En el mueble donde mi mamá guarda la comida hay un espacio vacío. Antes, en ese lugar había café, fideos, arroz, azúcar, galletas y algunas cosas para comer cuando estábamos juntas el fin de semana. No era una despensa abundante ni una acumulación innecesaria. Era ese pequeño margen doméstico que permite abrir un mueble y encontrar algo guardado para después.
Podría parecer una escena menor frente a las cifras con que se discute la economía de un país. Sin embargo, hay momentos en que una despensa explica la vida cotidiana. Antes de aparecer en una estadística, la estrechez económica se instala en decisiones pequeñas: una compra se posterga, un producto se reemplaza por otro más barato, algo deja de reponerse porque ya no parece imprescindible.
Durante 2026, el gobierno ha situado el orden fiscal entre sus principales prioridades. La Dirección de Presupuestos informó medidas de contención y eficiencia del gasto por $1.307.729 millones, equivalentes al 0,4% del PIB. El propio informe señala que el ajuste alcanza a la mayoría de las partidas de la Ley de Presupuestos. La explicación oficial habla de corregir el déficit y ordenar las cuentas públicas. El problema comienza cuando esa discusión se agota en la contabilidad y pierde de vista las condiciones materiales desde las cuales las personas enfrentan ese ordenamiento.
Las familias no viven dentro de una ley de presupuestos. Viven de lo que reciben cada mes, de trabajos que muchas veces son inestables, de ingresos que varían y de gastos que no esperan. En Chile, el ingreso mínimo mensual alcanza los $553.553 para una persona trabajadora adulta con jornada ordinaria. Incluso esa cifra presupone una relación laboral formal. En el trimestre junio-agosto de 2026, el 26,3% de las personas ocupadas trabajaba en condiciones de informalidad. Para una parte importante del país, la idea de un sueldo fijo que llega completo al final del mes está bastante lejos de la experiencia cotidiana.
Por eso me cuesta aceptar la tranquilidad con que a veces se presentan los recortes del gasto público. Se habla de eficiencia, focalización, racionalización o eliminación de gastos innecesarios, palabras que desde una oficina pueden sonar razonables. Fuera de esa oficina, cada reducción puede significar un servicio que deja de estar disponible, una ayuda que se estrecha, una espera más larga o un gasto que vuelve al bolsillo de una familia que ya venía haciendo sus propios ajustes.
La discusión tampoco puede descansar en la idea de que todas las personas enfrentan esas decisiones desde el mismo lugar. Quien posee ahorros puede absorber un aumento de precios o pagar por su cuenta aquello que el Estado deja de cubrir. Quien vive con el ingreso mínimo, trabaja informalmente o sostiene un hogar con entradas irregulares carece de ese colchón. En esos hogares, una medida que parece pequeña desde el presupuesto público puede adquirir otra dimensión cuando se suma al arriendo, las cuentas, los alimentos, los medicamentos, el transporte y las deudas.
Sería simplista afirmar que cada espacio vacío de una despensa nace de una decisión gubernamental. La economía de los hogares depende del empleo, los precios, las deudas, las pensiones y de muchas otras condiciones. Pero también es simplista tratar el ajuste fiscal como una operación neutra, separada de la vida cotidiana. Un recorte expresa prioridades. Decide qué gasto se protege, cuál se reduce y qué necesidades deberán resolverse de otra manera. Esa decisión siempre tiene una dimensión política.
Ahí está, para mí, el punto que se pierde cuando la discusión se limita a celebrar cuánto ahorra el Estado. La pregunta relevante también es qué ocurre con las personas mientras ese ahorro se materializa. Porque el Estado puede recuperar margen fiscal precisamente en un momento en que muchas familias llevan años perdiendo el suyo.
También conviene mirar con cuidado las cifras con que describimos esa realidad. Los promedios de ingreso, las remuneraciones y los indicadores de consumo son necesarios, pero no contienen toda la experiencia social. Hay personas que trabajan por día, venden en ferias, realizan labores esporádicas, cuidan a otros sin remuneración o dependen de ingresos que cambian cada mes. Cuando una cifra nacional se convierte en la única medida del bienestar, una parte de esas vidas queda fuera de cuadro.
Quizás por eso sigo pensando en el mueble de mi mamá. Lo que falta allí no representa una casa sin comida. Representa algo más cotidiano y, precisamente por eso, más fácil de normalizar: el margen que se va perdiendo. Ese café extra, las galletas del fin de semana o el paquete que podía quedar guardado dejan de comprarse porque hay otras prioridades que cubrir.
La precariedad rara vez llega de una sola vez. Primero obliga a elegir un poco más. Después reduce las alternativas y termina modificando aquello que una familia considera normal. Se aprende a comprar menos, a reemplazar, a postergar y a prescindir. Desde fuera, nada parece dramático. Dentro de la casa, sin embargo, el espacio empieza a cambiar.
Por eso la discusión sobre los recortes necesita salir de la abstracción fiscal. El Estado tiene la obligación de administrar responsablemente sus recursos, pero esa responsabilidad también exige mirar quién soporta el ajuste y con cuánto margen cuenta para hacerlo. La eficiencia pública no puede medirse únicamente por aquello que el Estado deja de gastar. También debe considerar las condiciones de vida que consigue sostener y aquellas que deteriora cuando decide dónde recortar.
El espacio vacío en el mueble de mi mamá probablemente nunca aparecerá en un informe económico. No tiene una categoría presupuestaria, no forma parte de un indicador y difícilmente llegará a una discusión parlamentaria. Aun así, está ahí.
¿Cuántos espacios vacíos puede tolerar un país antes de que el ajuste deje de llamarse eficiencia?
Marybel Fuentemavida Vásquez es Administradora Pública, magíster en Metodologías Críticas para la Investigación Social y doctoranda en Estudios Latinoamericanos, Universidad Academia de Humanismo Cristiano (UAHC).
