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Portal Socialista > Privado: Contenido > Destacados > Marybel Fuentemavida / Con mi voto no fue y disfruta lo votado
DestacadosPolítica

Marybel Fuentemavida / Con mi voto no fue y disfruta lo votado

20 noviembre 2026
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13 Min de Lectura
Una mano sostiene una papeleta del Servicio Electoral de Chile sobre una urna transparente con la franja «PRESIDENTE»
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Cada vez que leo «Con mi voto no fue» en una discusión sobre el gobierno de José Antonio Kast, entiendo la distancia que muchas personas necesitan marcar respecto de ese proyecto político. Lo que me inquieta viene después, cuando la frase deja de expresar desacuerdo y se utiliza contra quienes votaron por él. Hay comentarios que celebran las dificultades ajenas con una sentencia: «Eso les pasa por votar por Kast». Me parece una respuesta cruel, especialmente cuando esas dificultades afectan a personas que apenas llegan a fin de mes. La discrepancia electoral no puede decidir quién merece atención, protección social o una vida digna.

Contenidos
  • La desinformación forma parte de esta historia y merece una crítica frontal
  • El contraste entre campaña y gobierno es particularmente claro en materia fiscal
  • No todas las reducciones tienen el mismo efecto

Entre los votantes de Kast hay personas convencidas de las ideas que representa y otras que depositaron expectativas concretas en promesas de seguridad, estabilidad económica o una mejora de las condiciones de vida. Sería un error tratarlas como un grupo homogéneo. También sería cómodo reducir cada voto a ignorancia. Muchas de las preocupaciones que influyeron en la elección eran reales: la inseguridad, los bajos ingresos y la experiencia con instituciones que no siempre responden. Precisamente por eso debemos preguntar qué se prometió, qué información circuló durante la campaña y qué decisiones se están adoptando desde el gobierno. La legitimidad de esas preocupaciones no vuelve verdaderas todas las respuestas que ofrecieron los candidatos.

La desinformación forma parte de esta historia y merece una crítica frontal

En noviembre de 2025, CIPER identificó publicaciones falsas o engañosas difundidas por 49 candidaturas parlamentarias de sectores republicanos, comunistas y del Frente Amplio. Entre las 24 candidaturas del sector republicano señaladas por la investigación aparecieron mensajes sin respaldo sobre pensiones, contribuciones, migración y educación sexual [1]. Meses antes, Chilevisión había documentado la actividad de cuentas anónimas utilizadas en ataques contra candidatas presidenciales [2]. Estas investigaciones acreditan prácticas preocupantes, aunque no permiten afirmar que toda persona que votó por Kast fue engañada ni que la dirección de su campaña organizó cada operación digital. La crítica gana fuerza cuando identifica hechos y responsables sin reemplazar las pruebas por sospechas.

Tampoco exonero al periodismo. Hubo medios que investigaron y verificaron afirmaciones, como muestran esos mismos reportajes. Pero la existencia de buenas investigaciones no elimina la pregunta por el tratamiento cotidiano de las campañas. Una promesa económica repetida en entrevistas, paneles y titulares puede adquirir apariencia de factibilidad antes de que alguien contraste sus cifras. Los medios tienen responsabilidad cuando las declaraciones se transmiten como si bastara con pronunciarlas. Y las plataformas digitales agravan el problema: premian la circulación rápida de mensajes que despiertan temor o indignación, aunque después resulten falsos. Una ciudadanía informada necesita algo más que desmentidos tardíos.

El contraste entre campaña y gobierno es particularmente claro en materia fiscal

El 26 de octubre de 2025, durante un debate televisivo, Kast afirmó: «No vamos a cortar ningún beneficio social que hoy exista». Hablaba de la propuesta de reducir el gasto en US$6.000 millones [3]. En marzo de 2026, ya desde La Moneda, el Ministerio de Hacienda instruyó un plan de ajuste que contemplaba US$3.000 millones de reducción adicional del límite de gasto y una rebaja transversal del 3% para las partidas presupuestarias. El carácter permanente de ese ajuste quedó consignado en una resolución publicada en la Biblioteca del Congreso Nacional [4]. La distancia entre aquella promesa y la distribución efectiva de los costos de la austeridad merece una explicación pública.

La discusión del Presupuesto 2027 vuelve esa diferencia todavía más concreta. Un análisis de la Fundación Horizonte Ciudadano, difundido por CIPER el 16 de octubre, identificó rebajas propuestas por $325.765 millones en 48 programas sociales destinados a población vulnerable [5]. Entre las partidas mencionadas figuran el financiamiento de los subsidios al empleo joven y de la mujer, el programa «Yo elijo mi PC», jardines infantiles y dispositivos de protección de la infancia. Otra revisión de la misma fundación advirtió que el proyecto contempla la eliminación de 18 programas sociales, de los cuales al menos 13 contaban con evaluaciones favorables de la Dirección de Presupuestos, según el estudio [6]. Son propuestas presupuestarias, no beneficios que podamos dar por eliminados: el 9 de noviembre la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general el proyecto y continuó después con la discusión de las partidas [7].

El gobierno plantea que el ordenamiento de las cuentas públicas, la eficiencia y la evaluación de programas justifican las modificaciones. La Dirección de Presupuestos proyecta, de hecho, un crecimiento real de 1,5% del gasto total para 2027 respecto de la ejecución esperada de 2026 [8]. Es un dato que corresponde considerar. Pero un aumento global del presupuesto no desmiente por sí mismo la reducción de recursos en programas específicos. Si el Ejecutivo estima que una política dejó de funcionar, debe mostrar la evaluación, explicar la alternativa y precisar quién recibirá la prestación que antes entregaba ese programa. La responsabilidad fiscal pierde contenido social cuando la explicación termina en una cifra agregada y deja sin respuesta a las personas afectadas.

No todas las reducciones tienen el mismo efecto

Una familia que puede comprar un computador probablemente resolverá por cuenta propia la desaparición de una ayuda escolar; otra puede quedar sin ese recurso. Un cambio en el financiamiento de jardines infantiles repercute de manera distinta en una mujer que dispone de redes de cuidado y en otra que depende del establecimiento para trabajar. Lo mismo ocurre con los apoyos al empleo o la atención de niños y niñas vulnerados. Hablo de consecuencias posibles de las rebajas propuestas, que deben evaluarse con datos de cobertura y ejecución. Pero las diferencias materiales ya existen, y cualquier decisión presupuestaria seria debería partir de ellas. Quienes menos recursos tienen cuentan con menos alternativas cuando el Estado retrocede.

Aquí aparece el punto que me parece políticamente más grave.

Si una mujer trabajadora, un jubilado o una familia de escasos ingresos votó por Kast y después enfrenta una reducción de apoyos, ¿con qué derecho alguien le responde que se lo merece? ¿Desde cuándo el voto equivale a renunciar a los derechos sociales? La democracia concede a las personas la posibilidad de elegir, equivocarse, cambiar de opinión y exigir cuentas. Ningún gobierno recibe un permiso ilimitado porque ganó una elección. Y ninguna persona pierde legitimidad para protestar por medidas que la perjudican porque meses antes confió en una promesa.

Sé que existe responsabilidad ciudadana. Votar tiene consecuencias colectivas y es razonable pedir una reflexión crítica sobre las decisiones electorales. También importa que quienes hoy advierten contradicciones reconozcan las advertencias que se hicieron durante la campaña. Pero la responsabilidad política de un elector no es equivalente a la del presidente, los ministros o los parlamentarios que aprueban determinadas medidas. Quienes gobiernan conocen los informes técnicos, disponen de equipos y deciden la asignación de recursos públicos. Allí debe concentrarse la exigencia principal de explicaciones. El castigo moral dirigido al votante pobre desplaza la atención desde la autoridad que decide hacia la persona que carga con los efectos.

Me preocupa especialmente que el desprecio provenga, a veces, de quienes dicen defender la justicia social. Si la indignación ante la pobreza depende de cómo votó quien la padece, la solidaridad se vuelve una recompensa reservada para los políticamente afines. Esa lógica reproduce la exclusión que tantas veces denunciamos. Una persona puede haber creído una información falsa, puede haber votado desde el miedo o puede mantener convicciones de derecha profundamente distintas de las mías. Ninguna de esas posibilidades vuelve aceptable que pierda un apoyo indispensable. Tampoco me obliga a callar ante el programa político que eligió. La crítica puede ser rigurosa y severa sin convertirse en humillación.

El gobierno debe responder por las prioridades que expresa cada presupuesto, por los efectos de los ajustes ya instruidos y por la distancia que exista entre las promesas electorales y las políticas que finalmente aplica. Los sectores políticos que difundieron datos engañosos también deben enfrentar cuestionamientos públicos. Y los medios de comunicación tienen una tarea pendiente frente a la circulación de falsedades y a la presentación poco crítica de promesas de campaña. Una ciudadanía dividida entre quienes se atribuyen lucidez y quienes cargan con el estigma de haber votado mal tiene más dificultades para identificar decisiones verificables, costos distributivos y responsabilidades concretas.

«Con mi voto no fue» puede expresar una diferencia que considero legítima. Yo también creo que hay decisiones de gobierno que merecen oposición firme. Pero cuando la frase se usa para mirar con indiferencia a quienes sufren, pierde de vista aquello que debería preocuparnos: las consecuencias de la política sobre la vida de las personas. Si una medida reduce las oportunidades de una mujer, de un estudiante o de una familia, me importa el daño, aunque hayan votado por quien impulsó esa medida. Podemos discutir duramente las ideas y las decisiones. La dignidad de quienes viven con menos recursos no está sometida a examen electoral.

Fuentes consultadas

[1] Segovia, M., Meza Riquelme, D., Ortiz, D., Soto, F. y Miranda, B. (13 de noviembre de 2025). «Las principales fake news y tergiversaciones de 49 candidatos republicanos, comunistas y del Frente Amplio». CIPER. https://www.ciperchile.cl/2025/11/13/las-principales-fake-news-y-tergiversaciones-de-49-candidatos-republicanos-comunistas-y-del-frente-amplio/

[2] Chilevisión Noticias. (4 de septiembre de 2025). «Quiénes actúan en las sombras de las redes: Así operan los grupos detrás del hate político». https://www.chilevision.cl/noticias/reportajes/a-fondo/quienes-actuan-en-las-sombras-de-las-redes-asi-operan-los-grupos-detras-del-hate-politico/amp/

[3] Valencia, J. (26 de octubre de 2025). «Kast explica recorte presupuestario de US$6.000 millones: No vamos a cortar ningún beneficio social». BioBioChile. https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2025/10/26/kast-explica-recorte-presupuestario-de-us-6-000-millones-no-vamos-a-cortar-ningun-beneficio-social.shtml

[4] Ministerio Secretaría General de Gobierno. (23 de julio de 2026). Resolución Exenta N.º 331, considerandos 1 y 2. Biblioteca del Congreso Nacional, Ley Chile. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?f=2026-07-23&i=1226294

[5] Soto, F. y Vásquez, M. F. (16 de octubre de 2026). «Estudio de Horizonte Ciudadano: proyecto de presupuesto del gobierno propone recortar $325 mil millones en 48 programas sociales». CIPER. https://www.ciperchile.cl/2026/10/16/estudio-de-horizonte-ciudadano-proyecto-de-presupuesto-del-gobierno-propone-recortar-325-mil-millones-en-48-programas-sociales/

[6] Soto, F., Vásquez, M. F. y Weibel Barahona, M. (23 de octubre de 2026). «Fundación Horizonte Ciudadano: Presupuesto 2027 elimina 18 programas sociales por un monto de $50 mil millones». CIPER. https://www.ciperchile.cl/2026/10/23/fundacion-horizonte-ciudadano-presupuesto-2027-elimina-18-programas-sociales-por-un-monto-de-50-mil-millones/

[7] Cámara de Diputadas y Diputados. (9-10 de noviembre de 2026). Tramitación y votaciones del proyecto de Ley de Presupuestos 2027, boletín N.º 18702-05. https://camara.cl/legislacion/ProyectosDeLey/tramitacion.aspx?prmBOLETIN=18702-05&prmID=19391

[8] Dirección de Presupuestos. (2026). «La Dirección de Presupuestos publica: IFP del tercer trimestre, junto al informe de Oferta Programática y Folleto de Prioridades Presupuestarias». https://www.dipres.gob.cl/598/w3-article-433298.html

*Marybel Fuentemavida Vásquez es Administradora Pública, magíster en Metodologías Críticas para la Investigación Social y doctoranda en Estudios Latinoamericanos, Universidad Academia de Humanismo Cristiano (UAHC).

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