El auge de las startups tecnológicas ha redefinido el panorama económico global. Esta revolución digital plantea preguntas cruciales sobre el papel del Estado, la libertad de expresión y el futuro de la innovación.
Históricamente, el Estado ha desempeñado un papel fundamental en el desarrollo tecnológico. Desde la financiación de investigaciones básicas hasta la creación de infraestructuras como Internet, la intervención estatal ha sido clave para impulsar la innovación. Un ejemplo paradigmático es Silicon Valley, un clúster tecnológico que surgió gracias a la inversión pública en I+D durante la Guerra Fría.
Como señala Yuval Noah Harari, en “Sapiens: de animales a dioses”, “la mayoría de las tecnologías clave que impulsaron la revolución científica fueron financiadas por reyes, sultanes y emperadores”. Quizás viene al caso preguntarnos por los resultados del financiamiento público a determinadas tecnologías.
En las últimas décadas, Silicon Valley y otros referentes del mundo tecnológico han evidenciado un giro hacia la derecha, abrazando una ideología libertaria que defiende la mínima intervención estatal en algunos aspectos de competitividad interna y, paradojalmente, es proteccionista en cuanto a la defensa de fronteras nacionales o comerciales. Este cambio se debe, en parte, al éxito de empresas como Apple y Google, que han logrado construir imperios sin depender (aparentemente) del apoyo gubernamental y, a su vez, están sufriendo su regulación y la ignorancia de los tomadores de decisiones. Además, la creciente influencia de centros de pensamiento y acción política (think tanks) de línea conservadora y el financiamiento de propaganda política por parte de magnates tecnológicos han contribuido a este giro ideológico. Que los «tech bros» se alineen con la acumulación de capital y la desregulación no es una novedad. Este pacto entre la élite económica y el poder político es un viejo conocido, solo que ahora se viste con ropajes tecnológicos. Es, quizás, la defensa de la propiedad privada el origen de este repliegue táctico a la derecha. Deberíamos comenzar a pensar la transición a tecnologías públicas o comunitarias con financiamiento estatal o internacional.
Esta nueva realidad plantea un dilema: ¿quién debe regular las redes sociales? ¿Se debe regular el hardware o el software? Mientras exigimos que estas plataformas respeten la libertad de expresión, olvidamos que no están sujetas a las mismas leyes que los medios tradicionales; servidores alojados en un país alojan el debate sobre el aborto en otro país de otro continente, por ejemplo. La falta de regulación genera un vacío legal que permite la proliferación de desinformación y de discursos de odio, además de la mencionada libertad en la línea editorial de estas plataformas.
En este contexto, surge el debate sobre la naturaleza de la innovación. ¿Debe ser la innovación un bien privado, impulsado por el mercado, o un bien público, financiado por el Estado y accesible a todos? Si la innovación se financia con fondos públicos, ¿debería tender a ser comunitaria, beneficiando a la sociedad en su conjunto? Aquí, la teoría de la construcción social de la tecnología, tal como la expone Judy Wajcman, nos recuerda que “la tecnología no es neutral, sino que está moldeada por las relaciones sociales de poder”. Es decir, las decisiones sobre qué tecnologías se desarrollan y cómo se utilizan no son puramente técnicas, sino que reflejan los intereses y valores de los grupos dominantes.
Finalmente, la conocida dificultad de retorno a sus inversionistas de gigantes tecnológicos nos recuerda la fragilidad de este ecosistema. La dependencia de la publicidad y la volatilidad de los mercados plantean interrogantes sobre la sostenibilidad a largo plazo de estas empresas. Esto comienza a evidenciarse con la inversión recientemente anunciada en Stargate y la estrecha relación entre política y tecnología.
En conclusión, la relación entre tecnología, Estado e innovación es compleja y está en constante evolución. Es crucial mantener un debate informado sobre el papel de la regulación, la libertad de expresión y el futuro de la innovación en la era digital. Necesitamos un nuevo pacto social que garantice que la tecnología beneficie a toda la sociedad y no solo a unos pocos privilegiados.
*Juan José Berger es sociólogo y magister en Comunicación Social. Forma parte de Nodo XXI.
