Para quienes estudiamos la teoría de la ciencia política, la democracia suele presentarse como un concepto empíricamente aceptado. En gran parte de la literatura clásica se ha tendido a definirla a partir de criterios institucionales y procedimentales mínimos. Así, Robert Dahl conceptualizó la democracia moderna como poliarquía, caracterizada por la competencia electoral, la participación inclusiva y ciertas garantías de derechos civiles y políticos, enfatizando las reglas del juego más que los resultados sustantivos. En una línea aún más restringida, Adam Przeworski defendió una concepción minimalista de la democracia, entendida como un régimen en el cual los gobiernos pueden perder elecciones y aceptar los resultados, independientemente de las consecuencias sociales que de ello se deriven.
Estas definiciones plantean una pregunta importante para quienes nos consideramos progresistas: ¿por qué insistir en condiciones mínimas de democracia como si los sujetos políticos participaran desde posiciones materiales equivalentes? ¿Qué sentido tiene hablar de igualdad política cuando las condiciones sociales, territoriales y económicas desde las cuales se ejerce esa ciudadanía son radicalmente desiguales?
Toda definición democrática debe, sin duda, partir de una base institucional clara que se derive en elecciones libres, instituciones representativas, mecanismos de participación y formas directas de expresión ciudadana. Sin embargo, una mirada progresista de la democracia no puede detenerse allí, debido a que, si la democracia se reduce al procedimiento, corre el riesgo de transformarse en un dispositivo que legitima desigualdades preexistentes debido a que el problema no es solo cómo definimos la democracia, sino cómo la evaluamos. Por ello, resulta imprescindible avanzar hacia una democracia que se exprese también en derechos sociales garantizados, justicia territorial y condiciones materiales que permitan una vida digna, en el marco de un Estado Social y Democrático de Derecho.
Las condiciones materiales desde las cuales se ejerce la ciudadanía no son neutras, por ejemplo, en la Región Metropolitana, no es lo mismo participar políticamente desde la comuna de Las Condes que hacerlo desde Pedro Aguirre Cerda. Las brechas en ingreso, acceso a educación, conectividad, seguridad y tiempo disponible para la participación política configuran experiencias democráticas profundamente desiguales. Esta diferencia no remite a capacidades individuales, sino a un entramado institucional y económico que distribuye el poder político, económico y social de manera asimétrica. A su vez, observamos que estas diferencias refuerzan la distancia entre igualdad política formal e igualdad real, especialmente en comunas históricamente postergadas.
Reconocer desigualdades estructurales no debe implicar caer en miradas paternalistas o moralizantes sobre el comportamiento electoral. No se trata de construir teorías arribistas que expliquen el voto popular desde la ignorancia o la irracionalidad (la caricatura de la “señora Juanita”), sino de comprender los marcos estructurales y simbólicos en los cuales se toman las decisiones políticas. Armand Mattelart advertía que los mecanismos ideológicos operan muchas veces bajo la apariencia de neutralidad o sentido común, delimitando los relatos disponibles y las posibilidades mismas de interpretación de la realidad.
Desde esta perspectiva, la democracia no debería evaluarse únicamente por la estabilidad de sus instituciones o por el cumplimiento de criterios procedimentales, sino que se requeriría también analizar quién decide, sobre qué decide y con qué efectos concretos en la vida cotidiana, especialmente de quienes han sido históricamente excluidos. Medir la democracia exige, por tanto, ir más allá de los indicadores clásicos.
En este punto, resultan particularmente sugerentes los aportes de Amartya Sen, quien propone evaluar el desarrollo democrático a partir de las capacidades reales de las personas para elegir y actuar, y no solo desde la existencia formal de derechos. En una línea complementaria, Leonardo Morlino plantea una concepción multidimensional de la democracia, incorporando dimensiones como la igualdad, la rendición de cuentas y la efectividad de los derechos, alejándose de mediciones unidimensionales excesivamente técnicas.
Incluso en el plano estrictamente electoral, la igualdad política presenta fisuras relevantes. Si bien Dahl sostiene que todos los ciudadanos deben contar con iguales oportunidades de influencia política, los sistemas de representación buscan equilibrar dos principios en tensión: la proporcionalidad poblacional y la protección territorial de minorías. No se trata, por tanto, de desconocer la necesidad democrática de evitar que las mayorías arrollen a las minorías regionales. Sin embargo, cuando estas distorsiones se combinan con desigualdades socioeconómicas preexistentes, el problema deja de ser meramente territorial y se vuelve estructural.
En términos formales, el voto de cada persona puede valer lo mismo (o a lo menos es lo que se intenta). No obstante, el poder económico permite transformar riqueza en influencia política de maneras que exceden el momento electoral mismo. En este sentido, como plantea Simón Ramírez, las democracias liberales contemporáneas enfrentan una tendencia intrínseca a la oligarquización, que se radicaliza bajo el neoliberalismo al convertir el capital económico en poder político efectivo. No se trata simplemente de que algunos votos “pesen” más que otros, sino de que ciertos actores cuentan con capacidades estructuralmente superiores para moldear las condiciones en las que esos votos se emiten.
Esta distancia entre igualdad formal y desigualdad real puede leerse, siguiendo al propio Ramírez, como expresión del carácter oligárquico latente de la democracia neoliberal. En el marco del neoliberalismo, la subordinación de la sociedad al funcionamiento del mercado tiende a despolitizar la desigualdad y a minar las condiciones materiales del demos, abriendo la democracia a procesos de captura oligárquica sin necesidad de suspender sus formas institucionales.
En este contexto, la desigualdad estructural no solo deteriora la calidad democrática, sino que facilita procesos de erosión institucional y política más amplios. Como advierten Steven Levitsky y Lucan Way, el autoritarismo competitivo describe regímenes donde existen elecciones y oposición legal, pero en los cuales las condiciones de competencia política se encuentran sistemáticamente sesgadas a favor de quienes detentan el poder. En sociedades marcadas por profundas desigualdades materiales, estas dinámicas tienden a profundizarse, elevando los costos de la oposición y restringiendo de facto la participación política efectiva de amplios sectores sociales.
El principal desafío político que enfrenta hoy el progresismo radica precisamente en disputar estas barreras estructurales que condicionan de manera desigual el ejercicio democrático. En el papel, el acceso a la participación y a la deliberación es universal; en la práctica, este acceso está mediado por profundas desigualdades territoriales, económicas, culturales y sociales. Profundizar la democracia no implica desconocer la protección de minorías ni los equilibrios institucionales necesarios, sino garantizar que la igualdad política no sea meramente formal mientras las asimetrías materiales distorsionan la competencia democrática.
Si el sujeto de la democracia es la ciudadanía, entonces la negación sistemática de derechos sociales básicos no solo limita la participación, sino que erosiona la posibilidad misma de constituir un sujeto político colectivo en sentido pleno.
Desde esta perspectiva, el desafío del progresismo es doble: debe ampliar y profundizar los mecanismos de participación y deliberación, y al mismo tiempo modificar las condiciones materiales que permiten que esa participación sea real y efectiva. Profundizar la democracia no es solo redistribuir poder político, sino también redistribuir tiempo, seguridad y bienestar. Solo así dejaremos de tener una democracia de papel para construir una donde quepamos todxs.
Referencias
Dahl, R. A. (1971). Polyarchy: Participation and opposition. Yale University Press.
Instituto Nacional de Estadísticas (2024). Censo de población y vivienda 2024: Resultados preliminares. INE. https://www.ine.gob.cl
Levitsky, S., & Way, L. A. (2010). Competitive authoritarianism: Hybrid regimes after the Cold War. Cambridge University Press.
Lincoln, A. (1863). Gettysburg Address.
Mattelart, A. (1974). La comunicación masiva en el proceso de liberación. Siglo XXI.
Morlino, L. (2012). Changes for democracy: Actors, structures, processes. Oxford University Press.
Przeworski, A. (1999). Democracy and the market. Cambridge University Press.
Ramírez González, S. (2022). Democracia y condición plebeya en el horizonte de crisis de la oligarquía neoliberal. Política y Sociedad, 59(1), e74384. https://doi.org/10.5209/poso.74384
Sen, A. (1999). Development as freedom. Oxford University Press.
*Sebastián Acuña es militante del Frente Amplio (Frente Estudiantil-USACH).
