Cada cierto tiempo, un país latinoamericano se convierte en el espejo que los demás parecen evitar mirar. Bolivia es hoy ese espejo y lo que refleja incomoda, precisamente, porque es reconocible.
Rodrigo Paz lleva apenas seis meses en el poder y ya enfrenta su tercera semana de protestas masivas con desabastecimiento de alimentos y combustibles, enfrentamientos en La Paz y El Alto, y una exigencia de renuncia que crece con cada jornada. El detonante fue el Decreto Supremo 5503 que eliminó la subvención a los combustibles, abrió la puerta a la privatización de empresas estratégicas y entregó beneficios tributarios a los grandes empresarios; todo ello presentado como respuesta inevitable a la crisis heredada. La justificación de la herencia siempre llega primero. Las consecuencias sobre los cuerpos concretos de la gente llegan después y, cuando llegan, llenan las calles.
Lo que hace particular este momento boliviano es quiénes están en esas calles. Miles de campesinos, indígenas, trabajadores, mineros, maestros rurales, mujeres de pollera y juventudes marcharon en defensa de la vida, la soberanía, la tierra y el territorio. Muchos de ellos votaron por Paz. El analista Marcelo Silva lo dice sin rodeos: «Las zonas donde votaban masistas terminaron votando por Rodrigo Paz. Pero luego él se aleja del mundo popular». Ahí está el nudo de todo. El voto popular prestado a un proyecto que, en cuanto tomó el poder, se acomodó del lado del empresariado cruceño y de los organismos financieros internacionales. La promesa que se dobla en cuanto toca el escritorio ejecutivo es uno de los gestos más viejos y más costosos de la política latinoamericana.
La respuesta del Gobierno siguió la misma lógica. Fuerzas policiales y militares equipadas con armamento antimotines enfrentaron a los y las manifestantes, y organizaciones denunciaron el uso de munición de guerra contra la población civil. Paz acusó a Evo Morales de orquestar las protestas desde afuera, convirtiendo el conflicto social en un problema de seguridad y a los y las manifestantes en instrumentos de un proyecto político ajeno. Desde la calle, el vocero de la Federación Departamental de Trabajadores Campesinos de La Paz Túpac Katari, Vicente Salazar, respondió: «Mientras el vocero de la presidencia habla de intervenciones pacíficas, las imágenes muestran lo contrario. La realidad es otra». Criminalizar la protesta y atribuirle autoría externa es el recurso de los gobiernos que ya agotaron los argumentos propios.
Todo esto ocurre dentro de una arquitectura regional más amplia que conviene nombrar. La extrema derecha latinoamericana ha construido un ecosistema de desinformación que lleva a millones de personas a vivir inmersas en un mundo paralelo que reniega del establishment político, de los datos, de la racionalidad y de la mera información. Ese ecosistema opera sobre miedos reales: la inseguridad que creció, los empleos que se perdieron, los gobiernos progresistas que prometieron demasiado y administraron con los mismos instrumentos del orden anterior. La maquinaria toma ese malestar legítimo y lo convierte en combustible electoral para proyectos que, una vez en el poder, profundizan exactamente las condiciones que generaron ese malestar. Bolivia es la demostración más reciente y más visible de ese ciclo.
Finalizando 2025, once países latinoamericanos estaban gobernados por la derecha y ese bloque tiene una coordinación que va mucho más allá de la coincidencia ideológica. Antes de asumir, Kast realizó una gira que lo llevó a reunirse con Viktor Orbán, Giorgia Meloni, Nayib Bukele y Javier Milei, marcando de entrada una línea de mayor cercanía con Estados Unidos y cooperación en seguridad y migración. Chile forma parte de ese bloque desde marzo y sería un error de perspectiva histórica pensar que está blindado de lo que hoy sacude a Bolivia. El estallido de 2019 dejó una herida que ningún decreto de emergencia cierra. La desigualdad estructural que lo produjo sigue intacta. El académico Raúl Elgueta advirtió que las lunas de miel son cada vez más cortas y en Chile, como en Bolivia, la luna de miel termina cuando la cuenta del mes llega a los mismos hogares que votaron con esperanza.
Latinoamérica es una sola geografía política, aunque sus países voten en fechas distintas y le pongan nombres distintos al miedo. Los indígenas que caminaron 28 días desde la Amazonía boliviana, las mujeres de pollera que sostienen semanas de bloqueo bajo el frío del altiplano, los mineros que enfrentan armamento antimotines con sus cuerpos están demostrando algo que las élites regionales prefieren ignorar: que el voto es un momento dentro de un proceso mucho más largo, y que los gobiernos que confunden el momento con el proceso terminan mirando desde los balcones del Palacio Quemado, o desde La Moneda, cómo la calle les recuerda esa diferencia.
*Marybel Fuentemavida Vásquez es Administradora Pública y magíster en Metodologías Críticas para la Investigación Social, Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Chile.
