Hace apenas unos días, el 8 de octubre, vimos con nuestra propia mirada lo que significa vivir el cambio climático en nuestras calles: el aluvión que arrasó el sector de San Carlos de Apoquindo, en Las Condes, dejó cientos de familias damnificadas, casas dañadas y calles cubiertas de barro y escombros. No es una amenaza lejana: ya está aquí. Y justo cuando los fenómenos extremos se vuelven más frecuentes, el proyecto de presupuesto 2027 enviado por el Gobierno del presidente Kast decide recortar drásticamente los fondos para prevención y mitigación climática. Esto no es solo ajuste de gasto: es la expresión clara de una postura de negacionismo frente al cambio climático, propia de la ideología de la ultraderecha que lo sustenta.
Los recortes empiezan por las políticas de mitigación: el Ministerio de Energía elimina por completo los programas de transición energética justa y apoyo a energías renovables no convencionales, abandonando el camino para reducir las emisiones que calientan nuestro territorio. El Ministerio del Medio Ambiente pierde casi el 60 % de los recursos destinados a cumplir los compromisos internacionales sobre cambio climático; también se suprime la línea de implementación del Acuerdo de Escazú, el instrumento que garantizaba el derecho de la ciudadanía a conocer y participar en las decisiones sobre riesgos climáticos. En Obras Públicas desaparece el financiamiento para infraestructura de resiliencia, y en Agricultura se cortan los apoyos para que pequeños productores se adapten a las sequías que ya arruinan sus cosechas.
Pero donde el retroceso es más alarmante es en el SENAPRED (ex ONEMI): las líneas de monitoreo, alerta temprana y planificación de riesgos asociados al clima sufren un recorte del 30,6 %. El sistema de sensores y estaciones de medición que nos avisa de aluviones o incendios pierde casi el 44 % de su presupuesto específico. A esto se suma el ajuste de mayo de 2026, que no se repone: menos mantenimiento de equipos, menos visitas a territorios de riesgo, menos talleres para preparar a vecinos y vecinas que viven en zonas de peligro. Lo que vivimos en Las Condes es exactamente lo que queríamos prevenir: cuando se reduce la vigilancia y la preparación, las comunidades quedan más expuestas.
Los argumentos de austeridad no son más que una excusa: detrás de estos recortes hay una decisión ideológica que minimiza la amenaza climática. Recortar la prevención no es ahorrar, es trasladar el costo a las familias que luego pierden sus casas, sus cultivos o incluso sus vidas. Ya vemos cada año que las emergencias obligan a gastar millones en reconstrucción, cuando esos mismos recursos podrían haberse invertido para evitar o reducir los daños. Este presupuesto demuestra que para este Gobierno el cambio climático no es una amenaza prioritaria, sino un tema que se puede relegar o invisibilizar.
Aún estamos a tiempo: el Congreso puede corregir estas decisiones. Las organizaciones ambientales, las comunidades y la ciudadanía exigimos que se restituyan los fondos para mitigación climática y para la prevención de desastres en el SENAPRED. No podemos seguir esperando a que pase la catástrofe para reaccionar. El presupuesto debe ser una herramienta de protección, no de abandono.
Nota de la autora: este texto refleja mi perspectiva sobre el proyecto inicial de Presupuesto 2027; las cifras definitivas dependerán de las modificaciones que se introduzcan durante su tramitación parlamentaria. Existen también posturas contrapuestas: quienes defienden el proyecto afirman que se trata de ajustes de gasto general y no de una postura de negacionismo climático.
*Marcela Mella Ortiz es activista socioambiental, codirectora de la Red de Comunidades de América del Sur Afectadas por las Instituciones Financieras Internacionales (IFIs) e integrante del Colectivo Mujeres en Resistencia, Chile.
