La percepción de abuso e impunidad en las instituciones chilenas sigue siendo un tema crucial en el debate público. Hechos recientes, como el “Caso Monsalve”, ponen de manifiesto cómo el manejo institucional puede afectar profundamente la confianza ciudadana. Este caso, que involucró acusaciones graves contra el exsubsecretario del Interior, expuso problemas estructurales como la tardanza en la reacción gubernamental, el uso indebido de recursos públicos y la percepción de redes de protección dentro del entorno político. Un aspecto significativo fue que la información clave sobre el caso se filtró a través de los medios de comunicación, en lugar de ser divulgada mediante un comunicado oficial del gobierno, lo que amplificó la desconfianza hacia las autoridades y su capacidad de actuar con transparencia en momentos de crisis.
Otro factor preocupante es la asunción de alcaldes y otros funcionarios públicos que están siendo procesados o investigados por delitos graves, como corrupción y malversación de fondos. Esta situación plantea interrogantes sobre la efectividad de los filtros políticos y judiciales para garantizar que quienes ocupan cargos públicos sean personas de alta integridad. Piketty (2020) señala que los sistemas políticos débiles, donde las élites pueden evadir la justicia, son un terreno fértil para la perpetuación de las desigualdades y el deterioro de la confianza pública. La presencia de figuras procesadas por corrupción en altos cargos contribuye a que la ciudadanía perciba que los intereses privados prevalecen sobre el bienestar colectivo. Además, la cobertura mediática, en muchas ocasiones, prioriza el sensacionalismo por sobre un análisis profundo de los problemas estructurales, desviando la atención de las soluciones y enfocándose solo en los aspectos más dramáticos del conflicto.
El impacto de estas situaciones no solo se refleja en la desconfianza hacia las instituciones, sino también en un creciente desapego ciudadano de los procesos políticos. Este fenómeno se traduce en una baja participación electoral y en una actitud de indiferencia hacia las dinámicas democráticas, en las que la percepción de que los privilegios políticos están por encima de los intereses públicos se ha consolidado. Putnam (2000) subraya que la falta de participación cívica y el debilitamiento de las instituciones sociales son factores que conducen al deterioro de la democracia. La desconexión entre las autoridades y la ciudadanía amenaza con perpetuar un ciclo de desconfianza, que a su vez debilita las bases de la democracia misma.
El diagnóstico de la politóloga Claudia Heiss sobre la crisis de confianza en las instituciones chilenas también aporta una mirada crítica. Heiss sostiene que la desconfianza en las instituciones no solo es el resultado de malas prácticas políticas, sino de un sistema político incapaz de ofrecer respuestas eficaces y legítimas a las demandas ciudadanas. En su análisis, señala que la crisis de legitimidad y confianza se profundiza por la falta de rendición de cuentas y el fortalecimiento de una cultura política clientelista que perpetúa la desconexión entre los gobernantes y la ciudadanía. Según Heiss, “la crisis de confianza es una manifestación de un modelo político que no logra representar adecuadamente a la ciudadanía” (Heiss, 2020). Además, destaca que la falta de un sistema judicial independiente y el incumplimiento de las normas de transparencia alimentan el escepticismo público hacia las instituciones.
Revertir esta tendencia exige un enfoque integral que abarque varias medidas. Primero, es esencial fortalecer la transparencia institucional, garantizando que las decisiones sean tomadas de manera abierta y que se rindan cuentas de forma clara y puntual. Además, se deben sancionar de manera efectiva los abusos de poder y la corrupción, asegurando que no haya impunidad para quienes vulneran la confianza pública. Como señala Habermas (1996), la legitimidad de un sistema democrático depende de la percepción de que sus instituciones actúan con justicia y respeto a la ley. Asimismo, es necesario promover liderazgos con integridad que se caractericen por su capacidad de inspirar confianza y asumir la responsabilidad de sus actos.
Por último, es imprescindible replantear la forma en que las instituciones comunican sus acciones y decisiones. La ciudadanía exige respuestas claras y coherentes tanto en los momentos de crisis, como de manera continua. Este desafío no solo implica un cambio en la política institucional, sino también un llamado a la sociedad para que exija y construya un sistema más justo, comprometido y transparente.
El desafío sistémico que enfrenta Chile es profundo y requiere una transformación estructural en sus instituciones. Mejorar las instituciones del país no es un asunto de pequeñas reformas, sino de una reforma profunda al sistema político que permita fortalecer la confianza pública y restablecer la legitimidad de las autoridades. Este proceso requiere un compromiso colectivo, donde los actores políticos y la ciudadanía trabajen juntos para garantizar que las instituciones respondan efectivamente a las necesidades y expectativas de la población. Solo a través de este cambio estructural será posible construir una democracia más sólida, participativa y justa.
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Referencias
Habermas, J. (1996). The Theory of Communicative Action, Volume 2: Lifeworld and System: A Critique of Functionalist Reason. Polity Press.
Heiss, C. (2020). La crisis de confianza y el futuro del sistema político en Chile. Editorial Universitaria.
Piketty, T. (2020). Capital e ideología. Fondo de Cultura Económica.
Putnam, R. D. (2000). Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community. Simon & Schuster.
*Rossana Carrasco Meza es Cientista Política (UC) y Magíster en Gestión y Desarrollo Regional y Local (U. de Chile).
