Durante los meses y días previos a la presentación del Presupuesto Nacional 2026, el discurso hegemónico de la oposición había apuntado a una reducción presupuestaria, una fuerte austeridad y recortes del gasto público.
Kast ha realizado la propuesta de una reducción de 6 mil millones de dólares en 18 meses, la que hasta ahora no ha sabido explicar. No se puede realizar un recorte de esa magnitud sin afectar beneficios sociales y más específicamente el alza de la PGU. Por su parte, Matthei ha presentado la propuesta de una reducción de 2 mil millones de dólares, más moderada que la de Kast, pero que igualmente podría significar recorte de políticas sociales, y el cierre de programa y organismos públicos.
El presidente Boric presentó un presupuesto de crecimiento moderado, 1,5 %, por debajo del crecimiento estimado del PIB en 2026 (2,5%), pero en el que la responsabilidad fiscal no perjudica ninguno de los objetivos sociales comprometidos por el gobierno. Como el propio discurso del presidente lo señaló al presentar el presupuesto nacional: la responsabilidad fiscal solo tiene sentido para proteger el gasto social presente y futuro. Con ello marcó una diferencia importante con la derecha que en tiempos de “vacas flacas” solo apela a la austeridad fiscal y al recorte de programas sociales.
En este presupuesto los énfasis están puestos en salud, vivienda, pensiones, educación y cultura, cuyas partidas crecen. Seguridad no crece, pero en los 4 años de este gobierno la inversión ha crecido sobre el 35% (en los cuatro años de Piñera decreció en O, 5 %). Ningún objetivo social relevante se ve afectado o desfinanciado. Hay reasignación de recursos y se apela a recursos nuevos provenientes del royalty a la minería privada y la ley de cumplimiento tributario. No cabe duda que a este gobierno le penó no haber podido sacar adelante su reforma tributaria, con lo cual podría haber desplegado políticas sociales de mayor calado y profundidad.
Hasta ahora la oposición ha centrado sus críticas en la alusión del presidente de la República a la inviabilidad financiera de la propuesta de la extrema derecha de recortar 6 mil millones de dólares en 18 meses. Se ha cuestionado si ello no significa una intervención electoral. Lo cierto es que es parte del legítimo debate en el marco presupuestario, y del deber de informar a la ciudadanía lo que significa un gobierno de Kast para los derechos sociales y, en particular, para el reajuste de la PGU.
El tono beligerante de la oposición frente a la presentación del presupuesto 2026 era esperable. El presupuesto estará en el centro de las campañas presidencial y parlamentaria.
La propuesta de presupuesto para el próximo año presentada por el gobierno comunica también que no da lo mismo quien gobierna: un gobierno que ponga por delante la protección social y considere la responsabilidad fiscal al servicio del bienestar de las personas, o un gobierno que nos retrotraiga a políticas de austeridad donde el peso del ajuste se ponga en los hombros de las clases trabajadores y sectores medios.
Se viene un arduo debate parlamentario en torno al presupuesto 2026. Quizás uno de los más difíciles desde el retorno de la democracia. Preservar el énfasis y el contenido social del presupuesto es lo que estará finalmente en juego.
