El presidente Kast ha señalado que la sala cuna universal puede esperar. Que primero está la recuperación económica y luego, eventualmente, estas otras discusiones.
Esa forma de ordenar las prioridades no es neutra, es una definición política sobre qué se considera urgente y qué puede seguir siendo postergado.
La sala cuna es una política relevante para el país, es una de las condiciones materiales que permite que las mujeres participen en el mundo del trabajo en condiciones menos desiguales, que disminuye un poco la discriminación a la hora de postular a un trabajo.
La decisión del gobierno no es simplemente aplazar una política pública para cuando la economía esté mejor; es sostener una estructura que descansa en las mujeres. Ahí es donde esta discusión deja de ser técnica y se vuelve política.
El trabajo doméstico y de cuidados sigue siendo invisible para quienes actualmente nos gobiernan. Por lo tanto, vale la pena recordar que el tiempo de las mujeres permite que este país ande; es el trabajo no remunerado el que sostiene la vida cotidiana y permite que el resto de la economía funcione. No es menor: en Chile, el trabajo no remunerado representa cerca del 19,2% del PIB ampliado, siendo el sector económico más grande del país.
Por eso resulta tan incomprensible que quieran seguir postergando una discusión que ya obtuvo consensos.
Julieta Kirkwood lo advirtió hace décadas: la democracia no se juega solo en el Estado o en los partidos, también se juega en la vida cotidiana. En la forma en que se organiza el cuidado, en quién lo asume y en qué condiciones.
Desde ahí, la sala cuna deja de ser una política sectorial y aparece como lo que es: un punto de entrada para disputar la organización social del cuidado y, con ello, las condiciones de participación de las mujeres en la vida económica y política.
Durante la campaña se habló insistentemente de crecimiento, empleo y urgencia económica. Pero omitir la sala cuna es omitir una de las principales barreras estructurales que enfrentan las mujeres para insertarse y permanecer en el empleo. Por ello, es una condición básica para reducir la discriminación laboral hacia las mujeres en edad reproductiva.
Y, sin embargo, en esta idea de “gobierno de emergencia”, pareciera que la emergencia tiene límites bien definidos: no incluye a las mujeres que sostienen la vida cotidiana, que permite que funcionarios, constructores, mineros, choferes, vendedores, políticos, salgan en la mañana de sus casas y puedan trabajar tranquilos, porque la responsabilidad del cuidado recae en nosotras, las mujeres.
Lo diremos las veces que sea necesario: las mujeres no somos un grupo minoritario ni un interés sectorial. Somos más de la mitad de la población, y sostenemos una parte sustantiva de la economía. No hay justificación democrática para que las políticas públicas sigan diseñándose como si nuestras condiciones de vida fueran secundarias.
Y ahí la discusión feminista se encuentra directamente con la disputa de poder.
Esto no es agenda “woke”. Es política material, organización social del cuidado, distribución del trabajo y del tiempo.
Es, en definitiva, la vida de las mujeres.
*Beatriz Roque López, cientista social y docente de la Pontificia Universidad Católica de Chile, milita en el Frente Feminista del Frente Amplio.
