En Chile, el ajuste no se discute: se anuncia. Llega con voz técnica, se ordena en una planilla y se remata con una frase que pretende cerrar todo: “las cifras no dan”. Ahí se baja la cortina. Pero lo que se presenta como destino rara vez lo es. En política económica, lo “inevitable” suele ser una decisión que alguien ya tomó.
Desde la comunicación política, esto tiene nombre y método. No es solo economía: es control del encuadre. Se define el problema de modo tal que la solución parezca única. Se estrecha el lenguaje para estrechar el debate. “Eficiencia”, “optimización”, “eliminar grasa”: términos que limpian la escena y sacan del foco la pregunta incómoda —quién pierde— reemplazándola por una más cómoda —cuánto se ahorra—.
Ahí opera la maniobra central: transformar una decisión en necesidad. Jean-Paul Sartre lo llamó “mala fe”: negar que se está eligiendo, fingiendo que no hay alternativa. En clave comunicacional, es un desplazamiento deliberado: de la política al cálculo, del conflicto a la cifra, de la responsabilidad a la técnica.
El dispositivo es reconocible. Primero, se instala una premisa incontestable (“las cifras no dan”). Luego, se fija un vocabulario que reduce el margen de interpretación. Después, se ordena la información de modo selectivo: se enfatiza el déficit, se diluye el impacto social. Finalmente, se presenta la medida como la única salida razonable. Resultado: la discusión no se pierde, se vuelve imposible.
La investigación contemporánea es consistente en esto: la forma en que se presenta una política determina su aceptación. No es lo mismo decir “recorte” que “eficiencia”. No es lo mismo “reducción de beneficios” que “ordenamiento del gasto”. El cambio semántico no altera la medida, pero sí su legitimidad. Y en política, la legitimidad es la mitad de la decisión.
A eso se suma un segundo recurso: el desplazamiento temporal. Se piden costos inmediatos y se ofrecen beneficios diferidos. Se habla de crecimiento futuro para justificar precariedad presente. Es una promesa eficaz en el papel y débil en la vida real, especialmente para quienes no tienen margen para esperar. La comunicación del ajuste convierte esa brecha en narrativa: hoy duele, mañana compensa. El problema es que ese “mañana” nunca entra en la planilla del que no llega a fin de mes.
El tercer movimiento es más sutil: la autoridad del experto. La voz técnica no solo informa; clausura. Cuando el argumento viene envuelto en lenguaje especializado, la objeción se vuelve sospechosa: discutir parece ignorancia. Así, el experto no impone por la fuerza; desactiva la réplica. No elimina el conflicto; lo deslegitima.
Nada de esto es casual. Es arquitectura comunicacional. Y su efecto es claro: reducir el espacio de lo discutible hasta que la decisión aparezca como obvia. Pero no lo es. No existe una única forma de cuadrar las cuentas. Se puede ajustar por gasto o por ingresos. Se puede proteger a unos o a otros. Se puede distribuir el costo o concentrarlo. Decir que “no hay alternativa” no es rigor: es estrategia.
La planilla no elimina la política. La esconde. La traslada a un lenguaje que parece neutral y la blinda frente a la crítica. Y en ese movimiento, el economista deja de ser analista para convertirse en operador de legitimidad. No decide públicamente; hace que parezca que nadie decide.
Por eso la pregunta central —la única que importa— queda fuera del relato: ¿quién paga? Porque siempre alguien paga. Y mientras esa pregunta no se formule, el ajuste seguirá llegando como destino, no como elección.
Y en esa operación, como advirtió Jean-Paul Sartre, no hay neutralidad.
Hay decisión.
Y demasiadas veces, hay mala fe.
