Parte de la izquierda durante mucho tiempo abandonó la disputa por el sentido de la patria. Esto resultó en que, en la práctica, se le entregara ese lenguaje patriótico a la derecha, actuando como si el compromiso con el país fuera un sentimiento inherentemente reaccionario. Pero aquello fue un error estratégico.
Este abandono, sin embargo, tiene explicación. Durante el siglo XX, el nacionalismo fue instrumentalizado por fascismos, dictaduras y oligarquías para aplastar a los trabajadores en nombre de la unidad nacional. En Chile lo sabemos bien: durante la dictadura cívico-militar se enarboló precisamente esa bandera para la represión a la clase trabajadora. Era comprensible, por lo tanto, que la izquierda mirara con recelo la apelación a la patria. Pero al rechazar el patriotismo, se tendió a confundir el veneno con el antídoto. Porque con eso, la derecha re-interpretó la idea de patria en una clave eminentemente conservadora: la patria como un organismo social, con sus particularismos excluyentes, sobre la base de una herencia cultural exclusiva, mientras naturalizaba y legitimaba la estructura social jerárquica (las asimetrías de clase, regiones, género, etc. se justificarían como parte de una unidad sólida y diferenciada en la idea de patria).
Sin embargo, en la historia realmente existente, el patriotismo no nació como instrumento de opresión y de legitimación de jerarquías. Por el contrario, nació como lenguaje de emancipación. El historiador Maurizio Viroli, en su libro For love of country, lo documenta con claridad: el lenguaje del patriotismo surgió históricamente para defender las instituciones de la libertad común frente a la tiranía, el despotismo y la corrupción. El patriota no amaba una raza, sangre, o territorio particular. Por el contrario, amaba la república, la ley común, el espacio de convivencia libre entre iguales. Sus enemigos no eran los extranjeros, eran los tiranos y los corruptos que traicionaban a su propio pueblo.
En este sentido, el núcleo de la idea de patria no estaba en la defensa de algún particularismo de ninguna especie, sino en la protección de una comunidad política en que todos sus miembros vieran su libertad reflejada en sus instituciones políticas. José Martí lo dijo mejor que nadie: “La patria es dicha de todos, y dolor de todos, y cielo para todos, y no feudo ni capellanía de nadie”. En Martí, por tanto, la patria es el sinónimo de la república de hombres y mujeres libres. Esa patria, por tanto, no es la de los latifundistas ni la de grupos económicos. Es la patria de quienes la trabajan, la habitan y la cuidan. Reclamar esa idea de patria no es populismo vacío, por el contrario, es política.
Aquí entra la república, no como concepto abstracto, sino como la expresión institucional concreta de una patria. La república es la forma natural de una patria democrática porque postula que la soberanía reside en el pueblo, que la ley es igual para todos, que ningún poder privado puede estar por encima del bien común. Donde hay república auténtica, no hay feudos económicos que dicten leyes, ni que hereden el país como si fuera una hacienda familiar. Así, la patria es la antítesis del feudo económico.
Ahora bien, la república no es solo una forma de gobierno: es un programa. Implica derechos políticos (sufragio universal, libertad de organización, separación de poderes, prensa libre) pero también, e indisolublemente, derechos sociales y mecanismos redistributivos de ingresos y propiedad robustos. Porque una república donde el ciudadano muere sin atención médica, donde el trabajador no tiene pensión digna, donde el hijo de una familia pobre no puede acceder a la universidad sin endeudarse, es una república a medias, de papel. Los derechos civiles sin derechos sociales son, en el fondo, privilegios disfrazados de libertad.
A su vez, cuando la república vive asediada por poderes privados cuyas decisiones de inversión rigen la dirección de la economía, y los gobiernos deben adecuar sus programas a sus criterios, la república deja de ser la defensa de lo común, y pasa a ser una república trunca.
Esta es la herencia del republicanismo socialista que la derecha siempre ha intentado borrar: que la ciudadanía plena requiere condiciones materiales. Un pueblo con miedo a su futuro no delibera libremente. Un pueblo sin trabajo digno no participa libremente. La izquierda que defiende la patria defiende exactamente esto: las condiciones para que todos sean ciudadanos reales, no solo nominales.
Pero hay otro elemento que resulta especialmente urgente en los países en desarrollo: una industrialización coordinada desde el Estado. Porque la soberanía política sin soberanía económica es una ficción. Eso lo entendió Salvador Allende prístinamente cuando en 1971 señaló que Chile estaba entrando en una segunda independencia con la nacionalización del cobre, en tanto le devolvía a la república el control sobre su principal resorte económico.
En efecto, un país que no produce, que no transforma sus materias primas, que depende estructuralmente de importaciones tecnológicas y de capitales extranjeros, es un país que no puede decidir su propio destino. Es, en buenas cuentas, una república subordinada. ¿Quién podría negar eso en el contexto geopolítico contemporáneo?
La historia ha sido clara en este respecto. Las grandes transformaciones industriales del siglo XX (Corea del Sur, Finlandia, China, etc.) no ocurrieron por la magia del mercado. Ocurrieron porque el Estado decidió, planificó, invirtió, protegió y dirigió la acumulación productiva hacia sectores estratégicos. La mano invisible no construyó allí ni siderurgias ni semiconductores. Lo hizo la voluntad política de pueblos que decidieron dejar de ser periféricos.
En los países latinoamericanos y del Sur Global, la industrialización coordinada por el Estado es una condición de posibilidad de cualquier proyecto democrático serio. Significa que los recursos naturales, los datos digitales y nuestro trabajo no se van como materia prima o productos de baja complejidad para volver como producto importado complejo. Significa que la energía, la conectividad, la biotecnología y la manufactura son áreas donde el Estado actúa como actor estratégico, y no como espectador que espera que el capital privado se digne invertir. Significa, a fin de cuentas, que la patria tiene proyecto económico.
La izquierda que abandona este terreno cede el asunto del desarrollo al neoliberalismo, que lo promete, pero tras casi cuarenta años, no ha logrado alcanzarlo. En efecto, después de casi casi medio siglo, nuestra estructura productiva prácticamente no ha cambiado, como ha reconocido incluso el actual canciller Pérez. También implica dejarle el tema al nacionalismo de derecha, que lo invoca para proteger a las élites locales y naturalizar relaciones jerárquicas arbitrarias. Ninguna de esas dos opciones sirve al pueblo. Una izquierda patriota y republicana sabe, por el contrario, que la industrialización con justicia social no es una contradicción: es la única forma coherente de desarrollo.
Recuperar la patria, la república y el desarrollo no significa abandonar el internacionalismo ni la solidaridad entre pueblos. Al contrario, solo los países que han resuelto sus propias contradicciones internas pueden ser actores soberanos en el concierto internacional. Un país dependiente no tiene política exterior, lo que tiene, más bien, son instrucciones. Por el contrario, un país industrializado, con ciudadanos empoderados y derechos garantizados, puede sentarse en la mesa de las naciones como igual, no como subalterno.
Entendido esto, la agenda neoliberal del presente gobierno se revela en toda su dimensión antipatriótica. Porque esta no es simplemente una política económica equivocada, es ir demoliendo deliberadamente las bases materiales de la ciudadanía, como han señado Vicente Bustos y Sebastián Winter en su reciente libro Desmontando la motosierra.
Cada privatización de un servicio esencial es una amputación de derechos. Cada recorte al sistema de salud pública es una sentencia de muerte diferida para los que no pueden pagar. Cada reforma que precariza el trabajo erosiona la autonomía del ciudadano frente al empleador. Y es que un Estado enflaquecido no es un Estado libre: es un Estado capturado. Capturado por quienes tienen los recursos para sustituir sus funciones solo para los propios, mientras el resto queda abandonado a la intemperie del mercado. Llamar «libertad» a eso es una de las grandes farsas ideológicas de nuestra época. La libertad sin condiciones materiales es el privilegio de quienes ya tienen todo.
Y cuando ese Estado capturado se institucionaliza, cuando los representantes de las grandes empresas ocupan ministerios, cuando los exdirectivos de grupos económicos diseñan la política económica, cuando los lobistas redactan las leyes, la república no muere de un golpe: se corrompe lentamente hasta volverse oligarquía. La forma se mantiene (hay elecciones, hay parlamentos, hay constituciones) pero el contenido se vacía. En otras palabras, el pueblo vota, pero no decide. Elige entre opciones que el poder económico (que mira más al mercado internacional que a las condiciones de su propia patria) previamente ha aprobado. Los mecanismos de la democracia funcionan, pero en beneficio de una minoría que ha colonizado el Estado desde adentro, y que se preocupa de su propia inserción internacional antes que la consolidación nacional.
Cuando eso sucede, ya no hay una república, lo que hay es un simulacro. Y el primer paso para combatirlo es nombrarlo con precisión.
La izquierda tiene una tarea urgente: reconocer que preparar la ofensiva exige tener proyecto nacional. Y el proyecto, entre otros elementos, debe incluir: una patria organizada como república social, con un proyecto nacional de industrialización y redistribución. Si queremos volver a ser fuerza transformadora, tenemos que asumir esto sin complejos.
*José Miguel Ahumada, académico, fue subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales bajo el gobierno del presidente Gabriel Boric.
