, el Plan Nacional de Búsqueda fue el reconocimiento tardío de algo evidente, que la búsqueda de los desaparecidos no era una tarea privada, sino una obligación del Estado. Es decir, no era el punto de llegada, sino el mínimo civilizatorio. Lo que cualquier democracia que se tome en serio a sí misma debió haber hecho hace décadas.
Entonces, lo que estamos viendo hoy no es solo un retroceso administrativo. Es algo más profundo: es el intento de convertir los derechos humanos en un campo de disputa ideológica para poder relativizarlos, desgastarlos y, con el tiempo, vaciarlos de su carácter obligatorio. Transformarlos en una opinión política más, discutible, negociable, recortable. En un dispositivo ideológico, en una herramienta de disputa política y, finalmente, en una forma de castigar simbólicamente la memoria democrática construida durante las últimas décadas.
Y aquí llegamos a la pregunta ¿por qué a la derecha le incomodan los derechos humanos? La respuesta no es moral, es política.
Primero, porque en Chile los derechos humanos no son una discusión abstracta: tienen responsables, tienen víctimas y tienen historia. Los derechos humanos en Chile hablan de dictadura, hablan de violaciones sistemáticas, hablan de responsabilidades políticas e institucionales. No son solo memoria: son responsabilidad histórica, y la responsabilidad histórica siempre incomoda porque obliga a hacerse cargo del pasado y de las posiciones que cada sector político tuvo frente a ese pasado.
Pero hay una razón aún más profunda. Los derechos humanos son, en el fondo, una teoría de los límites del poder. Establecen que hay cosas que el Estado no puede hacer nunca, aunque exista crisis económica, conflicto social, inseguridad o mayoría política. Vienen a ser un límite a la violencia estatal, un límite a la razón de Estado y un límite a la idea de que el orden puede imponerse a cualquier costo. Y todo proyecto político que cree en un Estado más duro, con más capacidad de coerción y con menos límites institucionales inevitablemente va a ver en los derechos humanos un obstáculo.
Por eso esta no es solo una discusión sobre memoria o sobre el pasado. Es una discusión sobre el presente y sobre el tipo de Estado que se quiere construir. Sobre si los derechos humanos seguirán siendo un límite al poder o si pasarán a ser un problema para gobernar. Sobre si seguirán siendo un consenso democrático básico o si se transformarán en una bandera ideológica más dentro de la disputa política.
Chile no tiene un problema con su pasado. Tiene un problema con quienes todavía no quieren hacerse cargo de él. Y mientras eso no se resuelva, los derechos humanos van a seguir siendo incómodos para algunos y necesarios para la democracia.
*Natalie Rojas Vilches es encargada política del Frente Amplio de La Ligua y Coordinadora del Comité de Derechos Humanos del Frente Amplio.
