El debate de la reforma tributaria reactivó un relato que la derecha ha venido construyendo desde el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera y que se vio fortalecido en el marco del estallido social de 2019: la izquierda es una oposición desleal. En términos simples, la hipótesis que plantean es que este sector recurre a todos los medios disponibles para enfrentarse a un gobierno de derecha, sin importar si estos son leales al régimen democrático, recurriendo a recursos extrainstitucionales o torciendo los recursos que la ley provee para oponerse al gobierno.
Esta tesis adquiere distintas modulaciones. Una de ellas es que solo existen movilizaciones sociales durante los gobiernos de la derecha porque la izquierda las azuza, reduciendo la protesta a la acción de agitadores, algo que se ha mencionado, por ejemplo, frente a movilizaciones estudiantiles en marzo. Una extensión de esta tesis plantea que el uso de las herramientas constitucionales de las que actualmente disponen los parlamentarios, tales como la presentación de indicaciones, las interpelaciones o las acusaciones constitucionales serían formas de obstrucción que, en última instancia, buscan socavar el gobierno. De allí que se despliegue un lenguaje moral en contra de los adversarios, calificados de irresponsables por tomar actitudes como esta, cuestionando su compromiso con la democracia.
Se trata de un razonamiento usual y reiterado en la política, usado por los últimos gobiernos, especialmente contra las posiciones menos dialogantes de cada sector político. En ese sentido, en el marco del surgimiento de posiciones más polarizadas en el sistema, hasta cierto punto se comienza a convertir en un argumento normal. Ahora bien, en este caso en particular, conviene tener a la vista la actitud del propio gobierno, quienes en la práctica han eludido el diálogo con la oposición. Generar un entendimiento entre los sectores requiere que el principal actor del proceso legislativo presente algún grado de voluntad de entendimiento, cuestión que hasta ahora el ejecutivo no ha mostrado.
El escenario actual es, incluso reconociendo la responsabilidad de la oposición, el resultado de un gobierno que avanza sin escuchar, al tiempo que la oposición no dispone de herramientas alternativas para plantear sus puntos. De allí que el uso de las facultades parlamentarias aparezca como el único recurso para articular la agencia opositora, lo que sin duda llama a reflexionar con urgencia sobre la restricción del espacio político.
Dicho todo eso, no queda todavía dilucidado el problema de un oficialismo que considera a la izquierda como oposición desleal. Esta convicción nace de un conflicto de fondo sobre las concepciones de la democracia. Aunque en principio es un consenso en casi todos los sectores políticos la lealtad con la realización de elecciones regulares, limpias e informadas, temas como la deliberación pública o la participación ciudadana son focos de división profunda.
Para la derecha, la legitimidad de su acción política proviene únicamente del mandato legal emanado de las urnas. La legitimidad de las ideas del presidente Kast no está puesta a prueba por sus pretensiones de validez en el debate público, sino que goza de superioridad porque fácticamente está mandatado por las urnas. En ese sentido, la contingencia no altera el mandato, de modo que la deliberación democrática es irrelevante para enfrentar los desafíos emergentes propios de la política. Es una forma delegativa de democracia, donde el resto de los puntos de poder del sistema como los órganos autónomos, la oposición o incluso la esfera pública y su circuito informal de circulación son irrelevantes frente al poder delegado sobre el ejecutivo.
Aquí es donde se encuentra la principal diferencia con la izquierda. Todos los partidos de este sector reconocen la legalidad del mandato, su marco amplio de potestades y el legítimo derecho a gobernar de quienes ganan las elecciones. Eso es un piso básico de la democracia. Sin perjuicio de lo anterior, la izquierda posee una visión deliberativa y abierta a la contingencia, pues considera que la legitimidad de la acción en democracia requiere someter a escrutinio los presupuestos sobre los que los gobernantes diseñan sus políticas y orientan el país. No se trata de negar las amplias facultades que el sistema otorga al presidente de la República, sino de comprender que lo propio del mandato de las urnas en democracia es que este se encuentra restringido temporalmente y circunscrito a un conjunto de propuestas. Ganar una elección no significa que quienes gobiernan puedan avasallar a la minoría, saltar instituciones o imponer sus agendas. Al contrario, para la izquierda la democracia requiere ganar posiciones en el debate público, es decir, en el debate social, en el parlamento y en la discusión mediática, mediante la argumentación y la persuasión.
Por eso, cuando surgen protestas o críticas desde distintos sectores, estos son concebidos, desde la izquierda, como actores a ser convencidos o persuadidos, mientras la derecha lee solo un intento de boicot. Mientras unos ven el legítimo derecho a manifestar críticas y presentar alternativas, otros ven ataques a una autoridad ya delegada.
