Hace algún tiempo que Chile parece haber descubierto que nacen menos niños y niñas. De pronto, la baja natalidad se convirtió en una “crisis”, una “emergencia”, un problema nacional frente al cual habría que reaccionar. El tono es conocido: si seguimos así, no habrá suficientes trabajadores, el sistema previsional será insostenible, la población envejecerá y tendremos dificultades para sostener nuestra economía. El descenso de la natalidad es real. Sus consecuencias demográficas también. Lo que no es neutral es convertirlo automáticamente en una crisis cuya solución sería fomentarnos parir más.
Esta caída no comenzó ayer ni responde a un fenómeno repentino. Es parte de una transformación demográfica que lleva décadas produciéndose. Desde las décadas de 1960 y 1970 la fecundidad continuó descendiendo incluso en sociedades que ya habían completado su primera transición demográfica. Junto con ello se retrasaron el matrimonio y el nacimiento del primer hijo, aumentaron los hogares unipersonales y se diversificaron las formas familiares. En América Latina, además, estas transformaciones han convivido con profundas desigualdades económicas y sociales. Sin mencionar que la distribución desigual de los cuidados ha generado un peso desproporcionado sobre los hombros de las mujeres.
La propia CEPAL habla hoy de una transformación demográfica profunda. Desde 2015, la fecundidad de América Latina y el Caribe se mantiene por debajo del nivel de reemplazo y en 2024 alcanzó 1,8 hijos por mujer. Pero la transformación no consiste solamente en que “nacen menos niños”: simultáneamente disminuye la fecundidad adolescente, aumenta la esperanza de vida, envejece la población, disminuye el tamaño de los hogares y se reconfiguran las familias. Es importante entenderlo así porque nos permite ampliar la discusión. No estamos frente a una generación de mujeres que inexplicablemente decidió dejar de reproducirse. Estamos frente a una sociedad que cambió.
Urbanización, mayor educación, incorporación de las mujeres al mercado laboral, acceso a anticonceptivos, transformaciones familiares y mayores posibilidades de controlar nuestra reproducción modificaron radicalmente las condiciones bajo las cuales decidimos si queremos tener hijos. Y quizás allí está una parte del problema narrativo de la “crisis”: tener hijos dejó de ser un destino. Es una elección y decidir sobre nuestros proyectos de vida jamás debe entenderse como una crisis.
Durante muchísimo tiempo la maternidad fue construida como parte natural e inevitable de la vida de las mujeres. Hoy puede ser una elección que convive con otras: estudiar, trabajar, desarrollarse profesionalmente, viajar, construir otros vínculos y otras formas de familia o, sencillamente, no ser madre. La expansión educativa de las mujeres amplió precisamente ese universo de proyectos vitales posibles. Eso no debería parecernos una tragedia demográfica. Es un avance. Es una conquista feminista.
Si hoy más mujeres pueden decidir si quieren ser madres, cuándo quieren serlo y cuántos hijos quieren tener, hay algo que hemos hecho bien como sociedad. El derecho a decidir no puede transformarse en un problema a corregir, simplemente porque sus resultados estadísticos nos incomoden. Que la maternidad deje de ser una obligación y pase a ser una posibilidad elegida es precisamente uno de los resultados que décadas de luchas por la autonomía reproductiva de las mujeres buscaron conseguir.
En ese sentido, cómo nombramos lo que está ocurriendo, importa. Cuando las estadísticas de fecundidad se presentan como una alarma nacional, la conversación rápidamente deja de ser cómo enfrentaremos una nueva estructura demográfica y pasa a ser cómo conseguimos que nazcan más niños. Y de allí hay apenas un paso hacia una pregunta mucho más problemática: ¿cómo hacemos para que las mujeres vuelvan a tener más hijos?
Esa narrativa es justamente la que debemos disputar.
Las mujeres no somos una variable de ajuste demográfico. Si una mujer decide tener hijos, esa decisión debe responder a sus deseos, circunstancias y proyectos de vida, no a la necesidad de sostener el sistema previsional, aumentar la fuerza laboral o corregir una pirámide poblacional. No podemos celebrar la autonomía reproductiva mientras produce resultados socialmente convenientes y empezar a cuestionarla cuando las decisiones de las mujeres dejan de coincidir con las necesidades del sistema.
La lucha por la autonomía reproductiva para las mujeres ha significado ambas cosas: poder decidir no tener hijos/as y poder decidir tenerlos.
Eso significa, por una parte, poder evitar los embarazos que no queremos: educación sexual, anticonceptivos, aborto legal y acceso efectivo a servicios de salud sexual y reproductiva. Significa poder desarrollar una vida sexual sin que la maternidad sea su consecuencia inevitable. Significa también reconocer algo todavía incómodo para algunos: que existen mujeres que simplemente no quieren ser madres y que no hay absolutamente nada que corregir en esa decisión.
Por otra parte, está la decisión de tener hijos/as. Eso significa también poder vivir una maternidad segura. Poder criar en condiciones materiales dignas. Tener vivienda, ingresos y estabilidad. Tener tiempo. Tener corresponsabilidad. Tener redes y servicios de cuidado. Poder ser madre sin que eso signifique empobrecerse, abandonar una trayectoria laboral o asumir prácticamente en soledad la reproducción de la sociedad.
Esta distinción es central, porque no es lo mismo no tener hijos porque no quieres tenerlos que no tenerlos porque no existen las condiciones materiales y contextuales adecuadas. Dos mujeres pueden terminar sin hijos y haber ejercido grados radicalmente distintos de libertad. Una pudo realizar exactamente el proyecto de vida que quería. La otra pudo haber renunciado a la maternidad porque nunca tuvo estabilidad laboral, porque no podía acceder a una vivienda, porque no tenía con quién cuidar o porque sabía que tener un hijo significaría asumir una carga incompatible con el resto de su vida.
Existe por tanto un problema que es político. El problema no es que esa mujer no haya producido un hijo. El problema es si las mujeres tienen las condiciones materiales e institucionales para tomar estas decisiones.
Tomarse en serio la justicia reproductiva exige entonces proteger las dos posibilidades: aborto y anticonceptivos, pero también maternidad segura; libertad para no criar, pero también condiciones justas para hacerlo. No se trata de alcanzar una determinada tasa de fecundidad, sino de garantizar las condiciones materiales, sociales e institucionales para que nuestras decisiones reproductivas puedan ser realmente libres.
El relato de la “crisis de natalidad” convenientemente individualiza el fenómeno. Durante décadas se nos ha presentado la tensión entre trabajo y maternidad como un problema que las mujeres debemos aprender a resolver. Cómo “conciliar”. Cómo organizarnos. Cómo volver al trabajo después de parir. Cómo distribuir nuestro tiempo. Cómo seguir siendo productivas mientras cuidamos. Cómo lograr que la maternidad no afecte nuestra carrera.
Pero esa tensión no es un problema privado de las mujeres. Es una tensión estructural del sistema en su conjunto. Es un problema de la sociedad.
Las mujeres entramos masivamente a la educación y al mercado laboral, pero la organización social del cuidado no cambió a la misma velocidad. Las tareas domésticas y de crianza siguen recayendo desproporcionadamente sobre nosotras y nuestras instituciones laborales continúan organizadas, muchas veces, sobre la ficción de que detrás de cada trabajador existe alguien disponible para cuidar. Jornadas extensas, licencias insuficientes, servicios de cuidado escasos o costosos y culturas laborales incompatibles con la vida familiar hacen que tener hijos siga teniendo costos especialmente altos para las mujeres.
La contradicción, entonces, no está en las mujeres. Está en un sistema que necesita nuestro trabajo productivo y nuestro trabajo reproductivo, pero que nunca ha sido capaz de conciliar ambos, de distribuirlo y de reconocerlo.
No es casual que, al analizar las respuestas posibles frente a la baja fecundidad, el Observatorio Demográfico de CEPAL recomiende políticas que favorezcan la conciliación entre trabajo y familia. Y el informe regional de 2026 va todavía más lejos: frente al descenso de la fecundidad, el envejecimiento y las nuevas estructuras familiares, plantea la necesidad de abandonar respuestas fragmentadas y adaptar las políticas públicas a esta nueva realidad demográfica. Ese cambio de enfoque es fundamental.
La pregunta no debería ser cómo adaptamos las decisiones reproductivas de las mujeres a las necesidades de la economía. La pregunta debería ser cómo adaptamos la economía, el Estado y la organización social a una sociedad que cambió.
A eso agreguemos empleos precarios, salarios insuficientes, dificultades para acceder a una vivienda y el costo material de criar. Tener un hijo supone comprometer recursos, tiempo y cuidado durante décadas. Supone poder imaginar un futuro. La evidencia muestra que no importa solamente cuánto se gana, sino la posibilidad de anticipar mínimamente las condiciones en que se vivirá. Cuando la incertidumbre deja de ser transitoria y se convierte en permanente, postergar la maternidad puede terminar significando renunciar a un proyecto reproductivo que sí se deseaba.
Si hoy existen mujeres que quieren tener hijos pero sienten que no pueden hacerlo porque no tienen vivienda, porque sus trabajos son incompatibles con la crianza, porque anticipan que el cuidado recaerá principalmente sobre ellas o porque tener un hijo amenaza su autonomía económica, el problema no es de esas mujeres. Es del Estado y de la sociedad en su conjunto. Y ese problema no se resuelve con un bono, diciéndoles que tengan más hijos.
Es necesario atacar las desigualdades estructurales que convierten la maternidad deseada en un proyecto demasiado costoso. Se resuelve socializando los cuidados, redistribuyéndolos entre hombres y mujeres y entre familias, Estado, comunidad y mercado. Se resuelve construyendo seguridad económica, vivienda, empleos compatibles con la vida y protección social. Se resuelve haciendo posible criar sin que las mujeres paguemos solas el precio.
El criterio no puede ser cuántos bebes conseguimos que nazcan. El criterio tiene que ser cuánta libertad para realmente decidir la maternidad, conseguimos garantizar.
Desde ahí, la llamada “crisis de natalidad” puede leerse de una manera completamente diferente. Quizás lo que se agotó no fue el deseo de las mujeres de tener hijos. Quizás se agotó un determinado arreglo social que durante demasiado tiempo pudo funcionar porque dio por sentado el trabajo de sostenibilidad de la vida de las mujeres.
Un sistema que necesita cuidados, pero los privatiza. Que necesita nuevas generaciones, pero descarga el costo económico y temporal de criarlas sobre las familias y especialmente sobre las mujeres. Que incorporó a las mujeres al mercado laboral sin redistribuir de manera equivalente el trabajo doméstico y de cuidados, con salarios desiguales. Que celebra nuestra autonomía económica, pero continúa penalizando la maternidad. Y que ahora, cuando las mujeres responden a esas condiciones postergando la maternidad, teniendo menos hijos o simplemente decidiendo no tenerlos, diagnostica una crisis.
La estructura demográfica cambió y es necesario que adaptemos nuestra sociedad. Habrá que transformar nuestros sistemas de salud, educación, seguridad social, trabajo y cuidados. Habrá que discutir cómo sostenemos una sociedad más envejecida. Habrá que reconocer que las familias cambiaron y que el Estado social que construyamos tiene que cambiar con ellas. Eso es gobernar una transformación demográfica.
Los feminismos han luchado históricamente para que la maternidad pudiera dejar de definir nuestro destino como mujeres. Para separar sexualidad y reproducción. Para que ser mujer no significara necesariamente ser madre. Para que pudiéramos decidir cuándo tener hijos, cuántos tener y si tener. No podemos transformar ahora el ejercicio de esa autonomía en una amenaza porque sus resultados demográficos dejaron de gustarnos.
La verdadera pregunta nunca debió ser cómo conseguimos que nazcan más niños. La pregunta es cómo construimos una sociedad en la que podamos decidir libremente si queremos tenerlos. Que ninguna mujer tenga menos hijos de los que quiere porque la sociedad hizo imposible criarlos. Que ninguna tenga más hijos de los que quiere porque no pudo evitar un embarazo. Y que ninguna tenga que justificar por qué decidió no tenerlos.
No somos responsables de corregir la pirámide poblacional. No somos instrumentos de política demográfica. No le debemos hijos al Estado, al mercado, a la economía, a la patria ni al futuro.
No le debemos un hijo a nadie.
La maternidad, si ocurre, será deseada o no será.
*Mistral Ensignia Fries es abogada, feminista y académica universitaria.
