No es una defensa corporativa ni una discusión ideológica. Es una pregunta básica de sentido común: qué ocurre con las comunas y regiones cuando se debilitan las herramientas que existen para reducir las brechas territoriales.
Resulta difícil comprender cómo una autoridad elegida para representar un territorio puede proponer el cierre de una institución cuya función principal es fortalecer las capacidades de los gobiernos locales y contribuir a un desarrollo más equilibrado entre comunas y regiones.
La discusión pública siempre debe permitir revisar instituciones, corregir errores y exigir mejores estándares de gestión. Ningún organismo del Estado está por encima de la crítica. Pero otra cosa muy distinta es confundir reformas necesarias con la idea de prescindir de herramientas que cumplen un rol estructural en el funcionamiento del Estado en el territorio.
El punto no es repetir un diagnóstico ya conocido sobre desigualdad territorial, sino observar sus efectos concretos en la gestión municipal. Hay comunas que pueden financiar parte importante de su desarrollo con recursos propios y equipos técnicos consolidados, y otras donde proyectos tan básicos como una sede social, una plaza, alumbrado público o el mejoramiento de caminos dependen casi por completo de apoyos externos. Esa no es una diferencia abstracta: define la capacidad real de un municipio para responder a su comunidad.
En ese contexto, el papel de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo ha sido precisamente sostener parte de ese equilibrio mínimo. A través de distintos programas, ha permitido que lleguen recursos a territorios donde, de otro modo, la inversión simplemente no ocurre con la misma intensidad o en los mismos plazos: comunas rurales que dependen de programas de mejoramiento urbano o saneamiento básico para acceder a condiciones mínimas de habitabilidad; o financiamiento que hace posible obras tan concretas como plazas, sedes sociales, alumbrado público o pavimentación en comunas con baja recaudación propia.
No estamos hablando de conceptos, sino de decisiones muy concretas sobre dónde vive la gente su vida cotidiana.
Cuando una plaza iluminada permite que niños y adultos mayores se reúnan con seguridad; cuando un sector rural accede por primera vez a agua potable; cuando una junta de vecinos logra contar con una sede para organizar su vida comunitaria; o cuando una calle deja de ser barro en invierno, no se trata de obras accesorias. Se trata del Estado funcionando en su expresión más básica: haciendo posible la vida en comunidad.
En ese punto aparece un aspecto que suele omitirse en el debate: la inversión pública no se ejecuta en el vacío. No basta con recursos disponibles; se requiere capacidad de formulación, equipos técnicos y gestión municipal. Y esa capacidad no está distribuida de manera pareja. Mientras algunas comunas cuentan con equipos profesionales robustos, otras operan con estructuras mínimas donde incluso diseñar un proyecto básico puede ser una barrera real. En ese escenario, la asistencia técnica no es un apoyo accesorio, es parte del funcionamiento efectivo del sistema.
Por eso, cuando se plantea cerrar esta institución, la pregunta no es retórica ni menor: ¿qué ocurre con esas funciones? ¿Quién sostiene el apoyo a las comunas que no tienen capacidad instalada suficiente? ¿Quién asegura que los proyectos básicos de desarrollo lleguen a territorios donde el municipio, por sí solo, no alcanza?
Representar un territorio no es solo levantar demandas o enunciar problemas. Es también entender cómo operan realmente las capacidades del Estado en el territorio. Y desde esa perspectiva, resulta difícil justificar propuestas que terminan debilitando justamente a los municipios con mayores dificultades estructurales.
Tampoco se trata aquí de un debate abstracto sobre centralismo. Incluso dentro de un sistema históricamente desigual, el país ha construido herramientas específicas para corregir —al menos parcialmente— esas brechas en la práctica. El problema no es si existen desigualdades territoriales, sino qué ocurre cuando se debilitan los instrumentos que permiten enfrentarlas.
Porque lo que se debilita no es una sigla ni una estructura administrativa. Se debilita la capacidad del Estado de llegar de manera efectiva a los territorios donde más se necesita.
Las instituciones públicas deben ser evaluadas y mejoradas. Pero cuando una herramienta presenta falencias, la discusión seria no es su eliminación, sino su fortalecimiento.
Al final, la discusión no es técnica ni administrativa. Es política en el sentido más concreto: si los municipios con menos recursos seguirán contando con herramientas reales para concretar desarrollo, o si quedarán aún más expuestos a sus propias limitaciones.
Y cuando eso ocurre, la pregunta deja de ser teórica: ¿quién gana cuando pierden los territorios?
