Durante las últimas décadas, la discusión política sobre derechos humanos en Chile se ha organizado en torno a sus vulneraciones. La experiencia de la dictadura hizo inevitable y necesario ese punto de partida: la desaparición forzada, las ejecuciones, la tortura, la prisión política y el exilio instalaron las obligaciones de verdad, justicia, reparación, memoria y garantías de no repetición como una dimensión fundamental de nuestra reconstrucción democrática.
Sin embargo, los derechos humanos no comienzan cuando son vulnerados. El sistema internacional construido tras la Segunda Guerra Mundial parte de una afirmación más profunda: existen derechos que corresponden a las personas por su sola pertenencia a la humanidad. Como establece el artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. Los Estados no conceden esos derechos: los reconocen, y asumen la obligación de respetarlos, protegerlos y garantizarlos.
Este pacto civilizatorio no estuvo exento de contradicciones. El orden de la posguerra coexistió con el colonialismo, la segregación racial, la desigualdad económica y enormes asimetrías de poder, y su pretendida universalidad tuvo que ser ampliada y disputada por los procesos de descolonización y por los movimientos de mujeres, trabajadores, pueblos indígenas, diversidades sexuales, antirracistas y ambientalistas. Pero, con todas sus contradicciones, terminó consolidando un consenso: el poder político encuentra límites en la dignidad humana; hay derechos que no quedan a disposición de quien circunstancialmente gobierna, ni siquiera de las mayorías; y se requieren sistemas nacionales e internacionales capaces de hacer exigibles esos límites.
La profunda crisis que atraviesan hoy los sistemas internacionales de protección de derechos humanos y el multilateralismo que dio origen a las Naciones Unidas obliga a preguntarse si lo que está en crisis no son solo determinados derechos, sino ese pacto más profundo sobre la relación entre dignidad, libertad, igualdad, democracia y poder.
Una disputa por la libertad y por la democracia
El avance de las ultraderechas suele describirse como una amenaza autoritaria a la democracia y a los derechos humanos. Esa caracterización identifica una parte del problema, pero no basta para comprender su potencia política. Buena parte de las nuevas derechas no se presenta como enemiga de la libertad; al contrario, ha construido su identidad en torno a ella: libertad de expresión frente a lo woke; libertad económica frente a la regulación y los impuestos; libertad de los padres frente a las políticas educativas; libertad religiosa frente a la “ideología de género”; libertad individual frente a políticas sanitarias, ambientales o redistributivas; soberanía nacional frente a los organismos internacionales.
Tampoco se presenta como enemiga de las elecciones, aunque en su fase más reaccionaria haya llegado recientemente a cuestionar el voto universal con la idea de un voto por familia. Su concepción de democracia descansa en la legitimidad electoral de la mayoría: quien gana adquiere un mandato para transformar el Estado y remover los obstáculos que le impiden ejecutar la voluntad popular. El conflicto aparece cuando esos “obstáculos” son precisamente las instituciones destinadas a limitar el poder: tribunales de justicia, instituciones nacionales de derechos humanos, medios de comunicación, universidades, conocimiento científico, organismos internacionales. La misma lógica opera en algunos regímenes que se dicen de izquierda y que traicionan el pacto democrático, desnaturalizando las instituciones para perpetuarse en el poder.
Surge así una pregunta más compleja que la tradicional dicotomía entre democracia y dictadura: ¿qué ocurre cuando procedimientos aparentemente democráticos se utilizan para debilitar las condiciones que hacen posible una democracia sustantiva? Y detrás de ella aparece otra disputa fundamental: ¿qué entendemos por libertad?
Si la libertad se concibe solo como ausencia de interferencia del poder político, entonces la regulación económica, la redistribución, las obligaciones ambientales, las políticas antidiscriminatorias e incluso los sistemas de protección de derechos humanos aparecen como obstáculos. Si, en cambio, se la entiende vinculada a la igual dignidad de las personas y a las condiciones materiales e institucionales necesarias para ejercer efectivamente los derechos, la libertad deja de ser antagónica de la igualdad: la requiere como condición de posibilidad, y requiere un Estado que la promueva y garantice.
Cuando el poder ya no reside fundamentalmente en el Estado
A estos desafíos se suma uno que el sistema de derechos humanos del siglo XX no podía prever en su dimensión actual: una concentración extraordinaria de poder económico, tecnológico y de información en actores privados globales. Peter Thiel es probablemente su expresión intelectual más explícita: hace más de quince años declaró haber perdido la confianza en la compatibilidad entre libertad y democracia, y planteó la tecnología como una vía para escapar de los límites de la política. Thiel, Elon Musk, Mark Zuckerberg y otros controlan infraestructuras que intervienen en dimensiones esenciales de la vida democrática: las plataformas donde ocurre la conversación pública, los algoritmos que deciden a qué información accedemos, enormes volúmenes de datos personales usados para predecir y modelar comportamientos, sistemas de inteligencia artificial, redes satelitales, tecnologías de defensa y vigilancia.
Musk ha intervenido en debates electorales de otros países como actor político y, a la vez, como dueño de una de las principales plataformas de conversación pública. Meta modificó sustantivamente su sistema de moderación y verificación de información en nombre de una determinada concepción de la libertad de expresión. Palantir provee herramientas de integración masiva de datos, inteligencia y vigilancia a organismos estatales en todo el mundo. No se trata de un proyecto político único ni de posiciones idénticas entre estos sujetos, sino de un problema estructural: ¿qué ocurre con la soberanía democrática cuando capacidades que antes eran propias del Estado se concentran en corporaciones transnacionales cuya escala supera la capacidad regulatoria de los países? Para los Estados pequeños y medianos, y para el sur global, la dependencia tecnológica —en inteligencia artificial, datos, infraestructura satelital o seguridad— no es solo un problema económico: es un problema de soberanía política y democrática.
La reunión reservada entre el presidente Kast y Peter Thiel al inicio de su gobierno permite formular esa pregunta desde nuestra propia realidad. De ese vínculo no se puede deducir la existencia de acuerdos o proyectos secretos, y precisamente por eso la cuestión relevante no es conspirativa sino institucional: ¿qué estándares de transparencia, regulación democrática, protección de datos, autonomía estratégica y rendición de cuentas necesitamos cuando actores privados con intereses económicos y proyectos políticos propios se acercan a ámbitos estratégicos del Estado?
El debilitamiento puede comenzar antes de la violación
Durante décadas, el Estado chileno construyó —con avances, insuficiencias y contradicciones— capacidades y herramientas institucionales para cumplir sus obligaciones de justicia transicional y de derecho internacional de los derechos humanos: comisiones de verdad y calificación, programas de reparación, políticas de memoria, instituciones autónomas y procesos judiciales por crímenes de lesa humanidad que, más de cincuenta años después, siguen dictando sentencias contra los perpetradores.
También construyó sistemas de educación, salud y protección social que transformaron las condiciones de vida de las grandes mayorías. Entre 1990 y 2022, la pobreza por ingresos cayó más de sesenta puntos porcentuales según la medición comparable de la encuesta Casen. La cobertura escolar se universalizó y el acceso a la educación superior se multiplicó hasta incluir la gratuidad; el AUGE-GES convirtió la atención de salud en garantías exigibles; el Pilar Solidario y luego la Pensión Garantizada Universal ampliaron la protección en la vejez; el Sistema Nacional de Apoyo y Cuidados y la jornada de 40 horas comenzaron a aliviar la vida de millones de trabajadoras y trabajadores. Nada de esto resolvió las profundas desigualdades que el estallido de 2019 puso en evidencia, pero recuerda algo que a menudo olvidamos: los derechos económicos y sociales también son derechos humanos, y dependen de capacidades institucionales que tardan décadas en construirse y pueden desmantelarse en pocos años.
Una democracia puede ir perdiendo su capacidad para prevenir, investigar, sancionar y reparar vulneraciones de derechos humanos sin que exista todavía una política explícita de violaciones masivas o sistemáticas. Esa idea permite leer el desmantelamiento institucional que impulsa el gobierno de José Antonio Kast como una forma de regresión estructural, que conecta la memoria de las graves violaciones del pasado con una pregunta sobre el futuro: ¿cómo puede el Estado asegurar a la ciudadanía que los problemas urgentes del país serán atendidos con un respeto irrestricto a sus derechos? La pregunta es especialmente urgente cuando las dos grandes preocupaciones ciudadanas son hoy la seguridad pública y la seguridad económica.
La penetración del crimen organizado transnacional ha convertido la seguridad en la principal preocupación del país, y obliga a preguntarse qué hace legítimo el poder coercitivo del Estado. Los principios de necesidad, proporcionalidad, responsabilidad, el control y el respeto por la dignidad humana no son restricciones externas que debilitan al Estado: son precisamente lo que distingue la fuerza democrática de la mera capacidad de imponer obediencia, propia de los regímenes autoritarios. Cuando frente al miedo social esos límites se reducen, la promesa de seguridad puede transformarse en una concepción del orden público basado en el disciplinamiento y control social. El verdadero test de la universalidad de los derechos está en quiénes resulta políticamente menos popular defender: quién está preso, quién migra irregularmente, quién protesta con violencia, quién es acusado de un delito. Sancionar los ilícitos es indispensable para un orden democrático, pero la sanción no puede llevarse por delante el mínimo de reconocernos parte de una sociedad orientada por la justicia. Si la dignidad depende del merecimiento, deja de ser universal.
En paralelo, el alza del costo de la vida, la precarización del trabajo y un desempleo que bordea el 10% han puesto la economía en el centro de las prioridades nacionales. La respuesta del gobierno ha sido apostar por el crecimiento mediante alivios al gran capital, a costa de las políticas sociales para las grandes mayorías. El bencinazo, la megarreforma tributaria promulgada en octubre bajo el pretexto de la reconstrucción nacional y un Presupuesto 2027 que recorta los Liceos Bicentenario, el Fondo para la Reactivación Educativa, los programas de asentamientos precarios, la acción climática, la cultura y los sitios de memoria, el cierre de Prodemu, entre varios otros retrocesos, son evidencia de ello. Pero el crecimiento por sí solo no garantiza mejores condiciones de vida para un país en su vasta diversidad: sin políticas que distribuyan sus beneficios, se convierte en privilegio de unos pocos.
Una política de derechos humanos debe insistir en que la mejora efectiva de las condiciones materiales de las grandes mayorías no es un subproducto eventual del crecimiento, sino una obligación del Estado.
¿Una crisis de los derechos o una crisis del pacto que los sostiene?
Retrocesos en los derechos de las mujeres y las diversidades sexuales, endurecimiento de las políticas migratorias, expansión del poder punitivo, cuestionamiento de las instituciones de derechos humanos, negacionismo climático, desconfianza frente a la ciencia, desinformación, vigilancia masiva, concentración del poder económico y tecnológico: solemos discutir estos fenómenos por separado. Sin embargo, si bien no responden necesariamente a una única causa pueden expresar una transformación común: una disputa acerca de quién puede limitar el poder, en nombre de qué principios y desde qué concepción de persona y sociedad.
Este escenario, sin embargo, no está cerrado. En octubre, Lula da Silva derrotó a Flávio Bolsonaro y obtuvo un cuarto mandato en Brasil tras una remontada que pocos anticipaban. A comienzos de noviembre, el Partido Demócrata recuperó el control de ambas cámaras del Congreso de Estados Unidos en las primeras elecciones de medio término del segundo gobierno de Trump. Son contextos muy distintos al nuestro, y sería un error leerlos como una ola que avanza sola. Pero muestran que el avance de las ultraderechas no es irreversible, y que es posible frenarlo cuando los progresismos logran hablarle a las preocupaciones materiales y cotidianas de la ciudadanía. Para eso no basta con resistir: el progresismo tiene que hacerse preguntas incómodas.
¿En la defensa de los derechos humanos, basta con defender las instituciones y los consensos construidos durante las últimas décadas?
¿Hasta qué punto la pérdida de legitimidad del lenguaje de derechos humanos expresa también nuestras propias dificultades para conectarlo con las experiencias contemporáneas de inseguridad, precariedad, desigualdad y pérdida de control?
¿Cómo evitar que la defensa de los derechos humanos sea percibida como la causa de determinadas identidades políticas situadas en el pasado, y reconstruir su pretensión de universalidad?
¿Cómo defender simultáneamente la libertad y la igualdad, sin regalar políticamente la primera a quienes la conciben únicamente como ausencia de límites?
Y, en definitiva, ¿qué tendría que significar una política de derechos humanos para el progresismo chileno en el siglo XXI?
Responder esas preguntas exige algo distinto de elaborar un catálogo de posiciones frente a cada controversia: exige reconstruir un marco conceptual desde el cual esas posiciones puedan derivarse y guardar coherencia entre sí. Ese es el propósito de estas reflexiones: volver a discutir qué relación existe entre dignidad, libertad, igualdad, democracia, seguridad y poder; identificar qué transformaciones ponen hoy esa relación bajo presión; y construir desde allí criterios capaces de orientar al progresismo en las disputas políticas que vienen.
Porque quizás el desafío de los derechos humanos no consiste solamente en defender las conquistas del siglo XX, sino en preguntarnos qué nuevo pacto democrático y civilizatorio puede garantizar la igual dignidad y libertad de las personas frente a las formas de poder del siglo XXI.
*Daniela Quintanilla Mateff, abogada de derechos humanos. Investigadora de Nodo XXI.
