“La educación es un bien de consumo”.
Sebastián Piñera Echeñique, presidente de la Republica (2011)
El pasado jueves 05 de marzo de 2026 se produjo un hito histórico para el profesorado en Chile: se aprobó en la Cámara de Diputados el Proyecto de Ley que homologa las horas lectivas y no lectivas en el sector particular de enseñanza.
¿Qué significa esto? En términos simples: esta legislación implicaría que, por vez primera desde el retorno a la democracia, el Estado de Chile reconoce y unifica en una sola Ley el sistema de educación eliminando la distinción entre educación municipal, subvencionada y particular pagada, al menos en relación a las horas de trabajo docente que se desarrolla fuera del aula (horas no lectivas), tales como planificación, corrección de pruebas, preparación de clases y otras actividades. Sin duda, esto es un cambio relevante a la hora de entender las relaciones laborales y de legislación que rigen para los más de 218.000 docentes que ejercen la pedagogía en Chile.
Educación Privada en Chile y el espacio copado por el mercado frente al Estado
«Es común escuchar grupos que protestan exigiendo que el Estado se haga cargo de problemas que son de todos nosotros. Todos los días recibo reclamos de gente que quiere que el Ministerio le arregle el techo de un colegio que tiene gotera, o una sala de clases que tiene el piso malo (…) y yo me pregunto, ¿y por qué no hacen un bingo? ¿Por qué desde Santiago tengo que ir a arreglar el techo de un gimnasio?”.
Gerardo Varela Alfonso. Ministro de Educación (2018)
En 1981, y como consecuencias de las denominadas “7 modernizaciones” de la dictadura cívico-militar, el Estado de Chile “externaliza” la educación pública, laica y gratuita hacia las municipalidades del país dando origen a cerca de 40 años de una transformación radical del sistema educativo creado en Chile desde 1920 con la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria.
¿Qué efectos se pueden pesquisar después de una reforma educativa de ese calibre? Entre las consecuencias más tangibles podemos destacar:
-Liberalización total en dirección al mercado sobre quien o quienes pueden poseer o administrar colegios mediante la subvención por asistencia de los estudiantes matriculados.
-Migración desde la educación pública hacia el sector de educación particular subvencionada que por primera vez supera la matrícula de sus antiguos “competidores” públicos en el año 2009.
-La estructura de los Colegios Particulares Subvencionados permite a los apoderados ejercer copago para acceder a una (supuesta) mejor calidad de educación, impulsados por el dogma neoliberal que indica que lo privado es mejor, más eficiente y de una calidad superior a la educación municipal. Además, en las escuelas subvencionadas, que crecen de forma constante desde 1980 hasta el 2015, la libertad de enseñanza permite a los sostenedores bautizar a sus empresas educacionales con nombres de ciudades, toponimia y otros elementos de la cultura norteamericana o anglosajona; también se les permite exigir uniformes propios (que los diferencian socialmente de la escuela pública), elementos todos que comienzan a ser aceptados tácitamente por un parte de la sociedad chilena que lo percibe como “sello de calidad educativa”.
– La reforma del sistema educativo agudiza la segregación social ya que la educación se transforma en un servicio (bien de consumo) eliminando de facto su condición de derecho humano y social, y transformando su contenido en una mercancía circulante a la cual solo acceden quienes pueden sufragarla. Al pasar de los años y las décadas, la población que está marginada del acceso al servicio educacional pagado debe conformarse con colegios “que tiene(n) gotera(s), o una sala de clases que tiene el piso malo”, según la gráfica descripción del ministro Varela, impactando directamente en los niveles de equidad y acceso que el Estado debe cautelar como derecho social para todas y todos sus habitantes.
El rol del sindicalismo docente en el sector particular pagado de enseñanza
“Y quitémosle al que tiene en vez de trabajar… exigencias sociales… no hacen nada, o sea, trabajan, calientan el asiento porque no tienen ningún esfuerzo propio de hacer algún trabajo y exigen que les paguen esto, que les compren botas con chiporro, que no sé cuánto, todas las leyes de los sindicatos”.
Documental “I Love Pinochet”. Marcela Said (2001)
La Federación Nacional de Sindicato de Colegios Particulares (FESICOP) fue fundada el 04 de octubre de 2011 con la finalidad de unir y articular a los sindicatos existentes en colegios privados cuya regulación laboral está constituida por el Código del Trabajo y el Estatuto Docente. Como todo esfuerzo de unidad, este proceso continúa vigente y en pleno auge considerando la expansión de esta forma de sindicalismo docente alejado de las cúpulas burocráticas del Colegio de Profesores y las Centrales Sindicales; al día de hoy FESICOP agrupa 31 colegios de las regiones Metropolitana, Valparaíso, Maule, Los Ríos y Los Lagos, alcanzando una cifra cercana a los 3000 asociados y asociadas.
A partir del proceso de fortalecimiento y unión sindical, en sus 15 años de historia, esta Federación comenzó a intervenir en el espacio institucional el año 2022 sosteniendo reuniones con el director del Trabajo Pablo Zenteno, el jefe de Fiscalización Nacional de la misma institución, Hernán Larraín, y con la diputada Mónica Arce que manifestó un genuino interés por el carácter distintivo de esta organización sindical.
De este modo, por primera vez, las y los docentes del sector privado fueron invitadas/os a participar en tres proyectos de ley que ya fueron aprobados en la Cámara de Diputados: el Proyecto de Convivencia Escolar y Buen Trato en las Comunidades Educativas, el Proyecto de Ley que modifica los requisitos de ingreso a las carreras de pedagogía y, finalmente, un anhelo muy sentido en el sector, el Proyecto de Ley que iguala la distribución de horas lectivas y no lectivas (65/35) en los Colegios Particulares, generando con ello una equidad sustantiva e indirectamente, unificando el sistema educativo chileno, garantizando por Ley, el derecho de las y los profesores a planificar clases dentro de la jornada escolar y no en los horarios destinados a su vida personal y familiar. Una vez más la lucha por el tiempo de vida libre sigue articulando y movilizando a los sindicatos, esta vez de la Educación Privada.
¿Cuál es la relevancia de esta aprobación en la Cámara Baja? Como se mencionó, este hito demuestra que es posible terminar con la discriminación arbitraria que se produce hacia las y los docentes de educación particular quienes, al día de hoy, no tienen derecho a postular a fondos estatales para financiar sus estudios de posgrado, sus hijos están excluidos de la Beca hijo(a) de profesor(a) y no están integrados a la Carrera de Desarrollo Profesional Docente (Carrera docente) que aumenta significativamente los tramos salariales que hoy en un Colegio privado solo pueden ser negociados a través del Contrato Colectivo por medio del sindicato de base. Lo mismo ocurre con el reconocimiento de antigüedad (pago de bienios) y la posibilidad de avanzar de tramo hacia Experto 1 y 2 posibilitando con ello una mayor profesionalización y proyección en el tiempo de vida laboral activa del profesorado en Chile.
Por esta razón es que el sindicalismo docente celebra este hecho ocurrido a principios de marzo de 2026 en el Congreso Nacional, dando pie a una igualdad y unificación de los distintos subsistemas educativos que no ocurría desde 1981 cuando se estableció la municipalización de la educación y se fue ampliando la brecha no solo educacional, sino que laboral y de desarrollo profesional en los Colegios de educación particular y en el resto del sistema.
Consideraciones finales
La organización de las y los trabajadores en sindicatos continúa siendo una herramienta de transformación social y política efectiva en el siglo XXI. A pesar del estancamiento, fragmentación y dispersión, el movimiento sindical continúa vigente en las sendas reivindicativas que le dieron origen, organizando y disputando poder tanto en el espacio político institucional, como en las demandas salariales y de salud laboral y seguridad al interior de los grandes holdings y empresas privadas de educación surgidas a partir de 1981.
Por décadas el Estado de Chile y la clase política consideraron que las y los profesores del sector particular de educación constituían una suerte de “aristocracia docente”, lo que no es tal, limitando su accionar a una relación entre privados (docente y empresa), provocando con ese accionar discriminaciones odiosas y aumentando las diferencias en el sistema educativo, esta vez con las y los profesores de colegios privados. No resulta comprensible, para quienes levantan las banderas de la educación pública, gratuita y de calidad o quienes ejercen labores de liderazgo nacional en el gremio docente, que existan 18.000 profesores a quienes se les niegue el desarrollo profesional, o la posibilidad de cursar estudios de posgrado.
Los profesores del sector privado en Chile constituyen un sector históricamente invisibilizado cuyos trabajadores están expuestos a los mismos niveles de violencia que los demás docentes de Chile, enfrentan los mismos desafíos de agobio laboral y sobrecarga de estudiantes por sala, y los cambios de una sociedad que se transforma a un ritmo vertiginoso.
Por último, es menester mencionar la conflictiva y muchas veces violenta relación entre el establecimiento, los profesores y profesoras, y el todopoderoso “apoderado-cliente” que exige resultados, que interpela o agrede a través de redes sociales o incluso ejerce violencia en la comunidad educativa, de la misma forma que lo hacen en los SLEP, Corporaciones de Educación o Colegios Particulares Subvencionados.
Posiblemente, la única herramienta que utilizan hoy las y los trabajadoras/es docentes del sector privado es el sindicalismo para poder actuar frente a una realidad asfixiante que oprime las mentes y los cuerpos del profesorado. Lejos de solo quedarse en los diagnósticos, este sindicalismo actúa sobre esta realidad, propone, dialoga, desarrolla estudios técnicos y finalmente impulsa reformas al cuerpo legal y jurídico que rigen sus relaciones laborales y condiciones materiales de vida.
La demanda por el 65/35 (65% de horas frente a curso y 35% de horas para planificación) solo pudo ser una realidad en la educación privada por la acción de un sindicalismo docente activo y consciente de sus derechos y que avanza a paso firme en nuestro país.
*Arturo Concha Fernández es profesor y dirigente sindical.
