Hay fechas que no son calendarios: son espejos. El 24 de marzo de 1976, una junta militar tomó el poder en Argentina e inauguró lo que eufemísticamente llamó el «Proceso de Reorganización Nacional». Fue la dictadura más brutal de la historia reciente de argentina, responsable de la desaparición de 30.000 personas y de la apropiación de más de 500 niños y niñas. Al otro lado de la cordillera, Chile llevaba ya casi tres años bajo la dictadura de Pinochet. Dos países, dos golpes, una misma doctrina: la del miedo como método de gobierno, el cuerpo como campo de batalla política, y la desaparición como solución final al disenso. Medio siglo después, ese espejo no nos devuelve solo el pasado; nos devuelve el presente.
Los golpes del Cono Sur no fueron accidentes de la historia. Fueron experimentos coordinados, financiados desde el Norte y ejecutados por élites locales que comprendieron que la única manera de imponer un modelo económico radicalmente excluyente era, primero, destruir los cuerpos que lo resistirían. La Operación Cóndor, el aparato de coordinación represiva entre las dictaduras de Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay y Bolivia, no fue una teoría conspirativa fruto de alguna paranoia; fue una arquitectura transnacional del terror. Los detenidos cruzaban fronteras. Las técnicas de tortura se intercambiaban. Los desaparecidos de un país aparecían muertos en otro.
El 11 de septiembre de 1973, Salvador Allende murió en La Moneda y Chile entró en la noche más larga y oscura de su historia, una dictadura sangrienta que desapareció personas, quemó libros y convirtió los estadios en campos de concentración. Tres años después, en marzo de 1976, Argentina repitió el guion con una precisión que no era casual: mismos métodos, mismo terror, mismo manual ideológico. Hayek y la Escuela de Chicago, los Chicago Boys, no eran solo una doctrina económica, eran la justificación intelectual de la masacre. El horror tiene genealogía, ignorarla es reproducirla.
Argentina construyó en democracia un proceso de memoria, verdad y justicia que el mundo entero estudia y admira. El Juicio a la Junta de 1985 fue un hito civilizatorio. Las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo se convirtieron en símbolo universal de la dignidad humana frente al Estado terrorista, enarbolando un reclamo inmortal con una consigna simple: «Con vida lo llevaron, con vida lo queremos». Chile tardó más, la transición pactada dejó a Pinochet como senador vitalicio y permitió que la impunidad anidara durante décadas en los pasillos del poder. No obstante, también construyó instituciones, sitios de memoria, comisiones de verdad. El gobierno del presidente Boric impulsó el Plan Nacional de Búsqueda para localizar a los detenidos desaparecidos. Ambas sociedades, con sus ritmos distintos, avanzaban hacia el mismo horizonte, el de la memoria como fundamento ético de la convivencia democrática. Ese horizonte hoy está amenazado.
Este 24 de marzo se produce en un contexto político de deslegitimación de la causa de los derechos humanos, desmantelamiento de las políticas estatales de memoria, relativización de los crímenes de la dictadura, reedición de retóricas negacionistas y renovados sueños de impunidad.
En Argentina, el gobierno de Milei combinó a lo largo de dos años una pelea por instalar la narrativa de los perpetradores y una serie de maniobras tendientes a poner límites al proceso de investigación y sanción de los crímenes cometidos. Desarmó los equipos que revisaban archivos militares para aportar pruebas a los juicios por crímenes de lesa humanidad. Degradó la Secretaría de Derechos Humanos. Se negó a proporcionar información para la búsqueda de los bebés robados. Y durante estos dos años ha difundido narrativas negacionistas que exigen una «memoria completa», eufemismo que equivale a media mentira, negando los 30.000 desaparecidos.
En Chile no ha sido distinto, dirigentes de la derecha radical han afirmado querer «cerrar el capítulo» de 1973-1990 y han sugerido indultos a los criminales de Punta Peuco. Una diputada de ese sector llegó a calificar de «leyenda urbana» las agresiones sexuales cometidas contra mujeres durante la dictadura, práctica que la evidencia documental acredita como sistemática y deliberada. El negacionismo también se está desplegando para atacar políticas públicas como el Plan Nacional de Búsqueda, iniciativa cuyo objetivo es localizar a las personas que desaparecieron durante la dictadura. Llamar leyenda a los hechos no es ignorancia, es política.
Aquí reside la pregunta más inquietante que nos trajo este 24 de marzo: ¿cómo es posible que sociedades que sufrieron el terrorismo de Estado, que construyeron durante décadas un consenso antidictatorial, hayan elegido democráticamente a gobiernos que relativizan o niegan ese terrorismo? La respuesta no es sencilla, pero hay un hilo conductor: el neoliberalismo autoritario de hoy no necesita tanques, necesita descrédito. Descrédito de la política, de las instituciones, de los movimientos sociales. Cuando todo es sospechoso, cuando el cinismo se vuelve sentido común, el negacionismo deja de ser marginal y pasa al centro de la acción política. Lo que hace apenas diez años era una provocación periférica hoy ocupa la Casa Rosada y, en Chile, La Moneda.
Más de la mitad de los votantes de Milei dice condenar la dictadura, pero eso no les impidió elegir una fórmula abiertamente negacionista. El negacionismo ganó porque supo presentarse como rebeldía, como antiestablishment, como energía nueva. Esa es su eficacia y ese es su peligro.
Hay una frase que se repite en ambas orillas de la cordillera: “nunca más”. Esas dos palabras no son solo promesa, son advertencia. Porque el «nunca más» no opera automáticamente, requiere ciudadanos activos, instituciones fuertes y una izquierda capaz de conectar la memoria con la vida cotidiana de quienes no vivieron esa historia, pero la padecen de otras formas.
A cincuenta años del golpe en Argentina, a más de cincuenta del golpe en Chile, la pregunta no es si recordamos, la pregunta es si somos capaces de usar esa memoria para nombrar lo que ocurre hoy por su nombre verdadero, sin eufemismos, sin miedo y con la misma valentía que tuvieron quienes pusieron el cuerpo cuando el Estado decidió que ciertos cuerpos no merecían existir.
El horror no prescribe.
Memoria, verdad y justicia nunca fue solo una consigna, es el mínimo ético de cualquier democracia que se tome en serio a sí misma.
*Bernarda Pérez Carrillo es integrante de la Dirección Nacional del Frente Amplio.
