Cada 8 de marzo reaparece una pregunta: ¿qué estamos nombrando cuando decimos “feminismo”? Durante décadas el término fue resistido, ridiculizado y atacado. Hoy ocurre algo curiosamente distinto. Actores políticos que antes cuestionaban la agenda de género ahora se declaran feministas o incorporan el concepto en su discurso público. No se trata de una conversión ideológica repentina. Se trata de una disputa por el significado.
El conflicto ya no se juega únicamente entre feminismo y antifeminismo explícito. Se juega dentro del propio concepto. La disputa es por su contenido, por su espesor crítico, por su capacidad de nombrar estructuras de poder sin diluirlas en un lenguaje neutralizado.
No es casual que el término incomode. El sufijo “ismo” no designa una exageración ni una radicalización irracional, como suele insinuarse cuando se compara el feminismo con posturas extremas. En su raíz, nombra una doctrina, una corriente de pensamiento, una posición frente al mundo. Feminismo no es un estado de ánimo ni una identidad difusa. Es una lectura política de la realidad que sostiene que existe una organización histórica de subordinación de género. Y cuando se habla de patriarcado no se invoca un eslogan, sino un concepto que describe un orden de poder persistente. La incomodidad con el “ismo” no es lingüística. Es política. Lo que incomoda es la afirmación de que esa estructura existe.
Cuando el poder redefine el feminismo, lo primero que hace es desactivar su dimensión orgánica. Se habla de igualdad como valor universal, pero se evita hablar de desigualdad como sistema. Se celebra la superación individual, pero no se examinan las condiciones que hacen que esa superación sea excepcional. Se exalta la figura de la mujer fuerte mientras se omite que esa fortaleza muchas veces es una respuesta a la precariedad, la sobrecarga y la violencia.
La desigualdad deja de ser una organización histórica del poder y pasa a ser un problema cultural o generacional. El conflicto desaparece. En su lugar aparece la narrativa del mérito. Si algunas mujeres alcanzan posiciones de liderazgo, se presenta como prueba de que el sistema funciona. Si otras no, la explicación se desplaza hacia sus decisiones personales. Ese desplazamiento tiene consecuencias concretas. Un feminismo reducido a igualdad formal ante la ley no cuestiona el modelo económico que descansa sobre el trabajo no remunerado de las mujeres. No interroga la feminización de la pobreza ni la distribución desigual de los cuidados. No tensiona la concentración del poder político ni empresarial. La brecha salarial y la violencia de género se tratan como fallas aisladas, no como engranajes de un orden social.
La tensión no es abstracta. En Chile, el próximo gobierno ha designado para encabezar la cartera de la Mujer y la Equidad de Género a una figura vinculada a sectores ultraconservadores que han cuestionado derechos reproductivos y relativizado el carácter estructural de la desigualdad de género. Más allá de nombres propios, lo relevante es la orientación política: la posibilidad de redefinir la institucionalidad de género reduciéndola a empleo femenino y violencia intrafamiliar, desplazando la discusión sobre autonomía corporal, los cuidados y la redistribución de poder.
En España y otros contextos europeos se observa una tensión similar. Sectores conservadores intentan resignificar el feminismo desligándolo de derechos sexuales y reproductivos o cuestionando la noción de violencia de género como fenómeno basal. En paralelo, otros actores impulsan blindajes constitucionales para proteger esos mismos derechos ante el temor de retrocesos. La palabra feminismo circula en ambos discursos, pero no opera con el mismo contenido.
En este escenario emerge la idea de un feminismo razonable, un feminismo que no incomoda, que no cuestiona jerarquías ni tradiciones, que resulta compatible con el orden existente. Se presenta como sensato y equilibrado. Su efecto es desplazar el conflicto desde la orgánica hacia el comportamiento individual.
¿Puede llamarse feminismo a una postura que niega la violencia estructural de género? ¿Es coherente hablar de autonomía femenina mientras se limita la capacidad de decisión sobre el propio cuerpo? ¿Puede sostenerse la igualdad como discurso cuando las condiciones materiales siguen reproduciendo subordinación?
El feminismo nunca ha sido homogéneo. Ha sido un campo atravesado por debates y tensiones. Esa pluralidad es parte de su vitalidad política. Pero hay un punto que no puede desaparecer sin vaciar el concepto de feminismo: el reconocimiento de que existe una base histórica de subordinación de género que organiza la vida social y distribuye poder de manera desigual.
Si ese reconocimiento se diluye, el feminismo se convierte en una palabra decorativa. En una marca de modernidad institucional. En un recurso discursivo que permite presentarse como progresista sin alterar las bases del orden social.
También corresponde una autocrítica. Parte de esta maleabilidad ha sido posible porque ciertas versiones institucionalizadas del feminismo han privilegiado la representación simbólica por sobre la redistribución material. Más mujeres en cargos no necesariamente implica transformación si las reglas del juego permanecen intactas. La inclusión sin revisión del poder termina reforzando el mismo sistema que dice cuestionar.
El 8 de marzo no puede reducirse a una conmemoración ritual ni a una competencia de declaraciones oficiales. Es un momento de disputa de sentido. Defender el feminismo hoy implica sostener su capacidad de incomodar, de señalar responsabilidades institucionales y de insistir en que la desigualdad no es un accidente sino una estructura persistente.
Cuando el poder comienza a hablar el lenguaje del feminismo, nuestra respuesta no puede ser celebrar esa coincidencia. Debemos examinar qué está siendo neutralizado, qué conflictos dejan de nombrarse y qué dimensiones del problema quedan fuera del encuadre.
Este 8M no basta con declararse feminista. No basta con repetir la palabra en discursos oficiales ni incorporarla en programas de gobierno. El feminismo no es una credencial democrática ni una estrategia comunicacional. Es una posición política frente a la desigualdad de base.
Quien no está dispuesto a nombrar esa estructura, a defender la autonomía corporal sin ambigüedades y a cuestionar la distribución real del poder económico y simbólico, no está ampliando el feminismo. Lo está vaciando.
Y cuando el feminismo se convierte en marketing político, deja de incomodar. Y cuando deja de incomodar, deja intactas las estructuras que dice enfrentar.
*Marybel Fuentemavida Vásquez es Administradora Pública y magíster en Metodologías Críticas para la Investigación Social, UAHC.
