Nota preliminar
El reciente triunfo en las elecciones presidenciales de un conglomerado político donde no pocos integrantes reivindican el período dictatorial, haciendo tabla rasa de sus crímenes y aberraciones y que, además, en sus pancartas enarbolan como figura simbólica al fenecido dictador; más sus destempladas declaraciones supremacistas, clasistas y de odio social, nos demuestran que estas expresiones son síntomas de una inequívoca regresión en la cultura política democrática nacional que exige reflexión y, ciertamente, acción. En esta perspectiva, estimamos que un aporte lo hacen nuestros autores clásicos quienes, en otros contextos, abordaron problemas similares, como lo hizo la destacada pensadora que presentamos en este artículo y a quien rendimos nuestro homenaje.
Este año que recién finaliza se cumplió medio siglo del deceso de Amanda Labarca, fallecida el 2 de enero de 1975 a los 88 años. Nacida en 1886, su vida pública fue intensa y fecunda: siendo aún adolescente, ingresó a estudiar la carrera en Castellano en el antiguo Instituto Pedagógico, donde obtuvo su título de Profesora de Estado en 1905. Al año siguiente se incorpora a la docencia que ejercerá en diversos liceos femeninos, desplegando una labor educativa que se prolongará por más de cinco décadas.
Fue pionera en diversas áreas académicas: la primera profesional chilena en cursar estudios de posgrado en universidades extranjeras y, merced a sus deslumbrantes dotes intelectuales y aptitudes didácticas, la primera mujer en ingresar como catedrática a la Universidad de Chile en 1922, donde, además de su trabajo docente, fue la principal impulsora de las Escuelas de Temporadas de esta casa de estudios. Reconocida como experta en los problemas de la enseñanza nacional, asumió por un período el cargo de directora general de Educación Secundaria.
En lo social fue una activa integrante de organizaciones gremiales del Magisterio y de instituciones filantrópicas para ayudar a niños abandonados y sin escolaridad; y, en lo político, estuvo vinculada al Partido Radical, donde su esposo, el también docente y escritor Guillermo Labarca, fue un importante dirigente. Doña Amanda, además, fundó y dirigió la Editorial “Letras” que dejó una estela de publicaciones que en nuestros días se aquilatan como obras clásicas de nuestra literatura.
Por otro lado, Amanda Labarca fue una de las principales teóricas y animadoras del movimiento feminista chileno de la primera mitad del siglo XX. Tempranamente, asumió los postulados del feminismo divulgándolos en conferencias y libros, entre los que destacan: Actividades femeninas en los Estados Unidos, (1914); ¿A dónde va la mujer? (1934); Feminismo Contemporáneo (1947); y, Una mujer enjuicia a su tiempo (1970), discurso de incorporación a la Academia Chilena de Ciencias Sociales, que puede considerarse su testamento intelectual porque en él, ya anciana, hace un balance de su propia trayectoria vital en el desenvolvimiento del feminismo chileno después de sesenta años de compromiso con esta causa.
Como dirigente destacada de las avanzadas feministas, impulsó hacia 1915 el “Círculo de Lectura” que, pese a contar con grupo reducido de participantes, fue una de las primeras agrupaciones feministas destinadas a elevar el nivel intelectual y crítico de las mujeres. En la década de 1920 encabezó el Consejo Nacional de Mujeres que promovió diversas reformas en pro de los derechos civiles femeninos; y, más tarde, presidió la Federación Chilena de Instituciones Femeninas (FECHIF), entidad unitaria formada en 1944 que intensificó la larga lucha por el derecho al sufragio femenino en nuestro país, conquistado, finalmente, en 1949.
La intelectual dejó una notable obra escrita que comprende cerca de veinte volúmenes publicados, decenas de ensayos que forman capítulos de libros y artículos de prensa entre los que destacan textos de pedagogía, historia de la cultura, sociología, filosofía, feminismo, semblanzas de personalidades egregias, estudios literarios y obras narrativas, donde se aprecia su estilo cautivante y asoma su visión de pensadora aguda y documentada sobre los problemas más acuciantes de nuestra sociedad (1)
El tema de la democraciaes omnipresente en la obra de Amanda Labarca, desplegándose en diversas áreas temáticas que abordó como pensadora: educación, feminismo y cuestiones sociales, cuyo tratamiento detallado exigiría una investigación de largo aliento. No obstante esta dificultad, el propósito de este artículo es recuperar uno de sus muchos textos olvidados: el ensayo “La crisis de la democracia”, publicado por entregas en el diario La Nación los días 22, 23, 25, 27 de febrero de 1925; y el 3 y 7 de marzo del mismo año. Hasta donde hemos averiguado, este documento no ha sido reeditado y, reunidos en su conjunto, podrían formar un folleto o ser parte de una antología de los textos dispersos de la autora. Tras la espera de esta reedición, reseñamos algunos de sus contenidos que cobran dramática actualidad en nuestros días de silenciosa, pero no por ello menos grave, “crisis de la democracia”.
I La crisis de la democracia (1925)
Bajo el título de “La crisis de la democracia” –que, por lo demás, pasará a ser un tópico habitual en el discurso político chileno del siglo XX–, Amanda Labarca publicó uno de sus principales ensayos de teoría y análisis político. Comprende seis artículos aparecidos en el diario La Nación entre febrero y marzo de 1925. Es decir, fueron escritos en el contexto de la irrupción del movimiento militar que terminó con el llamado régimen parlamentario instalado en 1891.
La Joven Oficialidad protestó, en el famoso “ruido de sables”, en el Congreso el 4 de septiembre de 1924 por el alza de la dieta parlamentaria y la postergación de los reajustes salariales de los empleados públicos –entre los que estaban los militares–, conminando, a la vez, a la clase política tradicional chilena a que resolviera una serie de demandas nacionales. El pronunciamiento castrense provocó un terremoto político, logrando que los parlamentarios aprobaran con insólita celeridad los proyectos de leyes sociales acumulados durante años. Pero este amotinamiento de los uniformados, que empezó como una expresión de la protesta social, terminó reemplazando el gobierno constitucional de Arturo Alessandri por una Junta Militar encabezada por los altos mandos del Ejército y la Marina, la cual –al poco tiempo– demostró una inequívoca inclinación reaccionaria. La Joven Oficialidad dio un nuevo golpe, el 23 de enero de 1925, desplazando a los mandos conservadores y restituyendo al presidente Alessandri a fin de que completara el proceso de reformas constitucionales iniciado con su mandato, pero que había sido obstaculizado por las fuerzas conservadoras en el Parlamento.
I.1 Crisis global de la democracia
En el contexto de la grave situación por la que atravesaba el régimen político chileno, la autora se hacía cargo de este problema con una perspectiva global, pues estimaba que la crisis comprendía a la mayoría de los países donde imperaba la democracia popular representativa. Tenía presente el reciente conflicto mundial frente al cual los sistemas democráticos habían sido impotentes para evitar la catástrofe. Del mismo modo, y como consecuencia de esta conflagración, seguía expectante la emergencia de nuevos regímenes en Europa, como el fascismo italiano, la formación de la Unión Soviética y la dictadura de Primo de Rivera en España.
Sostenía que los países hispanoamericanos, si bien contaban con Constituciones que declaraban la vigencia del régimen democrático, su resultado no pasaba de ser un “ensayo falaz”. En Chile, añadía, los Padres de la Patria –a semejanza de los constitucionalistas norteamericanos y de los revolucionarios franceses– habían sustentado grandes ideales liberales para acallar los últimos estertores de la monarquía absoluta y moldear la vida cívica de los ciudadanos. La democracia fue proclamada como la panacea para terminar con las tiranías, los ataques de los reaccionarios y la esclavitud del proletariado con el propósito de cimentar las bases de la felicidad del pueblo. Pero si este ideal inspiró a las fuerzas progresistas del siglo XIX, las nuevas generaciones nacidas con el siglo XX ya no tenían ni la misma candorosa fe, ni el mismo ímpetu de los fundadores de la República. Por un lado, se habían transformado en portadores de una nueva panacea: el socialismo, como respuesta infalible a las miserias humanas; y, por otro, habían comprendido las enormes limitaciones objetivas de la democracia. Anotaba que esta decepción frente a la democracia no era solo nacional, sino que expresaba un descontento de carácter universal:
No podemos desconocer el hecho de que la democracia en el mundo entero está pasando por un período de descrédito. La acusan los proletarios de su ineficacia para remediar la miseria; los obreros de favorecer y a veces amparar los avances del capitalismo que ya constituye un Estado dentro del Estado; los intelectuales que el triunfo de las mayorías, base del régimen popular representativo, significa el triunfo del número sobre la calidad, de la masa sobre la inteligencia, de los ignorantes y mediocres sobre las virtudes y los talentos superiores; los moralistas de todas las condiciones, porque desarrolla en grandísima escala la inmoralidad social, en forma de cohecho, de gestores, de negociados; los patriotas, porque su mutabilidad excesiva de hombres impide seguir planes a los estadistas de largo aliento, porque el parlamentarismo se inclina en todos los países a reducirse a compadrazgos de corrillos, a luchas de bastidores, a vanidosa garrulería; porque las leyes no resultan hijas de la equidad sino de las componendas entre los partidos en lucha, y porque sus gobernantes de escasa duración y tan rudamente combatidos por los adversarios políticos, carecen de autoridad cívica. (Labarca, 1925a, p.11)
Preguntaba la autora si todos estos defectos de la democracia eran enmendables con un trabajo de depuración del régimen político y sus instituciones –que por decidida no se implementaba–, o bien, se debía renunciar a él para emprender una nueva orientación política, desconocida en sus alcances, o que, simplemente, derivara en un nuevo régimen unipersonal, regresivo y tiránico (que fue lo que efectivamente ocurrió más tarde con la dictadura de Ibáñez). Estimaba que todos los acontecimientos que ocurrían en el país mostraban una enorme trizadura del régimen democrático popular representativo. De la misma forma, también reconocía la presencia de un estado más o menos generalizado de incertidumbre sobre el porvenir. Creía que para ir al fondo de la crisis de la democracia se debían analizar también los problemas concomitantes que lejos de realizarla, la degradaban.
I.2 El capitalismo y el problema de la miseria
Entre estos problemas, el de la miseria era, en su opinión, el más grave de todos y, por tanto, el más urgente que resolver. Anotaba que bastaba asomarse a los conventillos o las viviendas de los inquilinos de los campos para conocer las condiciones miserables y antihigiénicas en que vivía el pueblo a lo largo de todo el territorio. Paralelamente, atisbando el problema social, describe la inmisericorde explotación de las clases proletarias por parte de los agentes capitalistas:
Conozco madres viudas o abandonadas que en las empresas fabriles de Santiago trabajan de la mañana a la noche para ganar tres pesos diarios; tres pesos que deberían alcanzar para alimentar, vestir, medicinar y educar a cuatro o cinco hijos; he visto familias de inquilinos, aquí en las goleras de nuestra capital, que todavía no reciben por su pesado trabajo más de ochenta centavos al día y en las cosechas de cuyas parcelas son compradas en verde por el propietario o sus agentes a precios indignos, dejando al inquilino cada año más y más sumido en las deudas y en la indigencia.(Labarca, 1925b, p.3)
El problema de la pobreza constituía para Amanda Labarca una seria amenaza para la convivencia social porque la miseria física nunca era un solo problema, sino que aparecía con ella la miseria moral, las enfermedades sociales y venéreas, la falta de higiene y de cultura, el flagelo de la tuberculosis “que devora a familias íntegras”, el alcoholismo y la tragedia de las taras transmitidas por herencia biológica y social a las nuevas generaciones, a lo cual añadía la enorme mortalidad infantil del país. Pero si este problema era gravísimo en sí mismo, era, además, agravado por la falta de comprensión e indiferencia de las llamadas “clases cultas”:
Hay todavía gentes que muy adentro de su conciencia cree que el anhelo de bienestar es una argucia peligrosa de los desheredados. ¡Funestísimo error!: Bienestar significa hoy por hoy, habitación, vestidos, alimentos, educación para los hijos y posibilidad de asegurárselos para los padres. Nadie puede negarle el derecho a ese natural afán. (Labarca, 1925b, p.3)
Admite Amanda Labarca que uno de los principales déficits de la democracia había sido no llegar a las raíces mismas de la miseria para extirparla. Pero no solo eso, reconoce que el sistema político también había sido débil e impotente para enfrentar otro escollo cada vez más poderoso: el capitalismo internacional. Como respuesta a tanta indolencia, apunta, habían surgido los credos socialistas, comunistas y anarquistas que proclamaban la bancarrota de la democracia y la necesidad de reemplazarla por nuevos sistemas sociales igualitarios. Comentaba la autora el notable crecimiento de estos movimientos y del número de sus prosélitos que, a su modo, encaraban con firmeza el problema agobiante de la miseria humana. No obstante estas avanzadas de rebeldía social, la penetración capitalista internacional seguía ahondándose en nuestras tierras con graves secuelas para la economía nacional:
En países como el nuestro de escasa cultura, población rala, dinero menguado y de muchas riquezas naturales explotables por la cultura, la gente y el dinero extranjero, el problema del capitalismo es doblemente difícil porque presenta dos frentes: el internacional y el nativo. Los grandes capitalistas no reconocen patria. Las magnas empresas explotadoras, los agios de la banca que anuncian empréstitos a los pequeños países, forman instituciones internacionales. Pueden tener su asiento en la City [2] o en Wall Street, pero la moneda la aceptan de donde venga, y como su mira no es otra que acaparar más y más riquezas, le importan nada las condiciones sociales de los países que explotan. (Labarca, 1925b, p.3)
Por otro lado, denunciaba la inequidad en el intercambio comercial de la economía chilena con las potencias capitalistas que imponían términos leoninos para sus productos manufacturados y, por otro lado, tasaban a su conveniencia los productos nacionales. Comenta la socióloga el caso del combustible, elaborado y traído desde Estados Unidos con todos los recargos del flete y de las ganancias de los proveedores y gestores nacionales, lo que sacrificaba la posibilidad de impulsar una industria nacional:
¿Qué le importa todo eso a la compañía explotadora internacional? Y lo más extraordinario de todo es que al servicio de abogado, de consultor, de auxiliar a las empresas extranjeras no se reputa ningún crimen patriótico, no es ninguna traición. Al contrario, los hombres más talentosos entre nuestros dirigentes buscan el servicio del capitalismo extranjero y defienden los intereses de él aún contra el Estado chileno. (Labarca, 1925b, p.3)
La socióloga anotaba el hecho paradójico de que respetables dirigentes políticos, pero “al servicio del oro internacional”, se escandalizaran de que los obreros estuviesen asociando a federaciones mundiales, con lo cual los acusaban de estar “renegando de la idea de patria”, sin que sus propias prácticas les suscitaran ningún escrúpulo. Desde una perspectiva más amplia, doña Amanda comprendía que, tras la tensión entre las demandas obreras y el celo de las clases dirigentes de defender –ante todo– sus propios intereses particulares, se configuraba una característica fundamental del sistema capitalista mundial, difícil de contrarrestar en nuestro medio por el doblegamiento y entreguismo de la clase política local: “El capitalismo internacional provoca la resistencia internacional. Y la ceguera de los políticos autóctonos, cuando no su venalidad, aumenta la desconfianza hacia los gobiernos nacionales que nada hacen para defender a su patria en esta conquista lenta pero implacable de la explotación comercial” (Labarca, 1925b, p.3).
Por otra parte, nuestra autora estimaba que “el capitalismo nacional interno”, necesariamente tendría que ser más benigno que el internacional porque, se quisiera o no, actuaría influenciado por el medio social en que se desarrollaba. Esto es, no podría ser indiferente a las demandas de la opinión pública, a las peticiones de los obreros asociados y a las del mismo Gobierno, las cuales lo obligarían a determinar su evolución “en armonía con los progresos generales de la democracia nativa”. Pese a este juicio relativamente favorable a los capitalistas chilenos, no vacilaba en denunciar que la “clase explotadora chilena” había contraído una enorme deuda con todos los connacionales indigentes:
Mientras la clase media y rica ha visto ampliarse enormemente su bienestar, su riqueza y su lujo, los inquilinos viven hoy en su inmensa mayoría en las mismas condiciones misérrimas de hace cincuenta años. El paisaje rural chileno no ha cambiado: son las mismas chozas de paja o adobe, festoneadas de arrapiezos semi desnudos las que uno divisa a la vera de los caminos reales… La civilización pasa a su lado sin tocarles, porque los hacendados imaginan que es un buen negocio perpetuar su ignorancia (Labarca, 1925b, p.3).
En opinión de Amanda Labarca, otros descuidos no menores del régimen democrático por la situación de las clases proletarias eran la más completa despreocupación por ofrecerles distracciones honestas y sanas, dejando el campo libre para el alcoholismo y sus nefastos efectos en el aumento de la criminalidad y la degeneración de la raza. En contrapartida, señalaba que las leyes represivas contra el alcoholismo resultaban ineficaces para su control.
De la misma forma, la ineficacia de los gobiernos se observaba patente en las faenas de extractivas del cobre, del salitre y del carbón, donde la explotación a los obreros se hacía sin que existiesen leyes laborales que diesen les diesen garantías de sus derechos y necesidades. De aquí arrancaban las continuas huelgas que demandaban el mejoramiento de sus condiciones de vida. Por fin, añadía que la miseria también se veía agravada por la acción inescrupulosa de los agentes del agio bursátil, sus especulaciones desmedidas, y la baja creciente del cambio, que cada año desfavorecía más a la clase obrera y aumentaban la miseria del pueblo.
Después de este agudo examen la autora arriba a una conclusión general de los obstáculos que imponía el funcionamiento del capitalismo al sistema democrático: “Hay, pues, motivos sobrados para asegurar que la democracia chilena en el siglo que lleva de existencia, ha sido incapaz de luchar contra el capitalismo de fuera, y contra el hacendado, el viticultor, el gran industrial o el banquero de dentro” (Labarca, 1925b, p.3).
Dada esta situación, le parecía que las insuficiencias de la democracia habían abonado un campo fértil para el surgimiento de los movimientos anarquistas y socialistas, porque aun cuando estimaba que estas doctrinas postulaban la destrucción del capitalismo y la repartición de la riqueza, las cuales, podían ser –en su opinión– “descabelladas”, el proletariado las veía como “una fuente de salvación”, porque “lo que apodamos democracia en Chile, en cien años de régimen, no les ha liberado de la miseria con toda su negra cohorte de ignorancia, de vicios y de enfermedades” (Labarca, 1925b, p.3).
El punto conclusivo al que arribaba la socióloga consistía en que, sin bienestar material y moral del pueblo la democracia era una falsedad, razón por la que las clases proletarias debían recibir remuneraciones justas y dignas para su sano desenvolvimiento. Concordante con esa premisa, aceptaba una legislación social favorable al trabajador, pero objetaba la solución socialista de la repartición de la tierra o de los capitales, no solo por consideraciones ideológicas, sino también prácticas, al afirmar que un pueblo sin instrucción ni formación en los conocimientos técnicos, era incapaz de producir y aumentar las riquezas del país.
I.3 Democracia: ¿número o calidad?
En el tercer artículo, la autora abordaba la crítica, más o menos difundida en los círculos tradicionales, que señala que el régimen democrático al estar cimentado en el predominio de las mayorías, exaltaba el número sobre la calidad de los ciudadanos, de la masa sobre la inteligencia, de la ignorancia y mediocridad sobre las virtudes y el talento de los hombres superiores. Si la democracia en sus resultados prácticos había sido incapaz de resolver el tema de la miseria –como lo mostraba en su artículo anterior–, ahora revisaba uno de los principales fundamentos doctrinarios de la democracia donde se levantaba todo el edificio del régimen político, a saber, el papel decisivo del pueblo en la determinación del gobierno, lo que venía a redundar en el problema del peso de las “mayorías numéricas”. Es en este contexto que la autora cree necesario exponer lo que a su juicio son los rasgos esenciales del sistema democrático:
El gobierno democrático descansa en el concepto de la soberanía popular. La suma del poder reside en la nación misma, en el pueblo, comprendiendo bajo ese igualitario nombre a patricios y plebeyos, a hombres y mujeres, en una palabra, a todos los habitantes que se cobijan bajo los pliegues de la misma bandera nacional. Imposibilitados por su gran número para reunirse en asambleas legislativas, judiciales o ejecutivas, los ciudadanos eligen sus representantes y magistrados que llegan a ser, de este modo, detentores del poder público durante los plazos y bajo las condiciones reguladas por las leyes. Condiciones de este pacto son la igualdad de todos ante la repartición de derechos y deberes cívicos, ante la justicia y ante las urnas electorales. Tal sistema supone para su correcto funcionamiento que los hombres posean por igual cierta dosis de inteligencia, de virtudes y de voluntades educadas y puestas al servicio del mayor bien de la comunidad. (Labarca, 1925c, p.3)
Respecto al papel clave de la autoridad en el régimen democrático, la educadora describía brevemente los tres requisitos que, a su parecer, debía tener el gobernante para que el sistema fuera eficiente y consistente. En primer lugar, debía contar inteligencia política, pues señalaba que estaba fuera de duda que la dirección del gobierno de un país tenía que ejercerla no una mente débil o inculta, sino aquella con las aptitudes y capacidades para resolver los más apremiantes asuntos del desarrollo material y del florecimiento espiritual de la nación. Con esta lógica, agregaba que se incurriría en grave error designar para este cargo a alguien que no se diese cuenta de los problemas trascendentales que debía enfrentar. De la misma forma, destacaba, en segundo término, el papel de lasvirtudes cívicas del postulante a los altos cargos públicos. En su opinión, debían rechazarse los candidatos inescrupulosos, huecos y venales; en cambio, debía elegirse a aquel más sabio, más justo, más modesto, “al que huye de la vanagloria, de las componendas, de los halagos falsos”. En tercer lugar, analizabalas voluntades, indicando que no bastaba que los individuos se interesasen en la vida pública, sino que también debían estar dispuestos a aceptar los sacrificios personales que ella implicaba en muchos aspectos. Contra la voluntad recia conspiraban la abulia y la fobia cívica, dos deformaciones que expresaban la indiferencia psicológica ante los asuntos públicos y que a lo largo de la historia fueron responsables de la caída de democracias ejemplares. Por fin, agregaba que la inteligencia, las virtudes y las voluntades debían ser educadas para el servicio de todos, a fin de enfrentar y resolver, dentro de un clima de concordia y respeto mutuo, los problemas colectivos.
Aunque los gobiernos democráticos no habían alcanzado todavía a desarrollarse en armonía con estos requisitos, que entonces aparecían solo como meros ideales, sus postulados avanzados atemorizaban, por un lado, a los sectores ultraconservadores; y, por otro lado, su estado de atrofia los hacía objeto de crítica de los grupos socialistas. Frente a estas dos posiciones extremas la autora buscaba afanosamente un “justo medio” donde –en su opinión– se hallaría la dirección correcta por donde la democracia debía discurrir.
Para abordar estos reparos, la autora cuestiona las posiciones conservadoras y las socialistas. Frente a las primeras, examina las ideas del ideólogo conservador Alberto Edwards, quien rechazaba categóricamente la tesis de soberanía popular porque estimaba que el sujeto popular era un individuo inconsciente, vicioso, ignorante y venal. Y este sujeto, que constituía la mayoría del pueblo, no podía ser aquel que gobernase o dictase las leyes, ungido por la falacia de la igualdad de todos. Ante la radical posición discriminadora defendida por Alberto Edwards, nuestra pensadora intentaba –quizás inútilmente– persuadir al intelectual reaccionario con argumentos de la biología, la psicología y las ciencias humanas más avanzadas en ese entonces, que la teoría de la desigualdad natural defendida por aquel, era falsa. Reconociendo la diversidad de los talentos, y de las oportunidades necesarias para su desarrollo, subrayaba el papel de la educación en la formación intelectual y moral de los individuos, independientemente de sus orígenes socioeconómicos, para descartar la falsedad de la pretendida supremacía moral e intelectual de las clases acomodadas.
Respecto a los reparos de los socialistas a la democracia, la socióloga discute sus fundamentos, sosteniendo que tras esta corriente política estaría la concepción filosófica que cree en la bondad natural del ser humano. Tal hipótesis, que atribuye a Rousseau, afirma que el individuo, nace con una inclinación al bien, pero es maleado por las tiranías sociales que lo tornan un ser hipócrita, malvado y egoísta. Frente a este estado de abyección, la reforma social haría que los individuos volvieran a sus quicios y reinase la armonía entre todos. Para nuestra pensadora, en cambio, el hombre no es ni bueno ni malo por naturaleza, sino que es “una mezcla de aspiraciones y de realidades diversas, en que el egoísmo y el altruismo, el amor y el odio, la verdad y la mentira, el anhelo idealístico y el impulso material están mezclados en dosis diferentes de raza a raza, de familia a familia, de individuo a individuo” (Labarca, 1925c, p.3).
Poniéndose en un escenario ideal en el cual la democracia funcionase sin imposiciones, cohechos ni fraudes de ninguna índole, el poder tendría que quedar, por el peso demográfico de los sectores populares, no en los grupos selectos de la elite, sino en las muchedumbres mediocres en inteligencia y en virtudes, aunque sinceramente anhelosas de alcanzar un alto grado de perfección. Un régimen auténticamente democrático, por el inapelable poder de las urnas, tendería elevar a los altos puestos no a los más calificados ni probos, sino a los más populares, que no siempre se condicen con la calidad moral e intelectual que exige el desempeño de sus cargos. En tal sentido, comenta que la experiencia muestra que, entre quienes triunfan en las elecciones, salen unos cuantos hombres meritorios, otros claramente mediocres, y muchos audaces, oportunistas, cínicos, gestores solapados de intereses económicos que, por el peso de su influencia, muchas veces son un factor determinante en la legislatura y en la vida política en general.
Aceptando que estos son defectos comunes a todas las democracias del mundo, la pensadora estima necesario acotar los defectos específicos de la democracia chilena. De ellos destaca la manifiesta “incultura republicana”, resultado de un siglo de obcecada negación de la educación para el pueblo:
Establecieron los hombres de 1810 con sacrificios incruentos la libertad y la democracia en este suelo. Pero los que les sucedieron, no fueron videntes como los Salas, los Carrera, los Egaña y los O´Higgins. Olvidaron que para conservar robusto el árbol de la libertad, para que la República fuese duradera y progresista, era menester formar al ciudadano. Este cultivo del hombre, esencia de la democracia, lo pospusieron. Estamos sufriendo resultados en el desconcierto actual, y en el triunfo indigno del cohecho en las elecciones de cuarenta años. En el cohecho tuvieron que enfangar sus plantas tanto conservadores como radicales. (Labarca, 1925c, p.3)
Ningún representante de los diversos partidos en las Cámaras, afirma Labarca, estaba libre de este tráfico, que se reproducía a lo largo de las generaciones, perpetuando el predominio de la medianía en los hombres públicos: “En todas las elecciones últimas el fraude y el cohecho estuvieron en razón inversa de los méritos reales del candidato. A mayor talento, prestigio y verdadera popularidad, correspondió menos dinero, pero sin el auxilio de este no hubo posibilidad alguna de elección” (Labarca, 1925c, p.3).
Nuestra autora subraya que, si las fuerzas capitalistas eran responsables, en gran medida, de la miseria de las clases populares; en el terreno político actuaban para modificar y falsear, a gran escala, la conciencia popular, triunfando en las elecciones el poder del dinero venal sobre la honradez. En consecuencia, el capitalismo aparece en el discurso de Amanda Labarca como doblemente devastador de la democracia: como causante de la miseria popular y como elemento distorsionador de la voluntad popular.
Concluye este capítulo alertando sobre el creciente rechazo a los fundamentos teóricos de la democracia en amplios sectores de la intelectualidad mundial, quienes impugnaban la doctrina del gobierno del pueblo elaborada por los filósofos franceses y los constitucionalistas norteamericanos. Sociólogos, políticos y hombres de ciencia europeos desahuciaban el postulado de la igualdad originaria de todos los seres humanos porque su consecuencia política directa vendría a ser “el triunfo del número”, lo que constituía un fuerte revés al progreso social, el cual requería ser siempre encabezado por “hombres de selección”. Se trataba, a su juicio, de una de las mayores reacciones contra la democracia, acentuada por las experiencias del régimen soviético en Rusia, del fascista en Italia, de la dictadura de Primo de Rivera en España y de la Junta Militar en Chile.
I.4 Las desvergüenzas políticas
Bajo el subtítulo de “Las desvergüenzas políticas”, se publicó la cuarta entrega del ensayo que aborda el tema de la moralidad pública y su relación con el régimen político. Para la autora, la experiencia mostraba que el ejercicio de la democracia chilena no era irreprochable, sino que la totalidad del sistema político estaba corroída por procedimientos que terminaban falseándola. Al preguntarse si la corrupción procedía del régimen mismo que terminaba maleando a los dirigentes políticos o si, al contrario, eran los políticos quienes corrompían al régimen, respondía que se trataba de un círculo vicioso en que ambos elementos estaban envueltos en una dinámica en que se corrompían mutuamente.
Amanda Labarca contrasta la situación política chilena con otros países donde el predominio de hábitos de moralidad pública le otorga estabilidad al sistema. Ilustra con el caso de Suiza donde la convivencia ciudadana, fundamentada en una intensa educación cívica y un estado de bienestar más o menos generalizado, configuraban una república ejemplar. Sin embargo, advertía que cada país tendía a adoptar el régimen de gobierno más apropiado al estado cultural de su pueblo, del medio en que se desenvolvía y de la moralidad de sus dirigentes, lo cual hacía a veces ineficaces las copias mecánicas de modelos ajenos a la realidad social propia. Recuerda –para bien o para mal– la fatídica sentencia de que cada país “tiene el gobierno que merece”.
Por consiguiente, el régimen democrático supone condiciones que no se establecen arbitrariamente, pues, a su juicio, ciertas formalidades de la democracia pueden encubrir, en la práctica, vicios para falsificarla. Si la “arquitectura democrática”, dice, descansa en el acto electoral ejercido de manera honesta, libre y conscientemente, dichos requisitos, lastimosamente, no se habían cumplido jamás en la historia política chilena:
Basta que se enuncien todas estas cualidades para comprender que la nuestra no ha sido jamás una democracia de verdad. La minan desde su base las inscripciones electorales fraudulentas, las componendas anteriores a las elecciones; en éstas, los fraudes, las imposiciones de la fuerza y el cohecho, y después las calificaciones de poderes, resueltas con criterio no de equidad, sino de politiquería… Estas afrentas a la República medraron en nuestro suelo fecundamente, porque encontraron el medio propicio del electorado ignorante, mísero, que no vislumbra siquiera la proyección del sufragio y a quien se engaña, se atemoriza o se compra. (Labarca, 1925d, p.3)
La Guerra Civil de 1891, agrega, se hizo para establecer la libertad electoral, pero lo que se impuso fue la “libertad de cohechar”. Al reemplazarse la tradicional intervención a gran escala del Poder Ejecutivo por una acción en mayor escala del dinero, se adulteró todo el sistema político nacional implicando a sus hechores, cómplices y encubridores:
Quién sabe si la crisis democrática actual provenga de haber entregado al oro, es decir, al capitalismo y la plutocracia la dirección de la cosa pública… En acto de contrición hay que confesar que, si las intervenciones eran pecado grande, el cohecho ha sido mortal. No corrompe sólo al elector y al elegido sino también a la sociedad en que ese tráfico se ejerce. (Labarca, 1925d, p.3)
Labarca es categórica en sostener que las candidaturas se transformaban en empresas de especulaciones. El hacendado le aportaba un importante número de votos que controlaba al candidato que, de resultar electo, debía apoyar la construcción de vías de comunicación –caminos, ferrocarriles, líneas telegráficas y telefónicas– que pasaran por su fundo. El industrial o el banquero procedía de igual forma para lograr facilidades para sus negocios. Menciona hasta el modesto elector que daba su apoyo para conseguir escalar en los puestos de la Administración Pública. Este tráfico de apoyos electorales a cambio de algún beneficio administrativo estaba a la base de la corrupción política. De este modo, se imponía la politiquería que sacrificaba y posponía los grandes intereses nacionales ante la gestión de los intereses particulares:
Las leyes chilenas ofrecen, a mayor abundamiento, especialísimas facilidades para el soborno electoral. Se diría que fueron meditadas por politicastros ladinos a fin de que la compra-venta del sufragio llagara a ser expedita y módica. El sistema de elección por voto acumulativo que perdura aquí, a pesar de que en la mayoría de los países se ha desplazado ya precisamente por corruptor, permite que al comprarse un hombre se adquieran tantos votos como candidatos elige la agrupación..(Labarca, 1925d, p.3)
A pesar de que muchos dirigentes políticos eran honestos e idealistas, la autora creía que la configuración del sistema político los obligaba a aceptar sus mecanismos sesgados por los que se terminaba imponiendo el fraude y el cohecho. Añadía, por otro lado, que los partidos políticos y sus asambleas, a menudo aceptaban, de modo deliberado, subordinar la probidad a la victoria circunstancial de sus candidatos, con lo cual sacrifican la ética a la elección de un candidato.
Amanda Labarca también es crítica respecto a la gestión de la Alianza Liberal que asumió el Gobierno en 1920. Después de las campañas que sus líderes hicieron contra la corrupción de treinta años en el país, en el corto período que gobernaron mostraron ser parte de la misma inmoralidad contra la que habían predicado: la intervención, el fraude y el cohecho. Esta conducta habría sido una de las causas del quiebre democrático de septiembre del año anterior: “Cuando el público comprendió que los aliancistas transigían con todas esas ruindades y las practicaban a su turno, no se los perdonaron. Se colmó la medida y la indignación estalló”.
Para la socióloga, había en el ambiente un profundo y tenaz anhelo por alcanzar la moralidad pública. Para ello se debía acabar con la politiquería que se había perpetuado en el país por la miseria e ignorancia del pueblo o porque algunos la toleraban desaprensivamente sin encararla; es decir, porque no había ni en el Gobierno, ni en los partidos políticos, ni en el público una conciencia ciudadana para garantizar una democracia efectiva. Postulaba entonces una transformación moral como fundamento necesario para edificar un robusto régimen democrático:
Todos juntos recemos el mea culpa e inculquemos en el fondo de nuestra conciencia cívica que no es posible acabar con la politiquería sin sanear el acto electoral desde sus comienzos. Sobre la base de un pueblo cohechable e ignorante no es posible construir la democracia, ni tampoco se la puede erigir sobre la desvergüenza política. Comprendamos que es un veneno para la democracia eso de separar la ética personal de la colectiva. (Labarca, 1925d, p.3)
En síntesis, visualizaba la necesidad de impulsar una reforma social radical que no comprendiese solo el ámbito de las instituciones políticas, sino que removiera el subsuelo donde ellas estaban enraizadas, es decir, en la estructura valórica que naturalizaba las prácticas venales, la corrupción, el fraude, el cohecho y el predominio de los intereses particulares por sobre los generales del país. Afirmaba, en suma, la urgencia de establecer las virtudes ciudadanas como el fundamento, medio y fin de la vida política nacional.
I.5 Los elegidos del poder
Con la violenta clausura de las sesiones del Parlamento chileno en 1924, recalca la autora, se estaba también sancionando el sistema parlamentario que había subsistido en el país desde 1891 y el voto acumulativo como forma de elección que fomentaba el cohecho.
Los caciques en sus fundos y los magnates de las urbes populosas aseguraban la elección propia o de sus servidores directos con la compra de votos. Pero no solo se daba la situación de que el dinero determinaba la elección, sino que los elegidos, en su mayoría abogados, continuaban ejerciendo su profesión como representantes de bancos, gerentes de empresas financieras locales o extranjeras, o socios de firmas constructoras, confundiendo sus tareas legislativas con sus intereses privados. Por otra parte, contribuía a la captura de los puestos parlamentarios por parte de la oligarquía el hecho de que, durante mucho tiempo, no existió la dieta parlamentaria por decisión de los mismos congresales, la mayoría de ellos, de altos recursos; a ello se sumaba a la cláusula constitucional que establecía la incompatibilidad entre los cargos públicos y los parlamentarios. Esto tuvo el efecto de que, quienes no poseían fortuna personal u oficio independiente, no podían sobrevivir sino poniéndose al servicio del capital nacional o internacional, favoreciendo con su voto los proyectos que les beneficiaban.
A juicio de la socióloga, había otra razón que también explicaba el hecho escandaloso de que la mayoría de los parlamentarios velaran por los intereses propios y ajenos, y casi nunca –salvo poquísimas excepciones– por los de la comunidad nacional. Estimaba que el comportamiento unilateral, indiferenciado y colectivo de los parlamentarios, era similar al seguido por una piara de ganado. Los congresales a menudo legislaban en conformidad con sus intereses o tomaban decisiones arbitrarias y venales, ocultándose en la masa que formaban como corporación, para quedar en el anonimato y la impunidad:
Los parlamentarios cuando son muy numerosos, participan de la psicología de las multitudes. Como en éstas, los más pierden su individualidad y los menos se erigen en caudillos. Obran con tanta mayor violencia cuando más diluida sienten su responsabilidad y mientras que de toda iniciativa fecunda, muchos pretenden ser los padres, de los errores nadie se hace reo. La sugestión hábil y oportuna les embriaga y conduce a una acción colectiva que jamás imaginó la grey y que sobrepasó muchas veces las intenciones de los mismos leaders. El hombre en colectividad vuelve a ser niño. (Labarca, 1925e, p.3)
Pero si los parlamentarios actuaban como ganado, tras ellos inevitablemente existían pastores, en quienes predominaban las actitudes ególatras sobre las altruistas, la venalidad sobre la probidad, y los intereses materiales por sobre los valores del espíritu:
No podemos buscar pastores de humanidad en estos Parlamentos engendrados entre miseria. Si por acaso aparece uno, milagro del genio de la raza: lo más probables es que se le desoiga y escarnezca. El tipo vulgar del caudillo es el que expresa con mayor violencia alguna aspiración común al grupo al que pertenece. Y como el hombre es contradictorio, así también el guía puede representar ya una noble calidad, ya una rastrera. Esto en caso de que sea veraz, pues también hay pastores falaces de los dijo Mirabeau. Esos de una ambición personal, de una egolatría sin límites… Otros venales que guardan secretas connivencias con empresas cuyo porvenir habrá de resolverse en las tablas de las leyes. Otros, sangre de odio y de envidia que zurcen componendas, urden intrigas y arman celadas para exaltarse ellos e impedir que surjan los rivales o los émulos meritorios. Y cada caudillo de estos tiene su grey. (Labarca, 1925e, p.3)
Para la ensayista, la mayoría de los parlamentarios eran sujetos mediocres; pues, así como el sufragio universal tenía el defecto del “predominio del número” sobre la calidad, el Parlamento también era objeto del mismo fenómeno. Dado este escenario, no era extraño que la autora sentenciase que “en Chile hemos sufrido la peor clase de congresales”, añadiendo que en su gran mayoría habían sido seleccionados por procedimientos viciosos o fraudulentos, y, en los que, además, “pesaban sobre ellos los defectos del régimen parlamentario que los obligó a ser mandaderos de sus electores, solicitantes de todos los cargos públicos…”. De la misma forma, sus reglamentos y régimen de trabajo reflejaban la falta de atributos y capacidades personales de sus miembros, razón que explicaba la grandilocuencia hueca de los debates, la postergación indefinida de la legislación y, en definitiva, la completa esterilidad de su trabajo.
I.6 “La nuestra no ha sido democracia”
Por fin, el sexto capítulo titulado sugestivamente, “La nuestra no ha sido democracia”, resume las exposiciones anteriores sobre la falta de condiciones y vicios que malograban la realización del régimen democrático: la miseria e ignorancia del pueblo, las prácticas venales y la preponderancia de los intereses económicos particulares sobre los intereses nacionales.
No era, por tanto, extraño admitir que el sistema político estuviese capturado por las grandes fuerzas capitalistas que operaban en el país. Tampoco era casual que las políticas de alcance nacional de gobiernos fueran inhibidas por el Parlamento cuando afectaban a los sectores más poderosos. Los proyectos de ley más importantes demandados por la ciudadanía eran enviados al Congreso donde permanecían años sin ser despachados, o bien, eran desfigurados. La autora ilustra con dos proyectos de ley emblemáticos: el de Accidentes de Trabajo y el de Instrucción. El primero, dice, fue aprobado por la Cámara de Diputados, pero el Senado lo falseó con la doctrina de la “culpa” del obrero. De la misma forma, señala que hubo gran regocijo con la promulgación de la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria, pero después de un lustro, “nadie la acata… Ni el Congreso que no concedió los fondos que su ejecución necesitaba; ni las autoridades locales que no vigilaron por su fiel cumplimiento; ni el hacendado que poco ni mucho se cuidó de que estableciera una escuela en su fundo; ni el industrial que continúa sirviéndose de niños menores de 14 años. Cuantos lo desean, la burlan” (Abarca, 1925f, p.3).
Lo paradójico del sistema legal chileno, dice la autora, era que se pedía al pueblo que fuese respetuoso de las leyes, pero las autoridades le daban el ejemplo de lo contrario, al igual que los plutócratas ignorantes, que se sentían por encima de las leyes acudiendo al tráfico de sus influencias para incumplirlas.
Pero la transgresión de la legalidad y esterilidad del régimen administrativo no se debía sólo al sistema parlamentario vigente, sino que también procedía de la organización defectuosa de la administración. La excesiva mutabilidad de los cargos de las autoridades y el perpetuo cambio de personal hacían que el sistema fuese inestable: los rumbos se fijaban en una administración eran abandonados por la siguiente. Si la vida de los pueblos se determina no por años, sino por siglos, el problema nacional consistía en que no había orientaciones políticas que perduraran en el tiempo.
Entre los factores exógenos que las democracias de naciones pequeñas, como la nuestra, debía enfrentar la autora destaca dos: por un lado, a la acción continúa e invasiva de poderosas corporaciones capitalistas internacionales; y, por otro lado, a la acción corrosiva de organizaciones declaradamente contrarias al régimen democrático, como las agrupaciones anarquistas.
Pese a todos estos obstáculos que hacían de la democracia un ideal más que una realidad, Amanda Labarca señalaba que no adjuraría de sus convicciones democráticas. Creía en su depuración y establecimiento en nuestro suelo, aunque ella nunca se hubiese establecido en forma consistente durante todo el período republicano:
La [democracia] nuestra está por hacerse. La mayoría que nos gobernó fue aristocrática pelucona o pipiola antaño; después no alcanzó siquiera a ser una oligarquía, fue apenas una plutocracia en su mayor parte corrupta. Democracia no hubo porque su base, el pueblo, no fue ni educado ni consciente, y los poderes públicos se engendraron las más de las veces en el lodo… Hay una crisis del Gobierno representativo en el mundo, sí; pero la nuestra no es verdad derrumbe de democracia, es sacudimiento de un pueblo que durante cien años ha sido engañado y explotado en nombre de la democracia. Es humano que ahora desconfíe de ella y prefiera abrazarse a cualquier ilusión política. (Abarca, 1925f, p.3)
Sobre lo último, nuestra autora comentaba que el pueblo apoyó y aplaudió a los oficiales amotinados en septiembre del año anterior, aunque ello significaba un quebrantamiento de la disciplina militar y una transgresión de la Constitución. Pero, junto con ello, admitía que dicha trizadura del orden republicano no fue sino el resultado de la porfiada sordera de las clases dirigentes a las reivindicaciones populares. Fue, asimismo, el efecto del quiebre de un régimen democrático de mentira, de la falsía de las instituciones que no tenían ninguna solidez porque carecían del alma popular y adolecían de la hipocresía política de quienes traficaban con la moralidad ciudadana. Solo la instauración de una auténtica conciencia patriota cívica constituiría, a su juicio, el fundamento moral del resurgimiento republicano y propiciaría el terreno espiritual para que floreciese una genuina democracia.
II Proyecciones de un texto centenario
Visto someramente el contenido de este texto escrito hace más de cien años, ¿qué les dice a las generaciones de nuestro tiempo? La lectura de este documento, nos mueve, en primer lugar, a recapitular, a modo de síntesis, algunas de sus ideas esenciales sobre la crisis de la democracia chilena; en segundo lugar, a señalar algunas de sus omisiones más notorias; y, finalmente, a reflexionar sobre los desafíos de la “depuración” democrática de antaño y ogaño.
II.1 Multicausalidad de la crisis de la democracia
De la lectura del documento se infiere que la “crisis de la democracia” analizada por la ensayista tenía múltiples causas o dimensiones que se enmarañaban entre sí y que se pueden resumir en cinco puntos:
1° La fragilidad del sistema institucional. El punto de partida de la nuestra autora era la gravedad que implicaba el quebrantamiento del orden institucional por parte de las Fuerzas Armadas en 1924, pero también estimaba grave la apatía con que la población había aceptado el cuartelazo, de suyo ilegítimo. A su juicio, los pueblos cuando aplauden a las fuerzas no democráticas que contrarían las libertades ciudadanas se doblegan ante ellas, facilitando la instalación de regímenes oprobiosos. Pero, por otro lado, reconocía que tal apatía y doblegamiento, procedía del hecho que la democracia de la cual se vanagloriaban las clases dirigentes era, en el fondo, una falacia. En más de cien años de vida republicana nunca hubo democracia porque nunca se ejerció una auténtica soberanía popular. El principio de la representatividad tampoco existía porque la voz y los intereses de las mayorías no se reflejaba en sus representantes que, una vez electos –a menudo, por procedimientos fraudulentos–, olvidaban a sus representados.
2° Las desigualdades sociales. Otro factor que repercutía en la crisis democrática era el predominio de una marcada diferenciación social que reproducía, por inercia, un rígido orden jerárquico entre una minoría de altos ingresos y la mayoría de la población, en general, excluida de los beneficios de la vida moderna. Las clases altas, conformada por los hacendados, una emergente capa industrial, y los banqueros y agiotistas, eran sectores que gozaban de grandes fortunas y disfrutaban de una vida lujosa, similar a la de los países más ricos. Por otro lado, y en situación diametralmente opuesta, estaban las clases populares, formadas por el inquilinaje rural –que vivía en las mismas condiciones de hacía un siglo–; el proletariado urbano, explotado y obligado a vivir en conventillos o ranchos insalubres, en general, sin instrucción, afecto al alcoholismo y a otros vicios sociales; a lo cual se sumaba una incipiente capa proletaria femenina, menos protegida socialmente que el varón y más explotada en cuanto a la retribución salarial. Constataba, asimismo, el desarrollo de sectores de la clase obrera en los asentamientos mineros de cobre, salitre y carbón, que constituían uno de los sectores más dinámicos de la economía nacional, pero que igualmente sufrían la explotación. Por fin, también aludía a emergentes clases medias que lograban un creciente bienestar económico y con fuertes aspiraciones de escalar socialmente que las hacía proclives a allegarse a las clases altas.
3° El poder económico. La autora examina la influencia perversa del poder económico en la vida democrática nacional. Denuncia la venalidad de las autoridades administrativas, de los parlamentarios, de los funcionarios públicos e incluso de los magistrados, quienes se transformaban en verdaderos gestores de los intereses particulares en contra de los colectivos, a cambio de jugosas prebendas. De la misma forma, advertía el creciente poderío del capitalismo internacional en nuestro suelo, donde se habían apropiado de nuestras riquezas naturales, operaba sin regulación en las especulaciones financieras e imponía términos desiguales de intercambio entre nuestros productos y los suyos. Pero lo más grave era su intromisión en los asuntos internos del país, burlando la soberanía nacional.
4° La falta de conciencia ciudadana. Esta era una falla, a juicio de la socióloga, transversal, porque afectaba, en primer lugar, a los propios responsables del Gobierno, luego, a los partidos político y, finalmente, al conjunto del electorado. Sostenía que no se educó ni se formó a la población con los valores democráticos y republicanos, por lo tanto, no se formó una conciencia cívica, lo cual redundaba en la venta del voto al mejor postor, o bien su entrega, por una obediencia indebida, a las clases patronales. Formar al ciudadano constituía una deuda de los grupos dirigentes para con el pueblo después de más de un siglo de vida independiente. De igual manera, se debían reforzar las convicciones democráticas, incluso en sectores ilustrados donde se propagaba peligrosamente un escepticismo frente a la idoneidad del sistema democrático para encauzar el desenvolvimiento del país. Subrayaba que, cuando se dejaba de creer en la democracia, se derivaba fácilmente en fórmulas antidemocráticas y extremistas, como los regímenes reaccionarios o anarquistas, que sólo podían traer tiranías y desquiciamientos, con su secuela de sufrimientos para el pueblo.
5° Mediocridad de la clase política. A menudo, escribe la ensayista, el juego democrático ungía –para bien o para mal–, en cargos de la más alta responsabilidad no a los sujetos más capaces o probos, sino a los más populares. Los elegidos muchas veces eran los políticos más mediocres intelectual y moralmente, motivados ante todo por sus intereses personales que los predisponía a la venalidad y al soborno. Asimismo, para nuestra autora –como para otros intelectuales de la época– era un hecho evidente la desidia de las autoridades para resolver los graves problemas que afectan a la población, en especial, los relacionados con la pobreza. Se limitaban al reproducir en todos los ámbitos públicos el esquema del “dejar hacer” y al “dejar pasar”, sin asumir un rumbo estratégico de desarrollo nacional. Para subsanar esta situación sostenía que, así como todo ciudadano tenía el derecho a elegir a los gobernantes, también tenía del deber de formarse para asumir responsabilidades públicas, incluso las más elevadas magistraturas. Esto es, debía educar su inteligencia para enfrentar con eficiencia los problemas nacionales; cultivar las virtudes cívicas para custodiar la moralidad de los negocios públicos; y formar su voluntad para entregarse con abnegación al servicio del país. Estas condiciones debían ser inculcadas, desde los primeros años de formación a todos los ciudadanos.
II.2 Algunas omisiones
Pese a que este ensayo es acucioso en las diversas dimensiones de la crisis democrática que la pensadora aborda en sus seis capítulos, adolece –a nuestro juicio– de ciertas limitaciones, de las cuales indicaremos dos de ellas. En primer lugar, sorprende que su autora, entonces eminente pensadora y dirigente feminista, omita el papel de la mujer en la democracia. Por una decisión deliberada o por un descuido, no hace referencia a este tópico, en circunstancias que desde hacía más de una década venía tratándolo en sus escritos y conferencias, y poco antes había publicado su ensayo “Un estudio sobre el feminismo en Chile”, donde sí afirmaba que la evolución democrática que experimentaba el mundo, tarde o temprano posibilitaría la incorporación plena de la mujer a la vida ciudadana (3).
La otra limitación del estudio es que nuestra autora analiza con lucidez la expansión descontrolada del poderío capitalista en nuestro país, con todas las contradicciones sociales que acarreaba, pues, por un lado, creía que era un factor de modernización y su evolución arrastraría, tarde o temprano, a los pueblos hacia el progreso económico; pero, por otro lado, reconocía que también era fuente de explotación y miserias del proletariado, y, a la vez, de la usurpación de las riquezas nacionales por compañías extranjeras. Sin embargo, subestimaba la necesidad de impulsar reformas sociales que contrarrestaran la ofensiva capitalista.
Rechaza los proyectos de modificación del régimen de propiedad privada, impulsado en esos años no solo por socialistas, sino también por movimientos socialcristianos –e incluso intelectuales liberales–, algunos de los cuales planteaban entonces la reforma agraria. Adhiere, en cambio, en el plano económico, a un liberalismo mitigado, con reconocimiento de la propiedad privada y de la libre iniciativa, pero con un Estado interventor en la regulación de los conflictos entre capital y trabajo, promotor de leyes sociales favorables a las clases trabajadoras, responsable de la educación pública y protector de la sanidad e higiene de la colectividad, aunque sin ninguna competencia en la redistribución más justa de la riqueza ni en la restricción del derecho de propiedad.
El reconocimiento de los derechos civiles y políticos de la mujer para ejercer plenamente la ciudadanía entonces restringida solamente a los varones, como la restructuración del régimen de propiedad de industrias estratégicas –como lo era la nacionalización de los grandes yacimientos mineros en poder de empresas extranjeras–; y la distribución de las tierras a quienes las trabajaban, aunque no eran contemplados por la autora como requisitos del proceso democratizador, estaban ya circulando en diversos escritos y programas de algunos movimientos políticos. Su omisión por parte de la ensayista dejaba una laguna en su trabajo que no se explica sino por su moderación política que, en cierta forma, la inhibía de sumarse a proyectos de cambios profundos y radicales, aunque estos envolviesen avances democráticos sustantivos.
III. La democracia: una tarea permanente
Con todos sus bemoles, la pieza escrita por Amanda Labarca hace cien años puede calificarse de una verdadera lección magistral del pensamiento democrático nacional. Sin acudir a abigarradas abstracciones explica didácticamente la teoría democrática para el uso del público común y corriente entonces lector de uno de los diarios más populares de la época. Describe, igualmente, sus déficits, indaga sus causas y sugiere soluciones posibles y viables en las condiciones existentes. No cree en soluciones de golpe, aunque sí en los pasos graduales y progresivos. Pero, más allá de los datos sociológicos y los razonamientos intelectuales que intentan explicar el fenómeno de la crisis democrática, lo que sobresale del ensayo es su llamamiento a incorporar la ética a la política.
Una de las taras permanentes de la vida política nacional es a su juicio la expulsión de la ética de las decisiones y prácticas políticas, raíz de la cual derivaban sus grandes vicios y el estado calamitoso que prevalecía en la gobernanza del país. Entiende que la asunción de los valores éticos de la honestidad, la justicia y la veracidad, entre otros, que en la conducta política cristalizan en las virtudes cívicas, era y es un desafío incesante del desarrollo de las democracias.
Cree, asimismo, en la unidad indisoluble y dinámica entre las instituciones y las personas que la constituyen, donde la relación entre ambos componentes puede ser viciosa, como lo advertía en su tiempo; o bien, virtuosa, como aspiraba a que fuera en un futuro cercano. Cuando las instituciones posibilitan el fraude y el engaño, se impone su sustitución por otras más idóneas; del mismo modo, cuando los políticos son venales y corruptos, no solo deben ser reemplazados, sino moralmente repudiados por la colectividad.
Por fin, la autora, como maestra eminente, recalca el imperativo de formar al ciudadano, requisito esencial de la edificación de una democracia consistente y progresiva. En suma, la democracia es tarea permanente de los pueblos que siempre exige ir expandiendo sus virtualidades, las cuales, orientadas al desenvolvimiento de la colectividad humana, promueven su enriqueciendo material, cultural y moral.
Notas
(1) Para conocer con más precisión la trayectoria intelectual y feminista de Amanda Labarca, se pueden consultar, entre otras obras, el libro de Emma Salas Neumann, Amanda Labarca (Santiago, 1996); Florencio Delgado Ordoñez, Amanda Labarca (Quito, 1946); Roberto Munizaga Aguirre, Amanda Labarca o una lucha por la reforma de la educación y la vida (Santiago, serie “Educadores chilenos de ayer y hoy” N° 5); y el prólogo al libro de la autora, Desvelos en el Alba (Santiago, 1945), debido a la pluma de José Santos González Vera.
(2) Cuando habla de “la City”, se refiere –como se hacía en esa época– a Londres, y a Nueva York, cuando menciona a Wall Street.
(3) Amanda Labarca, “Un estudio sobre el feminismo en Chile”, Atenea, Año I, N° 5, agosto de 1924, pp. 376-386. Sostenía entonces que se imponían con urgencia tres reformas del antiguo Código Civil chileno que refrendaba un régimen patriarcal donde el jefe de familia era un monarca absoluto al cual la mujer y los hijos le debían obediencia incondicional: 1° La abolición de las incapacidades de la mujer, para que se le considerara “persona” jurídica; 2° Concesión de la patria potestad a la madre en caso de faltar el padre; y 3° Facultad de la mujer para administrar sus propios bienes. Señalaba, además, que se requería igualar los salarios a los del varón, y leyes de protección laboral y educación. Mencionaba que quedaban pendientes dos demandas femeninas: el divorcio, que no se indicaba, para no entrar en conflicto con la Iglesia –entonces unida al Estado–; y, el sufragio femenino, el cual era difícil de implementar mientras no se establecieran previamente los derechos civiles y económicos de la mujer.
Referencias
Labarca, A. (1925a). La crisis de la democracia. Primera parte: Introducción. La Nación, 22 de febrero de 1925.
Labarca, A. (1925b). La crisis de la democracia. Segunda parte: El problema de la miseria, La Nación, 23 de febrero de 1925.
Labarca, A. (1925c). La crisis de la democracia. Tercera parte: El triunfo del número sobre la calidad. La Nación, 25 de febrero de 1925.
Labarca, A. (1925d). La crisis de la democracia. Cuarta parte: Las desvergüenzas políticas. La Nación, 27 de febrero de 1925.
Labarca, A. (1925.e). La crisis de la democracia. Quinta parte: Los elegidos del poder. La Nación, 3 de marzo de 1925.
Labarca, A. (1925f). La crisis de la democracia. Sexta parte: La nuestra no ha sido democracia. La Nación, 7 de marzo de 1925.
*Marcelo Alvarado Meléndez es escritor.
