En Santiago de Chile, mientras miles y miles de mujeres de la zona sur diariamente se trasladan en buses, metros y transportes informales de personas que amablemente ofrecen un asiento en su auto a las 6 de la mañana para acercarlas a sus destinos de trabajo o estudios, el Estado toma decisiones que perpetúan la marginalidad espacial.
La esperada construcción de la nueva línea del metro tren de pasajeros Melitren, diseñada originalmente para conectar ocho comunas desde Melipilla a Estación Central, el principal punto de conexión con el centro de Santiago, mediante 3 tramos, ve postergada la construcción del último tramo de su diseño original trazado desde Cerrillos a Estación Central. La Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE) anunció que se declaró desierta la licitación para la construcción de esas estaciones. Mientras tanto, en el terminal de buses de Estación Central, las largas filas de espera para abordar una micro de retorno al hogar se extienden por más de una hora; un tiempo muerto que se suma a las dos horas de viaje. En promedio, el trayecto en el transporte público, si se enfrenta congestión vehicular, se extiende casi a cinco horas, agudizando una profunda pobreza de tiempo que recae, mayoritariamente, sobre los hombros femeninos.
Las mujeres habitamos, vivimos y experimentamos la ciudad de una manera diferente a la del “hombre racional promedio” para el cual se diseñan las políticas públicas. Nuestros viajes no son lineales ni pendulares de la casa al trabajo y viceversa. Nuestra movilidad se divide y traza a través de viajes poligonales o en cadena: entre el trabajo, las labores de cuidado, ir a dejar a hijos e hijas al colegio o al jardín, llevar al hijo o a la hija al médico si se enferma, o si ocurrió algo en el colegio acudir de emergencia a buscarlo/a. A esto se suma regresar a la casa a ordenar, cocinar, dar comida, hacer tareas, estudiar, seguir trabajando, dormirse tarde y levantarse a las 5 de la mañana y repetir la rutina día tras día.
La postergación de la construcción del último tramo del metro tren que conectará la zona sur de Santiago, es una decisión del Estado que genera un impedimento directo en el desplazamiento de muchas mujeres que han esperado por más de 30 años conexión directa con la red de transporte público. Esta es una decisión que no fue pensada ni analizada para mujeres, sino que fue tomada en base a lo que el “hombre racional” hace y perpetúa la marginación espacial de la periferia.
Tal como se afirma en El Mostrador (29 de septiembre, 2026), “El biministro de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, señaló que trabajan con suma urgencia en el tramo del Tren Melipilla-Santiago que priorizaron, en contraste con el sector que se declaró desierto. En esa línea, el biministro aseveró que no habría problema con el tramo desierto porque la mayor parte de la gente no lo iba a utilizar, o al menos tendría alternativas al mismo, sin considerar que lo ideal suele ser un servicio directo”.
Los dichos del biministro revelan aspectos que hablan desde la perspectiva de un hombre privilegiado que se mueve por la ciudad en vehículo particular. Su postura refleja la clásica visión urbanística que evalúa el éxito de una política pública basándose exclusivamente en el movimiento de vehículos, la velocidad y la cuantificación de flujos masivos, con una profunda mirada androcéntrica y efectista. Ese es el paradigma del transporte.
Señalar con seguridad que “no habría problema con el tramo desierto porque la mayor parte de la gente no lo iba a utilizar, o al menos tendría alternativas al mismo” es ignorar profundamente que el diseño de las calles, los transbordos forzoso y las vías de transporte funcionan como un dispositivo de exclusión.
Por esto, debemos transitar urgentemente hacia un paradigma de la movilidad, que incorpore la perspectiva de género en el diseño de la ciudad y en las políticas públicas. Este paradigma valora el movimiento como una experiencia habitada y se determina por la accesibilidad real de las personas a los lugares para satisfacer sus necesidades. A diferencia de lo que sostiene el biministro, sí hay miles de mujeres que usarían el último tramo del metro tren buscando mayor seguridad, acceso directo y rapidez; garantías que no necesariamente entregan las vías alternativas. Para una mujer que viaja con sus niños en coches y con bolsos, tener que bajarse de una micro, sin descuidar al niño en ningún segundo, cruzar tres semáforos para llegar al otro lado de la calle y lograr abordar una segunda micro o llegar a la estación de metro más cercana, es una proeza agotadora. Con una conexión directa, se ahorrarían valiosos minutos, desgaste físico y viajarían con mayor dignidad.
El costo de las decisiones sobre políticas públicas pensadas desde la mirada masculina lo pagan las mujeres. Somos nosotras quienes vemos incrementado el valor económico y temporal de cada viaje al tener que tomar diferentes medios de transporte pagando por cada uno.
Esto muchas veces escapa del presupuesto familiar mensual, especialmente si consideramos la brecha salarial que existe en Chile y el hecho de que muchas mujeres son quienes solas sostienen a su familia. Esta ineficiencia estatal precariza aún más su situación, aumenta el tiempo de traslado aniquilando nuestro escaso tiempo libre.
La invisibilización sistemática de nuestras necesidades de movilidad restringe los espacios por los que podemos circular de manera segura, constituyendo una forma de violencia institucional que naturaliza nuestra subordinación en el espacio público. Optar por un servicio directo hacia Estación Central mediante el metrotren responde a una necesidad imperativa de seguridad, rapidez y autonomía, garantías que las vías alternativas fragmentadas simplemente no entregan, sumiendo a las usuarias en un constante estado de alerta frente a la violencia y el acoso en infraestructuras colapsadas.
Reivindicar nuestro derecho a la movilidad y a la ciudad es urgente. Una decisión como la postergación de la construcción de un tramo clave en el metro tren es una amenaza directa a nuestra libertad, a nuestra autonomía y derecho al ocio. Es imperativo politizar la infraestructura urbana. El derecho a la movilidad no es un favor estatal, es un derecho social fundamental que condiciona el pleno ejercicio del derecho a la ciudad. Por ello, debemos exigir que toda gran obra de infraestructura metropolitana esté sujeta a evaluaciones de impacto de género vinculantes antes de ser modificada o cancelada.
La geografía no debe determinar nuestra calidad de vida ni nuestro nivel de agotamiento. Reivindiquemos una ciudad donde el acceso a los servicios básicos, la circulación libre y segura, y la reapropiación de nuestro tiempo dejen de ser un privilegio dictado por lógicas tecnócratas, para convertirse en la base material de una vida digna y verdaderamente autónoma para todas las mujeres.
*Lorena Madrid es militante del Frente Feminista del Frente Amplio en la V Región.
