Chile se encuentra en una encrucijada. La campaña presidencial no contribuye a informar sobre la realidad: abunda la tergiversación y la mentira. Los grandes medios y la propaganda millonaria de las candidaturas de derecha buscan ocultar los avances logrados en beneficio de las mayorías. Así, se margina a la ciudadanía de una evaluación crítica de su presente y su futuro.
La amenaza
La situación actual se mueve entre dos caminos: la continuidad o la decadencia. La continuidad representa la consolidación de políticas sociales y económicas que han mejorado los indicadores de desarrollo y reducido desigualdades, incluso logrando acuerdos con una oposición dura.
La decadencia, en cambio, significaría revertir los avances democráticos y desvalorizar el bien común. Las propuestas de recortes al gasto público pondrían en riesgo los beneficios sociales alcanzados. Se plantea reducir impuestos a los más ricos, debilitando la capacidad del Estado para financiar obras y programas sociales. También se cuestionan políticas de derechos humanos, como el plan de búsqueda de los detenidos desaparecidos, y se promueve la liberación de condenados por delitos de lesa humanidad sin exigirles verdad ni reclamar justicia. A esto se suma la negación del cambio climático, poniendo en peligro el futuro del planeta.
De concretarse, sería un grave retroceso: la manipulación informativa dejaría a la ciudadanía sin herramientas para defender sus intereses, mientras las élites económicas recuperarían el control del Estado para profundizar la desigualdad y debilitar las políticas públicas que promueven equidad y sustentabilidad.
La mentira como estrategia
El poder mediático de la derecha se ha convertido en una maquinaria de desinformación. Con su monopolio comunicacional, buscan desvirtuar los avances del gobierno e instalar la imagen de un Chile que “se cae a pedazos”. No les importa mentir. Su objetivo es justificar un programa de desregulación que beneficia a unos pocos, aunque ello implique retroceder en derechos sociales y políticas ambientales. Son negacionistas.
Prometen “orden” y “seguridad”, como ya lo hicieron en los gobiernos de Sebastián Piñera cuando aplicaron políticas represivas sin resultados efectivos: más carabineros en las calles, “Calle Segura”, vigilancia tecnológica y endurecimiento de penas. Ninguna de estas medidas atacó las verdaderas causas de la criminalidad: la desigualdad y la infiltración del crimen organizado.
Hoy los discursos se radicalizan, atacando las políticas de derechos humanos y ofreciendo más represión, sin asumir responsabilidad por la desigualdad estructural que ellos mismos han profundizado durante décadas.
La herencia y los avances de Boric
Cuando Gabriel Boric asumió la presidencia en 2022, heredó una economía golpeada por la inflación, un sistema de pensiones debilitado y una sociedad polarizada. A ello se sumó una crisis de seguridad agravada por la política migratoria desregulada del gobierno de Sebastián Piñera, que facilitó el ingreso de bandas criminales como el Tren de Aragua.
Pese a ese panorama, Chile avanzó. Durante el gobierno de Boric, el país ha mostrado una recuperación sostenida, con un crecimiento promedio del 1,8% anual y una proyección del PIB de 2,6% para 2025, junto con la reducción del déficit fiscal y un aumento de la inversión extranjera, que demuestra confianza internacional en la economía chilena.
En el ámbito social, destacan el aumento del salario mínimo a 500 mil pesos, la reducción del trabajo informal, el Copago 0 en salud, la Ley TEA (Trastorno del Espectro Autista), y el programa “Chile Cuida” que promueve la corresponsabilidad familiar. En materia laboral, se han impulsado políticas de igualdad salarial de género, protección frente al acoso, y el fomento de empleos verdes e innovación tecnológica. Sin olvidar las medidas de seguridad que han implicado, por ejemplo, una creciente disminución de la tasa de homicidios en el primer semestre de 2025, del 13,8% respecto del mismo periodo del año anterior.
Un hito central ha sido la Pensión Garantizada Universal (PGU) que entrega 224 mil pesos mensuales a más de 2 millones de adultos mayores (250 mil a personas mayores de 82 años), ayudando a reducir la pobreza en la vejez. Además, Chile alcanzó el primer lugar en el Índice de Desarrollo Humano en América Latina y el puesto 40 a nivel mundial, consolidando su liderazgo regional en progreso social y estabilidad democrática.
Continuar el cambio
Estos logros, ignorados por la propaganda opositora, son fruto de políticas públicas orientadas al bien común y la reducción de brechas sociales. Frente a la manipulación y el negacionismo, la tarea es profundizar esta senda: fortalecer al Estado, regular los mercados y avanzar hacia un modelo de desarrollo equitativo, sustentable y democrático.
La disyuntiva es clara: continuidad o decadencia. Continuidad para seguir construyendo un país más justo y solidario; o decadencia para volver a la concentración de poder, la desigualdad y el retroceso social. Chile ya ha demostrado que puede avanzar. Lo que está en juego ahora es un país donde prevalezcan los intereses de los grandes conglomerados económicos o el bienestar común.
*Jorge Coloma es cientista social, PhD.
