Chile tiene una tradición voluntaria densa y antigua, y rara vez la discutimos en términos políticos. El cuerpo de bomberos funciona sin remuneración desde 1851. Los comités de agua potable rural llevan medio siglo administrando redes que el Estado no llegó a construir. Los clubes deportivos, los centros de madres, las juntas de vecinos, las cooperativas de vivienda, las bibliotecas populares y las ollas comunes de los ochenta se sostuvieron con trabajo no pagado de gente que no esperaba certificado ni currículum. Todo eso sigue existiendo. Lo que se debilitó fue la capacidad de la política para reconocerlo y aprender de ahí.
Hubo un tiempo en que la izquierda chilena entendía el voluntariado como pedagogía. Los trabajos voluntarios de verano eran también el modo en que una generación aprendía a discutir en asamblea, a repartir tareas, a lidiar con la escasez y a conocer un país que las aulas le ocultaban. Las brigadas muralistas pintaban paredes y, al hacerlo, formaban cuadros. La alfabetización, la construcción de sedes y las jornadas de reconstrucción después de cada terremoto funcionaron como escuelas de mando y de obediencia consentida, y quien pasaba por ellas volvía con otro criterio.
Ese circuito se cortó. La profesionalización de la política reemplazó la militancia que hace por la militancia que opina y el activismo se volvió una relación con una pantalla. Los partidos afinaron la convocatoria para las internas y perdieron la que servía para pelear por vivienda digna. Cuando el trabajo voluntario reapareció en la agenda pública, ya venía traducido a otro idioma: horas donadas, responsabilidad social empresarial, fundaciones con directorio y campaña de televisión. Un voluntariado que se mide por lo que siente quien ayuda y no por el poder que gana quien recibe.
Conviene distinguir esas dos genealogías, porque no producen los mismos efectos. El voluntariado filantrópico funciona de arriba hacia abajo y su resultado natural es la gratitud. Resuelve problemas concretos, pero deja intacta la asimetría entre quien puede dar y quien solo puede agradecer. El voluntariado popular funciona entre iguales: el que llega con la pala vive tres cuadras más allá y mañana va a necesitar que le devuelvan la mano. Ahí la ayuda mutua abre paso a la exigencia. La comunidad que se organiza para tapar un socavón termina reclamando que lo repare quien corresponde y con una autoridad que antes no tenía.
El movimiento Voluntad para Chile, en Puente Alto, muestra hasta dónde llega esa segunda vía cuando se la toma en serio. Durante los últimos temporales, mientras se discutía en Santiago quién tenía la responsabilidad administrativa de las inundaciones, en las poblaciones se desplegaron equipos vecinales que sabían qué casas tenían adultos mayores, dónde estaban los enfermos postrados y qué pasajes se cortan primero. Eran vecinos usando información que solo maneja quien vive ahí, y no una organización externa que llega, fotografía y se retira. Siguieron reuniéndose cuando bajó el agua, sumando organizaciones y discutiendo qué hacer con lo aprendido, que es donde se decide si una emergencia bien atendida deja algo instalado.
El método importa más que la épica. Se convoca por tarea antes que por consigna, se evalúa por resultados que cualquiera puede verificar y se admite a quien quiere trabajar aunque no comparta el diagnóstico completo. Todo se sostiene con recursos modestos, porque el insumo principal es tiempo humano organizado. Cualquiera que haya intentado levantar algo en un territorio popular sabe lo difícil que es reunir esas condiciones a la vez.
El caso devuelve una pregunta hacia nosotros. Si una articulación de vecinos hace en tres días lo que el sistema institucional demora semanas en coordinar, corresponde preguntarse qué dice eso de nuestra oferta política. Respecto de la juventud popular, dice que no tenemos ninguna. Al joven de veinte años de una población del sur de Santiago, la izquierda le ofrece programas de empleabilidad, becas condicionadas y algún taller. La ultraderecha le ofrece una identidad, un enemigo y la promesa de un orden donde él estaría del lado correcto. El narco le ofrece ingreso inmediato, estatus, protección y pertenencia. De los tres, los dos últimos entendieron que a esa edad se busca menos un subsidio que un lugar donde ser alguien.
El voluntariado organizado ofrece pertenencia y reconocimiento de los pares, y le da a un cabro la experiencia de que su trabajo cambió algo esta semana y no en cuatro años. Es una respuesta material a una necesidad que hemos tratado como si fuera cultural.
La condición para que esto funcione es también la que menos respetamos. Estas experiencias mueren cuando se las adopta. Bastan tres reuniones con dirigentes nacionales, un lanzamiento con autoridades y la exigencia de que la agenda territorial calce con el calendario electoral para que la gente se retire en silencio y quede una estructura vacía con logo nuevo. Un partido serio acompaña, aporta recursos, abre puertas administrativas, defiende jurídicamente a quienes se exponen y se abstiene de decidir por ellos quiénes son sus dirigentes y cuál es su programa. La tutela externa, incluso la bienintencionada, es una forma de desconfianza.
Hay medidas concretas que ayudarían. Seguro de accidentes para voluntarios que actúan en emergencias, porque hoy quien se lesiona sacando barro no tiene cobertura alguna. Reconocimiento curricular del trabajo comunitario en liceos, centros de formación técnica y universidades. Fondos municipales de ejecución rápida que no exijan personalidad jurídica ni contabilidad de empresa. Protocolos comunales que incorporen a las brigadas vecinales al sistema de emergencia con información y equipamiento, sin convertirlas en mano de obra gratuita que le ahorra al Estado lo que debe pagar. Sedes, bodegas, herramientas. Nada de eso tiene épica y, sin embargo, decide si una organización sobrevive al segundo invierno.
Nada de esto es nostalgia de los trabajos de verano. El punto es que el pueblo organizado produce capacidades que ningún aparato puede sustituir, y que nuestra tarea consiste en reconocerlas antes que en administrarlas. Lo que ocurre en Puente Alto no necesita dirección nuestra. Necesita que dejemos de tratarlo como anécdota: es una propuesta política en funcionamiento, mientras nosotros seguimos redactando la nuestra.
*Alvaro Ramis es presidente del Centro de Estudios Territorio y Comunidad.
