Mientras el Presidente asegura ante los grandes empresarios que el Estado no genera empleo, su propio gobierno anuncia inversiones públicas para crear más de 100 mil puestos de trabajo. En Valparaíso, las cifras y las obras revelan la distancia entre el discurso ideológico y la realidad económica.
Durante su intervención en ENADE 2026, frente a los principales representantes del gran empresariado nacional, José Antonio Kast afirmó categóricamente: “El empleo no lo crea el Estado, lo crean ustedes”. Una declaración que refleja mucho más que una frase destinada a conquistar aplausos. Expresa una convicción ideológica sobre el funcionamiento de la economía, donde la creación de empleo y riqueza parece reservada exclusivamente al sector privado.
Esta visión, sin embargo, enfrenta un problema fundamental: la evidencia económica. Durante el primer semestre de 2025, la ejecución presupuestaria del Ministerio de Obras Públicas alcanzó los $1,6 billones, generando un promedio mensual de 25.272 empleos directos en Chile. Entre enero y abril, esa cifra llegó a un promedio de 28.923 puestos de trabajo mensuales, según antecedentes oficiales del propio Ministerio.
Son miles de trabajadores que participaron en la construcción de caminos, puentes, infraestructura sanitaria y otras obras financiadas mediante inversión pública. Proyectos que demandan materiales, servicios, maquinaria y mano de obra, dinamizando distintas actividades económicas.
¿Quién financió esas inversiones? El Estado. ¿Quién ejecutó buena parte de esas obras? Empresas privadas contratadas mediante licitaciones públicas. ¿Quiénes realizaron el trabajo? Miles de trabajadores cuyos puestos laborales fueron posibles gracias a esa inversión.
Entonces, ¿cómo puede sostenerse que el Estado no genera empleo?
La afirmación presidencial confunde quién contrata formalmente a un trabajador con quién genera las condiciones económicas para que exista ese puesto de trabajo. La inversión pública constituye una fuente efectiva de demanda y actividad productiva, al igual que la inversión privada. Ambas contribuyen a la creación de empleo, aunque mediante mecanismos y decisiones diferentes.
Reducir este fenómeno a una supuesta exclusividad empresarial revela una interpretación ideologizada de la economía, especialmente preocupante cuando proviene de quien tiene la responsabilidad de conducirla.
Chile Despega: el propio gobierno contradice al Presidente
La contradicción adquiere una dimensión aún mayor al revisar las medidas impulsadas por la propia administración de Kast.
El 28 de septiembre de 2026, el Ejecutivo presentó el Plan Chile Despega que contempla movilizar $1,3 billones para generar más de 100 mil puestos de trabajo mediante distintas iniciativas, entre ellas la aceleración de obras públicas, proyectos habitacionales e infraestructura comunal.
El Ministerio de Obras Públicas anunció, además, aproximadamente US$400 millones adicionales para una cartera de más de 240 proyectos de infraestructura, con una proyección de 23 mil empleos a nivel nacional.
El mismo Gobierno que anuncia la inversión pública como herramienta para combatir el desempleo tiene a un presidente que, frente al gran empresariado, niega su capacidad de generarlo. Una contradicción que deja en evidencia la distancia entre sus convicciones ideológicas y las decisiones económicas que debe adoptar para gobernar.
Valparaíso: la realidad que desmiente el discurso
Esta discusión adquiere una dimensión concreta cuando trasladamos las cifras a nuestra Región de Valparaíso, donde la inversión pública representa una herramienta fundamental para la recuperación económica y la generación de oportunidades laborales.
El 1 de octubre de 2026, la Delegación Presidencial Regional anunció que el Plan Chile Despega proyectaba más de 28 mil empleos en la región, principalmente asociados a iniciativas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y del Ministerio de Obras Públicas. Son puestos de trabajo proyectados, cuya materialización depende de la ejecución de las inversiones comprometidas.
Pocos días después, el 7 de octubre, el propio biministro de Obras Públicas, Louis de Grange, anunció una inversión adicional cercana a los $35 mil millones para ejecutar 13 proyectos regionales, con una estimación de más de 2.100 nuevos empleos y obras que comenzarían mayoritariamente durante el primer trimestre de 2027.
Pero para comprender el impacto de la inversión pública no necesitamos quedarnos en las grandes cifras regionales. Basta con caminar por el centro de Valparaíso.
El pasado 3 de noviembre se anunció el inicio de las obras de mejoramiento y puesta en valor de Plaza Sotomayor, Plaza Justicia y el acceso al Muelle Prat. Un proyecto que contempla una inversión de $3.370 millones, financiada por el Gobierno Regional de Valparaíso a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).
Según la información entregada por la Municipalidad de Valparaíso, esta intervención permitirá generar más de 100 puestos de trabajo, además de recuperar uno de los espacios patrimoniales más importantes de nuestra ciudad.
Detrás de esas cifras existe una decisión pública de invertir en infraestructura urbana, recuperar espacios deteriorados y movilizar recursos que se traducen en actividad económica. Cada contrato de obra, cada trabajador contratado y cada proveedor que participa forman parte de una cadena productiva impulsada por financiamiento estatal.
Para una ciudad como Valparaíso, que enfrenta dificultades de empleo, deterioro urbano y una permanente necesidad de reactivación económica, estas inversiones tienen una importancia que trasciende la recuperación de plazas o espacios patrimoniales. Representan oportunidades laborales, movimiento económico y mejores condiciones para el desarrollo de la ciudad.
Si el Estado no genera empleo, como afirma Kast, ¿cómo explica entonces los más de cien puestos de trabajo asociados a la recuperación de Plaza Sotomayor? ¿Cómo explica los 2.100 empleos que su propio ministro proyecta mediante nuevas inversiones del MOP en la región? ¿Y cómo explica los más de 28 mil empleos anunciados para Valparaíso bajo su propio Plan Chile Despega?
Son preguntas que surgen de los anuncios oficiales de su propia administración y que exponen una contradicción difícil de resolver desde el discurso presidencial.
Valparaíso necesita inversión, no dogmas
La discusión sobre el papel del Estado en la economía tiene consecuencias concretas para los territorios. Cuando se desconoce el aporte de la inversión pública, también se minimiza su importancia para enfrentar las desigualdades territoriales, recuperar infraestructura y generar oportunidades donde el mercado, por sí solo, no ha logrado responder a las necesidades de la población.
Valparaíso conoce demasiado bien las consecuencias de la postergación de inversiones y del deterioro de sus espacios urbanos. Su recuperación exige una estrategia de desarrollo donde los recursos públicos y privados contribuyan a fortalecer la actividad económica y mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.
Por eso, la contradicción de Kast va más allá de una frase pronunciada en ENADE: revela una visión del desarrollo que corre el riesgo de subordinar las necesidades de las ciudades a sus propias convicciones ideológicas.
Valparaíso necesita un Estado que invierta, que impulse proyectos y que contribuya a generar empleo. Porque el desarrollo de una ciudad no puede depender de los dogmas de un presidente, sino de políticas públicas capaces de transformar los recursos en obras, oportunidades y bienestar para su gente.
*Israel Freire es militante del Frente Amplio, ingeniero mecánico y coleccionista de vinilos; también, productor de www.launionvalpo.com
