Una de las primeras cosas que aprendí como estudiante de Estudios Internacionales es la importancia de los pesos y contrapesos dentro de un régimen democrático. Si bien la democracia no es un régimen perfecto o ideal, sí es fundamental que existan límites y controles al ejercicio del poder, especialmente cuando hablamos de las facultades que concentra el presidente de la República, porque la delimitación del poder presidencial es fundamental para evitar que nuestras democracias comiencen a transformarse en democracias iliberales, autoritarismos competitivos o incluso de facto en sistemas autoritarios, en los que las instituciones democráticas continúan existiendo, pero pierden progresivamente su capacidad de controlar al poder.
Y esto es importante porque, por esencia, un régimen democrático exige que el Ejecutivo acepte los pesos y contrapesos propios de cualquier democracia, incluso cuando estos límites resulten incómodos para quien gobierna. La democracia no consiste simplemente en que una mayoría electoral pueda hacer todo lo que quiera durante cuatro años, sino que también implica reconocer que existen instituciones, tribunales, Congreso, organismos autónomos y derechos fundamentales que limitan el ejercicio del poder, precisamente para evitar que la voluntad de una mayoría circunstancial pueda transformarse en poder absoluto.
Si bien la democracia chilena no es perfecta, en comparación con otros países de la región se ha mantenido relativamente estable desde el retorno a la democracia. Sin embargo, el pasado lunes 17 de agosto esta estabilidad institucional vuelve a enfrentarse a un escenario de riesgo, luego de que el Gobierno de Kast ingresara al Congreso una reforma constitucional que contempla ocho modificaciones a la Constitución.
Uno de los puntos principales de esta propuesta es la creación de un nuevo Estado de Excepción de Seguridad Pública que podría ser decretado por el Ejecutivo ante “amenazas graves e inminentes”. El texto señala que, “en caso de amenaza grave e inminente contra la seguridad pública o cuando esta haya sido gravemente afectada, lo declarará el presidente de la República, determinando las zonas afectadas por dichas circunstancias”.
El problema principal de esta modificación es que se le permitiría al presidente establecer unilateralmente un régimen de hasta 240 días, prorrogables, con facultades para suspender o restringir derechos como la libertad de desplazamiento y de reunión. Esto representa una amenaza real para la convivencia democrática, especialmente para quienes no estemos del lado del oficialismo. Además, se contemplan atribuciones relacionadas con la interceptación de comunicaciones que, si bien son legales en Chile, deben ser aprobadas mediante una orden judicial. A su vez, se plantea la requisición de bienes, cuando quienes iban a expropiar tu casa y tus bienes eran los del frente. La contradicción política es evidente, porque aquello que ayer era presentado como una amenaza contra la propiedad y las libertades, hoy parece transformarse en una herramienta legítima cuando quien concentra esas facultades es el Ejecutivo de turno.
Dado todo lo anterior, es claro que no estamos hablando solamente de una modificación técnica o administrativa, sino de facultades que tienen una relación directa con derechos fundamentales de todos quienes habitan en nuestro territorio y, por lo mismo, no podemos reducir esta discusión únicamente a si estamos a favor o en contra de enfrentar la delincuencia.
Los mismos que durante otros momentos planteaban que las problemáticas sociales no se solucionaban mediante cambios constitucionales, hoy vienen a proponer una alternativa sobredimensionada sobre cómo enfrentar las problemáticas de seguridad y esto resulta especialmente contradictorio cuando se pretende modificar la propia Constitución para ampliar las facultades del Ejecutivo.
Aquí aparece una pregunta que el Gobierno debería responder: ¿qué ocurre cuando los órganos de control no permiten hacer aquello que el Ejecutivo quiere hacer? La respuesta en una democracia debería ser aceptar esos límites, negociar, legislar y convencer, no modificar las reglas del juego hasta obtener una interpretación constitucional a la medida de la propia ideología. Porque si cada vez que una institución de control establece un límite al poder presidencial la respuesta es cambiar la institucionalidad para eliminar ese límite, entonces el problema deja de ser jurídico y comienza a ser profundamente democrático.
Es legítimo que un Gobierno busque nuevas herramientas para problemáticas sociales, pero la discusión no puede limitarse solamente a si una medida parece efectiva o no, dado que también debemos preguntarnos qué instituciones controlarán esas facultades, bajo qué condiciones podrán utilizarse y qué mecanismos existirán para evitar abusos, porque si algo nos ha enseñado la historia política es que el poder sin límites termina siendo un peligro para la democracia, independiente de quién lo ejerza.
Y aquí existe una diferencia fundamental entre democracia y democracia liberal, porque una democracia puede descansar en la idea de que la mayoría manda, mientras que una democracia liberal entiende que incluso la mayoría tiene límites. Por ejemplo, los derechos fundamentales, la separación de poderes y los órganos de control existen precisamente para impedir que la voluntad popular, por legítima que sea, pueda utilizarse como argumento para pasar por encima de las reglas institucionales. Apelar constantemente a “la voz del pueblo” no convierte automáticamente cualquier decisión en democrática, porque la democracia también requiere constitucionalismo y una institucionalidad a sus espaldas.
Un antecedente clave es que Chile ya posee un régimen fuertemente presidencialista, por lo que, en este contexto, otorgar un mayor margen de acción directa al Ejecutivo, sin establecer contrapesos suficientes, constituye un antecedente especialmente delicado para nuestra democracia. Esto genera que la concentración del poder no se vuelva menos peligrosa simplemente porque se justifique mediante un discurso de seguridad pública, y mucho menos cuando hablamos de facultades que pueden afectar directamente nuestras libertades. Por eso, no se trata tan solo de seguridad pública, también se trata de preguntarnos qué atribuciones se le entregan al presidente sobre nuestras libertades y quién controla el uso de esas facultades, dado que, una democracia saludable no solamente debe ser capaz de enfrentar las amenazas que afectan a la ciudadanía, sino que también debe ser capaz de protegerse de la concentración excesiva del poder.
Incluso si una ley es considerada inconstitucional porque vulnera las reglas que establece nuestra propia Constitución, la solución en una democracia debería ser modificar la ley, no cambiar las reglas constitucionales cada vez que estas se transforman en un obstáculo para el Gobierno de turno. De lo contrario, terminamos construyendo una institucionalidad a la medida del poder político, donde aquello que ayer era inconstitucional mañana deja de serlo simplemente porque cambiamos las reglas para que pueda ser legal.
Y ahí es donde esta discusión deja de ser solamente jurídica y comienza a ser política, porque el Gobierno parece manifestar una preocupante intolerancia frente a los contrapesos institucionales, intentando avanzar hacia una interpretación constitucional que responda a su propia visión ideológica. Esto no significa afirmar que Chile esté transitando automáticamente hacia un régimen autoritario, pero sí significa reconocer que existen prácticas y discursos que históricamente han sido utilizados por gobiernos de América Latina para debilitar progresivamente los controles institucionales, especialmente cuando estos son presentados como obstáculos para cumplir la voluntad popular.
Por eso, esta reforma constitucional es una amenaza clara para nuestras libertades constitucionales y bordea peligrosamente los límites del autoritarismo, porque cuando comenzamos a normalizar que el Poder Ejecutivo pueda restringir derechos fundamentales con criterios ambiguos y con contrapesos insuficientes, dejamos de hablar solamente de seguridad y comenzamos a hablar de cuánto poder estamos dispuestos a entregarle a una sola persona.
Nuevamente, el Gobierno intenta pasar gato por liebre a los chilenos y chilenas, planteando que estamos frente a una modificación constitucional sobre seguridad, no obstante, estas modificaciones contemplan un peligro para la democracia si terminan debilitando los contrapesos institucionales y permitiendo una mayor concentración de poder en el presidente.
Porque si para enfrentar la inseguridad estamos dispuestos a debilitar los contrapesos, restringir libertades y concentrar facultades en el Ejecutivo, quizás terminemos consiguiendo un Estado con más poder, pero con una democracia mucho más débil. Y una democracia débil no se defiende solamente con elecciones, se defiende con instituciones capaces de decirle que no al poder, incluso cuando ese poder tenga una mayoría detrás.
*Sebastian Acuña es encargado político del Frente Estudiantil-USACH del Frente Amplio.
