La primera Cuenta Pública del presidente José Antonio Kast se presentó bajo la épica de la “reconstrucción nacional”. Sin embargo, al examinar sus principales anuncios, lo que emerge no es una arquitectura de cohesión social, sino una política de control severa con quienes dependen del Estado y complaciente con quienes pueden prescindir de él.
En educación, el Gobierno insiste en el binomio “mérito” y “libertad de elección”, proponiendo reformar el sistema de admisión escolar en esa dirección. El problema no es semántico, sino estructural: en Chile, el punto de partida sigue determinado por ingresos, capital cultural y territorio. Cuando esa desigualdad de base se omite, el mérito deja de ser un principio de justicia y pasa a operar como mecanismo de selección social.
Esa lógica se vuelve explícita con el Registro de Vándalos e Incivilidades. La propuesta contempla la eventual pérdida de beneficios como gratuidad, PGU o subsidio de arriendo. La supuesta neutralidad se derrumba en los hechos: quien cuenta con patrimonio no depende de esas prestaciones; quien vive en precariedad, sí. No estamos ante una política universal de responsabilidad, sino ante una forma de castigo social focalizado en los sectores populares.
El proyecto “Escuelas Protegidas” profundiza la misma orientación. Revisión de mochilas, control de pertenencias e intervención policial ante “indicios” trasladan al espacio educativo una racionalidad de sospecha. Frente a la crisis escolar, el Ejecutivo privilegia dispositivos de vigilancia por sobre políticas de convivencia, apoyo psicosocial y fortalecimiento pedagógico. Una escuela no se fortalece cuando se administra como perímetro de riesgo.
En materia fiscal, la contradicción es aún más evidente: se impulsa una reforma que reduce la carga tributaria empresarial (del 27% al 23%) y, en paralelo, se aumenta el endeudamiento público en US$6.200 millones, en un contexto en el que el Consejo Fiscal Autónomo advierte nulas holguras y deuda cercana al umbral prudente. Menos recaudación estructural y más deuda no constituyen responsabilidad fiscal: constituyen traslado de costos.
El cuadro general es nítido: no se está reconstruyendo un pacto social, sino consolidando un orden de clases.
*Maximiliano Andrade Reyes es secretario regional del Frente Amplio de O’higgins.
