El 19 de octubre el Gobierno ingresó a la Cámara el proyecto que modifica la Ley 20.405 que creó el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). La exposición de motivos invoca el informe de la Comisión Asesora Presidencial para el Fortalecimiento del INDH y presenta la iniciativa como la ejecución de un acuerdo transversal. El ministro Fernando Rabat llegó a decir que, como el proyecto descansa en un informe nacido de la Ley de Presupuestos 2025, no debiera complicar la relación con la oposición.
Quien lea el articulado con el informe abierto al lado verá que el Gobierno tomó prestado el nombre de la Comisión y dejó fuera casi todas sus propuestas.
La comisión nació de un acuerdo entre el Congreso y el gobierno anterior para sacar al INDH de la pelea presupuestaria de cada año. Su encargo fue proponer reformas ajustadas a los Principios de París, el estándar de Naciones Unidas para las instituciones nacionales de derechos humanos. Tuvo ocho integrantes: cuatro designados por el presidente Boric, dos por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara y dos por la del Senado. Durante meses recibió a organizaciones sociales, universidades y organismos internacionales, y en junio de 2025 entregó 44 recomendaciones, 42 de ellas aprobadas por unanimidad. Pocas veces en Chile se ha logrado algo parecido en materia de derechos humanos.
Entre sus propuestas figura dar al INDH rango constitucional como órgano autónomo, con autonomía presupuestaria, una de las pocas que no reunió unanimidad. El Consejo debía estar integrado mayoritariamente por personas de la sociedad civil y de la academia, y el presidente de la República dejaría de designar consejeros. Las designaciones tendrían que ser transparentes y públicas, con experiencia acreditada en derechos humanos. Una dirección ejecutiva se haría cargo de la gestión, separada de la conducción estratégica. Y las sedes regionales, el Consejo Consultivo y la capacidad de acción judicial del instituto debían fortalecerse.
El proyecto del Ejecutivo reduce el Consejo de once a cinco integrantes. Las organizaciones sociales ya no eligen: proponen una nómina de la que el presidente de la República escoge a dos, que luego ratifica el Senado, y si la nómina no llega en treinta días hábiles, el presidente puede prescindir de ella. Otros dos consejeros los nombra la Cámara. El texto contempla además el cese anticipado del Consejo actual y un consejo transitorio designado por el Ejecutivo. La facultad de querellarse se reemplaza por la de denunciar. El único domicilio legal del instituto queda en Santiago, y el informe financiero proyecta reducir a la mitad el personal de las sedes regionales y en un 70% a los abogados de la Unidad de Protección de Derechos.
Comparado con el informe, el proyecto lo contradice en lo principal. Donde la Comisión quería alejar al presidente de la República de las designaciones, el texto le entrega buena parte del Consejo y, mientras dure la transición, el Consejo entero. Las sedes regionales, que el informe pedía reforzar, quedarían con la mitad de su personal y la acción judicial, que debía robustecerse, desaparece. La dirección ejecutiva es la única propuesta de peso que el gobierno recogió y por sí sola sirve para administrar con más orden un instituto con menos atribuciones.
El gobierno ha defendido el proyecto con tres argumentos que tienen eco fuera de La Moneda.
Rabat sostiene que la sociedad civil está mal representada en el INDH y que el instituto tiene “un tinte de izquierda”. Si de verdad le preocupara el pluralismo, tendría a mano la fórmula de la comisión: convocatorias abiertas, audiencias públicas, requisitos de idoneidad y ningún consejero nombrado por el gobierno de turno. El proyecto hace lo contrario y corrige un supuesto sesgo dándole más peso al Ejecutivo sobre el órgano que debe vigilarlo. Ese diseño choca además con la independencia que exigen los Principios de París, de la que depende la acreditación internacional del instituto.
Luego está la eficacia de las querellas. Ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, el ministro afirmó que de 3.263 querellas presentadas por el estallido solo 68 tuvieron “algún destino”, y ofreció la cifra como prueba de abuso. En Chile, sin embargo, quien se querella no dirige la investigación ni decide si una causa se archiva; eso le corresponde a la Fiscalía. Los números de la propia Fiscalía apuntan al sistema completo: de las 8.508 causas por violencia institucional abiertas durante el estallido, en 2023 solo 31 habían terminado en sentencia condenatoria, y miles se archivaron provisionalmente por falta de pruebas o porque no se ubicó a las víctimas.
Las dos series no se construyen igual, pero la comparación basta para mostrar que el rendimiento del INDH no está por debajo del promedio del Estado, y es probable que lo supere. Cuando un disparo de perdigones queda sin autor identificado, lo que falló fue la investigación. El argumento oficial termina además volviéndose contra sí mismo: si la justicia no avanza, sacar del proceso al único actor institucional que puede oponerse a un archivo, pedir diligencias y empujar una acusación solo empeora las cosas. Con la denuncia que propone el proyecto, el caso queda en manos de la misma Fiscalía que archivó miles de causas y la víctima pierde su contraparte técnica.
El tercer argumento es la exclusividad penal. Si el Ministerio Público tiene la acción penal por mandato constitucional, pregunta el ministro, ¿qué hace el INDH querellándose? Con esa lógica habría que quitarle la misma facultad al Servicio de Impuestos Internos, al Consejo de Defensa del Estado, a Aduanas, a la Dirección del Trabajo, a los municipios y a la Fiscalía Nacional Económica, cosa que nadie propone. El legislador entrega esa herramienta a órganos especializados porque sabe que la Fiscalía no alcanza a cubrirlo todo.
Algo de razón tiene el Gobierno. Hubo querellas mal fundadas y el INDH no siempre explicó con criterios públicos por qué se querellaba. Para eso existen los controles: la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara aprobó en general, en septiembre, una moción que eleva las exigencias para presentar querellas sin eliminar la facultad. El gobierno tenía ese camino disponible y prefirió otro.
El contexto ayuda a entender esa preferencia. Las bancadas de la UDI y del Partido Nacional Libertario pidieron por carta al ministro eliminar el INDH mediante un proyecto de ley. Y el mismo gobierno que hoy propone quitarle las querellas ha indultado a uniformados condenados por hechos del estallido. Primero se perdona a los condenados; después se desarma a quien podría llevar a los próximos ante un tribunal. El resultado es un Instituto que ya no incomoda a quienes tienen poder.
El Congreso tiene a mano una alternativa elaborada. El informe de la Comisión es la única hoja de ruta que construyeron juntos expertos designados por el Ejecutivo y por ambas cámaras, y debería ser la base de la discusión. La facultad querellante ante graves violaciones de derechos humanos tiene que mantenerse, con criterios públicos, decisiones fundadas y rendición de cuentas sobre su uso. La sociedad civil y las universidades deberían elegir directamente a la mayoría del Consejo, mediante convocatorias abiertas y audiencias, sin designaciones presidenciales. El cese anticipado y el consejo transitorio tendrían que salir del texto, y la ley debería asegurar una partida presupuestaria propia que impida vaciar las sedes regionales. La dirección ejecutiva por Alta Dirección Pública y las nuevas obligaciones de transparencia pueden aprobarse sin mayor discusión, y el rango constitucional queda como tarea pendiente. Si lo que preocupa es que las causas de derechos humanos no prosperen, lo razonable es reforzar la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía.
Con voluntad política y convicción democrática, el INDH se puede fortalecer. El trabajo técnico existe y lo firmaron personas de distintas sensibilidades. Le corresponde al Congreso decidir si legisla a partir de ese acuerdo o de la versión que hizo el gobierno.
Fuentes
Ministerio del Interior: entrega del informe de la comisión (25 de junio de 2025)
La Tercera: composición de la comisión y rango constitucional
Emol: el gobierno ingresa la reforma al INDH
Emol: Rabat y las querellas del estallido
CIPER: Fortalecer o neutralizar
El Mostrador: Reformar el INDH para desproteger a quienes más lo necesitan
CIPER 2023: balance penal del estallido
24horas: Rabat y el “tinte de izquierda”
*Alvaro Ramis es presidente del Centro de Estudios Territorio y Comunidad.
