Kast no es Milei. Su estilo es más pausado, probablemente calibrado para evitar la repulsa que genera una figura como la de su par. Sin embargo, la diferencia es más de forma que de fondo. Ambos comparten una ideología de derecha extrema cuya traducción política, en sus efectos concretos, tiende a la precarización de la vida y al consiguiente riesgo para la convivencia pacífica de la sociedad.
Antes de la asunción del actual presidente, era difícil dimensionar con precisión el alcance de su orientación, en parte porque varios de sus contenidos fueron atenuados u ocultados durante la campaña. No obstante, siguiendo el patrón de gobiernos afines en el mundo -y también a la luz de nuestra propia historia- era posible anticipar sus líneas principales, las que el propio gobierno se ha encargado rápidamente de confirmar. Entre ellas, destaca el intento de retrotraer al Estado en su rol social y desvincularlo de su incipiente papel como actor económico, ambos elementos fundamentales para avanzar en integración social y en un desarrollo económico que la sustente.
En ese marco, las primeras medidas de Kast no resultan sorprendentes. Tampoco lo es que su propósito de fondo sea despejar el camino al gran empresariado y alinear la acción estatal con sus intereses. La emergencia ya ha sido construida; ahora, el paso siguiente consiste en administrarla para justificar una agresiva agenda de restauración.
En esa misma perspectiva busca instalar la idea de que una “gestión rápida”, con menos reglas compartidas y con escasos intermediarios, a menudo presentados como un estorbo, facilita la acción de gobierno. Durante la pasada campaña presidencial esta noción fue apenas esbozada, por ejemplo, al intentar restarle relevancia al Parlamento. Sin embargo, ya en el ejercicio del poder, y con todos los resortes institucionales a su disposición, esa lógica comienza a desplegarse, aun cuando sus decisiones entren en abierta tensión con la realidad social.
A la par, se observa un patrón ya conocido en experiencias comparables, como las de Donald Trump en Estados Unidos, Javier Milei en Argentina o Nayib Bukele en El Salvador: una reconfiguración del equilibrio de poderes sin necesidad de una ruptura formal del orden democrático. El Ejecutivo amplía su margen de acción mediante decretos, estados de excepción u otros mecanismos extraordinarios, mientras los contrapesos institucionales -tribunales, organismos autónomos o congresos fragmentados-son empujados progresivamente a una posición defensiva, bajo la presión de someterse a una lógica de decisión supuestamente más “eficiente” y “rápida”.
En este contexto, el conflicto político, consustancial a toda sociedad democrática, tiende a simplificarse en antagonismos elementales: orden versus caos, gobierno de emergencia versus despilfarro. Sobre esta reducción se busca legitimar decisiones regresivas e incluso irresponsables, muchas de ellas profundamente impopulares y con efectos directos sobre la economía de los hogares. Casos como la eliminación del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO) ilustran cómo estas lógicas terminan trasladando costos a la ciudadanía bajo el argumento de la urgencia.
El problema es que esta forma de gobernar no ha demostrado tener la capacidad para hacerse cargo de los desafíos del “país real”. Por el contrario, tiende a incubar mayores niveles de conflictividad social, no solo por las desigualdades estructurales propias del capitalismo, sino especialmente por aquellas agudizadas bajo el capitalismo neoliberal, cuya expresión en Chile es ampliamente conocida.
En este contexto, el gobierno requiere desmantelar todo rastro del ciclo encabezado por Gabriel Boric, no solo en términos de políticas, sino también en el plano simbólico. Se trata de erosionar ideas solidarias ancladas en políticas universales, precisamente allí donde sigue radicando el eje del conflicto político en el país: la disputa entre la profundización de derechos sociales y la rearticulación del orden neoliberal que hoy se busca reimpulsar.
Ahora bien, que el gobierno no haya logrado copar la agenda pública en su fase de instalación no implica que haya renunciado a ello. En ese escenario, se abre todavía un espacio para que la oposición se ordene en torno a tres propósitos estratégicos.
El primero es concentrar sus energías en aquellos temas que impactan directamente a las familias trabajadoras, particularmente el costo de la vida, golpeado de manera inmediata por el alza de los combustibles y sus efectos en cadena. El segundo, asumir sin ambigüedades la defensa de las conquistas sociales alcanzadas en las últimas décadas, elementos sobre los cuales no sería entendible que hubiera disputas. Y el tercero, avanzar en la construcción de un proyecto político de país que otorgue sentido a esas demandas.
Sobre estos tres ejes existe un amplio espacio de convergencia entre las fuerzas progresistas. La experiencia reciente muestra que no hay contradicción entre la defensa de las conquistas democráticas —cívicas, sociales y políticas— alcanzadas tras la derrota de la dictadura, y la aspiración de superar el capitalismo en una perspectiva de más largo plazo, para quienes nos situamos en ese horizonte.
El punto de fondo, entonces, es si los logros parciales alcanzados antes de la eventual consolidación de este nuevo ciclo se articulan con el desafío de nuestra época -cual es superar el prolongado dominio del capitalismo neoliberal- o si, por el contrario, se limitan a introducir mejoras marginales sobre sus expresiones más extremas. Esa tensión no es indefinida: tarde o temprano, la linealidad se rompe y deja al descubierto una fractura. Es precisamente esa fractura la que lleva consigo la necesidad de superar el orden neoliberal, abriendo la posibilidad de avanzar hacia un nuevo horizonte, en el que la construcción de un Estado social se afirme como expresión de más y mejor democracia.
*Carlos Cerpa Miranda es analista político.
