La biodiversidad se encuentra gravemente amenazada a nivel global y nuestro país no es una excepción: tenemos numerosas especies con algún nivel de riesgo de desaparición, especialmente en grupos más sensibles como anfibios, peces de agua dulce, flora y fauna costera, flora de los salares y del altiplano. Si bien la convivencia entre las poblaciones humanas y la biodiversidad ha sido muchas veces dificultosa porque compartimos territorios y nuestra subsistencia depende de la naturaleza, en el último siglo las tasas de extinción se han acelerado a una velocidad sin precedentes en la historia del planeta.
Los planteamientos de las organizaciones ambientalistas y algunos movimientos de izquierda en relación con la crisis de la biodiversidad se enfocan principalmente en la necesidad de terminar con el modelo extractivista y con el capitalismo. Por cierto, una economía basada en la extracción masiva de recursos naturales y su exportación sin ninguna o con escasa elaboración, genera un enorme impacto no solo sobre los ecosistemas, sino también en las comunidades locales.
El modelo extractivista tiene la necesidad de una permanente expansión; ya sea minería, pesca, plantaciones forestales o extracción de algas, va desplazando y eliminando ecosistemas y poblaciones silvestres, además de agotar los recursos que le dan vida, como el agua dulce y los suelos fértiles. En consecuencia, la conservación de la biodiversidad, así como un desarrollo que asegure bienestar humano sin agotar los bienes naturales que lo sustentan, es incompatible con el extractivismo.
El capitalismo, por su parte, se estructura sobre la creencia de que el crecimiento es ilimitado y los materiales necesarios para la producción estarán siempre disponibles. El objetivo de las empresas que operan bajo el capitalismo es maximizar las ganancias de sus accionistas, aunque ello implique la destrucción de los ecosistemas y especies que explotan, ya sea por sobreextracción o por la contaminación que generan sus procesos productivos. En cualquier caso, el capital se puede movilizar a otra región para continuar su ciclo de acumulación.
Esto ha ocurrido con la industria salmonera en el sur de Chile que ha contaminado y destruido grandes extensiones del mar interior de Chiloé y del Seno del Reloncaví, generando episodios que han afectado la propia producción, como la proliferación de virus y “mareas rojas” (1) que afectan a los centros de cultivos y también a las especies nativas. A causa de ello, las grandes salmoneras han migrado a la Región de Magallanes, en donde encuentran aguas libres de los patógenos que ellos mismos transportan. En este modelo, la destrucción de los ecosistemas locales y de las pesquerías artesanales que se sustentaban en esas aguas es una consecuencia inevitable del “desarrollo”.
Estamos de acuerdo en que la superación del capitalismo es una condición necesaria para una verdadera recuperación de la biodiversidad y de los ciclos naturales. Ello ocurrirá en el futuro si nuestra lucha por la transformación socioecológica es exitosa. Pero, mientas tanto, la pregunta política es cómo logramos detener la pérdida de la biodiversidad, en nuestro país y en todo el planeta, inmersos como estamos en un modelo capitalista y neoliberal. Cómo avanzamos en la protección de la naturaleza con las herramientas que tenemos, y en el contexto político y cultural actual.
Para avanzar en ello es necesario ir más allá de la defensa de las áreas protegidas y especies amenazadas. Debemos permear el sentido común con una visión del desarrollo que integra la protección de la naturaleza, el bienestar de las personas, la reducción de las desigualdades y el crecimiento económico.
La gran barrera para la conservación de la biodiversidad es la convicción arraigada en amplios sectores de la ciudadanía de que ello es un obstáculo para el desarrollo. Incluso muchas iniciativas ciudadanas que buscan la protección de un humedal o una arboleda declaran “no estamos en contra del progreso” o “no nos oponemos al desarrollo”. En esas afirmaciones está implícito el supuesto de que, si se propone proteger cualquier elemento natural, se está obstaculizando el desarrollo y el progreso.
Ello ocurre porque las élites económicas y políticas de nuestro país han logrado imponer una visión limitada del desarrollo que lo confunde con el crecimiento económico. Si entendemos el desarrollo como crecimiento económico, entonces el indicador de desarrollo es el Producto Interno Bruto (PIB) y el objetivo central de cualquier gobierno debe ser aumentar la inversión.
En este pensamiento, la existencia de áreas o especies protegidas es un obstáculo para el desarrollo, porque impide la realización de inversiones en esas áreas o establece condiciones para su localización, como el ingreso al Sistema de Evaluación Ambiental. Los gremios empresariales han estado permanentemente tratando de debilitar la normativa ambiental, han expresado su oposición al Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y a la evaluación ambiental. Para ello han contado con el férreo apoyo de los medios dominantes que amplifican la voz de los gremios hasta que se percibe como una voz mayoritaria. En su planteamiento cualquier otro objetivo país, como la reducción de las desigualdades o la protección de la naturaleza debe quedar supeditado al crecimiento económico.
Para derrotar ese relato debemos instalar en el sentido común una visión de desarrollo integral, que permita superar la visión reduccionista dominante y mostrar que sin protección de la naturaleza no hay desarrollo posible. Si bien desde fines del siglo pasado en nuestro país se utiliza ampliamente el concepto de desarrollo sustentable (más recientemente llamado sostenible), que incorpora una dimensión ambiental y ecológica, su aplicación discrecional lo ha banalizado al punto de debilitar su significado. Todas las grandes empresas -mineras, forestales, retail- publican sus reportes de sustentabilidad y las asociaciones gremiales proclaman su compromiso con el desarrollo sustentable, con campañas de greenwashing ni siquiera disimuladas. Hoy pareciera que cualquier cosa puede ser “sustentable”.
Debemos volver a llenar de contenido el concepto y para ello podemos rescatar la definición de desarrollo sostenible propuesta por Naciones Unidas hace casi 30 años: el desarrollo tiene por objetivo lograr el bienestar y la realización de todas las personas, en todas las dimensiones de la vida, en armonía con los demás y con la naturaleza. En este marco el crecimiento económico es un medio para lograr ese objetivo, no es un fin en sí mismo, y debe estar siempre al servicio del bien común.
Si entendemos el desarrollo desde esta perspectiva más integral, abarcando las dimensiones de (i) crecimiento económico, (ii) bienestar humano, (iii) reducción de desigualdades y (iv) sostenibilidad ecológica, queda muy claro que el crecimiento económico que no contribuye a derrotar las desigualdades es injusto, y que la explotación de los recursos naturales sin tener en cuenta los impactos ambientales es hipotecar el desarrollo futuro. Cuando esa idea de desarrollo sea parte del sentido común encontraremos un apoyo mayoritario para la protección de la Naturaleza, y nos acercaremos un poco más a la sociedad que queremos construir.
Notas
(1) Las mareas rojas o Floraciones Algales Nocivas corresponden a la proliferación repentina de microalgas nocivas que cambian la coloración de las aguas debido a su abundancia. Pueden ser tóxicas para organismos acuáticos y para las personas. Ocurren por alteraciones fisicoquímicas en el océano y se asocian a altas temperaturas y exceso de nutrientes en el agua.
(2) S. Accorsi, M. Azúa, V. Vergara (2023). Midiendo el desarrollo económico: Mas allá del fetiche del crecimiento. En F. Correa y A. Madariaga (Eds.), Economía, ecología y democracia. Hacia un nuevo modelo de desarrollo (pp. 77-97). Catalonia.
