Este ensayo nace de la urgencia política y la incomodidad intelectual. La premura de comprender un ciclo histórico que no puede explicarse ni como simple derrota electoral, ni como mera traición ideológica. Y la incomodidad frente a lecturas que reducen procesos largos, complejos y contradictorios a diagnósticos morales, culturales o generacionales. Aquí se sostiene una tesis distinta: lo que está en juego en el Chile contemporáneo no es solo una disputa de relatos, sino un conflicto estructural no resuelto entre desarrollo, democracia y poder.
Durante más de tres décadas, la política chilena se organizó sobre un acuerdo tácito: aceptar la matriz neoliberal heredada de la dictadura como marco incuestionable, a cambio de estabilidad democrática y ampliación gradual de derechos. Ese acuerdo permitió avances relevantes en libertades civiles, reducción de la pobreza y modernización institucional, pero al mismo tiempo clausuró la discusión sobre el modelo de desarrollo, la distribución del poder económico y la organización material de la vida. El resultado fue un país que creció, pero que no logró transformar estructuralmente las condiciones de vida de la mayoría.
El estallido social de 2019 no fue una anomalía ni un accidente. Fue la expresión acumulada de ese bloqueo histórico. Tampoco fue el punto de partida de un proceso completamente nuevo, sino la reaparición de un conflicto largamente postergado. Desde entonces, Chile ha atravesado una secuencia vertiginosa de aperturas, retrocesos, expectativas y frustraciones que culminan —provisoriamente— en un veredicto electoral que muchos interpretan como cierre, pero que este texto propone leer como un momento más dentro de una historia inconclusa.
El propósito, aquí, es ofrecer una lectura de conjunto de ese período. No desde la coyuntura inmediata, ni desde la nostalgia, ni desde el repliegue defensivo, sino desde una perspectiva histórica y política de largo aliento. Para ello, este ensayo se organiza como un relato articulado en seis partes, donde cada una se apoya en la anterior y prepara la siguiente, intentando construir una interpretación de una parte importante del ciclo político chileno reciente.
La sección I aborda los legados de la transición democrática, mostrando cómo los avances en derechos y libertades convivieron desde el inicio con la mantención del Estado subsidiario y del modelo neoliberal. La sección II amplía la escala histórica y analiza el bloqueo oligárquico al desarrollo que atraviesa la historia republicana chilena más allá de gobiernos y coaliciones. La sección III examina la relación entre capitalismo, orden y poder, identificando las formas de autoridad y liderazgo que hoy encarnan la ofensiva ultraderechista. La sección IV desarma críticamente la noción de “izquierda woke”, restituyendo su origen histórico y su captura política. La sección V interpreta el resultado electoral reciente como veredicto, incorporando el balance del ciclo 2022–2025. Finalmente, la sección VI analiza el legado del presidente Gabriel Boric como una reapertura política de problemas estructurales largamente clausurados.
Este no es un documento de consignas ni de justificaciones. Es un intento de pensar políticamente una derrota electoral, sin negar ni absolutizar, y de inscribirla en una historia más larga de avances incompletos, conflictos abiertos y disputas pendientes. Su apuesta es simple y exigente a la vez: comprender para no repetir errores y comprender también para no renunciar a lo que sigue siendo necesario disputar.
I. Legados democráticos: derechos, libertades y la contradicción estructural del poder
La transición democrática chilena se construyó desde su inicio sobre una tensión constitutiva que atravesó todo el período posterior. Por un lado, existió una voluntad sostenida de ampliar garantías, libertades y reconocimiento, de reparar las violaciones a los derechos humanos y de reconstruir la democracia. Mientras que, por otro lado, esa voluntad convivió permanentemente con la mantención del Estado subsidiario, del modelo neoliberal y de las relaciones de poder heredadas de la dictadura. Esta contradicción no fue accidental ni producto de incoherencias individuales: fue la condición política estructural bajo la cual la transición fue posible.
La historia de los gobiernos democráticos en Chile, desde 1990 hasta hoy, no puede leerse como una fila prolija de administraciones con estilos distintos. Es una historia de disputa por el Estado: por su capacidad de organizar el desarrollo, de producir protección social y, también, de reconocer libertades que la dictadura y el orden conservador habían mantenido clausuradas. Lo que llamamos “legados” no son paquetes cerrados, sino más bien son relatos construidos por las élites del momento para ganarse el derecho a contar su propia historia. Con base a una sedimentación conflictiva hubo avances reales incrustados en estructuras resistentes; reformas que abren mundo y, al mismo tiempo, exhiben el techo de lo posible en cada época.
La transición democrática se inició bajo una correlación de fuerzas adversas. Ese dato —político y material— es clave para entender por qué la recuperación institucional convivió con una continuidad estructural del modelo económico y con una democracia “protegida”, amarrada por poderes fácticos y por la tecnocratización de los debates.
El gobierno de Patricio Aylwin (1990–1994) encarna con nitidez esta ambivalencia. Su prioridad fue asegurar la gobernabilidad democrática en un contexto extremadamente frágil, marcado por la permanencia de enclaves autoritarios, la autonomía de las Fuerzas Armadas y la presencia de Augusto Pinochet como comandante en jefe del Ejército y luego como senador designado vitalicio. En ese primer tramo, el gobierno de Patricio Aylwin empujó un proceso decisivo de fortalecimiento institucional y restitución del Estado de derecho, junto con el trabajo de verdad y reconocimiento de las violaciones a los derechos humanos. Pero hay un hito que, visto desde hoy, aparece como la primera medida de género en el ciclo democrático: la creación del Sernam. No es un detalle administrativo: es el primer intento de inscribir en el Estado una lectura política sobre desigualdad de género, en una democracia que nacía negociada y estrecha. Que el Sernam haya sido creado en ese contexto —conservador, disciplinado por la gobernabilidad— muestra que incluso en los años de mayor contención, el Estado democrático comenzó a mover, aunque fuera milimétricamente, el umbral de lo reconocible. Incluso dentro de esos márgenes, se abrió una grieta persistente: la ampliación de libertades personales y derechos civiles como parte de la democratización durante toda la transición, aquello que se mal llamó “agenda valórica” y que hoy algunos caricaturizan como “woke”, olvidando que esa es la agenda que dio génesis a las libertades y derechos civiles, y que fue una continuidad histórica de los gobiernos del período.
La transición se desarrolló, así, bajo la sombra efectiva del poder militar. La posterior detención de Pinochet en Londres, en 1998, durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, constituiría un hito político y simbólico de enorme relevancia, evidenciando que la transición no había cerrado completamente las cuentas con el pasado autoritario.
En este marco, los primeros gobiernos democráticos avanzaron de manera significativa en la reconstrucción institucional y en la ampliación de derechos civiles. Durante la década de los noventa se prohibió la pena de muerte, se fortalecieron libertades fundamentales y se inició un proceso sostenido de desmontaje del orden moral autoritario heredado de la dictadura. Estos avances no fueron secundarios ni meramente simbólicos: constituyeron rupturas reales con un régimen que había jerarquizado la vida, la familia y la ciudadanía.
Sin embargo, estos avances convivieron desde el inicio con la mantención del Estado subsidiario y del patrón neoliberal de desarrollo. Durante los años noventa, incluso mientras se ampliaban derechos y se modernizaba el Estado, los Chicago Boys y sus herederos intelectuales continuaron influyendo decisivamente en la conducción económica, consolidando la apertura comercial, la desregulación y la primacía del mercado. La igualdad jurídica avanzó con mayor rapidez que la igualdad material, inaugurando una asincronía que marcaría todo el ciclo democrático.
El gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994–2000) profundizó esta modernización contradictoria. La inserción global, los tratados de libre comercio y la apertura económica consolidaron un patrón de desarrollo exportador, altamente dependiente de los mercados internacionales y escasamente diversificado. El Estado se modernizó, pero no recuperó conducción sobre el desarrollo. Sin embargo, incluso en ese marco, se produjeron avances decisivos en derechos civiles. La Ley de Filiación, que eliminó la distinción entre hijos “legítimos” e “ilegítimos”, constituyó un quiebre jurídico profundo: por primera vez, el Estado democrático dejó de jerarquizar la vida según un modelo familiar único, reconociendo igualdad plena en la filiación. No es solo una reforma jurídica; es un cambio de civilización democrática, que en su momento fue combatida con discursos alarmistas y conservadores; pero con el tiempo se vuelve parte del sentido común democrático.
El gobierno de Ricardo Lagos (2000–2006) continuó esta lógica de expansión del modelo con reformas sociales (Chile Solidario y Plan AUGE) e institucionales. Bajo la idea de un “capitalismo con rostro humano”, se avanzó en modernización del Estado y ampliación de derechos, manteniendo intactas las bases estructurales del neoliberalismo. En este período se aprobó la Ley de Divorcio, un cambio largamente resistido, que amplió sustantivamente la autonomía personal y desmontó uno de los pilares centrales del orden moral heredado. Esta ley no fue un ajuste menor, sino un choque frontal con la pretensión conservadora de fijar desde el Estado un modelo obligatorio de familia. La discusión fue intensa; la resistencia fue feroz; y, sin embargo, una vez aprobada, se volvió —como ocurre con estos avances— parte de la normalidad democrática. Este punto es un emblema porque se criticó como “exceso progresista”-un argumento que se suele ocupar contra los logros del presidente Gabriel Boric- pero terminó siendo aceptado, incluso por quienes se opusieron, porque expresa una necesidad real de autonomía y libertad personal en la vida cotidiana.
Asimismo, se estableció la garantía legal de que las adolescentes embarazadas pudieran continuar sus estudios, prohibiendo su expulsión o cancelación de matrícula por dicha condición. Nuevamente, la ampliación de libertades convivió con la persistencia del poder económico concentrado.
El primer gobierno de Michelle Bachelet (2006–2010) introdujo un giro relevante y notorio al instalar con fuerza la protección social y la equidad de género como ejes de la acción estatal. Se fortalecieron políticas de primera infancia (Chile Crece Contigo), se avanzó en pensiones (Pilar Solidario) y se profundizó una agenda de derechos y libertades que incluyó medidas claves como la distribución de la anticoncepción de emergencia. Estos avances marcaron un quiebre en la relación entre Estado, autonomía y derechos reproductivos. En esa línea, la píldora del día después fue impulsada y defendida en un contexto de disputa moral, con una fuerte resistencia de la derecha. Lo relevante en el relato histórico no es solo la política específica, sino lo que revela: que el cuerpo de las mujeres y su autonomía reproductiva siguieron siendo —en democracia— un campo de batalla, y que la ampliación de libertades no fue un “capricho identitario”, sino una disputa de poder sobre quién decide y en qué condiciones sobre su propia vida.
El primer gobierno de Sebastián Piñera (2010- 2014) representa un momento clave en esta trayectoria. Su administración reafirma la hegemonía tecnocrática neoliberal bajo un discurso de eficiencia, crecimiento y gestión moderna del Estado. La reconstrucción tras el terremoto de 2010 y la gestión de crisis se utilizan para legitimar un modelo que reduce la política a la administración, mientras que la respuesta represiva al movimiento estudiantil de 2011 muestra los límites de ese enfoque. Este período es fundamental porque evidencia que, aun cuando el ciclo democrático había ampliado libertades civiles, el modelo de desarrollo y la concepción del orden seguían plenamente disponibles para una restauración conservadora.
Su proyecto no buscó tensionar el modelo, sino profundizar el Estado subsidiario, reforzando el rol del mercado como organizador central de la vida social. Se eliminó el Mideplan -de lo poco y nada que se intentó recuperar de planificación social- reemplazándolo por la creación del Ministerio de Desarrollo Social. Esta reforma respondió a aumentar la lógica de políticas focalizadas orientadas a administrar la pobreza mediante una competencia de carencias entre pobres, sin disputar el poder del empresariado rentista. Piñera fue un liberal en lo civil, pero un neoliberal ortodoxo en lo económico, defensor explícito del capital durante todo el ciclo democrático, pese a que hoy sectores de ultraderecha lo caricaturicen como “socialdemócrata”.
El segundo gobierno de Michelle Bachelet (2014–2018) reabrió con mayor fuerza el conflicto estructural. Las reformas tributaria, educacional y laboral, junto con la apertura de un proceso constituyente, tensionaron explícitamente el consenso neoliberal. En paralelo, se consolidó una agenda amplia de derechos y libertades civiles que incluyó el Acuerdo de Unión Civil, la Ley de Aborto 3 Causales y la creación del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Esta agenda, despectivamente denominada durante años como “agenda valórica”, constituyó en realidad uno de los legados más significativos de la transición democrática: había que comenzar a desmontar la ciudadanía de segunda clase, en la que estaban situadas las mujeres y las disidencias sexogenéricas. Son marcas de época: el Estado comienza a reconocer la pluralidad afectiva y las nuevas formas de vínculos, mientras el conservadurismo acusa amenaza al orden.
Durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera (2018–2022) se aprobaron hitos como la Ley de Identidad de Género y el Matrimonio Igualitario, confirmando que la ampliación de libertades civiles se había transformado en un consenso democrático transversal. Sin embargo, la respuesta represiva al estallido social de 2019 y la reafirmación del neoliberalismo como horizonte económico evidenciaron el límite de ese consenso: la democracia reconocía derechos, pero no garantizaba protección material ni seguridad social. La pandemia introdujo, paradójicamente, transferencias económicas universales y una intervención estatal que el propio neoliberalismo había negado durante décadas.
Este recorrido permite afirmar con claridad que los avances en derechos y libertades no pertenecen a un solo gobierno ni a una sola coalición, sino que atraviesan todo el ciclo democrático. No hubo una izquierda que abandonara lo material por lo cultural. Hubo gobiernos que ampliaron garantías en condiciones de poder adversas, sin lograr desmontar la matriz económica heredada, y sectores progresistas que, en distintos momentos, aceptaron que el neoliberalismo era el único horizonte posible, debilitando su propio proyecto.
Durante décadas los derechos y libertades civiles fueron tratados de manera peyorativa como “agenda valórica” y atacados por destruir la moral nacional. Esa herencia civilizatoria, en gran medida, es lo que hoy es atacado bajo la etiqueta de “izquierda woke”. No se trata de fenómenos distintos ni de giros ideológicos recientes, sino de la continuidad de una misma ofensiva ultraconservadora contra la ampliación de derechos y libertades civiles. Divorcio, igualdad filiativa, derechos sexuales y reproductivos, reconocimiento de la diversidad familiar, identidad de género y autonomía personal fueron resistidos en su momento con los mismos argumentos que hoy se reactivan bajo nuevos nombres. Cambia el significante, pero no el conflicto: lo que está en disputa no es una moda cultural, sino el alcance mismo de la democracia y de la igualdad sustantiva.
La contradicción entre avances democráticos y mantención del poder económico concentrado no es una anomalía del proceso chileno: es su núcleo estructural.
Comprender esta tensión es indispensable para entender el bloqueo al desarrollo, la restauración autoritaria, la guerra cultural y, finalmente, el veredicto electoral. Una democracia que avanzó en libertades, pero que no logró resolver la desigualdad material ni disputar plenamente el poder.
II. Legados y estrategia de desarrollo: el largo bloqueo oligárquico
Si el apartado anterior mostró cómo la democracia chilena avanzó de manera significativa en derechos y libertades civiles sin lograr desmontar las bases materiales del poder heredado, este capítulo desplaza la mirada a una escala histórica más extensa. Aquí el problema ya no es solo la transición ni un conjunto de gobiernos, sino la persistencia de un patrón de desarrollo bloqueado, sostenido por una estructura de poder que ha logrado reproducirse a lo largo de distintos ciclos políticos, económicos y sociales.
La historia del desarrollo en Chile no puede comprenderse como una sucesión neutral de modelos económicos. Es, ante todo, la historia de una disputa por el control del excedente, de la producción y del sentido mismo del progreso, una disputa en la que las élites han logrado imponer, una y otra vez, límites estrictos a cualquier intento de democratización material. El resultado ha sido un país que crece, pero que no transforma estructuralmente su economía ni redistribuye poder ni disminuye la desigualdad social de manera sostenida.
Desde mediados del siglo XIX, Chile se organizó en torno a un modelo exportador primario que articuló crecimiento económico con concentración del poder. Entre 1850 y 1930, bajo los gobiernos de Manuel Montt, Aníbal Pinto, José Manuel Balmaceda, Federico Errázuriz y Pedro Montt, el desarrollo descansó en la exportación de trigo, salitre, plata y cobre, en una inserción internacional altamente dependiente de los ciclos externos y en una estructura productiva escasamente diversificada. Este modelo permitió consolidar el Estado republicano, pero no democratizar la economía ni ampliar de manera sustantiva las bases sociales del desarrollo. El progreso fue administrado como un privilegio de élite, no como un proyecto nacional compartido.
La crisis de 1929 abrió una fisura en ese orden. El colapso del comercio internacional obligó a repensar la relación entre Estado, economía y desarrollo, dando paso al ciclo de industrialización por sustitución de importaciones (1930–1973). Bajo los gobiernos de Pedro Aguirre Cerda, Gabriel González Videla, Carlos Ibáñez del Campo, Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende, el desarrollo comenzó a concebirse como una tarea deliberada del Estado. La creación de la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) en 1939 simbolizó esta ambición: planificar, invertir, industrializar y reducir la dependencia externa como parte de una estrategia nacional de largo plazo.
Sin embargo, este ciclo desarrollista nunca logró resolver su contradicción central. Aunque el Estado ganó protagonismo y se ampliaron las bases sociales del desarrollo, el poder oligárquico no fue desplazado, sino tensionado. La industrialización avanzó sin democratizar plenamente la propiedad, el control del excedente ni las decisiones estratégicas. Para cuando el proyecto intentó profundizarse y redistribuir poder de manera más radical, el conflicto se resolvió por la vía de la ruptura institucional. El golpe de Estado de 1973 no fue únicamente el fin de un gobierno, sino la reacción estructural del poder económico ante la amenaza de perder el control del desarrollo.
La dictadura encabezada por Augusto Pinochet inauguró un tercer ciclo decisivo: el neoliberalismo. Este no debe entenderse solo como un conjunto de políticas económicas, sino como una reconfiguración integral del orden social y productivo. La privatización de empresas estratégicas, la mercantilización de derechos sociales, la desregulación y la apertura irrestricta al capital global reordenaron la economía en función de la rentabilidad privada. El Estado fue rediseñado para garantizar el mercado, no para orientar el desarrollo. El crecimiento económico posterior convivió con un aumento sostenido de la desigualdad y con el debilitamiento de las capacidades productivas nacionales.
El retorno a la democracia en 1990 no alteró esta arquitectura. Se inauguró así un cuarto ciclo: la continuidad del neoliberalismo bajo régimen democrático. La estabilidad macroeconómica se transformó en el nuevo consenso, mientras la cuestión del desarrollo productivo fue desplazada del centro del debate político. La ampliación de derechos y la reducción de la pobreza coexistieron con una matriz productiva primario-exportadora, altamente concentrada y poco innovadora. El pacto oligárquico aceptó reformas sociales y libertades civiles, pero cerró el paso a cualquier estrategia que disputara el control del excedente, de los recursos estratégicos o de la planificación socioeconómica.
En este contexto, el desarrollo dejó de concebirse como un proyecto político y pasó a entenderse como una cuestión técnica. Se habló de modernización, eficiencia y competitividad, pero no de transformación estructural. La política social avanzó desligada de la política productiva; el bienestar se pensó como compensación, no como resultado de una economía democratizada. Esta separación permitió gobernabilidad durante décadas, pero vació la democracia de contenido estratégico.
Las crisis recientes —el estallido social de 2019 y la pandemia— hicieron visible el agotamiento de este ciclo. Frente al colapso, incluso un Estado diseñado para no intervenir se vio obligado a hacerlo: transferencias económicas directas y universales (IFE Universal), expansión del gasto público, protagonismo estatal en salud (medidas Covid-19 y vacunación a toda la población) y protección social. Estas medidas demostraron algo fundamental: el problema nunca fue la imposibilidad técnica, sino la voluntad política y la correlación de fuerzas. Cuando el orden estuvo en riesgo, el dogma neoliberal cedió. Sin embargo, esa cesión fue tratada como excepción, no como punto de partida para una nueva estrategia de desarrollo.
Este recorrido histórico permite comprender que el bloqueo al desarrollo en Chile no es coyuntural ni atribuible solo a errores de gestión. Es el resultado de una estructura histórica de poder, forjada en la colonia y reconfigurada sucesivamente bajo distintas formas políticas —república oligárquica, desarrollismo incompleto, dictadura y democracia neoliberal— sin perder el control sustantivo del Estado y del modelo productivo. Cada vez que el desarrollo amenaza con democratizarse, el poder se recompone; cada vez que la política renuncia a disputar ese núcleo, el conflicto reaparece por otras vías.
El desafío que queda planteado es profundamente político. Superar el neoliberalismo no implica solo modificar políticas públicas, sino romper un patrón histórico de dominación. Supone diversificar la matriz productiva, fortalecer el rol del Estado, redistribuir poder económico y reconstruir una alianza social capaz de sostener un proyecto de desarrollo democrático en el tiempo. Sin esa base material, cualquier expansión de derechos queda expuesta; sin desarrollo, la democracia misma se vuelve frágil.
La crisis actual no es el cierre de un ciclo corto, sino la reiteración de un bloqueo largo. Comprender esta continuidad es indispensable para analizar lo que sigue: las formas de poder, autoridad y orden que hoy buscan restaurarse.
III. Orden, autoridad y poder: la restauración reaccionaria
Si el apartado anterior mostró que el bloqueo al desarrollo en Chile es el resultado de una estructura histórica de poder que ha logrado reproducirse bajo distintos regímenes, este capítulo se adentra en la dimensión política y simbólica de ese bloqueo. No se trata solo de economía ni de instituciones, sino de formas de autoridad, de modelos de liderazgo y de un orden social que busca restaurarse frente a cualquier amenaza de democratización material y cultural.
Los grandes ciclos de consolidación del capitalismo moderno no han sido procesos impersonales ni neutros. Han sido dirigidos, organizados y legitimados por hombres de élite que encarnan una forma específica de ejercer el poder, históricamente dominante. No se trata de una coincidencia cultural ni de un rasgo anecdótico del liderazgo político, sino de una estructura histórica, política y material, funcional al modo de producción capitalista. La expansión del capital ha requerido, desde sus orígenes, una forma de autoridad masculina capaz de imponer orden, disciplinar cuerpos, naturalizar jerarquías y convertir la desigualdad en normalidad.
Esta forma de poder ha sido conceptualizada como masculinidad hegemónica: no como identidad individual, sino como principio organizador del poder social. Se trata de una masculinidad asociada a la autosuficiencia, el autoritarismo, la agresividad, la represión emocional y la hiperproductividad, que jerarquiza el mundo social subordinando a las mujeres y excluyendo otras masculinidades consideradas desviadas, inferiores o indeseables. No opera solo en el plano simbólico, sino que estructura instituciones completas: el Estado, el mercado, la familia, los medios de comunicación y las fuerzas armadas.
Desde sus orígenes, el capitalismo necesitó de este orden de género jerárquico para asegurar la reproducción de su régimen de acumulación. La transición al capitalismo implicó la expropiación de los cuerpos femeninos, la división sexual del trabajo y la imposición de la familia heteropatriarcal como unidad básica de reproducción de la fuerza de trabajo. El disciplinamiento de las mujeres y la masculinización del sujeto económico no fueron accidentes históricos, sino condiciones estructurales del capital. El género no acompañó al capitalismo: es parte de su fundación.
En Chile, esta matriz se enraíza tempranamente en la colonia y se proyecta en la República. El arquetipo del patrón de fundo —varón, propietario, autoritario— se convierte en figura central del orden social. A lo largo del siglo XIX y buena parte del XX, el poder político, económico, militar y cultural fue ejercido casi exclusivamente por varones heterosexuales, blanqueados, de clase alta, que no solo gobernaron, sino que definieron los valores desde los cuales se entendió la racionalidad, el progreso y el orden. La subordinación femenina, la exclusión popular y la jerarquización social fueron constitutivas de ese proyecto.
La imposición del neoliberalismo en América Latina desde los años setenta adoptó una forma brutal y explícitamente masculina. Las dictaduras militares encabezadas por Augusto Pinochet en Chile, Jorge Rafael Videla en Argentina, Alfredo Stroessner en Paraguay y Hugo Banzer en Bolivia articularon un proyecto económico regresivo acompañado de una ética del orden, la familia y la patria (“dios, patria y familia”). La violencia sexual sistemática, la tortura, las desapariciones y la represión de disidencias sexuales no fueron excesos, sino dispositivos de control funcionales al avance del capital.
En Chile, el experimento neoliberal no habría sido viable sin ese control masculino armado. Los Chicago Boys, liderados por Sergio de Castro y Pablo Barahona, operaron bajo la protección de una masculinidad militarizada, vertical y violenta. El mercado se impuso porque el Estado fue capturado por una alianza entre tecnócratas y fuerza armada. La economía y la virilidad autoritaria avanzaron juntas.
Con el retorno a la democracia, esta matriz no desaparece: se reconfigura. La hegemonía masculina adopta la forma del tecnócrata ilustrado, del economista experto, del político moderado. El poder deja de exhibirse como violencia directa y se presenta como neutralidad técnica. Durante los años noventa y los primeros dos mil —los llamados años dorados del neoliberalismo— se consolida una arquitectura económica profundamente desigual, financiada, competitiva y sexista. El éxito, la autoridad y la racionalidad continúan estando concentrados en una élite masculina. En ese contexto, el neoliberalismo chileno no fue únicamente un proyecto económico. La transición democrática no desmanteló ese orden simbólico. Lo administró. Mientras se ampliaban derechos y libertades civiles, el poder económico y cultural siguió encarnado en figuras masculinas que representaban control, racionalidad instrumental y dominio. La política fue progresivamente despojada de conflicto estructural y reemplazada por una lógica de gestión, reforzando la idea de que el orden social debía preservarse aun cuando se ampliaran ciertos márgenes de autonomía individual.
A nivel internacional, este ciclo fue encarnado por figuras como Bill Clinton, Tony Blair, Felipe González y Fernando Henrique Cardoso, quienes articularon una versión “progresista” del neoliberalismo: liberal en lo cultural, pero plenamente funcional al capital financiero. Este modelo, que Nancy Fraser ha denominado neoliberalismo progresista, cooptó lenguajes de autonomía e igualdad para legitimar la desprotección social y la precarización de los cuidados, externalizados en mujeres pobres, migrantes y racializadas.
En Chile, este período conoció una excepción significativa: Michelle Bachelet, la única mujer que ha ocupado la presidencia. Su liderazgo, especialmente en su segundo mandato, introdujo fisuras reales en ese orden al poner en el centro los derechos sociales, la igualdad de género y el reconocimiento a la violencia doméstica, a las jefas de hogar y a los cuidados a la infancia. Sin embargo, se trató de un liderazgo excepcional e individual, obligado a operar dentro de códigos de poder masculinos ya instalados, sin capacidad de transformar estructuralmente las élites que controlan el desarrollo.
El agotamiento del neoliberalismo abrió un nuevo escenario. Frente a la crisis de legitimidad del modelo, emerge una ofensiva restauradora que no busca corregirlo, sino radicalizarlo. Una nueva élite tecnocapitalista —Elon Musk, Peter Thiel, Mark Zuckerberg— articula un proyecto que combina supremacismo digital, antifeminismo, individualismo radical y mercantilización total de la vida. No se trata de excéntricos aislados, sino de arquitectos ideológicos y financieros de una derecha global imperialista.
En Chile este agotamiento se volvió visible con la crisis del modelo. El estallido social no solo cuestionó la desigualdad material, sino también las formas de autoridad que la habían sostenido. La impugnación fue profunda: se puso en duda la legitimidad de las élites económicas, de las dirigencias políticas tradicionales y de los liderazgos masculinos que habían gobernado sin rendir cuentas. La reacción no tardó en llegar.
La ofensiva de las ultraderechas contemporáneas debe entenderse en este marco. No emerge como una anomalía ni como una simple reacción cultural, sino como un intento consciente de restauración del orden. Líderes como José Antonio Kast, Jair Bolsonaro, Donald Trump, Javier Milei, Santiago Abascal y Johannes Kaiser encarnan esta respuesta: figuras que combinan autoritarismo político, defensa irrestricta del mercado y una retórica moral que promete restablecer jerarquías supuestamente naturales. No se trata solo de conservadurismo, sino de una reacción organizada frente a la pérdida de control masculino. Comparten una agenda regresiva; encarnan una virilidad autoritaria, misógina y homofóbica que promete restaurar un orden jerárquico perdido. Mujeres obedientes, disidencias eliminadas, trabajadores disciplinados y capital sin límites: esa es la promesa (‘make america great again’).
La promesa autoritaria no es bienestar ni derechos, sino restauración simbólica de la autoridad masculina. Identidad a cambio de obediencia. Orgullo viril a cambio de silencio frente a la concentración del poder económico. El hombre popular es útil para disciplinar, pero prescindible para gobernar. La ultraderecha no cuestiona al capital que lo precariza: desprecia al hombre precarizado porque revela el fracaso del orden que pretende restaurar, y por eso lo necesita subordinado.
Este proyecto de “ultras”, entonces, no defiende al “hombre común” en abstracto. Lo instrumentaliza. La figura del hombre popular precarizado es utilizada como recurso discursivo, pero al mismo tiempo es despreciada por no cumplir con el ideal de éxito económico que el propio modelo impone. La promesa es siempre la misma: restaurar un orden que supuestamente beneficiará a quienes han sido expulsados del progreso, aunque en la práctica ese orden los condene nuevamente a la subordinación y mayor explotación. El desprecio por el fracaso económico convive con la exaltación retórica del esfuerzo individual, en una contradicción que el discurso reaccionario no intenta resolver, sino explotar.
En este sentido, la reacción no se dirige únicamente contra el feminismo o contra los movimientos de la diversidad sexual. Apunta también contra cualquier expresión de fragilidad, dependencia o vulnerabilidad que ponga en cuestión la fantasía de autosuficiencia neoliberal. El problema no es la ampliación de derechos en sí, sino la amenaza que estos representan para un orden basado en la competencia, la jerarquía y la dominación. La igualdad, incluso en su forma más limitada, desestabiliza ese esquema.
La violencia simbólica y política desplegada contra los movimientos sociales, contra el progresismo y la izquierda democrática no es accidental. Responde a la necesidad de reconstituir autoridad en un contexto de crisis. Cuando el desarrollo no se democratiza y el bienestar no se distribuye, el poder busca afirmarse por la vía del orden, la seguridad y la exclusión. La restauración autoritaria aparece, así, como sustituto del proyecto histórico que el neoliberalismo es incapaz de ofrecer.
Este apartado busca comprender que la actual ofensiva reaccionaria no es una novedad absoluta, sino una reconfiguración de viejas formas de poder. Lo nuevo no es el autoritarismo, sino su adaptación a un contexto democrático formal, donde la apelación al voto, al orden y a la moral funciona como mecanismo de legitimación. El conflicto ya no se expresa únicamente en el plano económico, sino en la disputa por el sentido común, por la autoridad y por la definición misma de lo que cuenta como progreso.
La historia demuestra que los grandes avances en igualdad y justicia no nacieron de estas élites masculinas, sino de los feminismos, las luchas de trabajadores y trabajadoras populares y la izquierda organizada. En Chile, los derechos laborales, el sufragio femenino, la educación pública, la paridad, el reconocimiento del trabajo de cuidados y los derechos sexuales y reproductivos han sido conquistas sociales, no concesiones de los varones del poder.
Así, el problema que enfrenta hoy la izquierda no es solo programático ni electoral. Es un problema de construcción de poder popular. La restauración reaccionaria no se combate únicamente con argumentos técnicos ni con ampliaciones parciales de derechos, sino con la reconstrucción de un proyecto capaz de disputar el orden social en su conjunto. Sin esa disputa, el conflicto seguirá reapareciendo bajo formas cada vez más extremas. Se trata de reconstruir un proyecto de mayoría que enfrente al capital, democratice el poder y articule a la amplia clase trabajadora en su diversidad: hombres despreciados por estas élites, mujeres sobrecargadas, disidencias expulsadas e invisibilizadas, juventudes precarizadas. No se trata de restaurar un pasado de jerarquías violentas, sino de disputar el orden mismo del poder.
Entonces, una pregunta decisiva: ¿cómo se traduce este conflicto estructural en el terreno electoral y político concreto?; ¿qué expresa el voto cuando la democracia se encuentra tensionada entre derechos ampliados y bienestar material limitado? Esa pregunta es el punto de partida de la siguiente sección.
IV ¿Contra la “izquierda woke”? Genealogía de una ofensiva política
Si el apartado anterior mostró cómo la crisis del modelo y de las formas tradicionales de autoridad dio lugar a una ofensiva reaccionaria que busca restaurar jerarquías, este capítulo se detiene en una de sus operaciones discursivas más eficaces: la construcción del enemigo denominado “izquierda woke”. Lejos de tratarse de un concepto descriptivo, se trata de una categoría política diseñada para deslegitimar, simplificar y atacar un conjunto amplio de luchas democráticas y avances en derechos y libertades civiles.
El término woke no nace como un insulto ni como una etiqueta ideológica. Su origen se encuentra en la tradición política y cultural afroamericana en Estados Unidos, donde stay woke significaba mantenerse alerta frente a la injusticia racial, la violencia policial y la desigualdad estructural. Era una expresión de conciencia de clase crítica, vinculada a experiencias históricas concretas de opresión y exclusión. Ser woke implicaba reconocer que la desigualdad no era accidental, sino estructural, y que requería organización y acción colectiva.
Durante décadas, ese llamado a “estar despierto” estuvo ligado a luchas reales, encarnadas y peligrosas. Nombraba una experiencia histórica de opresión y resistencia. No era un lenguaje de élite ni una moralización del mundo, era un lenguaje popular, una forma de politizar la vida cotidiana de quienes vivían sistemáticamente excluidos del bienestar, de la ciudadanía plena y de la protección del Estado.
Durante décadas, esta noción mantuvo ese sentido: conciencia, vigilancia y politización frente al poder. Sin embargo, en el contexto del avance conservador global, el término fue vaciado de su contenido histórico y resignificado como caricatura. La ultraderecha y sectores conservadores lo transformaron en un significante negativo, asociado a exageración moral, corrección política autoritaria, censura y desconexión con “la gente común”. Este desplazamiento no fue espontáneo, sino una ofensiva política deliberada.
La ofensiva contra lo woke emerge precisamente cuando el neoliberalismo entra en crisis y ya no puede ofrecer bienestar, estabilidad ni futuro. Incapaz de responder materialmente, el orden dominante desplaza el conflicto hacia el plano cultural, instalando la idea de “la guerra cultural”, construyendo un enemigo interno que permita cohesionar identidades conservadoras sin tocar la estructura económica. Lo woke se convierte así en un contenedor difuso: feminismo, antirracismo, derechos LGBTIQA+, políticas de igualdad, memoria histórica, incluso demandas básicas de dignidad pueden ser presentadas como amenazas al orden.
En este punto, la crítica reaccionaria opera con una trampa doble. Por un lado, denuncia una supuesta izquierda que habría abandonado “lo material” para ocuparse solo de símbolos y lenguaje. Por otro lado, omite deliberadamente que muchas de esas luchas nacen de condiciones materiales concretas: violencia, asesinatos, exclusión, precariedad y desigualdad al acceso a derechos básicos. El problema no es que esas luchas existan, sino que han sido despojadas de un proyecto político común, quedando expuestas a la fragmentación y a la ridiculización.
En el caso de Chile, esta operación encuentra un terreno fértil. Lo que durante la transición democrática fue descalificado como “agenda valórica” —divorcio, igualdad filiativa, derechos sexuales y reproductivos, reconocimiento de la diversidad familiar, identidad de género— reaparece ahora bajo el rótulo de “izquierda woke”. El cambio de nombre no altera el contenido del conflicto: se trata de la misma resistencia histórica a la ampliación de derechos y libertades, ahora reempaquetada para un nuevo ciclo político.
Sin duda, es necesario reconocer que hay sectores progresistas que confundieron ampliación de derechos con sustitución del conflicto, renunciando a articular esas luchas en una estrategia de transformación estructural. En ese vacío, lo woke dejó de ser conciencia crítica y pasó, en algunos espacios, a convertirse en lenguaje autorreferente, fácilmente desconectado de la experiencia popular.
La ultraderecha aprovecha ese quiebre con precisión. No solo ataca al feminismo o a las diversidades sexogenéricas; ataca también la idea misma de igualdad, ridiculizando cualquier cuestionamiento al orden como fragilidad, exceso o degeneración. En ese gesto, convierte lo woke en sinónimo de decadencia, mientras se presenta a sí misma como garante de orden, autoridad y sentido común. Pero ese orden no es nuevo: es la restauración de jerarquías conocidas, ahora más explícitas y más violentas.
La trampa política consiste en aceptar ese marco. Cuando la izquierda entra a defenderse de la acusación de woke, retrocediendo en libertades o negando luchas históricas, confirma la narrativa del adversario. Pero cuando responde sin proyecto material, limitándose a la disputa simbólica, también pierde. El problema no es el origen de lo woke, ni las luchas que lo alimentaron; el problema es su desconexión de una estrategia de mayoría, de un proyecto de desarrollo, de una política capaz de articular igualdad, bienestar y democracia.
Recuperar el sentido político original de woke no implica reivindicar la etiqueta, sino restituir su contenido: conciencia frente a la injusticia estructural. En sociedades como la chilena, eso exige volver a unir libertades civiles y derechos sociales, reconocimiento y redistribución, identidad y proyecto común. Exige comprender que no hay igualdad simbólica sin base material, pero tampoco bienestar duradero sin ampliación de libertades.
Esta sección no busca saldar el debate sobre lo woke, sino desactivar su uso como arma contra el campo popular. Nombrar su origen histórico es una forma de quitarle a la ultraderecha la ventaja discursiva. Reubicarlo en un proyecto político más amplio es condición para reconstruir una izquierda que no se repliegue ni diluya, sino que vuelva a disputar el sentido del orden social.
Solo así se entiende lo que viene después. Cuando la política renuncia a representar el conflicto real —material, simbólico y estructural—, ese conflicto no desaparece. Se expresa en las urnas.
Los capítulos anteriores muestran que la ampliación de derechos en Chile no fue el resultado de una moda cultural ni de un desvío ideológico, sino parte constitutiva del proceso democrático posterior a la dictadura. Los avances en libertades civiles coexistieron —y tensionaron— un modelo económico que nunca fue democratizado. La etiqueta “woke” permite ocultar esta contradicción estructural y desplazar el conflicto de la explotación y precariedad, es decir del poder económico hacia el plano moral.
La crítica a la “izquierda woke” opera, así, como una estrategia de despolitización. Al reducir las luchas por derechos a caprichos culturales de élites urbanas, se invisibiliza su carácter profundamente político y su conexión con la igualdad sustantiva y la libertad personal. Más aún, se exonera al modelo económico de cualquier responsabilidad en la precarización de la vida, trasladando la frustración social hacia un enemigo simbólico convenientemente construido.
Esta operación no solo proviene de la ultraderecha. Encuentra eco también en sectores que, desde una supuesta defensa del “sentido común”, replican la crítica a lo woke. En este gesto hay una renuncia implícita: entregar el terreno de los derechos y libertades civiles que ha logrado conquistar la clase trabajadora, a los conservadurismos.
La problemática de fondo no es la existencia de debates culturales ni de tensiones identitarias. El problema es la utilización política de esas tensiones para bloquear cualquier proyecto transformador. La crítica a lo woke no busca fortalecer una izquierda material, sino debilitar toda forma de politización democrática que cuestione jerarquías históricas que han oprimido a la clase trabajadora. En ese sentido, no es una crítica externa al neoliberalismo, sino parte de su recomposición.
El ataque a la “izquierda woke” no es una discusión semántica ni un debate académico. Es una herramienta de guerra cultural que busca reorganizar el campo político, deslegitimar conquistas históricas y preparar el terreno para una restauración autoritaria. Nombrar su origen y su función es un paso indispensable para no caer en la trampa.
V. El voto como veredicto: balance de un ciclo político (2022–2025)
Si las secciones anteriores reconstruyeron las condiciones estructurales del conflicto —el bloqueo histórico al desarrollo, la restauración reaccionaria y la guerra cultural contra los derechos y libertades—, esta parte se sitúa en el punto donde esas tensiones se condensan políticamente: el voto. No como expresión puramente individual ni como simple medición de preferencias, sino como veredicto sobre un ciclo político específico y, al mismo tiempo, sobre una promesa democrática más amplia.
El voto no es un accidente ni un error colectivo. Tampoco es un desvío irracional de una ciudadanía desinformada o manipulada. El voto es, en contextos de crisis prolongada, un veredicto político. No expresa adhesión doctrinaria ni coherencia programática perfecta, sino una evaluación histórica condensada: qué se vivió, qué se prometió, qué se cumplió y qué quedó pendiente. En ese sentido, el resultado electoral reciente no clausura un ciclo corto, sino que dicta sentencia sobre un proceso más largo, cargado de expectativas, avances reales, límites estructurales y contradicciones no resueltas.
El balance del período 2022–2025 no puede leerse fuera de esa historia. El gobierno que encabezó Gabriel Boric no emerge en un vacío, sino como producto de una crisis profunda del modelo neoliberal, expresada en el estallido social, la deslegitimación de las élites y el agotamiento de la promesa de movilidad, seguridad y bienestar. Su llegada al poder condensó una expectativa inédita: no solo administrar el Estado, sino reabrir políticamente problemas que habían sido clausurados durante décadas, especialmente el desarrollo, la protección social, los cuidados, la desigualdad y el rol del Estado.
Desde ese punto de partida, el balance es necesariamente contradictorio. El gobierno logró avances sustantivos que impactaron directamente la vida cotidiana de millones de personas: la reforma previsional, la expansión de políticas de cuidados, el fortalecimiento del salario mínimo, la agenda de seguridad social, la revalorización del rol estatal en la economía y la recuperación de la capacidad del Estado para intervenir frente a crisis. Estos avances no fueron simbólicos ni retóricos; fueron materiales, y se realizaron en un contexto de fragmentación parlamentaria, ofensiva conservadora y herencia institucional profundamente restrictiva.
Al mismo tiempo, esos avances coexistieron con límites evidentes. La arquitectura neoliberal no fue desmontada; fue tensionada. La correlación de fuerzas no permitió una transformación estructural del modelo productivo ni una redistribución del poder económico acorde a la magnitud de la crisis social. La promesa de cambio convivió con la persistencia de la precariedad, la inseguridad y el desgaste cotidiano de amplios sectores populares y de clase media. El Estado volvió a estar presente, pero no siempre logró traducir esa presencia en una experiencia subjetiva de seguridad, control y futuro.
Es en esa tensión donde el voto adquiere sentido. El veredicto electoral no niega los avances, pero tampoco los absolutiza. No castiga una identidad política ni una agenda específica; evalúa una experiencia de gobierno en condiciones estructurales adversas. El voto expresa, al mismo tiempo, reconocimiento y frustración, apoyo parcial y distancia. Es una forma de decir que el ciclo abierto no logró aún convertirse en horizonte estable, que el conflicto sigue abierto y que la promesa de bienestar no se consolidó como certeza.
El resultado electoral que cierra el período 2022–2025 ha sido leído por muchos como una derrota total del proyecto transformador iniciado con el gobierno de Gabriel Boric. Sin embargo, esa lectura es insuficiente y, en algunos casos, funcional a una clausura prematura del debate político. El voto no opera como un juicio moral ni como un rechazo absoluto, sino como una síntesis contradictoria de expectativas, frustraciones, avances reales y límites estructurales.
La lectura moralizante del resultado —ya sea como traición popular o como simple derrota ideológica— oscurece lo esencial. Lo que se expresa en las urnas es una crisis de representación, no un rechazo automático a los valores de igualdad, democracia o justicia social. De hecho, muchas de las políticas impulsadas durante el período cuentan con amplio respaldo social cuando se las considera aisladamente. La derrota no se explica por exceso de radicalidad ni por moderación insuficiente, sino por la dificultad de transformar avances parciales en una narrativa compartida de vida mejor.
Aquí el balance 2025 cumple una función clave. Permite identificar con claridad que el problema no fue la falta de agenda, ni la ausencia de reformas, ni la renuncia a principios. El problema fue la persistencia de un bloqueo estructural, político y económico, que impidió que esos avances se tradujeran en una sensación extendida de seguridad material y control sobre el futuro. El neoliberalismo, aun tensionado, siguió organizando la vida cotidiana: endeudamiento, incertidumbre y miedo al descenso social. Frente a eso, la ultraderecha no ofreció soluciones reales, pero sí una narrativa simple de orden, castigo y restauración.
El voto, en ese sentido, no valida ese proyecto; lo habilita circunstancialmente. Es un voto atravesado por el cansancio, el temor y la sensación de que el conflicto no fue resuelto. No es un mandato ideológico, sino un síntoma político. Y como todo síntoma, no se combate con negación ni con culpa, sino con interpretación y proyecto.
El error sería leer este veredicto como cierre definitivo. La historia chilena muestra que los grandes procesos de transformación no avanzan en línea recta. Se abren, se interrumpen, retroceden y vuelven a abrirse. El ciclo iniciado con el estallido social no se cerró con una elección; entró en una fase distinta, más adversa, más fragmentada, pero no menos significativa. El balance del gobierno de Boric no es el acta de defunción de un proyecto, sino el registro de un primer intento serio por reabrir problemas estructurales largamente postergados.
El voto, entonces, no debe ser leído solo como castigo, sino como advertencia. Advierte que no basta con abrir debates; hay que convertirlos en certezas materiales. Advierte que la igualdad y los derechos deben sentirse en la vida cotidiana, no solo formularse en políticas públicas. Advierte que el conflicto no puede quedar a medio camino, porque cuando no se resuelve democráticamente, es capturado por quienes prometen orden sin justicia.
El veredicto electoral no cancela la pregunta por el desarrollo, la protección social, los cuidados ni la democracia sustantiva. Al contrario: la vuelve más urgente. Lo que sigue no es una retirada, sino una redefinición estratégica. La historia no terminó en las urnas; volvió a exigir respuestas.
El Balance 2025 muestra con claridad que el gobierno de Boric no fue un gobierno inmóvil ni carente de logros. Por el contrario, se trató de una administración que abrió políticamente problemáticas que habían sido clausuradas durante décadas. En un contexto de fragmentación política, minoría parlamentaria y ofensiva conservadora, esto no fue menor.
Sin embargo, el mismo balance evidencia los límites del ciclo. La expectativa de transformaciones rápidas y profundas chocó con una estructura institucional diseñada para bloquear cambios sustantivos. La derrota del primer proceso constituyente, la debilidad de las mayorías sociales organizadas y la persistencia del poder económico concentrado configuraron un escenario donde la capacidad de gobernar no siempre se tradujo en capacidad de transformar. El voto expresa, en parte, esa frustración.
Aquí es clave comprender que el veredicto electoral no distingue con nitidez entre responsabilidades estructurales y decisiones gubernamentales. Para amplios sectores sociales, el voto funciona como evaluación global de la experiencia democrática, no como análisis fino de correlaciones de fuerza. Cuando el bienestar no mejora con la velocidad esperada, cuando la inseguridad se vuelve experiencia cotidiana y cuando la promesa de igualdad material sigue postergada, el veredicto electoral aparece como mecanismo de expresión del malestar.
Pero el voto también registra otra dimensión, menos evidente y más incómoda: la persistencia de una cultura política atravesada por el orden y la autoridad. Tal como se desarrolló en la sección III, cuando la incertidumbre se intensifica, una parte del electorado opta por proyectos que prometen control, jerarquía y restauración, incluso si ello implica sacrificar derechos o profundizar desigualdades. El veredicto electoral no es solo económico; es también simbólico y cultural.
El Balance 2025 permite afirmar, entonces, que el resultado electoral no clausura el ciclo abierto en 2019, sino que lo reconfigura. No hay un retorno simple al pasado ni una aceptación plena del orden neoliberal. Hay, más bien, una disputa inconclusa, donde conviven demandas por protección social, exigencias de seguridad y rechazos a la precariedad con una ofensiva conservadora que ofrece respuestas simples a problemas complejos.
El veredicto electoral expresa el agotamiento de un ciclo, pero también la vigencia de las preguntas que lo originaron. El desarrollo sigue bloqueado, la desigualdad persiste y la democracia continúa tensionada entre reconocimiento y bienestar. El voto no resuelve estas tensiones; las hace visibles.
En este sentido, el Balance 2025 no debe entenderse como acta de defunción de un proyecto político, sino como diagnóstico de sus condiciones reales de posibilidad. Lo que se cierra no es la necesidad de transformación, sino una forma específica de intentar llevarla adelante. El desafío que se abre es mayor: cómo sostener un proyecto democrático capaz de disputar poder material, ofrecer seguridad sin autoritarismo y construir bienestar sin renunciar a la igualdad y a la libertad.
La sección final aborda precisamente ese punto: qué queda abierto después del veredicto, qué legado permanece y por qué el intento de transformación iniciado no puede leerse como un paréntesis, sino como un punto de partida aún inconcluso.
VI. El legado de Boric: abrir lo que estaba clausurado
No todos los gobiernos ocupan el mismo lugar en la historia. Algunos administran equilibrios heredados; otros estabilizan transiciones; unos pocos logran reabrir problemas que habían sido cerrados por largos consensos políticos y económicos. El gobierno del presidente Gabriel Boric pertenece a este último grupo. Su legado no puede evaluarse únicamente desde el cumplimiento puntual de un programa ni desde el resultado de una elección, sino desde su función histórica: haber devuelto a la política democrática la capacidad de nombrar, disputar y enfrentar nudos estructurales que el neoliberalismo había clausurado durante décadas.
El punto de partida de este legado es un contexto excepcional. Boric recibe un país marcado por una crisis social profunda, una institucionalidad desgastada y una ciudadanía que había perdido confianza en la capacidad de la política para procesar el conflicto. El estallido social de 2019 no fue solo una protesta coyuntural, sino la expresión acumulada de un malestar estructural frente a un modelo de desarrollo incapaz de garantizar bienestar, seguridad y futuro. A ello se sumó la pandemia, que profundizó desigualdades y evidenció la fragilidad del Estado social chileno.
Si recordamos el principio de este ensayo, los legados han sido contradictorios en la transición, pasando por el bloqueo histórico al desarrollo, la restauración reaccionaria y la guerra cultural, hasta llegar al veredicto electoral que cierra el ciclo 2022–2025. Esta sección no busca corregir el veredicto electoral ni relativizarlo, sino interpretar el lugar histórico que ocupa el gobierno de Gabriel Boric en esa secuencia. No como punto de llegada, sino como momento de apertura.
El principal legado del gobierno de Boric no radica en haber resuelto los problemas estructurales de Chile, sino en haberlos vuelto políticamente deseables y disputables. En un país donde durante décadas el desarrollo, la seguridad social, la desigualdad y el rol del Estado fueron tratados como asuntos técnicos o como límites infranqueables, Boric encabezó un gobierno que volvió a poner esos nudos en el centro de la deliberación democrática. Abrir lo que estaba clausurado es, en sí mismo, un acto político de gran magnitud.
Desde el inicio, su gobierno enfrentó condiciones excepcionalmente adversas: fragmentación parlamentaria, derrota del primer proceso constituyente, desconfianza social acumulada y una ofensiva conservadora en ascenso. Aun así, logró estabilizar el proceso de cambios, reconstruir la capacidad del sistema político para procesar conflictos y avanzar en reformas concretas que impactaron directamente en la vida cotidiana. Pensiones, salario mínimo, conciliación, violencia de género, cuidados, seguridad pública, salud y política económica dejaron de ser promesas abstractas para convertirse en campos efectivos de disputa institucional.
Uno de los aportes centrales del gobierno fue reinstalar la idea de desarrollo como problema político. Tras décadas en que la política social operó desconectada de la política productiva, el gobierno de Boric volvió a vincular bienestar, trabajo, diversificación productiva y rol del Estado. No se trató solo de administrar la pobreza, sino de comenzar a discutir cómo se produce la riqueza, quién la controla y cómo se distribuye. En ese gesto se conecta con una tradición republicana interrumpida, que había sido sistemáticamente contenida por el pacto oligárquico.
En ese escenario, un logro del gobierno fue político e institucional: estabilizar el proceso de cambios y evitar que la crisis derivara en una salida autoritaria o en una clausura regresiva del conflicto social. Reconstruir la capacidad del sistema político para canalizar institucionalmente las demandas sociales fue una condición básica para cualquier transformación posterior. Este logro suele ser subestimado, pero es central: sin estabilidad democrática, no hay posibilidad de reforma ni de disputa estructural.
Sin embargo, el legado de Boric no se agota en la suma de reformas. Su dimensión más profunda es haber reabierto políticamente el problema del desarrollo. Durante más de treinta años, el desarrollo fue reducido al crecimiento económico, y el crecimiento a la rentabilidad privada. La estructura productiva, la diversificación económica y el rol del Estado en la planificación quedaron fuera del debate político. El gobierno de Boric rompe explícitamente con ese consenso, planteando la necesidad de una nueva estrategia de desarrollo basada en un Estado más activo, en la diversificación de la matriz productiva y en una mayor participación de los trabajadores en la generación y distribución de la riqueza. En un país acostumbrado a la inercia rentista y a la dependencia de exportaciones primarias, volver a politizar el desarrollo ya constituye un quiebre histórico.
Este enfoque permite comprender mejor la diferencia entre el gobierno de Boric y los ciclos anteriores. Mientras gobiernos como los de Eduardo Frei Ruiz-Tagle y Ricardo Lagos buscaron modernizar el país en colaboración con las élites económicas, aceptando el patrón rentista como límite estructural, el actual gobierno identifica ese patrón como parte del problema. Esto no implica negar los avances de la Concertación, sino reconocer que su proyecto quedó capturado por los márgenes del modelo neoliberal. El mérito de Boric es haber vuelto a nombrar ese límite como un problema político, no técnico.
El sello también se expresa en la construcción de una coalición entre la izquierda y la centroizquierda con un horizonte explícito de superación progresiva del neoliberalismo. Esta articulación no es solo electoral, sino estratégica: busca reconstruir una base social y política capaz de sostener reformas en el tiempo, integrando a trabajadores, clases medias y nuevos sujetos sociales. En un escenario de fragmentación y desafección, este esfuerzo de recomposición es en sí mismo un logro político relevante.
En el plano internacional, el liderazgo del presidente Boric ha reafirmado la vigencia de una izquierda democrática en América Latina, capaz de combinar ampliación de derechos, superación del neoliberalismo y compromiso irrestricto con la democracia y los derechos humanos. En un contexto regional marcado por el avance autoritario, esta proyección internacional constituye un activo político que trasciende la coyuntura nacional.
Por supuesto, este sello convive con límites claros. La arquitectura institucional neoliberal impuso restricciones significativas; la correlación de fuerzas parlamentarias obligó a negociar y moderar ritmos; y la experiencia cotidiana de amplios sectores sociales siguió marcada por inseguridad e incertidumbre. El propio gobierno reconoce estas tensiones y plantea sus logros como puntos de partida, no como metas finales.
Aquí radica una clave interpretativa central: el legado de Boric no es un cierre, sino una apertura histórica. Ha comenzado a saldar deudas profundas, pero también ha dejado planteados los grandes desafíos de las próximas décadas: la crisis de los cuidados, el cambio climático, el agotamiento del modelo productivo, la necesidad de mayor cohesión social y de una democracia capaz de garantizar bienestar y libertad de manera conjunta.
Frente a la inconsistencia de sus críticos —que hoy reniegan de libertades y derechos que ayer defendieron, y que presentan como “woke” lo que hasta hace poco era consenso democrático—, este legado recuerda una constante de la historia chilena: el progreso nunca ha sido lineal ni cómodo. Cada avance ha enfrentado resistencias, retrocesos y derrotas parciales. La diferencia es que este gobierno volvió a demostrar que el problema no es solo de gestión del estado neoliberal ni de mera voluntad moral, sino de poder y de estructura.
El legado del presidente Boric, en definitiva, no se mide solo por lo que logró concretar, sino por haber vuelto a abrir lo que estaba clausurado: el desarrollo, el bienestar, el rol del Estado, la igualdad sustantiva, la libertad personal y la democracia como proyecto material. La derrota electoral no cancela ese legado; lo inscribe en una historia más larga, hecha de conflictos abiertos, aprendizajes y disputas pendientes.
Este texto ha buscado mostrar precisamente eso: que las derrotas no cancelan los procesos históricos, y que el futuro sigue siendo un terreno en disputa. El sello de Boric no es un punto final, sino una base desde la cual volver a intentar.
El liderazgo de Boric se distingue también por su apuesta democrática. A diferencia de proyectos autoritarios o tecnocráticos, su gobierno buscó transformar el Estado desde dentro de la institucionalidad, apostando por el diálogo y los acuerdos sin renunciar al horizonte de reformas. Esta estrategia lo expuso a críticas desde todos los flancos: para algunos, excesivamente gradual; para otros, inaceptablemente transformadora. Esa tensión no es signo de inconsistencia, sino expresión de un liderazgo que decidió no replegarse ante la complejidad.
El Balance 2025 muestra que el gobierno no logró consolidar una mayoría social y política capaz de sostener todas sus transformaciones. Pero también muestra que ninguno de los avances alcanzados es trivial, ni fácilmente reversible sin costo político. El país que Boric entregará al final de su mandato no es el mismo que recibió: es un país que volvió a discutir pensiones, cuidados, seguridad social, desarrollo, cambio climático y democracia con un horizonte de futuro.
El legado de Boric debe leerse, entonces, con una clave histórica. No es el sello de quien cierra un ciclo exitosamente, sino el de quien reabre un conflicto que había sido contenido durante décadas. Como ocurrió con otros momentos de la historia chilena, abrir ese conflicto genera resistencias, retrocesos y derrotas parciales. Pero también deja huellas duraderas a largo plazo.
Este ensayo ha insistido en una idea central: las derrotas electorales no equivalen al fracaso histórico de una causa. El voto es un veredicto, pero no una sentencia definitiva. El legado de Boric reside en haber demostrado que el problema del desarrollo, del bienestar y de la democracia no estaba resuelto, y que evitarlo solo conduce a su reaparición bajo formas más regresivas.
Lo que queda abierto no es solo un programa, sino una tarea histórica. La superación del neoliberalismo, la democratización del desarrollo y la construcción de un Estado social de derechos no se logran en un solo gobierno ni en un solo ciclo electoral. Requieren tiempo, acumulación política y una alianza social capaz de sostenerlas. Boric no cerró ese proceso, contribuyó decisivamente a volverlo posible.
En un escenario donde la ultraderecha busca clausurar nuevamente el conflicto mediante orden, jerarquía y exclusión, el principal legado de este ciclo es haber dejado claro que la historia no está cerrada. Que el desarrollo puede volver a ser un proyecto colectivo. Que la democracia puede aspirar a algo más que administrar la desigualdad. Y que abrir lo que estaba clausurado, aun a riesgo de perder, sigue siendo una de las formas más profundas de hacer política.
*Daniela López Leiva es militante del Frente Amplio.
