Existe un relativo consenso respecto a que la cuarta y última cuenta pública del presidente Boric fue la más política de todas ya que no solo enumeró las realizaciones de estos años, sino que también entregó definiciones que señalan un horizonte político y programático que va más allá del término de esta administración. Es decir, señaló con claridad que este, además de ser un gobierno, es un proyecto.
Un eje que cruzó toda la cuenta pública de este año fue la idea de que no da lo mismo quien gobierne en Chile. Reconociendo que no todos los cambios comprometidos se han llevado a cabo y algunos no han tenido la profundidad que se hubiese deseado, el presidente Boric expresó su convicción de que bajo otro gobierno no hubiese existido copago 0 en Fonasa; 40 horas; más impuestos a las mineras privadas para traspasarlos a las comunas; no tendríamos hoy el sueldo mínimo más alto de Sudamérica; no se hablaría de cuidados o aborto legal; se habría privatizado el Litio en lugar de asegurar una posición mayoritaria del Estado en su explotación; la recuperación de los trenes no se hubiese producido; no habría existido Plan de Búsqueda, ni expropiación de Colonia Dignidad.
También hubo en esta cuenta pública definiciones políticas relevantes que de alguna forma estaban pendientes. El presidente Boric revalorizó el 18-O señalando que se ofendía a las millones de personas que se manifestaron pacíficamente llamando a este hecho un “estallido delictual”. Hubo, eso sí, una autocrítica por no haber percibido que, después de la pandemia, se instaló, en el mundo y en Chile, una restauración conservadora que no estaba expresada en la composición de la primera Convención Constitucional. La señal de esta involución había sido el resultado parlamentario de primera vuelta y no existió la perspicacia necesaria para leer correctamente la correlación de fuerzas y, por tanto, definir objetivos y alianzas más realistas en esa coyuntura.
Tres momentos tuvieron mayor impacto en la opinión pública y en el propio Congreso.
En primer lugar, el anuncio de transformación del penal Punta Peuco, terminando con los privilegios de los condenados por crímenes que constituyen violaciones de derechos humanos. Ojalá que pronto esas dependencias carcelarias se destinen, por ejemplo, a mujeres detenidas con sus hijos, o a presos enfermos o con discapacidad.
En segundo lugar, el anuncio de endurecimiento de las sanciones contra el gobierno de Israel, rompiendo la dependencia militar y tecnológica con este país, y levantando, una vez más, la voz frente al genocidio que tiene lugar en la franja de Gaza.
Y en tercer lugar, el tema de la legalización del aborto con plazos. La cuenta pública incluyó una invitación a todos los sectores de la sociedad chilena a no negarse a abordar este tema. El anuncio provocó el abandono del hemiciclo de representantes de la extrema derecha.
Al gobierno le restan aún 9 meses. Le quedan algunas batallas emblemáticas que dar como el fin del CAE y la implementación del nuevo sistema de financiamiento de la educación superior (FES); la sala cuna universal, cuidando la dimensión pedagógica de este avance; cumplir la meta de construcción de viviendas; mejorar las cifras de empleo; implementar, y que llegue al bolsillo a la brevedad, la reforma previsional; avanzar en la conectividad del Metro y trenes, en la construcción de hospitales, y en la reducción de las listas de espera.
Si el gobierno logra enfrentar con éxito los desafíos que plantean la gestión diaria y los cambios legislativos que están en la agenda más inmediata; de que su legado se estructure y quede en la conciencia de los chilenos y las chilenas; y de que la ciudadanía progresista y democrática comprenda que un gobierno es un eslabón dentro de un proyecto histórico más amplio a realizar, depende que se cumpla con la carta de navegación que dibujó la reciente cuenta pública del presidente Gabriel Boric.
