Existen diversos escritos y conferencias que han pronosticado la caída del neoliberalismo, especialmente a partir de la crisis financiera de 2008 originada en el colapso del mercado inmobiliario y del sector de la construcción en Estados Unidos, y que luego se transformó en una crisis global.
Sebastián Edwards anticipaba esta caída —el downfall del neoliberalismo— en la versión original en inglés de su libro El Proyecto Chile (2024). Sin embargo, más que una desaparición total, lo que ocurrió fue una profunda crisis de legitimidad de los principios económicos que sostenían la autorregulación del mercado como el mecanismo más eficiente para asignar recursos y fomentar el desarrollo, además de la reducción de las funciones del Estado en la economía, asignándole un rol subsidiario.
No obstante, frente a la crisis, fue precisamente el Estado el que tuvo que intervenir para rescatar la economía. Organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial se vieron obligados a reconsiderar la ortodoxia neoliberal. Promovieron la intervención estatal por sobre el principio de austeridad, reconocieron que la desigualdad afecta la productividad y apoyaron ciertos niveles de regulación en los mercados financieros.
Así, la fundamentación económica del neoliberalismo entró en crisis. Sin embargo, no ocurrió lo mismo con su dimensión ideológica: conceptos como el «capital humano» de Gary Becker, la «teoría de la elección pública» de James Buchanan, o el individualismo y la crítica al sindicalismo de Friedrich Hayek continúan influyendo en el pensamiento económico y político contemporáneo.
Capital humano: su interiorización
Años atrás, en un plenario del Partido Socialista, un dirigente y sociólogo planteaba una serie de propuestas para gestionar el “capital humano” e influir en la formación partidaria. Era extraño que, en un partido orientado al bien común, a políticas sociales, no hablara de militantes, de fuerza de trabajo, de asalariados o de otros conceptos propios de su tradición.
No sería un problema si este uso del concepto fuera una expresión individual, pero pareciese que este ha sido interiorizado como producto de una formación también universitaria que ha influido generaciones tras generaciones con contenidos ideológicos neoliberales. Además, sin preguntarse por sus orígenes teóricos.
Incluso más, esto se ha institucionalizado. Para muestra, se les invita a abrir la página web de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo: https://anid.cl/ . En sus llamados a concurso por áreas aparece en primer lugar “Capital humano”.
Antes del golpe de Estado en Chile y mientras orientaban el desarrollo de los países teorías que buscaban un Estado protector, benefactor o desarrollista, se preparaba una contraofensiva militante, ideológica financiada por grandes empresarios y comunicada por las aulas, por las universidades, como la de Chicago y algunos medios cooptados. Se concentraron en recuperar el rol del mercado y para ello debían fortalecer conceptos que pusieran al individuo como eje central del desarrollo de los países. Uno de esos conceptos es el de “capital humano”.
Gary Becker (1930-2014), profesor, entre otras universidades, de la de Chicago y representante del neoliberalismo expresaba su interés en vincular la economía con las ciencias sociales. A través de varios escritos buscaba la relación entre costo y beneficio, como, por ejemplo, para delinquir, elegir a su pareja y casarse, en el divorcio, tener hijos y especialmente en la educación.
Al abordar el factor educativo desde una perspectiva económica, Gary Becker plantea en su obra Capital humano (1962) un enfoque centrado en el análisis costo-beneficio. Según esta visión, la educación se concibe como una inversión individual orientada a maximizar beneficios futuros, tales como mayores ingresos, productividad y empleabilidad. Becker asume que las personas toman decisiones educativas de manera racional, evaluando los costos presentes frente a los retornos esperados. No obstante, esta postura aísla el fenómeno educativo de su contexto social y omite las múltiples condiciones estructurales —como la desigualdad de origen, el acceso diferencial a oportunidades y los efectos del modelo neoliberal— que inciden en la capacidad real de los individuos para elegir libremente su formación.
La Teoría de la Elección Pública (TEP) y el desprestigio de la política
Esta teoría, desarrollada por James Buchanan (1919–2013), aborda la política y las decisiones públicas desde una perspectiva económica, aplicando principios similares a los que rigen el mercado. Como exponente del pensamiento neoliberal, Buchanan rechaza la noción de que los políticos actúen guiados por el interés público o el bien común. En cambio, sostiene que, al igual que cualquier otro individuo, los actores políticos responden principalmente a sus propios intereses. Como los políticos detentan el poder público, a diferencia a otros actores económicos y sociales, estos “tratan de maximizar su utilidad mediante el uso de los recursos públicos, leyes, permisos, impuestos, contratos, gastos” (F. Escalante, Neoliberalismo, 2016, p.80).
Desde esta premisa, Buchanan plantea que es necesario establecer límites estrictos al accionar del Estado. Para evitar abusos de poder y decisiones que favorezcan intereses particulares bajo el pretexto del bien común, propone reducir el ámbito de intervención estatal y restringir constitucionalmente sus funciones. Así, la Constitución no solo organiza el poder, sino que actúa como un mecanismo de control que impide su expansión arbitraria, garantizando un marco normativo que prioriza la libertad individual frente a la discrecionalidad política.
Desprotegiendo al pueblo a través de la promulgación de una Constitución y de sus respectivas leyes abre el camino a una captación del Estado por un mercado -presentado como un ente abstracto y neutral- obviando que está dominado por grandes consorcios económicos. Esta visión oculta que detrás del funcionamiento del mercado existen grupos empresariales con poder concentrado, que ejercen influencia directa en la toma de decisiones políticas.
En el caso chileno, este fenómeno se ha manifestado con claridad. La derecha económica ha mantenido estrechos vínculos con el poder político, particularmente a través del llamado «Sanhattan»(A. Tromben, I. Schiappacasse, Todo Legal, 2021) o el núcleo financiero de Santiago que concentra a las principales élites empresariales del país que dirigen la legalidad a través de sus lobbies. Un ejemplo evidente fue la administración de Sebastián Piñera, donde altos cargos del gobierno —ministros, subsecretarios y asesores— provenían directamente del mundo empresarial o del sector financiero. Este entrelazamiento entre política y negocios generó cuestionamientos sobre conflictos de interés y sobre la capacidad del Estado para actuar de manera autónoma frente a los grandes grupos económicos (E. Román, Neoliberalismo en Chile, 2024, pp.292 y sig.).
Así, la TEP, al enfocarse exclusivamente en los incentivos y decisiones individuales de los actores públicos, pasa por alto cómo las élites económicas influyen estructuralmente en el Estado, distorsionando tanto la competencia política como la eficiencia del mercado que supuestamente defiende.
En este contexto, la TEP, al enfocarse exclusivamente en los incentivos individuales de los actores públicos, pasa por alto cómo las élites económicas logran influir estructuralmente en el Estado, capturando la toma de decisiones públicas para beneficio propio. De este modo, el modelo de Estado mínimo que promueve la TEP no solo reduce la capacidad del aparato público para fiscalizar o intervenir cuando es necesario, sino que facilita la penetración de intereses privados en la esfera pública, distorsionando tanto la competencia política como la eficiencia del mercado que supuestamente defiende.
En lugar de mitigar la corrupción, el marco institucional promovido por la TEP tiende a reforzar las desigualdades de poder y a legitimar la captura del Estado por parte de élites económicas. En este sentido, la corrupción no se presenta como una anomalía, sino como un resultado previsible de estructuras institucionales diseñadas para beneficiar a ciertos grupos bajo el amparo de reglas «neutrales» que ignoran las asimetrías reales del poder económico y político.
Hayek referente
Friedrich Hayek (1899–1992), economista austríaco y figura clave del neoliberalismo, ha influido profundamente en la cultura política contemporánea. Incluso después de la crisis de legitimidad de este modelo, sigue siendo uno de los principales exponentes de una ideología neoliberal que muchas personas han interiorizado.
Junto con Gary Becker y James Buchanan, Hayek ayudó a consolidar un marco ideológico neoliberal que se reproduce socialmente, muchas veces de forma inconsciente, promoviendo valores como la competencia individual, la meritocracia y la desconfianza hacia lo público. Estos principios persisten incluso en contextos donde el neoliberalismo ha acentuado la desigualdad y precarizado a los sectores más vulnerables.
En su obra Camino de servidumbre (1944), Hayek criticó la planificación estatal por su potencial totalitario y defendió la libertad individual como pilar fundamental. En Individualismo y orden económico (1948), afirmó que la autonomía frente al Estado era clave para un funcionamiento adecuado del mercado, desestimando la solidaridad como forma de organización social.
Proponía un Estado mínimo, cuyo único rol debía ser garantizar un marco legal para la libertad individual y la cooperación voluntaria, rechazando políticas que buscaran la igualdad forzada. En línea con esta visión, también criticó a los sindicatos, argumentando que distorsionaban el libre mercado y generaban privilegios indebidos mediante su influencia en las políticas estatales.
El gran desafío progresista
Si bien los cambios estructurales neoliberales nos transformaron las formas de pensar y organizarnos, el primer desafío lo enfrentamos en el nivel partidario y organizacional, y consiste en dignificar la política. La idea que proponemos es reivindicar el vínculo entre pueblo y Estado. Para ello, es urgente recomponer la relación entre dirección y base a través de estructuras participativas y recuperación del pensamiento crítico. Para lograrlo es necesario recuperar el rol de una formación cívica que entregue orientación sobre nuestros derechos y deberes en una democracia que establezca como prioritario la superación de la desigualdad.
Más allá de lo partidario, se requieren reformas profundas en áreas clave como salud, previsión y educación, incorporando principios de solidaridad y justicia social. A esto debe sumarse una batalla ideológica que confronte el individualismo dominante y que reivindique experiencias históricas de organización colectiva, como la tradición sindical expresada en la creación de la Central Única de Trabajadores (CUT) en 1953. Esta experiencia articulaba demandas laborales con un proyecto político más amplio, que extendía su accionar reivindicativo y político hacia la población asalariada, sus familias y otras expresiones populares, en un afán de democratizar la sociedad y ganar en equidad.
Si es acertada la hipótesis de que las ideas de Hayek, Becker o Buchanan han sido interiorizadas como sentido común —naturalizando el individualismo y despolitizando la vida pública—, entonces se vuelve urgente disputar ese modo de pensar oligopólico. Dignificar la política significa, en este sentido, recuperar su dimensión ciudadana, ética, y su vocación por el bien común, combatiendo tanto la corrupción como la hegemonía neoliberal que la alimenta.
En paralelo, se impone la necesidad de un nuevo modelo de desarrollo que permita una adaptación transformacional frente a los efectos del cambio climático, intensificados por la desregulación neoliberal y su impacto en la equidad. Según el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2), este tipo de adaptación no se limita a la adaptación frente a catástrofes específicas, sino que busca transformar profundamente el funcionamiento de nuestras sociedades en sus modos de producción y consumo. Esto implica repensar nuestras formas de gobernar, innovar en las ideas y hasta revisar los valores y estrategias que guían nuestras decisiones.
En suma, el desafío es cultural y político: se trata de transformar una hegemonía impuesta y asumida, que moldea tanto las instituciones como nuestras prácticas cotidianas. Es necesario desmantelar los relatos individualistas promovidos por los grandes medios, que refuerzan la sensación de desprotección y alimentan salidas autoritarias. Hoy asistimos a una peligrosa convergencia entre discursos que evocan soluciones fascistas y la defensa autoritaria de un neoliberalismo que ha demostrado ser incapaz de garantizar bienestar y equidad.
El camino hacia una sociedad más justa, democrática y resiliente exige una transformación profunda en múltiples planos: político, ideológico, institucional y cultural. Dignificar la política, recuperar lo colectivo y repensar nuestro modelo de desarrollo no son tareas menores, sino condiciones necesarias para enfrentar los desafíos actuales y construir un futuro más equitativo y sustentable.
*Jorge Coloma Andrews es Cientista Social y doctor en Filosofía.
