Cada 24 de marzo, El Salvador y el mundo vuelven la mirada a la capilla del Hospital de la Divina Providencia, donde una bala detuvo la voz de monseñor Óscar Arnulfo Romero mientras ofrecía la eucaristía. Han pasado 46 años de aquel crimen, pero la memoria de su martirio no es solo un recuerdo: es una herida abierta que sigue iluminando las luchas de un país donde defender al pobre, al perseguido y al que denuncia la injusticia sigue siendo un camino sembrado de amenazas.
El asesinato de Romero fue la culminación de una estrategia sistemática de terror que, entre 1980 y 1992, la Iglesia popular salvadoreña sufrió como pocas en el continente. Lo que hoy se conmemora es parte de un martirologio más amplio, cuyo eco resuena en un presente marcado por un nuevo autoritarismo: el de Nayib Bukele.
La Iglesia popular bajo el fuego de la guerra civil
La guerra civil salvadoreña (1980-1992) no fue solo un enfrentamiento entre el Estado y la guerrilla del FMLN. Fue también una guerra contra la Iglesia de los pobres. La llamada «opción preferencial por los pobres», emanada del Concilio Vaticano II y del documento de Medellín, fue interpretada por las élites económicas y las fuerzas militares como una postura subversiva, una amenaza comunista que debía ser exterminada.
El resultado fue una persecución implacable:
Rutilio Grande (1977): el sacerdote jesuita, amigo y mentor de Romero, fue la primera gran pieza de esta cacería. Asesinado junto a un campesino y un niño, su muerte marcó un antes y después en la conciencia de Romero.
Monseñor Romero (1980): el arzobispo de San Salvador fue asesinado el 24 de marzo, un día después de pronunciar un histórico sermón donde llamaba a los soldados a no reprimir al pueblo.
Cuatro religiosas estadounidenses (1980): tres monjas y una laica, Ita Ford, Maura Clarke, Dorothy Kazel y Jean Donovan, fueron violadas y asesinadas por la Guardia Nacional, en un crimen que conmocionó a Washington y mostró la ferocidad del aparato represor.
Los jesuitas de la UCA (1989): seis sacerdotes jesuitas (cinco de ellos españoles), Ignacio Ellacuría (filósofo clave de la teología de la liberación), Ignacio Martín Baró, Segundo Montes, Juan Ramón Moreno, Amando López y Joaquín López y López junto a Elba Ramos, cocinera que trabajaba en la universidad, y su hija, Celina Ramos, fueron masacrados por el batallón Atlácatl en plena ofensiva guerrillera.
La cifra es escalofriante: durante el conflicto, se estima que una veintena de sacerdotes y miles de laicos (catequistas, delegados de la palabra, miembros de comunidades eclesiales de base) fueron ejecutados. El objetivo no era solo eliminar individuos, sino desmantelar las estructuras pastorales que organizaban a las comunidades marginadas y les devolvían la dignidad.
Un martirio con rostro de impunidad
La persecución a la Iglesia en El Salvador tuvo una característica fundamental: la impunidad. Los asesinatos de Romero, los jesuitas o Rutilio Grande fueron perpetrados por fuerzas militares entrenadas por Estados Unidos y, durante décadas, la justicia salvadoreña protegió a los culpables.
Recién en años recientes, con la anulación de la Ley de Amnistía (2016), se lograron avances simbólicos. Sin embargo, el espíritu de aquellos años —el de criminalizar al que alza la voz por los derechos humanos— no ha desaparecido. Ha mutado.
El nuevo rostro del autoritarismo: Bukele y la «dictadura con popularidad».
A 46 años del martirio de Romero, El Salvador vive bajo el régimen de Nayib Bukele, un gobierno que concentra el poder, controla todas las instituciones y ha establecido un estado de excepción que lleva más de tres años vigente. Bajo el discurso de la «seguridad», Bukele ha encarcelado a casi 80.000 personas sin las debidas garantías, ha militarizado el país y ha eliminado cualquier contrapeso democrático.
En este contexto, la persecución a las voces críticas ha regresado con fuerza. El caso de El Faro, el periódico digital más prestigioso de El Salvador, es emblemático. En mayo de 2025, tras publicar investigaciones que revelaban un supuesto pacto entre Bukele y las pandillas para llegar al poder, el gobierno ordenó la captura de siete de sus periodistas.
Como relató Nelson Rauda, editor de El Faro, a Deutsche Welle: «Tuvimos información fidedigna de la intención del Gobierno de detenernos (…). La posibilidad de regresar implica el riesgo de que nos encarcelen y nos torturen, porque nadie está seguro en El Salvador”.
El gobierno de Bukele no ha presentado cargos formales, pero ha creado un clima de terror en el que los periodistas viven en el exilio forzado, amenazados con cárcel o destierro.
La situación ha sido calificada por organizaciones como Cristosal como un retroceso absoluto en materia de derechos humanos. Noah Bullock, director de esa ONG, sentencia: «La democracia en El Salvador se reduce hoy a un espacio cívico bajo presión y un periodismo independiente sometido a intimidación constante. El régimen de Bukele se ha sostenido sobre su supuesta popularidad (…). Ahora es plenamente reconocido como un dictador más y debe recurrir a la represión para continuar en el poder”.
A 46 años del asesinato del arzobispo, la defensa de los pobres y la verdad sigue siendo criminalizada por el poder autoritario en El Salvador.
La lección de Romero: politizar la compasión
Lo que une a aquellos años de plomo con el presente es la persistencia de una lógica autoritaria: la eliminación o silenciamiento de quienes se interponen entre el poder arbitrario y los derechos de los más vulnerables.
Monseñor Romero no fue asesinado por ser «comunista» —como sus detractores repetían—, sino por lo que el historiador Christophe Granger llama, en otro contexto, «politizar la compasión». Romero convirtió la defensa de los pobres en el eje de su ministerio y eso lo volvió un enemigo para quienes veían en la injusticia estructural un orden natural.
Hoy, en El Salvador, Bukele ha logrado lo que los escuadrones de la muerte no pudieron del todo: desarticular la capacidad de denuncia colectiva. A través del miedo, el control judicial y la persecución selectiva, ha vaciado de contenido a la oposición y ha puesto a los medios independientes en la clandestinidad o el exilio.
Conclusión: memoria y resistencia
Conmemorar el martirio de Monseñor Romero, a 46 años, es también recordar que su legado no es un monumento estático. Es una advertencia viva: donde hay concentración del poder, militarización de la vida pública y criminalización de la disidencia, la defensa de los derechos humanos se vuelve un acto de riesgo.
La Iglesia mártir de El Salvador, aquella que supo dar sepultura a los caídos y alzar la voz cuando todos callaban, está llamada hoy a interpelar a un poder que, bajo la máscara de la popularidad, repite los patrones de impunidad y autoritarismo que Romero denunció hasta con su última palabra.
Como él mismo lo expresó en una de sus homilías: «Si nos matan a todos, pero la voz de la justicia y la verdad sigue sonando, entonces nuestro trabajo no habrá sido en vano».
Hoy, esa voz suena en los periodistas exiliados, en los abogados de derechos humanos perseguidos y en las comunidades que aún se niegan a callar frente al abuso del poder.
Fuentes:
Historia de la guerra civil salvadoreña y persecución a la Iglesia: archivo histórico de la UCA y Comisión de la Verdad de Naciones Unidas (1993).
Declaraciones de Nelson Rauda (El Faro) y Noah Bullock (Cristosal): Deutsche Welle, junio de 2025.
*Álvaro Ramis es rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano.
