Camila Miranda, encargada de Contenidos y una de las principales articuladoras del programa de Jeannette Jara, conversó con el Portal Socialista sobre las prioridades programáticas de un gobierno de Jara. Camila, militante destacada del Frente Amplio (FA), es presidenta de la Fundación Nodo XX. Aquí nos habla de la propuesta del salario vital de 750 mil pesos, de reducir en 20% las cuentas de la luz y de acotar el uso de la UF en ciertas áreas esenciales. También se refiere a medidas en seguridad pública y para un crecimiento económico inclusivo que distribuya y no quede en manos de los poderosos de siempre. También muestra su preocupación por posibles regresiones en los temas de mujer y género y se refiere a los desafíos que enfrentará el feminismo en el próximo periodo.
¿Qué aspectos del programa de Jeannette Jara destacarías? ¿Qué medidas apuntan a una mejora de las condiciones de vida de los chilenos y las chilenas?
El programa “Un Chile que cumple” se sostiene en tres pilares que resumen su orientación: crecimiento que llegue a las mesas de todas las familias, seguridad y justicia, y un Estado que cumpla. Son ejes que buscan devolver certezas a las personas y volver a conectar la política con la vida cotidiana, enfrentando los problemas reales: la necesidad de crecer, la inseguridad y la falta de eficacia estatal.
El primer pilar —crecimiento que llegue a las mesas de todas las familias— parte de un diagnóstico honesto: Chile lleva casi veinte años con su productividad estancada y su crecimiento no ha sido distributivo. La economía creció en el pasado, pero los frutos de ese crecimiento no llegaron de manera justa a las familias. Por eso, proponemos reactivar la economía con justicia, con reglas claras, protección a los consumidores y un Estado que defienda el valor del trabajo. Como ha dicho Jeannette, “tenemos que cambiar del concepto de lo mínimo para vivir al de lo necesario para vivir”.
Eso se traduce en medidas concretas como el ingreso vital de 750 mil pesos, un plan nacional de protección al consumidor que ponga fin a los abusos y la colusión, la prohibición de las llamadas SPAM, reducción de un 20% en las cuentas de la luz y la restricción del cobro en UF en áreas esenciales como salud, educación y vivienda. Además, contempla una estrategia nacional de empleo y capacitación con subsidios integrados, y plataformas de certificación y búsqueda laboral que faciliten la inserción en un mercado más moderno y equitativo. El objetivo es claro: reactivar el crecimiento, pero con justicia y con impacto real en la vida de las personas.
El segundo pilar —seguridad y justicia— responde a una necesidad sentida: vivir con miedo cambia la vida de las personas Nuestro enfoque combina prevención, control y presencia del Estado. Proponemos duplicar la formación anual de policías, perseguir la ruta del dinero del delito, utilizar tecnología de punta para el control fronterizo y fortalecer la prevención y recuperación de barrios como parte de una estrategia integral de seguridad. Vivir tranquilos, poder usar los espacios públicos sin temor y confiar en las instituciones también son condiciones para la justicia social.
Y el tercer pilar —un Estado que cumpla— aborda una deuda que atraviesa todas las áreas: la necesidad de un Estado que funcione y responda. Por eso el programa propone una salud accesible y a tiempo, con más capacidad diagnóstica y quirúrgica, reducción del precio de los medicamentos y la salud mental como prioridad nacional. A eso se suman respuestas concretas al déficit habitacional, especialmente para las familias que han esperado por años una solución, y una educación con sentido, mejor gestionada, mejor financiada y articulada con las necesidades del país.
En definitiva, “Un Chile que cumple” es un programa que reconoce los problemas estructurales del país y ofrece soluciones realistas y justas. Chile puede retomar el camino del desarrollo, pero solo si lo hace con crecimiento inclusivo, seguridad ciudadana y un Estado que cumpla de verdad.
Una de las medidas que llama más la atención es la de llegar a un ingreso vital de 750 mil pesos. ¿Cómo se alcanza ese objetivo, en qué tiempo, con qué financiamiento y cómo no se perjudica a las pymes?
El ingreso vital responde a una premisa esencial de justicia: una persona que trabaja de lunes a viernes —y muchas veces también los fines de semana— debe poder llegar a fin de mes sin depender del endeudamiento. Por eso, avanzar hacia un ingreso vital es algo básico, una medida que devuelve dignidad al trabajo y que asegura que el crecimiento llegue efectivamente a las familias.
Como ha señalado Jeannette, “tenemos que cambiar del concepto de lo mínimo para vivir al de lo necesario para vivir”. Esa es la orientación que guía esta política: un Estado que reconoce que el trabajo no puede medirse solo por el costo, sino por el valor que tiene para la vida de las personas.
El programa propone un ingreso vital de 750 mil pesos mensuales como horizonte para el período de gobierno. Se trata de una política gradual, responsable y construida con diálogo social, que busca equilibrar mejoras reales en los ingresos con sostenibilidad para las pequeñas y medianas empresas. Concretamente, el ingreso vital se compone de tres mecanismos complementarios:
Aumento sostenido del ingreso mínimo mensual, por sobre la inflación y considerando la evolución de la productividad.
Subsidio directo a las empresas de menor tamaño, para acompañarlas en la transición y evitar que el alza salarial las golpee.
Transferencia monetaria complementaria a las y los trabajadores con remuneraciones equivalentes al salario mínimo, de modo que puedan alcanzar efectivamente el monto del ingreso vital dentro del periodo de gobierno.
En materia de financiamiento, la propuesta se inserta dentro de un programa que contempla un punto del PIB adicional, financiado principalmente a través de mayor eficiencia del gasto público, control de la evasión y elusión tributaria, y una economía más activa y formalizada.
El crecimiento debe llegar a la mesa de todas las familias. Chile puede retomar el camino del desarrollo, pero debe hacerlo con justicia y equilibrio, asegurando que el esfuerzo de quienes trabajan se traduzca en bienestar y en una vida digna.
La democracia está debilitada: ¿qué medidas contempla el programa para fortalecerla?
Una prioridad para fortalecer la democracia es que las personas la perciban en su vida cotidiana, en el trato que reciben del Estado y en la garantía efectiva de sus derechos. La democracia se debilita cuando la vida se vuelve incierta: cuando no alcanza el sueldo, cuando el acceso a la salud o la vivienda se vuelve un privilegio, o cuando el Estado llega tarde. Por eso, fortalecer la democracia también es una tarea material.
El programa de Jeannette Jara sostiene que no hay democracia sólida sin justicia social. Su consolidación requiere mejorar las condiciones de vida de las personas: asegurar empleo digno, un ingreso vital de 750 mil pesos, una red de cuidados robusta y políticas de vivienda que entreguen certezas. Cuando las personas sienten que el Estado cumple, que los derechos se ejercen y que la vida mejora, la democracia recupera sentido.
Sobre esa base, el programa también impulsa medidas institucionales que profundizan la participación y la confianza como por ejemplo:
- Ampliar la participación ciudadana, fortaleciendo cabildos, presupuestos participativos y mecanismos de control social de las políticas públicas.
- Modernizar el Estado, para hacerlo más eficiente, transparente y descentralizado, con presencia real en los territorios.
- Promover una convivencia democrática basada en derechos humanos, enfrentando la desinformación, la violencia política y los discursos de odio.
Fortalecer la democracia es devolverle materialidad: que se sienta en los derechos, en el trato y en las oportunidades. Porque cuando las personas perciben que el Estado cumple, también vuelven a creer en la política.
La llegada de la extrema derecha al poder sería un gran retroceso para los avances de los derechos de las mujeres. ¿Qué temas en materia de derechos de la mujer se plantea el programa?
El feminismo, tal como lo entendemos, es la búsqueda de la igualdad entre las personas. Es una causa de justicia, y por eso no puede quedarse solo en el discurso: debe expresarse en cambios concretos, allí donde persisten desigualdades materiales, sociales y culturales.
El programa de Jeannette Jara asume esa tarea no como un capítulo aparte, sino como un principio transversal en todos los ejes de gobierno. Porque no habrá justicia social sin igualdad entre mujeres y hombres, ni democracia plena mientras existan violencias o brechas que condicionen el desarrollo de las personas.
Desde esa convicción, el programa propone cambios claros y medibles:
- Reconocer y remunerar el trabajo de cuidados, ampliando la red nacional y aumentando el estipendio de cuidadoras desde 33 mil a 160 mil pesos mensuales.
- Garantizar salud sexual y reproductiva integral, con cobertura territorial, acceso a métodos anticonceptivos y fortalecimiento de la atención en salud trans y ginecológica.
- Promover la autonomía económica de las mujeres, mediante empleo formal, capacitación, apoyo al emprendimiento y acceso a financiamiento.
- Asegurar el derecho a decidir, continuando el debate democrático por la despenalización del aborto hasta las 14 semanas, desde una mirada respetuosa y pluralista.
- Avanzar en seguridad con perspectiva de género, fortaleciendo la prevención y sanción de la violencia contra las mujeres, mejorando los sistemas de protección, acompañamiento y acceso a la justicia, y asegurando que todas las instituciones actúen con enfoque de derechos y sin revictimización.
Además, todas las políticas sociales, laborales, económicas y de seguridad del programa —desde el ingreso vital hasta el fortalecimiento del Estado social— incorporan la igualdad de género como criterio de justicia y de eficacia pública.
Así entendemos el feminismo como un compromiso práctico con la igualdad y la justicia que se expresa en los derechos, en los ingresos, en la seguridad, en los cuidados y en la vida cotidiana de las personas.
