El debate actual acerca de las causas de la derrota política y electoral del oficialismo, el pasado 14 de diciembre de 2025, puede sentar bases para recomponer fuerzas y visiones de futuro, o bien puede significar dirigirse a uno o varios nudos ciegos. Lo más cercano a que ocurra esto último es centrarse en un análisis de corto plazo, omitiendo los claroscuros del progresismo y la izquierda de estos más de tres lustros, que no excluyen al actual gobierno, pero tampoco representa este la totalidad. Así visto, ese análisis cortoplacista sería forzosamente sesgado. Sería, además, restringido y limitado en perspectiva, al carecer de elementos que contribuyan a reconstruir sentido en quienes nos reconocemos en el progresismo y la izquierda, y apoyamos, llamamos a votar y votamos por Jeannette Jara en la pasada elección presidencial.
Un primer tema que creemos necesario tener en consideración es la conducción política del presidente Boric. En materia económica, esta conducción se expresó al reducir la inflación, crear empleo, mejorar los indicadores de inversión e impulsar incipientes medidas de industrialización de la economía a través del litio; en materia de seguridad, al dotar al Estado de una institucionalidad inexistente al momento de la instalación de su que, sin duda, le brinda nuevas capacidades al Estado; en materia social, en logros parciales como el copago cero en salud, el pago de la deuda histórica a los profesores, la Ley Karin, las 40 horas semanales y otras medidas de avance social como las mejoras en pensiones. En todos esos ámbitos, el gobierno del presidente Boric se anota a su favor un gran punto, considerando el escenario en el que se encontraba el país luego de la pandemia y la fractura social evidenciada por la revuelta social y los límites del neoliberalismo, a escala mundial y en nuestro país, para hacerle frente a situaciones sanitarias de la envergadura del COVID y sus variantes posteriores.
Un elemento aparte, con varias aristas, es el de la conducción estrictamente política. Una de esas aristas es la apertura del presidente Boric a la incorporación a su gobierno de fuerzas politicas distintas a las de su origen, que estimamos una decisión acertada tras el resultado del primer plebiscito constitucional. Otra, es la orientación e interacción intraestatal propia de los estados de derecho y su mecánica en el ejercicio del poder, teniendo por característica el respeto a las instituciones, un atributo que ha empalidecido de la mano de gobiernos ultraderechistas.
Debemos considerar, también, la relación del gobierno con las organizaciones de la sociedad civil, elemento que consideramos el más deficiente y contradictorio para el caso de un gobierno que tiene y reconoce su origen en los movimientos sociales. Qué tanto tiene que ver este último aspecto con la fase de instalación del gobierno, un proyecto político exitoso en la impugnación, pero en construcción y verse en la situación de tener que asumir la conducción del gobierno sin haber contado a su favor con un proceso de décadas de formación de cuadros, como lo fue el gobierno del presidente Allende. ¿Improvisación o influencia ideológica excesiva de parte de las fuerzas impugnadas y luego aliadas? Esto es algo que tendrá que dilucidarse y reflexionarse en profundidad con el tiempo.
En cualquier caso, uno de los puntos que tendrá que ser escudriñado es debido a cuáles motivos el gobierno de Boric dejó esfumarse la oportunidad de convertir las demandas sociales más significativas y claras puestas en la arena pública por la revuelta social, en proyectos de ley desde el día uno del gobierno que emergía con legitimidad y amplio respaldo ciudadano. Esa oportunidad perdida le habría permitido dar continuidad, desde el nivel institucional, al proceso político abierto por los movimientos sociales a partir de 2006 y habría consolidado una relación de apoyo que, con el agotamiento social tras movilizaciones masivas, las secuelas de la pandemia primero y el resultado de la Convención después, comenzó a diluirse hasta estabilizarse en un 30% de apoyo constante hasta casi el final del mandato presidencial. Un respaldo leal y consistente, pero claramente insuficiente para llevar adelante las reformas estructurales comprometidas en el programa.
Otro aspecto a tener en cuenta fue la frágil conducción de los partidos políticos más experimentados de la izquierda al interior de la Convención (PS-PC-FA), los cuales, por algún misterioso motivo, dejaron el proceso en manos de grupos particularistas que representaban causas justas, pero carecían de visión de país que permitiera articularlas, llevando finalmente el proceso a un fracaso.
Tras la aplastante derrota en el plebiscito del 4 de septiembre de 2022, la derecha, una fuerza política orgánica, territorial y mediática, atenta desde el día uno ante cualquier traspié del gobierno, captó el flanco abierto y aprovechó el aventón del resultado del plebiscito, del que se apropió, para restringirle su campo de maniobra política y desgastarlo en el Congreso. De ahí en adelante, retomó la iniciativa política, solo alterada -aunque no capitalizada por el oficialismo- al consumarse el rechazo en el segundo fallido proceso constitucional, pero que al poco tiempo pudo rearmarse politicamente hasta la reciente elección.
¿Pudo el gobierno haber hecho más para zafar del aislamiento que la derecha se propuso tempranamente?
Desde la visión que aquí se expone sí se pudo haber hecho algo más. Un breve ejemplo ilustra lo anterior. La vez que el gobierno pudo sortear de mejor manera las trabas de la derecha a sus proyectos, fue cuando, desde La Moneda, más precisamente de la mano de Carolina Tohá a la cabeza del ministerio del Interior, traspasó las fronteras de palacio y se alió con los municipios y gobiernos regionales para articular la parrilla de políticas de seguridad del gobierno.
Pero de ahí en adelante no se impulsó el involucramiento de la sociedad civil a partir de planes y programas consistentes en iniciativas culturales, deportivas, recreativas y territoriales, como tendría que haber sido su evolución natural en razón de la existencia de estas organizaciones en los niveles comunales y a su aporte centenario a la cohesión social, pero, además, por ser las mejores aliadas de un gobierno progresista.
Poco o nada se conoció en ese mismo sentido en otras áreas de gobierno en términos de iniciativas distintas a las rutinarias. Torpes encuentros de altas autoridades de gobierno con representantes de la elite, bajo la forma de reuniones “cheese and wine”, contribuyeron a debilitar la deteriorada confianza ciudadana, la que claramente no mejoró con el estilo de gestión más cercano de Boric.
Con todo, siendo muy importante el plano institucional y los avances que puedan alcanzarse en ese ámbito, para que las políticas gubernamentales no queden aisladas ni se agoten en lo formal, necesitan complementarse orgánicamente con apoyo social, en una relación de ida y vuelta que no existió. Quizá por ello resulta difícil encontrar acciones de complementariedad entre la conducción del gobierno y sectores sociales afines, porque este no se abrió a la deliberación social real, limitándose a la validación posterior, que la derecha nunca le facilitó ni tampoco lo ha hecho con ningún otro progresista.
Si bien eso forma parte de un proceso de desapego o elitización de la política con respecto a la sociedad que tiene su origen en la dictadura y siguió estando presente en diferentes escalas con los gobiernos democráticos y ni Boric ni sus fuerzas políticas más afines tienen responsabilidad directa en ello, pudo, sin embargo, haber hecho mucho más para disminuir ese pesado lastre.
Uno de esos lastres, consecuencia del triunfo de los sectores conservadores de la exconcertación en la medianía de los años noventa, es el de la política subsumida a la técnica. En el devenir de ese proceso, en lugar de instrumento, la técnica pasó a ser un fin en sí mismo, fracturando la intermediación política. Bajo ese esquema, la política concentró su atención en los equilibrios de poder, indicadores abstractos o consensos de élite, antes que y en combinación con la experiencia concreta y cotidiana de la ciudadanía.
Es nuestra convicción que en la disminución de la brecha entre sociedad y política institucional reside la clave para conquistar cambios democráticos profundos. Mientras esa brecha siga existiendo e incluso ampliándose, no solo no se profundizarán estos cambios, sino que el peligro de perder conquistas previas, como es el caso de lo que enfrentamos ahora, tiene mejores condiciones de materializarse porque la despolitización y la elitización van en favor de los poderosos.
Claramente, es a través de la participación directa, consultas con incidencia efectiva, co-diseño con organizaciones sociales que el apoyo social deja de ser meramente reactivo y pasa a ser coproductor de legitimidad. Dicho de otro modo, el apoyo social no puede reducirse a adhesión pasiva ni la institución a gestión tecnocrática, una manera de hacer las cosas que en nuestro país está completamente viciada. Y el modelo de gestión pública “de arriba hacia abajo”, visto evidentemente desde una óptica de transformaciones, sin interacción con la sociedad, se encuentra del mismo modo agotado.
La participación democrática florece cuando las instituciones abren poder y el actor social encuentra el espacio para reconocerse como sujeto y constructor de un destino común que es a la vez legal, social y cultural, es uno de los aprendizajes más importantes del periodo que termina.
De conquistar otra vez el gobierno, ese tendría que ser el punto de inicio, el cuello de botella a resolver. El conocimiento y aprendizaje colectivo en el manejo del Estado de todas las generaciones del progresismo y la izquierda está hecho. Lo que no está resuelto, sin embargo, es el modo de conectarse con la sociedad siendo gobierno y administrando poder.
En la interpretación de los hechos que aquí sostenemos, la ruptura del vínculo político con lo social es un proceso que viene de antes. Es en ese marco que los sectores populares y las capas medias, abandonados a su propia suerte por un Estado ausente y una política autorreferidas, internalizaron el abandono y decidieron en consecuencia.
Es así que, en el contexto electoral, los millones de chilenos que forman parte del universo electoral que sorprende en cada elección, qué es pragmático, individualista y despolitizado como si cual ciego en la oscuridad del neoliberalismo hubiese tenido que guiarse por sus instintos y seguir, de algún modo inconfesado, la luz de una lejana razón, terminó creyéndole, en esta etapa, a la ultraderecha y al populismo emprendedor del PDG. No por ello deja de ser pueblo y he ahí la cuestión.
La derrota del domingo 14 de diciembre de 2025 no ha hecho más que mostrarnos la crudeza de esa fractura.
La defensa de las conquistas sociales estas décadas, con pleno reconocimiento de la legitimidad de las diferencias, es el espacio natural que puede abrir paso a confluencias futuras. No hay razón objetiva para dejar de defenderlas.
La defensa de las conquistas sociales y políticas alcanzadas durante los gobiernos democráticos, con riesgo de pérdidas en el ciclo actual, es el punto de partida del cual será posible, en primer lugar, mantener el diálogo político y un espacio unitario mínimo entre fuerzas distintas, y, en segundo lugar, proyectarse al futuro definiendo un proyecto político país que identificamos en el Estado social democrático de derechos porque es la entidad que condensa y sintetiza un largo e histórico proceso político de las izquierdas y las fuerzas progresistas de todas las épocas en pos de materializar derechos igualitarios universales en un contexto de pluralismo político y democracia económica.
Ese es el espacio que identificamos en la etapa actual porque es desde lo común y unitario que será posible evitar que sean las mezquindades las que se impongan. Y porque es también desde ese espacio que se legitimarán las alianzas futuras y de más largo plazo.
En ese contexto, mi inclinación personal es respaldar una alianza de izquierda entre PS-FA-PC en función del objetivo señalado, pero además en atención a la necesidad de retornar a las raíces propias de la izquierda, una rica y fecunda tradición asentada en el pueblo chileno y sus organizaciones de ayer y de hoy.
*Carlos Cerpa Miranda es analista político.
