Las campañas de pánico moral fueron la piedra angular del ascenso de las nuevas derechas a fines de la década de 1970 y comienzos de 1980. Margaret Thatcher y Ronald Reagan buscaron la reconstrucción del orden moral y movilizaron en torno al orgullo nacional y el respeto a la familia a sectores importantes de las clases trabajadoras. Esto es algo que las feministas observaron tempranamente en la reacción contra sus demandas: una estrategia que escoge un caso puntual o marginal y lo agranda para estigmatizar al conjunto.
Lo interesante de los gobiernos tanto de Thatcher como Reagan es que utilizaron esta estrategia contra la asistencia social. Ambos mandatarios construyeron un estigma contra quienes se beneficiaban del gasto estatal, presentados como parásitos o pillos que se aprovechan del Estado. Cuando los recursos son escasos y focalizados, además provenientes del bolsillo de todos, es razonable cuestionar a quienes se atiende con los recursos públicos. No solo eso, sino también interrogar ¿por qué a ellos se les regala y a los demás no?
En los últimos días, los analistas de la izquierda han resaltado la coincidencia entre la estrategia de Kast con el resto de los líderes de la derecha mundial reciente a propósito del copamiento de agenda. Sin embargo, poco se ha destacado la similitud con estos líderes anteriores.
Ilustrativo de esta estrategia resulta el llamado a pagar el CAE, ejecutado tanto por el ministro de Hacienda como por el presidente. Luego de más de una década de lucha social en contra del endeudamiento en educación, ambas autoridades reprocharon moralmente a quienes no pagan el Crédito con Aval del Estado. Para ello, escogieron a la población con más de cinco millones de ingresos como su objeto de conflicto, un grupo estadísticamente marginal -apenas un 0,3%-, pero frente al que nadie podría manifestar algún tipo de solidaridad. Así, en una situación fiscal descrita como crítica, el no pago del CAE aparece como una inmoralidad que debe ser combatida. Se trata de cumplir con el deber y, dado el ejemplo utilizado, no existen factores contextuales que posibiliten una evaluación real de las consecuencias del CAE. Así, amparado en un ejemplo irrelevante para el desarrollo de la política pública, el presidente Kast y su gobierno se disponen a aleccionar moralmente a la ciudadanía.
Con ello, primeramente, realizan un desplazamiento normativo. Si el gran fundamento de la legitimidad de las movilizaciones sociales desde 2006 era la progresiva universalidad y el lenguaje de los derechos, el gobierno de Kast ahora recupera una lógica propia de las “ayudas” sociales. Allí la pregunta es quien la merece, no el rol del Estado o las consecuencias de la acción estatal, sino quien es merecedor de apoyos. En ese sentido, representa una verdadera batalla cultural en contra de los principios enarbolados por el movimiento estudiantil.
En segundo lugar, desplaza las interpretaciones del abuso. Por largo tiempo, este concepto ha sido una de las claves con las que se ha interpretado la movilización ciudadana y ha operado como fundamento de las versiones contemporáneas de las teorías del malestar. Para la izquierda, el abuso proviene fundamentalmente de las empresas, toda vez que estas se aprovechan de las personas o lucran con necesidades básicas. Para la derecha, en cambio, el abuso nace del Estado y la política. Al presentar a los deudores del CAE como abusadores, este gobierno lleva la interpretación del abuso hacia los usuarios que parasitan o se aprovechan del Estado, radicalizando la premisa antiestatal. De este modo, incluso en una política impopular como una cobranza, el ejecutivo busca articularse con el sentir popular.
Por último, abre una contradicción en su discurso. Mientras a los deudores del CAE se les exige pagar, supuestamente por representar un perjuicio para el fisco, a los evasores del impuesto de primera categoría se les ofrece disminuir su carga. Así, lejos del lenguaje moralizante contra los deudores, se ofrece una ayuda a los más ricos de Chile. Es importante tener a la vista que según estimaciones del SII el 51,4% de la recaudación potencial no es recaudada. ¿Por qué a la clase media se le exige cumplir y al 1% más rico del país no?
