La política progresista que representa «Unidad por Chile» se basa en la esperanza y en una acción transformadora, orientada a construir una sociedad más justa y equitativa. Jannette Jara encarna una alianza plural que establece metas claras y un camino concreto para alcanzarlas. Este enfoque se fundamenta en la creencia de que el cambio es posible mediante la acción colectiva, siempre con una visión crítica y realista de la sociedad.
El 14 de diciembre nos enfrentamos a una disyuntiva: la oportunidad de elegir entre una sociedad más justa y equitativa, fundamentada en el bien común, o una propuesta que recurre a las recetas del pasado, como el modelo neoliberal pinochetista, que promueve la desregulación del mercado y genera mayor desigualdad.
Esperanza y bien común
El bien común solo se puede lograr a través de una alianza de amplio espectro que trasciende la sujeción a los partidos tradicionales. Jannette Jara, como candidata comunista, no representa a su partido, sino a un conjunto de organizaciones que aplicarán un programa consensuado, orientado a resolver problemas urgentes como la seguridad pública y la desigualdad económica, garantizando mayor acceso a los servicios públicos, como salud, educación y vivienda, y mejor calidad de estos.
Intereses oligopólicos
Por otro lado, la representación de intereses oligopólicos es clara en las fuerzas que, aunque aparentan ser una coalición unida, en realidad defienden los intereses de un pequeño grupo de empresarios dominantes en el mercado. Un ejemplo de esto son las estrategias desplegadas por bots en contra de la candidata de Chile Vamos, cuyo único propósito es minar la legitimidad de quienes, hoy, obligados por circunstancias, forman una alianza política. Su candidato busca concentrar el poder en los grandes consorcios, desregulando el mercado y poniendo en riesgo la libre competencia. Las colusiones (cuyo autor intelectual es el asesor económico de Kast) y otras prácticas anticompetitivas afectan directamente a las pequeñas y medianas empresas y perjudican a los consumidores, quienes sufren las consecuencias de un mercado que favorece a unos pocos en detrimento de la mayoría.
La seguridad pública
La diferencia entre ambas opciones se refleja en cómo abordan el problema que más afecta a la ciudadanía: la inseguridad. En Chile, la percepción del delito supera la realidad, ya que nuestro país es uno de los más seguros de la región. Sin embargo, la derecha se aprovecha de este temor para presentar como solución la exacerbación de la represión, tomando ejemplos de otros países latinoamericanos. Han adoptado el “método Bukele” como modelo, a pesar de que el propio presidente de El Salvador ha advertido que su enfoque no es exportable. La “mano dura” en contra del crimen recuerda la guerra lanzada por el presidente mexicano Felipe Calderón (2006-2012) en contra de narcotraficantes con consecuencias, tras la derrota, como el aumento masivo de homicidios y desapariciones.
La propuesta de “Unidad por Chile” se enfoca en fortalecer las policías, construir nuevas cárceles y mejorar la inteligencia policial. Además, propone extender la carrera de la PDI y de Carabineros, y se diferencia de su opositor en su enfoque en la persecución del delito, lo que implica levantar el secreto bancario para poder rastrear y atacar las finanzas del gran narcotraficante. Esto contrasta con el actual sistema, en el que los reportes de acciones sospechosas (ROS) para perseguir el delito demoran meses, lo que da tiempo a los delincuentes para evadir la justicia y trasladarse como “cucarachas” (como se les define en México) a otros lugares donde puedan recuperar su poder.
La propuesta de la extrema derecha se limita a una represión indiscriminada que no ataca al gran narcotraficante. Este enfoque corre el riesgo de extenderse no solo a la represión de poblaciones circundantes, sino también de movimientos sociales. La represión sin una estrategia integral puede generar más problemas de los que resuelve, exacerbando la desconfianza social y los efectos adversos de una política de “mano dura” que no atiende las causas estructurales del problema.
Seguridad social y nuevo rol del Estado y la economía
La seguridad pública no es un tema aislado, sino que forma parte de una visión integral para el desarrollo del país. En este contexto, el Estado no se achica ni se limita, sino que se moderniza para ser más eficiente en las políticas sociales y en el cuidado del medio ambiente. Se propone un Estado regulador, que articula la inversión privada y, en casos puntuales como el litio, también actúa como inversionista directo. La cooperación público-privada se transforma en un fundamento para garantizar derechos sociales, reforzándose el rol del Estado en esta tarea.
Sobre esta base, se aseguran políticas sociales que apoyen a las PYMES y cooperativas, facilitando su acceso a financiamiento, simplificando trámites y mercados. Además, se propone un ingreso vital de 750.000 pesos para el final del gobierno (2029), lo que representa un paso importante para garantizar una mayor equidad social.
Opción por la esperanza
El desafío que enfrentamos el 14 de diciembre no es solo una elección política, sino una decisión fundamental sobre el tipo de sociedad en la que queremos vivir sin los riesgos de violaciones a los derechos humanos que el sector dominante de la oposición legitima al rememorar la experiencia dictatorial ofreciendo, por ejemplo, libertad a criminales de lesa humanidad.
Esperanza es la alternativa real frente a las ideas de un pasado en el que se promovió la desregulación y la represión indiscriminada, perpetuando las desigualdades y poniendo en peligro los avances sociales y económicos logrados. La verdadera esperanza se construye con propuestas factibles que permitan lograr una sociedad más justa, equitativa y segura en nuestros barrios, de manera social y ambientalmente responsable. Ese es el camino que propone “Unidad por Chile” representada por Jeannette Jara: un camino de transformación basado en acciones concretas y compromiso real con el futuro de todos.
*Jorge Coloma A. PhD es cientista social.
