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Portal Socialista > Contenido > Política > Cambiar el mundo > Carlos Cerpa Miranda / Estado de bienestar, economía digital, igualdad y democracia
Cambiar el mundoDestacadosPolítica

Carlos Cerpa Miranda / Estado de bienestar, economía digital, igualdad y democracia

7 agosto 2026
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24 Min de Lectura
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Este texto explora la construcción del Estado de bienestar socialdemócrata. Aunque la garantía universal de derechos sociales ha sido un rasgo arraigado en el modelo socialdemócrata, también ha estado presente, con distintas características, en otros países capitalistas y, de manera más limitada, en América Latina. Sin embargo, es la experiencia socialdemócrata la que alcanzó mayores niveles de igualdad, movilidad social y calidad de vida.

Contenidos
  • La cuestión previa
  • Contexto
  • Claves y límites del modelo socialdemócrata
  • Causas del estancamiento socialdemócrata
  • Lo rescatable
  • Las izquierdas en el marco de la economía digital

Al respecto abordaremos las siguientes preguntas: ¿qué hicieron las sociedades socialdemócratas para haber construido sociedades más igualitarias dentro de las fronteras del capitalismo?; ¿por cuáles razones se debilitaron casi al punto de desaparecer?; ¿qué podemos rescatar de estas experiencias?: y en la realidad material y tecnológica de hoy, ¿cómo construir una sociedad más justa en una época en que la riqueza crece al mismo ritmo que las desigualdades, y donde la Inteligencia Artificial promete transformar el trabajo, la economía y la vida cotidiana?

La cuestión previa

Antes de comenzar, conviene despejar un cuento respecto a los modelos de sociedad con base en ideas socialdemócratas. Se trata de un cuento sostenido por algunos economistas en relación a que los Estados de Bienestar fueron posible debido a que primero alcanzaron altos niveles de crecimiento económico, lo que obviamente consiguieron.

Lo distintivo del modelo en cuanto al desarrollo alcanzado por estas sociedades en materia económica, en ciencia y tecnología, en creación de nuevo conocimiento, integración y paz social, fue posible a consecuencia del modelo de sociedad y no al revés, desmintiendo la fijación economicista y tecnocrática que los hace ver la realidad como un universal chorreo.

Pero la distorsión tecnocrática de la realidad social ha buscado anular mucho más que una visión específica respecto al modo de conseguir más igualdad, dignidad y desarrollo, temas que han movilizado a las izquierdas en el mundo entero. Junto a ello, ha tenido también la intención de negarle validez a cualquier otra idea progresista y a cualquier hecho histórico que desmienta la idea totalitaria de que existe un solo modo de vida, una sola forma de producir bienestar y riqueza más allá del capitalismo.

Es el caso de la influencia y peso político que tuvo en las sociedades europeas la Revolución rusa al desarrollar industria pesada, alcanzar derechos sociales y económicos, vencer el analfabetismo heredado del régimen feudal zarista y, no menos importante, derrotar al nazismo. Vistos de conjunto, esos hechos ejercieron presión en las elites de ese continente para abrirse a negociar pactos sociales y disminuir con ello la influencia de ese proceso en las clases trabajadoras de todo el orbe.

Reconocimiento que no invalida, en absoluto, la justificada crítica socialista al modelo soviético en cuanto a sus graves faltas en materia de libertades civiles y políticas, a su carencia de pluralismo político, su burocratización y a su estatismo convertido en dogma, que finalmente generaron las condiciones para su colapso y el de los países de su órbita.

Contexto

Con variaciones entre la época de oro de los estados del bienestar, desde la posguerra hasta la irrupción de la forma neoliberal del capitalismo, a principios de 1980, reforzado en esa misma década por el consenso de Washington, han existido y subsistido distintas manifestaciones y énfasis de ese modo de organizar a la sociedad.

No es aquella una visión exclusivamente de la izquierda socialdemócrata. Si bien varios países capitalistas luego de hondos conflictos sociales y políticos, crisis económicas y guerras, se vieron forzados a concederle al Estado la función de participar de la economía y regular el rol del mercado como único ente asignador de recursos, intentos por controlar las manifestaciones más salvajes del capitalismo han existido a lo largo de su existencia.

Destacan en estos últimos 100 años, las propuestas de Keynes en EE. UU. tras la depresión de 1929, o las contenidas en el “Informe Beveridge» de 1942, comisionado por el gobierno inglés de la época, para elaborar políticas públicas y combatir de ese modo la pobreza, las enfermedades, la miseria y el desempleo dejados por las guerras mundiales. Sin embargo, a pesar de lo progresista de dichas propuestas, ni la más avanzada de entre ellas, consiguió superar en materia de igualdad, la extensión y profundidad que alcanzaron las sociedades socialdemócratas, particularmente las del norte europeo.

Claves y límites del modelo socialdemócrata

El apogeo del modelo lo alcanzan las sociedades socialdemócratas entre 1950-1980. Es en ese periodo cuando se comienza a dar forma a una serie de instituciones relativas a salud, educación, pensiones y vivienda que, entre otras, conformaron un extendido sistema de seguridad social, reorientaron la función del Estado en la sociedad y la economía, estimularon la creación de sindicatos y abrieron canales de participación de trabajadores en la conducción de las empresas, instalando el conocido término de la cogestión que irrita al gran empresariado y las derechas de nuestro país.

Sin que sean, como se apuntó, en todos los casos igual, porque se han nutrido de diversas influencias filosóficas, teóricas, ideológicas y políticas y no pocos hechos trágicos, los estados de bienestar o fragmentos de él se han caracterizado por su universalismo, al garantizar derechos sociales tales como salud, educación vivienda y pensiones, dando paso a la construcción de una sociedad más solidaria.

El modo efectivo de consagrar derechos universales, lo consiguieron esas sociedades dejando fuera de la lógica del lucro los bienes públicos básicos y esenciales para la vida. Ese rol, indelegable, le fue asignado al Estado mediante un fuerte énfasis en igualdad y justicia social, financiamiento de bienes públicos a través de impuestos y participación activa del Estado en la creación de industrias estratégicas que le dieran sostén material al modelo, todo ello en las fronteras del capitalismo.

Otro rasgo distintivo del modelo socialdemócrata, es el diálogo institucionalizado entre sindicatos, empresarios y gobierno de modo de propender a asegurar consenso en las políticas económicas. Otra de esas características, ha sido el de la representación de trabajadores en directorios de empresas públicas y también privadas, variando en funciones, según haya sido la profundidad del modelo.

Los rasgos de esa corriente de pensamiento también han estado presentes en Chile. Acá también se pueden ver reflejos bastante más tenues de ese modelo en el Estado, así como en partidos y en corrientes de opinión dentro de partidos, aunque la hegemonía de la izquierda ha estado representada por el PS y el PC que ocuparon, hasta el golpe de Estado de 1973, el espacio político que en otras latitudes ocupó la vertiente socialdemócrata de la izquierda.

Entre todos los aportes de luchadores políticos y sociales presente en la historia de Chile, más las nuevas expresiones surgidas estos últimos años, como el Frente Amplio, destaca el del presidente Salvador Allende, símbolo de las izquierdas en nuestro país y en muchos aspectos pionero al traspasar con su visión las fronteras ideológicas de la izquierda, marcadas en esa época por una visión estatista a ultranza y otra que, aportando decencia a las condiciones de vida, se mantuvo en los márgenes del capitalismo, administrándolo hasta el punto de debilitarse severamente y casi extinguirse.

Causas del estancamiento socialdemócrata

Luego de a lo menos tres fulgurantes décadas, a partir de 1980 se estancó el modelo socialdemócrata, cuando las condiciones que lo sostenían comenzaron a erosionarse. La globalización, la desindustrialización y la expansión del capital financiero debilitaron el poder sindical y redujeron la capacidad fiscal de los Estados, variante analizada pormenorizadamente, en su libro Capital e ideología, por el investigador socialista francés, Thomas Piketty, aunque evidentemente no ha sido el único en señalar esas limitaciones. A la vez, el avance del individualismo característico del neoliberalismo y las nuevas formas precarias de empleo fragmentaron la solidaridad colectiva que daba sentido al pacto socialdemócrata.

Por otro lado, en el plano de la expresión política al interior de la socialdemocracia, coexistieron distintas tendencias que, al igual que las del resto de la izquierda, presentan a veces más que leves matices. Para ponerle rostro a las distintas ideas de sociedad dentro de la corriente socialdemócrata, consignamos las del líder sueco, Olof Palme, quien encarnó a la socialdemocracia clásica, centrada en la igualdad sustantiva, la solidaridad colectiva y el Estado como garante del bienestar universal.

De acuerdo con esa definición, el mercado debía subordinarse claramente al interés público, los servicios sociales se asumían como derechos y la democracia debía extenderse también al ámbito económico y laboral. Su modelo aspiraba a combinar crecimiento con justicia social, en un marco de cohesión y redistribución de la riqueza.

La otra línea de pensamiento, la orientación impulsada por Blair, Clinton y Schröder, aceptó en cambio la primacía del mercado, la competencia y la disciplina fiscal, intentando compatibilizarlas con ciertas políticas sociales y de inclusión. Sustituyeron el ideal de igualdad por el de “igualdad de oportunidades”, y orientaron el rol del Estado a estimular la iniciativa individual y la empleabilidad. En su evolución, esa mirada ha terminado por acoplarse a la meritocracia neoliberal como sustituto de las políticas sociales universales, teorizada y defendida, incluso.

Otra limitación que también habría que consignar, se refiere al hecho de que las economías socialdemócratas pudieron financiar amplias redes de protección social gracias a altos niveles de productividad interna, pero también a su ventajosa inserción en un orden global desigual, en el que los países periféricos proveían materias primas baratas, mano de obra explotada y mercados subordinados a las lógicas de las superpotencias y los superpoderes.

En lo político, el estancamiento del modelo a consecuencia de las transformaciones sociales y culturales de las sociedades, cambios en los patrones de acumulación que el modelo socialdemócrata desestimó, abrió curso a un proceso de ruptura entre sus bases de apoyo social y sus organizaciones políticas. Su connivencia durante décadas con el neoliberalismo, su rol de administrador del capitalismo, lo volvió una fuerza política indescifrable para las clases trabajadores y las capas medias precarizadas por la globalización neoliberal. Patrón bastante común al de todos los países en los que se ha impuesto la ultraderecha, incluido Chile.

Lo rescatable

Del próspero periodo de las sociedades socialdemócratas, son rescatables las formas desmercantilizadas de algunas necesidades básicas esenciales para una convivencia en común: salud pública universal; educación gratuita; seguros de desempleo y pensiones; políticas activas de empleo y vivienda social; cuidado infantil a toda la población y no solo a los grupos más vulnerables, que el modelo socialdemócrata consagró a todo evento por el Estado, tienen plena vigencia en la realidad actual de Chile.

Parte de esas demandas ya estuvieron contenidas en la propuesta de Estado social democrático de derechos que propuso la Convención Constitucional el año 2022, pero más en general han acompañado la lucha del pueblo chileno y las izquierdas a lo largo de toda su existencia.

El recorrido por alcanzar más igualdad, más dignidad y democracia requerirá una poderosa base material sustentada en industrias intensivas en conocimiento avanzado, agregación de valor a la producción mediante investigación y desarrollo, ciencia y tecnología, sin que por ello tengamos que sacrificar el medio ambiente; el dominio de las pocas empresas públicas debe defenderse ante impulsos privatizadores que, como en el caso de Codelco, ya están en curso y el Estado ser dotado de capacidades para proveer servicios públicos de calidad e instrumentos modernos y suficientes para abordar las urgencias que ya se encuentran entre nosotros. Entre ellas, los incendios del verano e inundaciones como las que ocurren hoy ante nuestras narices y causan la pérdida de vidas humanas y la destrucción de bienes e infraestructuras públicas y privadas.

En síntesis, las demandas orientadas a conquistar derechos esenciales y mejorar las condiciones materiales e infraestructuras para la vida, fortalecimiento de las capacidades del Estado no son contradictorios entre sí y no se oponen a una perspectiva más amplia de superación del capitalismo en sentido socialista. La democracia solo podrá ser plena cuando la ciudadanía se libere de los miedos materiales que condicionan su libertad política y su realización plena se encuentra fuera de los márgenes del capitalismo.

Las izquierdas en el marco de la economía digital

Con respecto a lo digital, que podría constituir fuente de nuevos aprendizajes e intercambios colectivos, en Chile, un sector de la coalición Socialismo Democrático lo ha venido utilizando como un criterio de diferenciación y división entre las distintas expresiones de izquierda.

De acuerdo con ello, habría un sector moderno, protecnologías digitales e IA; y otro anclado en el pasado, atrasado, analógico, material y premoderno, mientras todos los demás estarían subordinados voluntariamente a ese atraso. Además de ser un simple sesgo tecnológico, es un modo bastante antiguo como práctica política. Por definición no comparto esas categorías, mucho menos cuando detrás de ellas se esconde un mal disimulado anticomunismo.

En todo caso, es difícil concebir que, al tratarse de fuerzas políticas con bagajes filosóficos, teóricos e ideológicos, renuncien por adelantado a quedar fuera del juego y desde sus propias interpretaciones no se propongan incidir en estos procesos. Pero, en fin.

El hecho cierto es que la fascinación tecnológica, en esta etapa, no es nueva. A partir de la irrupción de la Web 2.0 las jerarquías tradicionales parecían diluirse en una red donde se podía producir contenido, opinar, organizarse. La tecnología prometía algo más que eficiencia, prometía emancipación y había que subirse al carro 2.0.

Esa retórica impregnó políticas públicas, estrategias empresariales y campañas políticas. Gobierno digital, municipios digitales, Parlamento digital, ciudadanía digital. Modernizar era digitalizar. Conectar era democratizar. El progreso se medía en ancho de banda, cobertura móvil y número de plataformas implementadas, como si mayor conectividad implicara más transparencia y cohesión social. El blanco y negro era reemplazado por una nueva configuración binaria, estar o no estar conectado. Hoy, en quién es más “pro”; quién no, se quedó en el pasado.

Sin embargo, en octubre de 2019, el país altamente conectado se encontró de frente con la revuelta social: la mayor crisis política y social desde el retorno a la democracia no ocurrió en una sociedad analógica, aislada o informativamente precaria. Ocurrió en una de las sociedades más digitalizadas de América Latina. En el marco de las desigualdades, clasismo y discriminación que caracterizan la vida social de nuestro país, ¿habrían podido evitar las tecnologías digitales, todas ellas reunidas a octubre de 2019, la revuelta social? 

Hoy, la Inteligencia Artificial ocupa el lugar que tuvo la Web 2.0 hace dos décadas. Nuevamente se despliega una promesa totalizante: la IA aparece como la nueva frontera del progreso. Y, una vez más, se insinúa la idea de que su adopción acelerada es condición suficiente para el desarrollo. Pero la experiencia reciente obliga a cuestionar tanta certeza. Cuando la tecnología se convierte en un fin en sí mismo, deja de ser herramienta y pasa a ser ideología.

Al convertirse en ideología, el riesgo mayor reside en el desplazamiento del debate político hacia un imaginario tecnocrático donde las preguntas ¿para qué sociedad?, ¿bajo qué principios?, ¿con qué distribución de poder? quedan subordinadas a preguntas meramente instrumentales: ¿qué tan rápido podemos implementarla?, ¿cuánta productividad generará? Y en lo político, ¿cómo volvemos a la testera de la representación?, ¿cómo ganamos hegemonía con “temas pegadores”?

Pero, mientras tanto, en ese vacío político, las tecnologías digitales y la IA generan nuevas realidades, para nada triviales ni mucho menos modernas. Un aspecto bastante conocido es el de la manipulación de la información. Las tecnologías que antes prometían ampliar el acceso al conocimiento se están usando, en muchos casos, para distorsionar la realidad, fabricar consensos falsos y erosionar la confianza pública. Plataformas de redes sociales y sistemas de inteligencia artificial pueden amplificar desinformación, generar noticias falsas o incluso crear contenidos manipulados —como los deepfakes— que alteran la percepción colectiva de los hechos.

El otro es la automatización. Las máquinas y los algoritmos no han demostrado ser capaces de compensar los empleos que eliminan. A medida que tareas humanas son reemplazadas por las máquinas, se precariza el empleo y se amplía la brecha entre quienes acceden a trabajos tecnológicos y quienes quedan fuera del sistema. Tampoco se ha probado que la eliminación de puestos de trabajo afecte solo a aquellos de menor calificación o si, como ya ocurre en países capitalistas desarrollados, afecte también a los de mayor formación.

Tampoco está claro que estas innovaciones estén creando suficientes oportunidades para los nuevos trabajadores que ingresan al mercado. Este escenario puede llegar a ser aún más desventajoso para la fuerza de trabajo. Esto, porque el empresariado, además de los despidos por “necesidades de la empresa”, se escuda en la automatización de procesos para abaratar costos al mismo tiempo que precariza y aumenta las cargas de trabajo de quienes logran conservar sus puestos.

En otros términos, en las actuales condiciones bajo las cuales se están llevando a cabo estas transiciones, el costo seguirá estando del lado de los trabajadores y en otros sectores sociales, aumentando la precarización y las exclusiones.

La transición hacia una economía digital plantea la imperiosa necesidad de renovar el contrato social del trabajo. Los derechos y beneficios laborales deben acompañar a las personas más que a los empleos, de modo que trabajadores independientes, de plataformas o en ocupaciones cambiantes puedan mantener acceso a salud, pensiones y reconversión laboral, evitando que la flexibilidad tecnológica se traduzca en nuevas precariedades. Fomentar modelos cooperativos y de propiedad compartida en el ámbito digital también puede equilibrar el poder dentro de esta nueva economía, distribuyendo los beneficios del cambio y la fuerza laboral sea escuchada.

A la par, es clave fortalecer la representación y el poder de negociación de la fuerza laboral. Apoyar la sindicalización y nuevas formas de organización en sectores tecnológicos de modo que los trabajadores participen en las decisiones sobre productividad, automatización y condiciones de empleo.

En ese contexto, cobra fuerza la participación de trabajadoras y trabajadores en la dirección de las empresas y Consejos tripartitos entre Estado, empresas y trabajadores. En esos espacios podrían gestionar las reconversiones y diseñar estrategias de transición justas, capacitar y formar, y reconvertir en nuevas competencias para incluir a las nuevas modalidades de trabajo, asegurando que la digitalización se construya colectivamente, con equidad y corresponsabilidad social, muy marketeada pero tan poco practicada.

Todo esto debe sostenerse sobre una base de seguridad social universal, que garantice salud, pensiones e ingresos mínimos desvinculados del tipo de contrato o del empleo formal. Solo así la transformación digital podrá ser un avance civilizatorio y no una nueva fuente de desigualdad.

A no equivocarse y ponderar mejor el alcance de los desmarques políticos. La digitalización puede generar una sociedad más flexible y conectada, pero también más fragmentada y precaria. Para evitar ese desenlace, el desafío central es que la tecnología se ponga al servicio del bienestar, la identidad cultural y la vida comunitaria. Lo central no es solo cómo innovar, sino quién asume los costos de la transición y bajo qué principios se gobierna.

Desde esta interpretación, es indispensable abordar estos procesos desde la distribución del poder, el conocimiento y las oportunidades de desarrollo para acceder a una vida más plena, o por el contrario serán la base para mayores injusticias, concentración de la riqueza y mayores desigualdades.

*Carlos Cerpa Miranda es analista político.

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