Reformar el Estatuto Administrativo es necesario, pero hacerlo sin los trabajadores y bajo la lógica del ajuste fiscal puede terminar debilitando la función pública y precarizando el empleo estatal.
El anuncio del Gobierno de revisar integralmente el Estatuto Administrativo abre un debate necesario. El Estado chileno ha cambiado y existen normas, procedimientos y estructuras que requieren actualización. Sin embargo, una reforma de esta magnitud no puede reducirse a una discusión técnica sobre contratación, desempeño, plantas y calificaciones, especialmente cuando se desarrolla en paralelo a un proceso de ajuste fiscal.
La pregunta de fondo es qué entendemos por modernizar el Estado. Desde nuestra mirada, modernizar no puede ser sinónimo de flexibilizar el empleo público. Por el contrario, debiera significar fortalecer la función pública, profesionalizarla y garantizar mejores condiciones para quienes tienen la responsabilidad de sostenerla.
Por eso, hay algunos ejes que debieran estar en el centro de esta discusión.
Primero: que la modernización no termine en precarización
Esta es probablemente la principal alerta. Cuando se plantea revisar las reglas de contratación, las plantas, el desempeño y las calificaciones, debemos preguntarnos qué efectos tendrán esos cambios sobre la estabilidad laboral de miles de trabajadores públicos.
Chile ya arrastra una realidad de empleo público fragmentado, con trabajadores de planta, contrata y honorarios, y con distintos niveles de estabilidad para personas que muchas veces realizan funciones similares o permanentes.
Una reforma verdaderamente modernizadora debería abordar esa precariedad, no profundizarla. No sería aceptable que, bajo el argumento de entregar mayor “flexibilidad” a la gestión, se termine facilitando la desvinculación, debilitando la carrera funcionaria o aumentando la discrecionalidad de las autoridades de turno.La eficiencia del Estado no se logra precarizando a sus trabajadores.
Segundo: fortalecer la carrera funcionaria
Modernizar también significa construir un servicio público profesional, con posibilidades reales de desarrollo y con reglas claras de ingreso, promoción, evaluación y permanencia.
La carrera funcionaria debe estar vinculada al mérito, la experiencia y las capacidades, y no a la cercanía con la autoridad política de turno. Por eso, una reforma al Estatuto debería ser una oportunidad para avanzar en estabilidad, formación permanente, movilidad, reconocimiento de la experiencia y sistemas de evaluación objetivos y transparentes.
Un funcionario que cuenta con estabilidad y una trayectoria profesional puede desarrollar mejor su trabajo y aportar continuidad a las políticas públicas.Un Estado moderno necesita trabajadores profesionales y con derechos, no trabajadores permanentemente inseguros.
Tercero: participación efectiva de la ANEF y de los gremios
Existe una diferencia fundamental entre una reforma técnicamente elaborada y una reforma legítima.
La comisión de 12 expertos puede aportar conocimiento jurídico, económico y administrativo. Pero ningún grupo de expertos, por transversal que sea, puede reemplazar la experiencia de quienes trabajan diariamente en los servicios públicos.
Por eso resulta preocupante que la comisión se haya conformado sin una participación efectiva de la ANEF y de las organizaciones gremiales del sector público.
Las organizaciones de trabajadores conocen las dificultades concretas de la administración: la falta de personal, las sobrecargas, la burocracia innecesaria, los problemas de gestión, las desigualdades entre modalidades de contratación y los efectos que las decisiones administrativas tienen sobre los servicios.
Incorporar a los gremios no significa entregarles derecho a veto. Significa reconocerlos como actores legítimos de una reforma que afectará directamente a sus representados y, en definitiva, al funcionamiento del Estado.
La participación no puede consistir en escuchar a los trabajadores cuando el proyecto ya esté elaborado. Deben participar en el diagnóstico, en la discusión de las alternativas y en la construcción de las propuestas.
Cuarto: separar modernización de ajuste fiscal
Este punto es especialmente relevante. Es legítimo que el Estado deba cuidar sus recursos y mejorar la eficiencia del gasto. Pero una reforma del empleo público no puede tener como objetivo principal reducir costos laborales.
Si la discusión parte desde cuánto personal hay que reducir, cuánto se puede flexibilizar la contratación o cómo hacer más fácil la desvinculación, entonces estaremos frente a una reforma fiscal antes que a una verdadera modernización del Estado.
La pregunta debiera ser al revés: ¿Qué Estado necesita Chile y qué capacidades, dotación y condiciones laborales requiere para cumplir adecuadamente sus funciones?
A partir de esa definición debe discutirse cuánto cuesta financiarlo. Porque un Estado barato no necesariamente es un Estado eficiente. Muchas veces ocurre exactamente lo contrario: menos trabajadores, más sobrecarga, mayor rotación y pérdida de experiencia terminan deteriorando los servicios que recibe la ciudadanía.
Modernizar debe significar fortalecer
No corresponde defender cada rigidez del Estatuto Administrativo ni negar que existan problemas que deben corregirse. Pero tampoco podemos aceptar que la palabra “modernización” se transforme en un eufemismo para flexibilizar derechos, debilitar la estabilidad laboral o reducir el Estado.
La oportunidad es otra. Podemos discutir un Estatuto Administrativo más moderno, con mejores mecanismos de evaluación, mayor profesionalización, mejores carreras funcionarias, más transparencia y servicios públicos más eficientes.
Pero ese proceso debe hacerse con los trabajadores y no contra los trabajadores.
Por ello, la decisión de conformar la comisión sin representación de la ANEF y de las demás organizaciones de trabajadores públicos constituye una señal preocupante, especialmente si se pretende modificar las reglas que regulan sus condiciones laborales. El Gobierno aún puede corregir este déficit abriendo una participación efectiva de los gremios en las distintas etapas de la reforma, incorporando la experiencia de quienes trabajan cotidianamente en el Estado y colocando la calidad del servicio público por sobre una lógica exclusivamente fiscal.
Porque si la “modernización” termina significando más inestabilidad, mayor discrecionalidad y menos derechos, no estaremos fortaleciendo el Estado, sino debilitando la función pública y precarizando a quienes la sostienen.
*Colisión es activista social y cultural.
