La derrota electoral del político ultraconservador de Hungría, Viktor Orbán, quien gobernó ese país por un periodo de 16 años, ha empezado a develar algunas facetas hasta hace poco ausentes en el tablero político local. La primera es que su derrota, aun siendo en el contexto de una reconfiguración de fuerzas políticas de derecha, rompe la idea de inexpugnabilidad electoral de estos regímenes y abre una grieta cuyas implicancias inmediatas podrían traspasar las fronteras del continente europeo. Esto porque ahora que empieza a conocerse la red de financiamiento ilegal a organizaciones de ultraderecha con recursos públicos húngaros, que operó en el gobierno de Orbán y en el que aparece implicado el presidente Kast a la cabeza de una de estas organizaciones, la Political Network for Values, se abre una arista impensada para el gobierno de Chile.
Queda claro que la visita a Hungría de Kast antes de asumir el cargo de presidente de la República representó más que una inocente visita protocolar. Orbán y Kast comparten un proyecto político basado en una lógica de construcción institucional y disputa cultural más profunda que hoy se ve tensionado por la dimensión transnacional que ha adquirido la variable “corrupción”. Como se dice en jerga periodística: “noticia en desarrollo” y a un acelerado ritmo que incorpora a cada vez más actores afines al sector gobernante.
Mientras tanto, distintos analistas políticos locales han puesto el énfasis en que las dificultades de instalación del nuevo gobierno se deben a “errores comunicacionales”, que abundan, a no dudarlo, en toda la línea de mando del Ejecutivo. Sin embargo, lo comunicacional, dentro de un contexto en el que el foco es la reducción de impuestos a los superricos, además de otorgarles la friolera de 25 años de invariabilidad tributaria, es de menor importancia, cuando de lo que se trata finalmente es de desmantelar el incipiente rol social del Estado, retrotrayéndolo a la función de garante de intereses privados.
Y todo ello bajo la máscara del crecimiento económico, la seguridad y el fin de la inmigración irregular que fueron los ejes de la campaña presidencial del actual gobernante, pero detrás de la cual se ocultan hondos surcos de la filosofía política de Hayek, Nosik y Friedman. Salvo en Chile, bajo dictadura, no se conocen mayores avances en la aplicación de esa orientación en otras latitudes. Habrá que revitalizar nuestra memoria histórica para concientizar respecto al profundo retroceso que significó esa oscura etapa de nuestra historia reciente.
En la realidad concreta del país de hoy, a casi dos meses de instalación del actual Gobierno, aun no se conocen planes concretos ni una estrategia medianamente definida en materia de seguridad pública, salvo bulladas acciones de marketing.
Con respecto al pomposamente denominado «Plan de Reconstrucción Nacional», ante advertencias de diversos especialistas e instituciones, entre ellas el Consejo Fiscal Autónomo (CFA), que han señalado que, tal como está concebido, el Plan podría generar un déficit fiscal persistente hasta el año 2031, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, dando muestras de su talante democrático, tardó poco en señalar que el Gobierno está dispuesto a implementar su plan económico mediante gestión y decretos si el Congreso rechaza o frena el proyecto de Ley de «Reconstrucción Nacional».
La idea de gobernar por decreto camina a pie firme en el Gobierno. Por eso, ante ese confirmado escenario, no es en absoluto descartable que, dependiendo del resultado de esta primera cruzada, le siga una ofensiva orientada a modificar la estructura institucional del régimen democrático, tal como ha ocurrido en los países gobernados por la ultraderecha en otras partes del mundo. La evidencia existe y la intención ha sido declarada. Sin embargo, avanzar en ese sentido, no depende solamente de la voluntad del Gobierno y sus fuerzas afines. También cuenta el rechazo que generan en amplios sectores ciudadanos las políticas económicas y sociales que el Gobierno busca implementar y el modo en que ese malestar llegue a expresarse políticamente, proceso de construcción que debe tener como precondición estar en consonancia con los sectores sociales mayoritariamente afectados.
Cada vez que el Gobierno de Kast avance en la dirección de su programa económico de restauración, peor será la calidad de vida de amplias mayorías de trabajadores y sectores de las capas medias. En consecuencia, poner el foco en el alza del costo de la vida, las crecientes dificultades para llegar a fin de mes, defender los derechos sociales conquistados o abordar el sobreendeudamiento, representa el modo de avanzar hacia la construcción de una mayoría política y social.
Evidentemente, hay muchos más temas que requieren ser abordados. El propio Gobierno se encarga de generarlos. Pero el esfuerzo central, en este periodo, consiste en agrupar los temas en aquellos más urgentes y dramáticos de cara al invierno que se aproxima.
Puesto todo lo anterior en términos de ciclo político, el actual sigue estando determinado por una profunda disputa cultural, en la que se enfrentan dos concepciones de sociedad y de Estado. Por una parte, un proyecto que subordina la vida social a la lógica del mercado, utilizando al Estado como garante de las condiciones de acumulación y reproducción capitalista, y por otra, uno que concibe al Estado como instrumento de articulación colectiva, con capacidades propias para planificar, regular, redistribuir y proyectar horizontes comunes sustentados en una cultura solidaria y compasiva.
Por último, en la actual coyuntura, la oposición debe evitar caer en la trampa que el sector de la política chilena más obstruccionista quiere tenderle: arrinconarla bajo el cínico eslogan de la “oposición constructiva”, cuando en realidad su único objetivo es conseguir que se apruebe un paquete de reformas en las que se camufla la defensa de los intereses y privilegios económicos del 1% más rico del país y el gran empresariado, a costa de los intereses de Chile, sus clases medias y populares.
La identidad de la oposición se define y construye en la defensa de los intereses concretos de las mayorías sociales, especialmente cuando estos se ven amenazados por un gobierno crecientemente ideologizado.
*Carlos Cerpa Miranda es analista político.
