El pasado 7 de agosto fueron entregados al Comité para los Derechos Económicos Sociales y Culturales (DESC) de Naciones Unidas los informes alternativos en los que las organizaciones sociales de nuestro país hacen presentes las violaciones en que ha incurrido el Estado en materia de DESC. Estos informes, tal y como su nombre lo indica, son alternativos, es decir, se elaboran en forma paralela al informe que el Estado de Chile entrega a la misma instancia respondiendo a situaciones planteadas en informes anteriores.
De esta forma, los Estados miembros de Naciones Unidas dan cuenta a la comunidad internacional de los avances en materia de Derechos Humanos (DDHH) o bien deben recibir las “recomendaciones” que esta instancia hace para que el Estado tome las acciones destinadas a dar cuenta de las vulneraciones que se puedan estar produciendo. Lo mismo ocurre con los Derechos Civiles y Políticos, que fueron examinados el año pasado.
Para que esto se produzca, deben existir al menos dos condiciones: la primera, que el Estado en cuestión haya firmado los instrumentos internacionales vinculados a los derechos que son examinados, en este caso, el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, ratificado por nuestro país en 1972; y, la segunda, un compromiso político irrestricto a observar el respeto a estos derechos, los que están instalados, además, en el caso chileno, en la Carta Fundamental de nuestro país.
Las organizaciones de DDHH y todos aquellos que ven en estos derechos una base mínima para la convivencia armónica entre el Estado y la ciudadanía tienen la tarea de garantizar que no se instalen barreras o excusas para su cumplimiento. Por desgracia, esto no está ocurriendo y vemos con estupor cómo se va configurando una cultura que justifica la vulneración flagrante de los mismos.
La institucionalización de una cultura que niega el respeto a los DDHH es una realidad que observamos cuando autoridades públicamente tildan de delincuentes a estudiantes que se movilizan exigiendo una adecuada y digna educación, cuando se criminaliza el derecho inalienable a la vivienda, cuando se priva de seguridad a la población utilizando los recursos policiales materiales y humanos para reprimir la movilización social, y dejando barrios y poblaciones en manos del narcotráfico y el delito.
El problema es como enfrentamos la cultura de violencia si el discurso prevalente que promueven los medios de comunicación y muchas instituciones del Estado está orientado a identificar los DDHH como un espacio de protección para delincuentes y transgresores.
La mayoría de la población no sabe, porque simplemente no se enseña, que los DDHH no regulan las relaciones entre las personas, es decir no son normas que intervienen en los delitos comunes que acontecen diariamente en el país. Los derechos humanos son normas que protegen a las personas de la actuación delictiva del Estado, es decir, cuando un agente del Estado o una institución pública usa su fuerza para vulnerar, discriminar o dejar en el desamparo a una persona. Pero aún escuchamos a policías o funcionario públicos diciendo que no tienen DDHH faltando a la verdad y peor aún, contribuyendo a un estado de desinformación que lo único que busca es sostener la inequidad y la injusticia.
La primera y más importante tarea de todos aquellos que luchamos por la defensa y promoción de los DDHH es alfabetizar a la población, denunciando cualquier intento por distorsionar su propósito. Es fundamental comprender que existen sectores que explícitamente instrumentalizan al Estado y sus instituciones para garantizar privilegios de algunos pocos en contra de las necesidades de la mayoría.
La fuerza que el pueblo entrega al Estado para la gestión y el control de la vida de todos nosotros es lo que está en peligro, pues puede ser utilizada para no proteger al pueblo ni abastecer sus necesidades sino que ser desviada para servir a algunos pocos. Todo el discurso de la derecha tradicional y la neoliberal está orientado a impedir que el pueblo sea parte de la gestión de su fuerza, de sus recursos, y para ello levantan iniciativas y propuestas que apuntan a impedir el ejercicio de la soberanía popular, eje central de la doctrina de los DDHH.
En los eventos electorales próximos que tendremos en nuestro país, uno de los elementos que está en juego es que las fuerzas más contrarias a la soberanía popular puedan asumir el control, pues para esta versión de la derecha los fundamentos básicos de los DDHH son incompatibles con el control del poder que desean consolidar.
La tarea fundamental y prioritaria del mundo de los DDHH en la coyuntura es fortalecer la conciencia de nuestro pueblo sobre la importancia de la soberanía popular, pues en ella está la base para una sociedad equitativa y justa.
*Mario Bugueño M. es presidente de la Defensoría de Derechos Humanos–CHILE.
