Durante décadas se nos prometió que el acceso al crédito era sinónimo de libertad. Tarjetas, préstamos e hipotecas aparecieron como herramientas para alcanzar la anhelada clase media. Comprar una vivienda, financiar estudios o acceder a bienes de consumo era presentado como el camino hacia el progreso individual. El éxito dejó de medirse por la ampliación de derechos sociales y comenzó a definirse por la capacidad de consumo. Poco a poco, el ciudadano fue reemplazado por el consumidor.

Sin embargo, para millones de personas esa promesa terminó convirtiéndose en una nueva forma de dependencia. La esclavitud moderna ya no utiliza cadenas visibles ni amos identificables. Se expresa a través de la deuda, los salarios insuficientes y la obligación permanente de trabajar para pagar compromisos financieros que parecen no terminar nunca. Lo que se presentó como libertad terminó generando una relación de subordinación silenciosa entre las personas y el sistema financiero.

La expansión del crédito no ocurrió por casualidad. En gran medida vino a ocupar espacios que antes correspondían al Estado. Cuando la vivienda, la educación, la salud o incluso necesidades básicas dependen crecientemente de la capacidad de pago, la deuda deja de ser una herramienta financiera para transformarse en una condición de acceso a derechos. Allí donde el Estado se retira, el crédito aparece como sustituto. Y lo que debería garantizarse colectivamente termina siendo financiado individualmente.

Las consecuencias de este modelo son visibles. Mientras las grandes fortunas continúan acumulando riqueza, millones de familias sobreviven atrapadas entre el endeudamiento y el aumento constante del costo de la vida. Una enfermedad, la pérdida del empleo o una crisis económica pueden derrumbar en pocos meses proyectos construidos durante años. La seguridad económica prometida por el mercado resulta muchas veces más frágil de lo que parece.

Por eso resulta necesario cuestionar uno de los relatos más repetidos de las últimas décadas: la existencia de una amplia y consolidada clase media. Detrás de esa imagen encontramos millones de personas que sostienen su nivel de vida mediante créditos, refinanciamientos y deudas de largo plazo. Más que una sociedad de clase media, Chile parece avanzar hacia una sociedad profundamente desigual, donde una pequeña élite concentra riqueza y poder, mientras amplios sectores viven bajo una permanente incertidumbre económica.

La servidumbre por deuda no solo tiene consecuencias materiales. También tiene efectos políticos y culturales. Una persona preocupada de llegar a fin de mes, de pagar cuotas o de evitar la morosidad dispone de menos tiempo, menos energía y menos capacidad para participar plenamente en la vida comunitaria. El endeudamiento termina condicionando decisiones, proyectos personales e incluso expectativas de futuro.

Frente a esta realidad, la respuesta no puede ser ofrecer más crédito ni perfeccionar los mecanismos de endeudamiento. Chile necesita crecer, pero sobre todo necesita desarrollarse. Ello implica fortalecer el rol del Estado, ampliar los derechos sociales y construir instituciones capaces de garantizar condiciones materiales de dignidad para toda la población. Una sociedad verdaderamente libre no es aquella donde las personas tienen acceso ilimitado al crédito, sino aquella donde pueden desarrollar sus proyectos de vida sin depender permanentemente de la deuda para satisfacer necesidades esenciales.

El socialismo no surge únicamente como una propuesta económica. Surge también de una comprensión distinta de la condición humana. Reconoce que ninguna persona se construye completamente sola y que la vida de cada individuo depende de múltiples vínculos de cooperación, afecto y apoyo mutuo. Allí donde el mercado observa consumidores, el socialismo observa personas. Allí donde la lógica económica mide capacidad de pago, la lógica humanista pone en el centro la dignidad de quienes habitan una sociedad.

Pensar el desarrollo desde una perspectiva socialista significa comprender que la libertad no puede reducirse a la capacidad de consumir. La libertad real requiere seguridad económica, acceso a derechos y una comunidad capaz de proteger a quienes enfrentan situaciones de vulnerabilidad. Cuando la vida se organiza exclusivamente en torno al mercado, las personas terminan compitiendo entre sí. Cuando se organiza en torno a la solidaridad y la justicia social, se crean las condiciones para que todos puedan vivir con dignidad.

La verdadera libertad no consiste en tener más tarjetas de crédito ni mayores líneas de financiamiento. La verdadera libertad consiste en no necesitar endeudarse para ejercer derechos fundamentales. Mientras confundamos crédito con bienestar, seguiremos llamando libertad a una moderna forma de servidumbre.

*Claudio Muñoz Vergara, padre y cuidador de Emilia, es magister en Dirección y Gestión Pública.