La violencia contra las mujeres y las niñas sigue siendo una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas y generalizadas del mundo y representa el problema público y político de mayor entidad en cuanto afecta a más de la mitad de la población del mundo.
Sus causas, asentadas en el patriarcado, en tanto sistema de dominación histórico en que el modelo de masculinidad hegemónico legitima relaciones de poder asimétricas entre hombres y mujeres perpetuando la discriminación de las mujeres, tiene efectos devastadores en sus vidas y en sus muertes.
Así, de acuerdo a información de las Naciones Unidad contenida en su Informe “Femicidios 2023”, existe la estimación de que, a nivel mundial, una de cada tres mujeres ha sido víctima de violencia física y/o sexual al menos una vez en su vida.
En 2023, alrededor de 51.100 mujeres y niñas de todo el mundo murieron a manos de sus parejas u otros miembros de su familia, lo que equivale a decir que, en el mundo, una mujer es asesinada al interior de su familia cada 10 minutos.
En Chile, de acuerdo a las estadísticas del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, a la fecha, durante el año 2024 ha habido 39 femicidios consumados, 260 femicidios frustrados y 65 femicidios tentados, números que, comparados con años anteriores, no hace sino encender las alarmas de que las políticas públicas implementadas para prevenir la violencia en contra de las mujeres en nuestro país no han tenido el efecto de disminuir estos crímenes.
En efecto, no obstante Chile cuenta con un Plan Nacional por el Derecho a Vidas Libres de Violencia de Género para Mujeres Niñas y Diversidades 2022-2030, las cifras no son alentadoras y nos obliga a repensar las estrategias de prevención. Ésta, es una tarea política que la izquierda chilena debe retomar con fuerza, más aún si muchos de sus partidos se declaran feministas.
Entonces, es necesario reponer la discusión pública sobre este flagelo, desafiar a la institucionalidad para que los recursos económicos se incrementen en fomentar la autonomía financiera de las mujeres e incrementar los servicios de apoyo a los cuidados porque la existencia de políticas públicas en esos sentidos puede salvar las vidas de las mujeres, pues mejorar las condiciones materiales de las vidas de las mujeres, contribuye a que rompan los círculos de violencia.
Esto es lo más urgente pero no lo único que tenemos que hacer, pues el desafío del cambio cultural es también prioritario y debe comprometernos a no recordar estos asuntos sólo los días 25 de noviembre de cada año.
Ximena Torrejón Cantuaria
Abogada.
