Cuando Luis Emilio Recabarren toma la palabra en Rengo durante las celebraciones del Centenario de la República, en 1910, su intervención no se inscribe en el registro laudatorio que caracterizó el grueso de la conmemoración oficial. Por el contrario, su discurso opera como una impugnación sistemática del relato fundacional, al exponer las contradicciones estructurales que la épica patriótica procuraba silenciar.
Para Recabarren, el primer centenario no constituía un acontecimiento de alcance colectivo sino una celebración circunscrita a la fracción dominante de la sociedad: la élite económica y política que había monopolizado el poder desde el período de la Independencia. La clase trabajadora —sistemáticamente excluida del acceso a condiciones dignas de subsistencia, instrucción pública y representación política efectiva— carecía, a su juicio, de motivos para adherirse al festejo. La emancipación política respecto de la metrópolis colonial no había derivado, en este análisis, en una emancipación social ni económica de las mayorías.
La crítica de Recabarren se dirige al núcleo constitutivo del Estado republicano, al que concibe como un instrumento funcional a los intereses de los sectores hegemónicos: un aparato que ha operado históricamente para preservar privilegios, naturalizar la desigualdad y reproducir las condiciones materiales de dominación. La libertad proclamada por la República adquiere, en esta perspectiva, un carácter estrictamente formal: la ciudadanía jurídica existe como atributo nominal, pero carece de sustrato material. Se participa del sufragio sin que ello se traduzca en capacidad real de decisión; se ostenta el estatuto de ciudadano sin que dicho estatuto garantice condiciones mínimas de bienestar. Privada de acceso a la educación, a la salud y a derechos sociales efectivos, la libertad se vacía de todo contenido sustantivo.
Recabarren introduce, además, una tesis de notable vigencia analítica: la ignorancia no es un déficit accidental o residual del proceso modernizador, sino una condición estructuralmente funcional al mantenimiento del orden social. Una clase trabajadora privada de educación crítica constituye, precisamente por ello, una clase administrable. De ahí que su proyecto político articule indisolublemente la emancipación social con la educación popular, la organización colectiva y el desarrollo de la conciencia de clase: la transformación no podría provenir de concesiones otorgadas desde el poder, sino de la acción autónoma de los propios trabajadores.
Más de un siglo después, la tensión que Recabarren identificara con singular lucidez reaparece bajo configuraciones históricas distintas, aunque estructuralmente homólogas. La eventual llegada de un gobierno de derecha radical al poder —con un gabinete en el que coexisten figuras asociadas al legado pinochetista y representantes directos del empresariado concentrado— se sostiene, paradójicamente, en una mayoría electoral. Sin embargo, esa mayoría aritmética en las urnas no se corresponde necesariamente con la mayoría social: aquella compuesta por quienes experimentan cotidianamente condiciones de precariedad laboral, endeudamiento estructural, inseguridad económica y erosión progresiva de derechos adquiridos.
Emerge aquí una de las fisuras constitutivas de la democracia liberal contemporánea: es posible obtener la legitimación electoral sin representar materialmente los intereses de la mayoría social. El voto, disociado de derechos sociales exigibles, recupera su dimensión puramente procedimental, aquella que Recabarren denunciara como libertad formal. La legitimidad de origen electoral no se traduce automáticamente en legitimidad sustantiva desde el punto de vista de la justicia social.
La pregunta pertinente no es si debe reconocerse el resultado democrático —el procedimiento electoral en tanto mecanismo de legitimación política es, desde luego, irrenunciable—, sino qué contenido efectivo alberga ese resultado. ¿Qué tipo de mayoría es aquella que gobierna con un programa orientado a fortalecer el principio de autoridad, proteger la concentración económica y normalizar la herencia autoritaria, mientras la mayoría socialmente vulnerable queda reducida a objeto de disciplinamiento y lógica de mercado?
El discurso de Rengo ofrece una clave hermenéutica para abordar esta paradoja. La legitimidad de una república, sostiene Recabarren, no puede medirse exclusivamente por sus indicadores de estabilidad institucional o participación electoral, sino por las condiciones concretas de vida que garantiza al conjunto de la población. Una república puede exhibir mayorías electorales consistentes y, simultáneamente, reproducir una profunda exclusión en términos de integración social efectiva.
Esa es, quizás, la razón por la que Recabarren sigue siendo una figura incómoda para el pensamiento político hegemónico. La pregunta que formula no es de naturaleza jurídica ni meramente procedimental; es una pregunta ético-política de primer orden: ¿cuál es el valor real de una república que se legitima en las urnas y, al mismo tiempo, se desentiende de las condiciones materiales de existencia de la mayoría que la habita?
El problema no era exclusivo del Centenario de 1910. Es también, el problema de una democracia que ha instituido el sufragio como mecanismo de legitimación, pero no ha logrado —o no ha querido— hacer de la igualdad social una condición de posibilidad del ejercicio ciudadano. Una democracia donde la mayoría cuenta para elegir, pero no necesariamente para vivir mejor.
Si el discurso de Recabarren incomoda al poder, debería incomodar también a la izquierda chilena. Porque la paradoja que él identificó en 1910 —una república que se legitima en las urnas, pero abandona a su mayoría social— no es solo responsabilidad de la derecha. Es, en parte, el resultado de una izquierda que ha preferido administrar el sistema antes que transformarlo.
La izquierda institucional llegó al gobierno con una promesa refundacional y terminó negociando los bordes del modelo. El proceso constituyente, que pudo haber sido el momento de traducir la demanda social de octubre de 2019 en arquitectura jurídica, se gestionó con una mezcla de impericia política y soberbia identitaria que terminó por alienar a sectores populares que habían protagonizado el estallido. El resultado no fue solo una derrota electoral: fue la señal de que la izquierda había perdido la capacidad de hablarle a la mayoría en cuyo nombre decía gobernar.
La izquierda social, por su parte, enfrenta un déficit igualmente profundo. Los movimientos, los sindicatos y las organizaciones territoriales han demostrado una notable capacidad de movilización puntual, pero no han logrado construir una fuerza orgánica sostenida que dispute poder más allá de la coyuntura. La fragmentación identitaria, la competencia entre causas y la desconexión con el mundo del trabajo precario han reducido su capacidad de articular una mayoría social efectiva. Se habla mucho en nombre del pueblo y se escucha poco lo que el pueblo efectivamente demanda.
Ambas izquierdas comparten, además, un problema de fondo que Recabarren ya había diagnosticado: la tendencia a sustituir la educación política por la gestión técnica, y la conciencia colectiva por la comunicación estratégica. Una izquierda que no forma políticamente a sus bases, que no construye poder desde abajo y que no es capaz de traducir la desigualdad estructural en programa concreto, está condenada a perder —no solo elecciones, sino el sentido histórico de su propia existencia.
El desafío no es, entonces, solo electoral ni comunicacional. Es más hondo y más exigente: reconstruir el vínculo entre representación política y experiencia social de las mayorías. Demostrar que la izquierda no es solo una posición en el espectro ideológico, sino una práctica política capaz de transformar las condiciones materiales de vida de quienes trabajan, se endeudan y son gobernados sin ser verdaderamente representados.
Recabarren no esperó que el poder le concediera espacios. Los construyó. Esa es, quizás, la lección más incómoda para la izquierda: la emancipación no se administra desde el gobierno. Se organiza desde abajo, con paciencia, con rigor y con la convicción de que el voto, sin poder social real, no basta.
*Bernarda Pérez Carrillo es integrante de la Dirección Nacional del Frente Amplio.
