El gobierno de Chile durante el año 2023, en el marco de la conmemoración de los 50 años de la dictadura civil-militar, propuso que cada región tuviera a lo menos un sitio de memoria declarado como monumento histórico por el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN). Una cantidad importante de expedientes compuestos por fotografías, documentos judiciales, recortes de periódicos, entrevistas, entre otras pruebas, creados e impulsados por diversas agrupaciones y organizaciones de derechos humanos, estuvieron archivados por años sin ser revisados y puestos en tabla para su aprobación o rechazo.
En el gobierno anterior hubo poca voluntad política en esta materia.
La propuesta según relata la subsecretaria del Patrimonio Cultural, Carolina Pérez Dattari, era poner suma urgencia a estos trámites.
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