Una amiga me dijo hace unos días una frase que se me quedó dando vueltas: «Al paso que vamos, le van a poner impuesto a la felicidad».
Nos reímos, como quien necesita hacer catarsis para no desesperarse. Pero después pensé que quizás no había tanto de qué reírse.
Porque un país no se desalienta por una sola mala noticia, sino por la acumulación de señales que amenazan aquello que creíamos conquistado. Entre las rebajas del Presupuesto 2027, la incertidumbre sobre el futuro de PRODEMU, la eliminación del financiamiento de Yo elijo mi PC, el recorte de los fondos destinados a la investigación y las universidades, se instala la sensación de que una institucionalidad ya frágil puede desarmarse en pocos meses. A esto se suma la renegociación de las concesiones de autopistas, que obliga a preguntarse cuánto cuestan realmente los alivios de hoy y quién pagará mañana.
Este gobierno nos puede salir demasiado caro. Y no hablo solamente de plata.
Detrás de cada partida presupuestaria hay personas y oportunidades: una mujer que encuentra en PRODEMU una posibilidad de autonomía; un estudiante que accede a un computador; una familia que espera que el Estado busque a un detenido desaparecido; un investigador que necesita condiciones para producir conocimiento.
Los derechos no viven solamente en las leyes. Viven también en la certeza de que estarán mañana.
Y aquí es inevitable volver al 18 de octubre de 2019. Aquel día no nació de la nada. Detrás de la protesta por el alza del transporte se acumulaban años de malestar, desigualdades y promesas incumplidas. «Hasta que la dignidad se haga costumbre» expresó una aspiración que desbordaba cualquier programa político: vivir mejor, recibir un trato justo y dejar de sentir que el esfuerzo de toda una vida no alcanzaba.
El camino posterior estuvo marcado por la violencia, las divisiones y dos procesos constitucionales fallidos. Pero las preguntas que originaron aquel malestar no desaparecieron con sus desenlaces.
¿Qué ha pasado con esa promesa de dignidad? ¿Cómo llegamos a un momento en que derechos y políticas que parecían conquistas consolidadas vuelven a sentirse amenazados?
Quizás una de las mayores derrotas sea acostumbrarnos a que todo puede retroceder, que nada está garantizado y que imaginar un futuro mejor se ha vuelto casi un acto de ingenuidad.
Porque el problema no es solo lo que se recorta hoy. Es lo que ocurre cuando dejamos de creer que avanzar es posible.
Por supuesto, el gasto público debe evaluarse y los recursos no son infinitos. Pero ahorrar no puede convertirse en un argumento suficiente para debilitar políticas sin explicar sus consecuencias ni ofrecer alternativas. Evaluar no es olvidar para qué se creó una política pública; ahorrar tampoco debiera significar olvidar para quién se ahorra.
Y aquí aparece una pregunta incómoda para la izquierda: ¿cómo se reconstruye la esperanza cuando las promesas de transformación no han conseguido disipar la incertidumbre cotidiana? No basta con enumerar los retrocesos ni con indignarse. La catarsis no nos basta.
La gente necesita seguridad, salud, educación, trabajo y la certeza de que el esfuerzo tendrá sentido. Necesita que los derechos se traduzcan en una vida mejor, no que permanezcan como promesas o consignas.
Tal vez por eso Michelle Bachelet reaparece en el imaginario de algunos como una figura maternal, una memoria afectiva de una política que hablaba de protección, derechos y dignidad; que intentaba decirle a la gente común: el Estado también está para ti.
Pero la esperanza no puede depender de una persona ni de la nostalgia. La izquierda debe dar razones para creer otra vez. Y eso exige responder una pregunta sencilla y brutal: ¿para qué queremos el Estado? ¿Para administrar la escasez o para garantizar que una niña nacida en una familia pobre tenga oportunidades que su madre no tuvo?
No se trata de defender cada programa por el solo hecho de existir, sino de evaluar qué necesidad resuelve y qué perdemos cuando desaparece. Tampoco basta con denunciar lo que otros eliminan: hay que proponer qué construir, cómo financiarlo y cómo hacerlo mejor.
Porque la felicidad pública no consiste en que el Estado nos haga felices. Consiste en algo más modesto y profundo: tener la certeza de que mañana puede ser mejor que hoy.
Quizás esa era, en el fondo, una de las aspiraciones que recorrían las calles en octubre de 2019. No todos querían lo mismo ni compartían una sola salida, pero había una demanda persistente por una vida más digna y menos incierta.
Hoy, cuando tantas personas sienten que los derechos pueden retroceder y que el futuro vuelve a estrecharse, la pregunta sigue abierta: ¿qué hicimos para que tanta gente dejara de creer? ¿Y qué estamos dispuestos a construir para que vuelva a encontrar razones para hacerlo?
Porque el costo de la desesperanza no aparece en una planilla presupuestaria. Se acumula en la desconfianza, en la distancia con las instituciones y en la convicción de que nada puede cambiar.
Y quizás, al final, mi amiga tenía razón en algo: al paso que vamos, terminarán poniéndole impuesto a la felicidad.
Pero la esperanza no se exige ni se declama. Se construye. Y se demuestra.
