Poder sin mesura
Si la estrategia supone una relación inteligible entre medios y fines, el arma nuclear introduce una anomalía radical. No en el sentido que sea una fuerza convencional multiplicada muchas veces, sino de una capacidad de destrucción que puede alterar la propia lógica que hacía comprensible la guerra. La escalada, la proporcionalidad y el cálculo permanecen como categorías estratégicas mientras existe alguna posibilidad de detenerse, negociar y preservar aquello que constituye el objeto de la disputa. Cuando el empleo de la fuerza puede destruir al adversario, a quien la utiliza y las condiciones materiales que ambos necesitan para continuar existiendo, la relación entre violencia y finalidad política comienza a quebrarse.
La magnitud inmediata de la destrucción es apenas una parte del problema. Una confrontación nuclear de gran escala alcanzaría sistemas ambientales, sanitarios, productivos, alimentarios y logísticos que desbordan por completo las fronteras del campo de batalla. El antiguo problema estratégico —cómo imponer la propia voluntad al adversario— pierde entonces su marco habitual. La pregunta pasa a ser mucho más elemental: qué espacio queda para la política cuando desaparecen las condiciones materiales y humanas sobre las cuales podría ejercerse el poder.
Aquí la reflexión de Michael Howard (2001) adquiere una particular densidad. Si la guerra acompaña a las sociedades desde tiempos remotos, la paz entendida como un orden estable entre comunidades políticas constituye una construcción histórica mucho más reciente y frágil. Su existencia depende de instituciones, normas, diplomacia, reconocimiento mutuo y formas de autocontención que no eliminan las relaciones de fuerza, pero procuran impedir que estas se conviertan permanentemente en violencia abierta. El mismo desarrollo histórico que produjo una capacidad militar sin precedentes obligó, paradójicamente, a inventar mecanismos cada vez más complejos para impedir su utilización.
Este es el punto en el que la reflexión estratégica vuelve a encontrarse con la política. Sun Tzu había advertido sobre el costo de una fuerza empleada sin inteligencia; Clausewitz situó la guerra dentro de una finalidad política; Freedman recuerda cuánto escapan los conflictos a las previsiones de quienes los comienzan. En la era nuclear, estas advertencias convergen. La superioridad militar no puede confundirse con dominio de las consecuencias. Cuanto mayor es la capacidad tecnológica de destrucción, mayor debería ser también la exigencia de prudencia política; pero esto no es algo que ocurra en los grandes centros de poder global.
Sin embargo, la paradoja contemporánea parece caminar en la dirección contraria. El incremento de la capacidad técnica puede producir la ilusión de que también aumentó nuestra capacidad para controlar sus efectos. Allí reside una de las expresiones modernas de Hybris: disponer de medios extraordinarios y deducir de ello que las consecuencias también pueden gobernarse. La desmesura aparece antes del uso extremo de la fuerza: nace en la convicción de que toda capacidad técnica puede convertirse en una decisión políticamente controlable.
La invención de la paz
La paz adquiere entonces un significado distinto. No es la ausencia natural de conflictos ni un intervalo pasivo entre guerras. Es una construcción política que exige capacidades más complejas que la simple acumulación de fuerza. Michael Howard sitúa precisamente allí una de las grandes transformaciones de la modernidad: la guerra es antigua; la aspiración a organizar sistemáticamente la paz es mucho más reciente (Howard, 2001).
La Ilustración, el desarrollo del derecho internacional, la diplomacia moderna y posteriormente las organizaciones multilaterales expresaron, con todas sus contradicciones, un intento histórico de someter las relaciones entre Estados a reglas que permitieran anticipar comportamientos, limitar la violencia y crear condiciones mínimas de confianza. No construyeron un mundo sin guerras. Tampoco eliminaron el colonialismo, las desigualdades ni las ambiciones imperiales. Sería ingenuo atribuirles semejante consecuencia. Pero introdujeron progresivamente una idea fundamental: incluso las grandes potencias necesitan algún orden dentro del cual ejercer su poder.
La confianza debe entenderse en ese sentido. No hace referencia a la amistad entre Estados ni a la coincidencia entre proyectos políticos. Es algo más modesto y al mismo tiempo más esencial: la expectativa de que existen ciertos límites, procedimientos y compromisos que no serán destruidos frente a cada desacuerdo. La confianza permite calcular porque establece márgenes de previsibilidad. Y esa previsibilidad constituye uno de los fundamentos materiales de la diplomacia, el comercio, los acuerdos y la coexistencia entre adversarios.
Por ello, razón y confianza no son categorías opuestas al poder. Son también condiciones para ejercerlo sin destruir el sistema dentro del cual ese poder adquiere significado. Paul Kennedy mostró, desde otra perspectiva, cómo la relación entre capacidades económicas, ambiciones estratégicas y compromisos militares ha incidido históricamente en el ascenso y declive de las grandes potencias (Kennedy, 1989). La expansión de los objetivos más allá de las capacidades disponibles puede terminar debilitando precisamente a quien pretende ampliar su dominio. La mesura no constituye, por tanto, una virtud puramente moral; puede ser una forma superior de racionalidad política.
Las grandes crisis del sistema internacional han demostrado además que los órdenes no permanecen intactos. El Congreso de Viena, las transformaciones posteriores a las guerras mundiales, la creación de las Naciones Unidas y los mecanismos desarrollados durante la Guerra Fría respondieron, bajo condiciones históricas radicalmente diferentes, a una preocupación semejante: cómo establecer algún grado de convivencia después de períodos de violencia extrema. Ninguno de esos arreglos fue perfecto ni permanente. Todos expresaron relaciones de poder específicas. Pero mostraron que incluso después de grandes rupturas la política debe regresar para reconstruir reglas, reconocer actores y restablecer límites.
Hobsbawm llevó esa preocupación hacia el siglo XXI al advertir que las fronteras entre guerra y paz se hacían nuevamente menos nítidas y que el sistema internacional encontraba crecientes dificultades para regular una violencia fragmentada entre Estados, organizaciones armadas y otros actores no estatales (Hobsbawm, 2007). Dos décadas después, los registros del Uppsala Conflict Data Program parecen otorgar una inquietante materialidad a aquella advertencia. En 2025 se contabilizaron 65 conflictos armados con participación estatal, la cifra más alta desde que comenzó la serie en 1946; trece alcanzaron la categoría de guerra y los enfrentamientos directamente interestatales aumentaron hasta ocho, también un máximo dentro de esa serie (Davies et al., 2026).
Estas cifras no anuncian de manera inevitable una guerra mundial, pero sí describen un sistema internacional en el que la violencia armada se ha extendido, reaparecen con mayor intensidad los enfrentamientos entre Estados y sus efectos desbordan cada vez más las fronteras donde se combate. Las consecuencias humanas, económicas, migratorias, ambientales, tecnológicas y estratégicas adquieren escala regional e incluso planetaria, mientras las capacidades para contenerlas permanecen dispersas entre Estados, alianzas e instituciones sometidas a intereses frecuentemente contrapuestos. Allí adquiere nueva urgencia la advertencia de Hobsbawm: la violencia puede internacionalizarse con mayor rapidez que la capacidad política para regularla, lo que obliga a repensar reglas comunes, mecanismos de negociación y formas de cooperación capaces de operar precisamente cuando el conflicto tiende a escapar de sus límites.
El multilateralismo nace precisamente de esa contradicción. No requiere imaginar un mundo reconciliado. Parte del hecho contrario: existen intereses diferentes y relaciones de poder asimétricas que deben convivir dentro de un mismo espacio. Su función no es suprimir el conflicto, sino crear procedimientos para que el desacuerdo no se transforme necesariamente en destrucción. No obstante, a pesar de su debilidad actual, el multilateralismo requiere ser resignificado como uno de los instrumentos políticos y de construcción de acuerdos más importantes de los próximos años.
Cuando se rompe el mundo común
Pero las instituciones no pueden sostener por sí solas la paz cuando se deterioran las condiciones culturales y políticas que hacen posible el diálogo. Existe una dimensión anterior al tratado, a la negociación y a la diplomacia: la aceptación de que los adversarios, aunque interpreten de manera distinta la realidad, participan de un mundo común sobre el cual todavía es posible argumentar desde la diversidad histórica y cultural.
Ese supuesto comienza a hacerse frágil cuando cada actor construye un universo cerrado de certezas, cuando la palabra del otro pierde de antemano toda legitimidad o cuando la fuerza reemplaza al argumento como criterio de verdad. Entonces no se debilita solamente la conversación pública; comienza a erosionarse la posibilidad misma de negociación.
Ese desacople entre la creciente potencia de los medios y la capacidad humana para gobernar sus fines no constituye un problema nuevo. Adquirió una formulación particularmente inquietante durante una de las grandes fracturas del siglo XX.
Entre 1939 y 1944, mientras Europa atravesaba la guerra, el fascismo y una violencia organizada con capacidades técnicas hasta entonces desconocidas, Max Horkheimer y Theodor W. Adorno, exiliados en California, escribieron Dialéctica de la Ilustración, cuya primera versión circuló en 1944 y fue publicada en 1947 (Horkheimer y Adorno, 1947/1998). La pregunta que atravesaba la obra surgía de una paradoja histórica difícil de eludir: cómo una modernidad que había expandido extraordinariamente la ciencia, la industria, la administración y la capacidad humana para transformar el mundo podía poner esos mismos recursos al servicio de formas de dominación y destrucción cada vez más organizadas. La experiencia de la Segunda Guerra Mundial ofreció evidencias extremas. El exterminio nazi articuló estructuras estatales, sistemas administrativos, transportes, tecnología e instalaciones destinadas al asesinato masivo; Hiroshima y Nagasaki llevaron esa contradicción hacia otro umbral al demostrar que la investigación científica y la movilización industrial podían concentrar en un solo artefacto una capacidad de destrucción desconocida hasta entonces. La barbarie dejaba así de aparecer como simple ausencia de racionalidad: podía producirse desde el interior de una civilización altamente racionalizada y tecnológicamente avanzada.
Sobre ese escenario descansa en la actualidad una capacidad nuclear muy superior a la inaugurada en 1945. Según el SIPRI Yearbook 2026, nueve Estados a comienzos de 2026 poseen aproximadamente 12.187 armas nucleares; unas 9.745 formaban parte de arsenales militares potencialmente disponibles, 4.012 estaban desplegadas con fuerzas operativas y entre 2.100 y 2.200 permanecían en un elevado estado de alerta sobre misiles balísticos. Los nueve Estados nucleares continuaban, además, procesos de modernización de sus arsenales y varios incorporaban nuevos sistemas nucleares o con capacidad nuclear (Stockholm International Peace Research Institute [SIPRI], 2026).
El salto respecto de 1945 no puede medirse solamente por el número o la potencia de las armas. Se ha transformado el sistema que las rodea: vectores de largo alcance, sistemas de alerta y mando, tecnologías espaciales y digitales, capacidades de vigilancia y tiempos de decisión cada vez más comprimidos. La propia investigación científica reunida en el marco de Naciones Unidas advierte que las consecuencias de una utilización nuclear serían transfronterizas, acumulativas y de larga duración, con efectos sobre la salud, el ambiente, la producción de alimentos, la economía mundial y las posibilidades de desarrollo de las generaciones presentes y futuras (Scientific Advisory Group to the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons, 2025).
La vulnerabilidad contemporánea procede también de la profunda interdependencia del mundo. Las guerras ya no permanecen confinadas con facilidad al territorio donde se desarrollan. La OCDE muestra que la fragilidad política, económica y de seguridad se ha incrementado durante la última década y que los contextos de alta y extrema fragilidad concentran gran parte de la violencia organizada y del desplazamiento forzado mundial (OECD, 2025). El Banco Mundial, desde otra perspectiva, estima que los conflictos de alta intensidad pueden dejar, cinco años después, un PIB per cápita alrededor de un 20 % por debajo de la trayectoria que se habría esperado sin el conflicto, mostrando hasta qué punto la destrucción contemporánea se prolonga mucho más allá del campo militar (World Bank, 2025).
La interrogante de Horkheimer y Adorno adquiere así una dimensión que su tiempo apenas podía anticipar. Hemos ampliado extraordinariamente nuestra capacidad para producir, conocer, comunicar y transformar; también hemos multiplicado la escala, velocidad y alcance de los medios capaces de destruir. El problema decisivo reside en la distancia entre ambas capacidades: el poder técnico para desencadenar consecuencias planetarias ha avanzado mucho más rápido que la construcción de instituciones políticas capaces de impedirlas, contenerlas o gobernarlas una vez iniciadas.
Su crítica a la racionalidad instrumental adquiere, desde esta perspectiva, una inquietante actualidad. El problema no reside en la razón, la ciencia o la técnica en sí mismas, sino en una racionalidad que termina concentrándose en la eficacia de los medios mientras deja fuera de la discusión los fines a los que esos medios sirven. La pregunta deja entonces de ser qué debemos hacer y corre el riesgo de reducirse a qué somos capaces de hacer. En el terreno de la guerra, esa inversión alcanza hoy una dimensión extrema: una capacidad científica y tecnológica extraordinaria puede indicarnos cómo localizar, acelerar y multiplicar la destrucción, pero no contiene dentro de sí ninguna razón que determine por qué debería realizarse, hasta dónde sería legítimo llegar o qué mundo podría quedar después. Allí la cuestión técnica vuelve a convertirse, inevitablemente, en una cuestión política.
Habermas desplaza el problema hacia otra dimensión. Una sociedad no se sostiene exclusivamente mediante sistemas de poder o cálculo instrumental; necesita también espacios donde las pretensiones de validez puedan discutirse y donde los actores se reconozcan como interlocutores capaces de argumentar (Habermas, 1987). El diálogo no elimina las relaciones de poder, sino de comprender que sin alguna posibilidad de comunicación racional el conflicto solo conserva dos desenlaces: la imposición o la ruptura.
Esta tensión desborda las relaciones entre Estados. Manuel Castells ha mostrado cómo la crisis de legitimidad de las democracias se relaciona también con una profunda pérdida de confianza en instituciones y mecanismos de representación (Castells, 2017). Allí se encuentran el problema interno y el internacional. Sociedades atravesadas por la desconfianza, la fragmentación y la incapacidad para reconocer adversarios legítimos difícilmente pueden producir culturas políticas orientadas hacia el entendimiento en el exterior.
Por ello, cuando hablamos de un mundo común no estamos proponiendo uniformidad. La convivencia política no exige pensar del mismo modo ni compartir una única concepción de la historia, de la sociedad o del futuro. Supone algo más básico y, al mismo tiempo, más exigente: reconocer que las diferencias se desarrollan dentro de un espacio compartido, sometido a límites materiales, riesgos globales y una vulnerabilidad humana que ninguna frontera puede aislar por completo.
El desafío es preservar la pluralidad sin convertirla en enemistad absoluta. Podemos sostener proyectos políticos, culturales y sociales profundamente distintos y, aun así, aceptar que ninguna diferencia legitima por sí misma justifica la destrucción del otro. La paz comienza allí: no en la desaparición de la diferencia, sino en la decisión política de que la diferencia no autoriza la eliminación del adversario.
Por eso es especialmente peligrosa la naturalización cultural de una guerra inevitable. Cuando las sociedades comienzan a aceptar que grandes confrontaciones son inexorables, la política pierde anticipadamente parte de su capacidad para evitarlas. Las profecías de guerra pueden convertirse en marcos desde los cuales se organizan presupuestos, tecnologías, alianzas, discursos y percepciones del adversario. Lo imaginable comienza a orientar lo posible.
La primera tarea de la razón crítica lleva a rechazar dos simplificaciones igualmente peligrosas: la idea ingenua de que los conflictos pueden desaparecer y la idea fatalista de que necesariamente deben resolverse mediante la fuerza. Entre ambas existe el territorio de la política, el diálogo y sentido de comunidad humana.
Un orden sin garantías
Ese territorio se vuelve particularmente complejo en una época en la que las jerarquías internacionales se transforman y el poder adopta formas cada vez más diversas. Estados, corporaciones, sistemas financieros, plataformas tecnológicas, actores militares, redes científicas y organizaciones transnacionales intervienen sobre dimensiones distintas de la vida colectiva. Las preguntas clásicas sobre quién decide, quién concentra los recursos y quién puede imponer consecuencias a los demás adquieren, por ello, nuevas formas.
Las viejas teorías de las élites de Mosca, Pareto y Michels, hoy adquieren un valor explicativo en la comprensión de los juegos de poder mundial lo que amplía su capacidad de dialogar con los problemas recientes. El poder nunca estuvo distribuido homogéneamente, pero la capacidad contemporánea de intervenir sobre información, comunicaciones, finanzas, tecnologías y sistemas de armas amplifica enormemente las consecuencias de decisiones adoptadas por grupos relativamente reducidos. A esto se suma una crisis de representación que dificulta establecer quién controla efectivamente esas decisiones y ante quién responden quienes las toman.
No estamos únicamente ante una disputa por territorios. La competencia contemporánea involucra conocimientos, datos, tecnologías críticas, recursos naturales, rutas logísticas, energía, infraestructura digital y capacidades espaciales. La inteligencia artificial incorpora una nueva dimensión: puede contribuir a resolver problemas científicos, ambientales y sociales, pero también puede integrarse a sistemas de vigilancia, desinformación, planificación militar y toma acelerada de decisiones. La cuestión tecnológica es, por ello, inseparable de la pregunta política por sus finalidades.
En este punto vuelve a aparecer la advertencia que atravesaba el análisis de la guerra desde Sun Tzu: disponer de una capacidad no implica que sea racional utilizarla. La tecnología amplía el repertorio de acciones posibles; no determina cuáles son legítimas, prudentes o convenientes. Cuanto más poderoso es el conflicto, mayor es la necesidad de contar con instituciones sólidas, la deliberación y la existencia de criterios políticos capaces de orientarla.
El riesgo crece cuando nuevas armas y tecnologías avanzan al mismo tiempo que se erosionan los espacios de confianza, deliberación y cooperación capaces de orientarlas, lo que constituye la posibilidad de erguir una ética básica compartida. De esa brecha surge una combinación especialmente inestable: capacidades materiales cada vez mayores frente a una política cada vez menos capaz de gobernar sus consecuencias.
El problema del siglo XXI podría resumirse en esa tensión. La humanidad dispone de recursos científicos y tecnológicos capaces de ampliar extraordinariamente la vida, combatir enfermedades, producir conocimiento y enfrentar problemas ambientales. Esos mismos avances pueden servir para perfeccionar formas de vigilancia, dominación y destrucción. La disyuntiva no está en la tecnología misma. Está en las decisiones colectivas acerca de sus fines frente los dilemas del siglo XXI, sintetizados en las nociones de desarrollo humano, resolución pacífica de los conflictos y respeto a una humanidad diversa.
Recuperar la política
El recorrido de estas páginas conduce nuevamente al punto de partida. Desde Sun Tzu hasta Clausewitz, desde la experiencia de la guerra total hasta las reflexiones contemporáneas sobre la incertidumbre estratégica, aparece una constante: la fuerza solo conserva racionalidad mientras permanece vinculada a una finalidad política y sometida a algún principio de proporción. La guerra nuclear introduce una ruptura porque permite imaginar una situación en la cual los medios destruyen al adversario, al vencedor y al propio objetivo que pretendía alcanzarse.
Esta es la primera afirmación de este ensayo; la segunda es que la paz tampoco constituye un estado natural. Es una invención histórica, siempre imperfecta, que requiere instituciones, normas, confianza, negociación y capacidad de reconocimiento entre actores enfrentados. La tercera idea central es que la amenaza contemporánea no reside únicamente en los arsenales disponibles, sino también en la progresiva naturalización cultural y política de su posible utilización. Acostumbrarse a pensar la destrucción nuclear como una alternativa estratégica ordinaria significa comenzar a perder la noción misma del límite.
Esta tesis deriva de las anteriores: recuperar la política constituye hoy una cuestión de supervivencia. Política entendida no como simple administración del poder, sino como capacidad de producir acuerdos entre diferentes, construir reglas, establecer límites y mantener abierto el espacio en el que el adversario continúa siendo un interlocutor y no un objeto que debe desaparecer.
Para el sistema internacional, esto implica reconstruir espacios de diálogo incluso entre Estados que mantienen antagonismos profundos; fortalecer los mecanismos de prevención y contención de las escaladas; defender el derecho internacional; y preservar instituciones multilaterales capaces de funcionar precisamente cuando las relaciones políticas se deterioran. El multilateralismo no es una promesa de armonía. Es el reconocimiento práctico de que ningún Estado puede resolver por sí solo problemas cuya escala supera las fronteras nacionales.
América Latina posee, en este terreno, una experiencia que no debería subestimar. En 1967, el Tratado de Tlatelolco convirtió a América Latina y el Caribe en la primera región habitada del planeta que estableció mediante un tratado internacional una zona libre de armas nucleares. No eliminó los conflictos políticos de la región ni resolvió sus desigualdades, pero demostró que Estados con diferencias significativas podían acordar colectivamente un límite sobre una determinada forma de poder militar.
Esa experiencia ofrece a América Latina una perspectiva particular frente a las tensiones globales. La región no necesita elegir entre irrelevancia y alineamiento automático con las grandes potencias. Puede aportar una tradición diplomática propia a favor de la solución pacífica de controversias, la no proliferación nuclear, la cooperación regional y el fortalecimiento de mecanismos multilaterales. Su voz será más significativa en la medida en que sea capaz de formular propuestas y no solamente reaccionar ante decisiones tomadas en otros centros de poder.
El rol de las universidades
La construcción de la paz tampoco puede quedar exclusivamente en manos de gobiernos y diplomacias. Las sociedades necesitan lugares donde sea posible pensar lo que el lenguaje inmediato del poder tiende a simplificar. Allí aparece una responsabilidad particular de las universidades y de los centros de estudios locales y regionales.
La universidad debe ser uno de los espacios donde la guerra pueda discutirse sin propaganda y la paz sin ingenuidad. Su tarea no es producir unanimidades, sino mantener abierto el debate racional entre perspectivas diferentes, estudiar los conflictos con rigor histórico y científico, analizar las transformaciones tecnológicas y formar ciudadanos capaces de distinguir argumentación, información, manipulación y miedo. La educación superior puede reunir disciplinas que con demasiada frecuencia trabajan separadas —historia, relaciones internacionales, filosofía, ciencias sociales, derecho, tecnología, ciencias ambientales y salud— para comprender riesgos que ya no caben dentro de una sola especialidad.
La Unesco ha insistido en que la educación para la paz debe atravesar todos los niveles educativos, incluida la educación superior, y desarrollar conocimientos, valores, capacidades y prácticas orientados a la comprensión internacional, los derechos humanos, la cooperación y la convivencia democrática (Unesco, 2023). La universidad tiene, por ello, una responsabilidad que es intelectual y al mismo tiempo pública: preservar el espacio del argumento cuando el mundo comienza a acostumbrarse al lenguaje de la fuerza.
Esto exige también recuperar una cierta valentía intelectual. Las universidades no deberían transformarse en cajas de resonancia de los Estados, de los gobiernos, de las corporaciones ni de las corrientes ideológicas dominantes. Su contribución a la paz depende precisamente de su capacidad para interrogar críticamente todas las formas de poder, abrir espacio a posiciones contradictorias y producir conocimiento allí donde predominan el miedo, la simplificación y la propaganda.
La paz exige reconocer al adversario como interlocutor, incluso cuando las diferencias sean profundas e irreductibles. Supone aceptar límites al ejercicio del poder y comprender que la contención, lejos de expresar debilidad, puede ser una forma de responsabilidad política. Tal vez, allí reside finalmente la cuestión central. El desafío de nuestro tiempo no radica en pretender eliminar el conflicto de la historia. Eso sería imposible. Reside en impedir que el conflicto pierda toda medida.
Ares y a Hybris como metáforas históricas, seguirán siendo parte de las relaciones humanas y de las disputas entre Estados. La soberbia que desconoce los límites tampoco desaparecerá. Lo decisivo es aquello que pueda interponerse entre ambas y la destrucción.
Y hoy, frente a la posibilidad nuclear, recuperar la política significa recuperar la mesura, el diálogo, la confianza, el derecho y la capacidad de construir acuerdos antes de que la fuerza convierta en irreversible aquello que todavía puede ser evitado.
Referencias
Aron, R. (1976). Pensar la guerra, Clausewitz (Vols. 1–2). Gallimard.
Castells, M. (2017). Ruptura: La crisis de la democracia liberal. Alianza Editorial.
Clausewitz, C. von. (2005). De la guerra (C. Fortea, Trad.). La Esfera de los Libros.
Davies, S., Pettersson, T. y Öberg, M. (2026). Organized violence 1989–2025, and violent political protests. Journal of Peace Research, 63(4).
Freedman, L. (2019). La guerra futura: un estudio sobre el pasado y el presente (T. Fernández Aúz, Trad.). Crítica.
Glucksmann, A. (1969). El discurso de la guerra (M. Martí i Pol, Trad.). Anagrama.
Habermas, J. (1987). Teoría de la acción comunicativa. I: Racionalidad de la acción y racionalización social. Taurus.
Hobsbawm, E. J. (2007). Guerra y paz en el siglo XXI (B. Eguibar, F. Esteve, T. Fernández y J. Madariaga, Trads.). Crítica.
Horkheimer, M. y Adorno, T. W. (1998). Dialéctica de la Ilustración: Fragmentos filosóficos (J. J. Sánchez, Trad.). Trotta (trabajo original publicado en 1947).
Howard, M. (2001). La invención de la paz: Reflexiones sobre la guerra y el orden internacional (M. Armenteras Arassa, Trad.). Salvat.
Jomini, A.-H. de. (1865). Treatise on grand military operations: Or, A critical and military history of the wars of Frederick the Great, as contrasted with the modern system, together with a few of the most important principles of the art of war (S. B. Holabird, Trad.). D. Van Nostrand.
Kennedy, P. (1989). Auge y caída de las grandes potencias. Plaza & Janés.
Ludendorff, E. (1935). Der totale Krieg. Ludendorffs Verlag.
Michels, R. (1969). Los partidos políticos: Un estudio sociológico de las tendencias oligárquicas de la democracia moderna. Amorrortu.
Mosca, G. (1984). La clase política (N. Bobbio, Ed.). Fondo de Cultura Económica.
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. (2023). Recomendación sobre la educación para la paz y los derechos humanos, la comprensión internacional, la cooperación, las libertades fundamentales, la ciudadanía mundial y el desarrollo sostenible. Unesco.
Organización para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe. (1967). Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe (Tratado de Tlatelolco).
Pareto, V. (1980). Forma y equilibrio sociales: Extracto del Tratado de sociología general (J. López Pacheco, Trad.). Alianza Editorial.
Sun Tzu. (2023). El arte de la guerra: los beneficios de vencer sin combatir (A. F. Rodríguez Esteban, Trad.). Paidós.
Zemelman, H. (2007). El ángel de la historia: Determinación y autonomía de la condición humana (ideas para un programa de humanidades). Anthropos.
*Patricio Rivas H. es PhD. en Filosofía de la Historia.
