Hay una diferencia profunda entre conocer un lugar y simplemente pasar por él.
Con frecuencia hablamos del territorio como el espacio donde se ejecutan las políticas públicas: donde se construyen caminos, se instala infraestructura o se implementan programas. Sin embargo, esa mirada deja fuera lo esencial. Un territorio no es solo una superficie ni una división administrativa. Es la relación entre las personas, el paisaje, la historia, la cultura y las instituciones que acompañan su desarrollo. Es allí donde las políticas públicas encuentran sentido o fracasan. Por eso, más que el destino de las políticas, el territorio debiera ser el punto de partida desde donde se piensan.
Cuando las decisiones se toman lejos de las comunidades, estas terminan convertidas en mapas, indicadores y diagnósticos. Se conocen sus cifras, pero no siempre su vida cotidiana. Pensar desde el territorio exige algo distinto: escuchar antes de decidir, comprender antes de intervenir y reconocer que el desarrollo nunca ocurre sobre una hoja en blanco, sino sobre lugares que tienen memoria, capacidades y desafíos propios.
Quizás por eso seguimos llegando tarde.
Cada vez que un incendio, una inundación o un temporal golpea una localidad, ese rincón del país recupera protagonismo. Se multiplican las visitas, los catastros y los anuncios. Durante algunos días conocemos nombres que hasta entonces parecían ausentes de la conversación pública. Luego la atención se desplaza y esos lugares vuelven al silencio.
La vida, en cambio, sigue su curso.
Continúan los caminos deteriorados, la conectividad insuficiente, las dificultades para acceder a servicios básicos y las brechas que condicionan la vida cotidiana de miles de familias. No son problemas desconocidos. Los hemos visto en informes, los hemos escuchado de las propias comunidades y los volvemos a mencionar después de cada invierno, de cada “emergencia”.
Quizás el mayor riesgo sea precisamente ese: que la repetición transforme la desigualdad en costumbre. Cuando una desigualdad se vuelve paisaje, deja de indignarnos antes de dejar de existir.
Hace algunos días, una vecina de La Pitigua, un pequeño sector rural de Nirivilo, en la Región del Maule, publicó un mensaje en redes sociales. No pedía una gran inversión ni una solución extraordinaria. Solicitaba un camión con ripio para mejorar el camino de acceso a su comunidad. El barro impedía que varias familias entraran o salieran de sus casas.
Podría parecer una situación menor. No lo es.
Ese mensaje habla de estudiantes que dependen del estado de un camino para llegar a clases; de trabajadores cuya jornada comienza preguntándose si podrán salir de casa; de adultos mayores cuyo acceso a la salud puede depender de que un vehículo logre avanzar.
Este caso no retrata una realidad excepcional, sino que representa una experiencia compartida por numerosas comunidades rurales de Chile, en las que las brechas territoriales forman parte de la vida cotidiana mucho antes de convertirse en noticia.
El barro termina siendo la manifestación visible de una desigualdad mucho más antigua. Con la primera lluvia reaparece un problema que nunca se fue.
Las catástrofes rara vez crean estas brechas; simplemente las hacen visibles.
Y ahí aparece una pregunta incómoda: ¿por qué seguimos descubriendo estos lugares solo cuando la naturaleza expone lo que ya sabíamos?
Tal vez porque hemos entendido la presencia del Estado como una sucesión de respuestas y no como una relación. Medimos su acción por la cantidad de obras, recursos o programas ejecutados, cuando también debería medirse por su capacidad de conocer, escuchar y permanecer.
Las comunidades no esperan únicamente políticas públicas. Esperan instituciones capaces de construir confianza. Y la confianza no se decreta ni aparece durante una emergencia. Se construye recorriendo los caminos cuando no hay cámaras, escuchando antes de decidir y reconociendo que quienes habitan un lugar poseen un conocimiento que ningún informe puede reemplazar.
Durante años hemos entendido la descentralización como una discusión sobre competencias, recursos o distribución del poder. Sin duda, esa dimensión es importante. Pero descentralizar también significa producir conocimiento. Un Estado que piensa desde los territorios aprende antes de decidir. Los datos describen una realidad; la experiencia de las comunidades permite comprenderla.
Ese conocimiento no reemplaza la evidencia técnica. La hace más pertinente. Le entrega contexto, anticipa riesgos y ayuda a construir soluciones que nacen de la realidad y no solo de los diagnósticos.
Quizás ese sea uno de los desafíos más relevantes para Chile: dejar de visitar los territorios únicamente cuando ocurre una tragedia y construir una presencia permanente. No para administrar carencias, sino para reducir las desigualdades que las vuelven más profundas.
Los pies en el barro no deberían ser una imagen reservada para la emergencia. Deberían ser parte de la forma habitual de ejercer el servicio público.
Pensar desde el territorio no es una consigna sobre descentralización. Es una forma de entender el Estado y el desarrollo. Porque un país que conoce a sus comunidades antes de las emergencias no solo responde mejor a las crisis: también construye confianza, fortalece la cohesión social y reduce desigualdades antes de que la naturaleza vuelva a recordarnos aquello que nunca debimos olvidar.
Mientras no estemos dispuestos a embarrarnos antes de las catástrofes, seguiremos llegando tarde a los lugares y demasiado temprano a las fotografías.
*Ro Carrasco Meza es profesora de Castellano, PUC; politóloga, PUC; y magíster en Gestión y Desarrollo Regional y Local, Universidad de Chile.
